Consuelo Ordóñez destapa la hipocresía de Feijóo tras sus críticas a la liberación del etarra Txeroki: “Es la primera vez que le oigo…”.

 

 

La presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo cargaba en la red social ‘X’ contra el líder de los populares por no haber prestado atención a este tema con anterioridad.

 

 

 

Alberto Núñez Feijóo y Consuelo Ordóñez.

 

Hay nombres que, aunque pasen los años, siguen activando una memoria colectiva que nunca termina de cerrarse. Nombres que no son solo personas, sino símbolos de una etapa oscura de la historia reciente de España.

Y cuando uno de esos nombres regresa a la primera línea mediática, el debate no tarda en estallar.

 

La concesión del régimen de semilibertad a Francisco Javier García Gaztelu, conocido como “Txeroki”, quien fuera uno de los máximos dirigentes de ETA, ha reabierto heridas, discursos políticos y reproches cruzados que parecían adormecidos.

Condenado a cientos de años de prisión por su responsabilidad en múltiples atentados, su nueva situación penitenciaria le permitirá salir durante el día y regresar a prisión únicamente para dormir.

 

La decisión ha generado un terremoto político inmediato. Pero, sobre todo, ha provocado una sacudida en el ámbito de las víctimas del terrorismo, donde el malestar no se dirige únicamente hacia el Gobierno actual, sino también hacia la oposición.

 

Porque en esta historia no solo hay reproches al Ejecutivo. También los hay hacia quienes, según algunas voces, han guardado silencio durante años.

 

Alberto Núñez Feijóo reaccionó públicamente con dureza. El líder del Partido Popular criticó que una persona condenada a 400 años de cárcel acceda a un régimen de semilibertad y vinculó la decisión a una supuesta estrategia política más amplia.

En sus declaraciones afirmó que “Bildu ordenó, el PSOE ejecutó y el PNV acató”, denunciando que se esté concediendo libertad a quien arrebató la vida a otros.

 

Sus palabras no tardaron en ocupar titulares y tertulias.

 

Sin embargo, la respuesta más contundente no llegó desde el Gobierno, sino desde dentro del movimiento de víctimas del terrorismo.

 

Consuelo Ordóñez, presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE), utilizó su perfil en la red social X para lanzar un mensaje directo al líder popular. Y no fue precisamente conciliador.

 

Ordóñez cuestionó que esta fuera la primera vez que escuchaba a Feijóo pronunciarse con firmeza sobre una excarcelación que su colectivo considera irregular o injusta.

 

Recordó que, a lo largo de los últimos años, se han producido numerosas progresiones de grado y beneficios penitenciarios a exmiembros de ETA sin que el Partido Popular haya mostrado la misma intensidad en la crítica.

 

Su reproche fue más allá. Mencionó el pasado, aludiendo a las negociaciones del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero con ETA y al posterior cumplimiento de determinados acuerdos durante el mandato de Mariano Rajoy.

Según Ordóñez, existe una continuidad histórica que no puede ignorarse cuando se analiza la política penitenciaria vinculada a la banda.

 

La presidenta de COVITE subrayó además que su colectivo ha interpuesto más de un centenar de denuncias contra terceros grados que considera fraudulentos. Y preguntó públicamente dónde había estado el Partido Popular en esas batallas judiciales.

 

El mensaje era claro: la defensa de las víctimas no puede activarse selectivamente según el momento político.

 

Este cruce de declaraciones revela una tensión profunda. No se trata solo de una discusión sobre un régimen penitenciario concreto.

Se trata de quién tiene legitimidad para hablar en nombre de las víctimas y cómo se utiliza el pasado terrorista en el debate político actual.

 

La disolución oficial de ETA en 2018 marcó un punto de inflexión histórico. Sin embargo, la gestión de los presos de la banda sigue siendo una cuestión extremadamente sensible.

Las progresiones de grado, los acercamientos a cárceles del País Vasco y los beneficios penitenciarios han generado controversia constante.

 

En este contexto, la figura de Txeroki tiene un peso simbólico considerable. Fue uno de los dirigentes más relevantes de ETA en sus últimos años de actividad. Su condena acumulaba centenares de años de prisión por su implicación en atentados mortales.

 

Que ahora acceda a un régimen de semilibertad activa automáticamente el debate público.

 

Desde el ámbito político conservador, se ha denunciado que estas decisiones responden a acuerdos parlamentarios que sostienen al Gobierno.

Desde el Ejecutivo y sus aliados se insiste en que las progresiones de grado se ajustan a la legalidad vigente y a los informes técnicos correspondientes.

Pero el debate no es solo jurídico. Es profundamente emocional.

Para muchas víctimas, cada cambio en la situación penitenciaria de un exdirigente etarra revive recuerdos imborrables. Y ahí es donde la discusión política adquiere un tono especialmente delicado.

Las críticas de Consuelo Ordóñez no se limitan a Feijóo. Hace apenas unas semanas también respondió con contundencia a declaraciones de Isabel Díaz Ayuso.

La presidenta madrileña ha sostenido en varias ocasiones que ETA sigue viva políticamente y que su influencia continúa presente en la vida institucional española.

Ordóñez reprochó a Ayuso el uso reiterado de la banda terrorista en su argumentario político y denunció lo que considera una instrumentalización del dolor de las víctimas.

En un mensaje especialmente duro, afirmó sentirse víctima de un nuevo odio, esta vez procedente de la derecha.

Estas palabras evidencian una fractura incómoda: no todas las víctimas comparten la misma lectura política del presente.

Mientras tanto, el Partido Popular parece haber intensificado recientemente la presencia de ETA en su discurso.

Feijóo ha incorporado referencias más frecuentes a la banda en sus intervenciones públicas, alineándose en parte con la estrategia comunicativa que Díaz Ayuso ha defendido desde la Comunidad de Madrid.

 

Ayuso ha llegado a afirmar que ETA mantiene influencia y que su legado político sigue activo. Estas declaraciones han generado reacciones diversas, tanto desde la oposición como desde colectivos de víctimas.

 

El trasfondo es complejo.

 

Por un lado, existe una parte del electorado conservador que considera que el pasado terrorista no puede darse por cerrado mientras existan presos beneficiándose de progresiones de grado.

Por otro, hay sectores que creen que insistir permanentemente en ETA como eje central del discurso político impide avanzar hacia una normalización definitiva.

 

En medio de ese choque de narrativas se encuentran las víctimas, con sensibilidades distintas y experiencias personales que no admiten simplificaciones.

 

La política penitenciaria en España se rige por un marco legal que contempla progresiones de grado cuando se cumplen determinados requisitos:

cumplimiento de parte de la condena, buena conducta, reconocimiento del daño causado o desvinculación de la organización terrorista. Cada caso se analiza individualmente.

 

Pero la legalidad no siempre apacigua el debate moral.

 

La liberación parcial de un dirigente histórico como Txeroki se convierte inevitablemente en símbolo. Y los símbolos son terreno fértil para la confrontación política.

El momento elegido tampoco es neutro. España vive un clima de polarización intensa, con bloques ideológicos enfrentados y con una mayoría parlamentaria frágil que obliga a negociaciones constantes.

En ese escenario, cualquier decisión relacionada con presos de ETA se interpreta no solo como una cuestión penitenciaria, sino como un movimiento dentro de una partida política mayor.

La pregunta de fondo es incómoda: ¿es posible separar la gestión