Silvia Intxaurrondo le reprocha al PP tener la “cara tan dura” recordando las Golden Visa: “Residencia en España a golpe de talonario”

El PP ha cargado contra la regularización extraordinaria de migrantes alegando un “efecto llamada”.

 

 

Silvia Intxaurrondo en ‘La Hora de La 1’.

 

Hubo una frase que, durante unos segundos, atravesó la pantalla y se quedó flotando en el aire como una acusación imposible de esquivar: “Hay que tener la cara muy dura”.

 

No era un exabrupto improvisado ni una salida de tono. Era una conclusión. Una de esas que se dicen cuando los argumentos ya se han agotado y lo único que queda es poner un espejo delante.

 

Eso fue lo que hizo Silvia Intxaurrondo este martes, mientras el Consejo de Ministros aprobaba uno de los acuerdos más polémicos del año: la regularización extraordinaria de cientos de miles de personas migrantes que ya viven en España.

 

El debate no tardó en incendiarse. Bastaron unas horas para que PP y Vox hablaran de “efecto llamada”, de “invasión” y de colapso del sistema.

 

Palabras grandes, alarmistas, diseñadas para generar miedo. Pero frente a ese ruido, en La Hora de La 1 se produjo algo poco habitual en la conversación política: alguien decidió tirar del hilo de la memoria y recordar quién hizo qué cuando el dinero sí estaba de por medio.

 

Porque mientras unos denunciaban ahora una supuesta amenaza, durante años existió en España un mecanismo legal que permitía comprar la residencia a golpe de talonario. Literalmente.

 

Se llamaba Golden Visa y fue aprobado en 2013 por el Gobierno del Partido Popular, en plena resaca del estallido de la burbuja inmobiliaria.

 

El mensaje era simple: si tienes más de 500.000 euros para invertir en un inmueble, España te abre la puerta. Residencia, permiso de trabajo y libre circulación por el espacio Schengen incluidos.

 

Ese contexto es clave para entender por qué la intervención de Intxaurrondo resonó con tanta fuerza.

 

No se trataba solo de desmontar un argumento político, sino de evidenciar una contradicción moral difícil de justificar. ¿Dónde estaba entonces el miedo al “reemplazo”? ¿Dónde la preocupación por la identidad nacional? ¿Por qué cuando el migrante llega con dinero no se habla de invasión, y cuando llega con una mochila y ganas de trabajar, sí?

 

 

El nuevo acuerdo aprobado por el Gobierno y Podemos, mediante real decreto, establece una regularización extraordinaria para personas que ya residen en España antes del 31 de diciembre de 2025.

 

Lo confirmó la vicepresidenta María Jesús Montero: no se trata de una puerta abierta indiscriminada, sino de dar cobertura legal a una realidad que ya existe.

 

Personas que trabajan, que cuidan, que sostienen sectores enteros de la economía y que, hasta ahora, vivían en un limbo administrativo.

 

Sin embargo, desde la derecha política el discurso fue inmediato y previsible. Vox habló sin rodeos de “invasión”.

 

El PP, algo más cuidadoso en las formas pero no en el fondo, insistió en el “efecto llamada”. La idea de que regularizar a quienes ya están aquí provocará una avalancha futura.

 

Un argumento repetido hasta la saciedad, aunque los datos y la experiencia de otros procesos similares no lo respalden.

 

Fue en ese punto cuando Silvia Intxaurrondo decidió ir un paso más allá del titular fácil. Miró a cámara y puso voz a una pregunta que muchos espectadores seguramente se estaban haciendo en casa.

 

Recordó qué era exactamente la Golden Visa y cómo funcionaba. Un extranjero no comunitario llegaba, compraba una vivienda por al menos medio millón de euros y, gracias a una ley especial, obtenía permiso de residencia y de trabajo en España y en el espacio Schengen. Sin colas. Sin sospechas. Sin discursos apocalípticos.

 

“¿Ahí no hay teoría del gran reemplazo?”, planteó. La pregunta no necesitaba respuesta. La respuesta estaba implícita.

 

La conversación en plató fue tomando forma alrededor de una palabra que cada vez aparece con más frecuencia cuando se habla de migración: aporofobia.

 

No es tanto el rechazo al extranjero como el rechazo al pobre. A quien llega sin recursos, a quien necesita regularizar su situación para poder cotizar, alquilar un piso o abrir una cuenta bancaria.

Con los migrantes ricos, como se señaló en el debate, nunca hubo problema. Al contrario: todo eran facilidades.

 

Uno de los colaboradores lo resumió con una frase demoledora: “España es una fortaleza, pero sobornable”.

 

Una fortaleza que levanta muros cuando no hay dinero, pero que baja el puente levadizo cuando aparece un talonario.

 

Esa idea conecta con una sensación cada vez más extendida entre la ciudadanía: la de un sistema que no mide a todos con el mismo rasero.

 

Intxaurrondo fue todavía más clara cuando bajó el debate al terreno concreto. Explicó cómo funcionaba el procedimiento de la Golden Visa, los permisos que se concedían y la rapidez del proceso.

 

Y luego contrastó esa realidad con el discurso actual de quienes ahora hablan de caos y amenaza. La contradicción era tan evidente que no hacía falta elevar la voz.

 

Pero el momento más significativo llegó al final. Porque lejos de quedarse en la denuncia, la presentadora cerró con un alegato que conectó con algo más profundo que la política coyuntural.

 

Recordó que cuando una persona migrante se regulariza, adquiere derechos, sí, pero también deberes. Cotiza, paga impuestos, contribuye al sistema. Deja de vivir en la economía sumergida y pasa a formar parte del contrato social.

 

“Van a contribuir 500.000 personas más”, subrayó. Y lanzó una pregunta que, de nuevo, incomoda: ¿a quién puede parecerle esto mal? Su respuesta fue directa: solo a quienes se mueven por posiciones extremistas y racistas, las mismas que nunca cuestionaron las Golden Visa.

 

El contraste entre ambos modelos es brutal. Por un lado, un sistema que premiaba la capacidad económica individual en un momento de crisis inmobiliaria.

 

Por otro, una medida que reconoce una realidad social y laboral que lleva años sosteniendo sectores clave como los cuidados, la hostelería o la agricultura. Dos formas de entender el país. Dos escalas de valores.

 

El Gobierno puso fin a las Golden Visa en abril de 2025, con la entrada en vigor de la Ley Orgánica de eficacia del Servicio Público de Justicia.

 

Fue una decisión que pasó relativamente desapercibida, pero que ahora vuelve al centro del debate. Porque cuando se recupera la memoria, algunos discursos se desmoronan solos.

 

La regularización extraordinaria no es una varita mágica ni una solución a todos los problemas. Pero sí es un paso que muchos expertos, organizaciones sociales y sindicatos llevaban tiempo reclamando.

 

Dar seguridad jurídica a quienes ya forman parte del tejido social no solo es una cuestión de derechos humanos, sino también de eficiencia económica y cohesión social.

 

El ruido político seguirá. Las palabras grandilocuentes también. Pero escenas como la vivida en La Hora de La 1 demuestran que hay otra forma de abordar el debate: con datos, con memoria y con una mínima coherencia ética. Sin miedo a señalar las contradicciones, aunque incomoden.

 

 

Al final, el mensaje que quedó fue tan sencillo como potente: no todos los migrantes han sido tratados igual en España.

 

Y quizá ha llegado el momento de preguntarse por qué. De decidir si queremos un país que solo abre la puerta a quien puede pagarla, o uno que reconoce y protege a quienes ya están dentro, trabajando y aportando, aunque no tengan medio millón de euros en el banco.

 

“Bienvenidos los migrantes que vienen a aportar”, dijo Intxaurrondo para cerrar. Una frase que no suena a consigna, sino a recordatorio.

 

Porque detrás de cada número, de cada regularización, hay personas. Y porque la dignidad, a diferencia de las visas doradas, no debería estar nunca en venta.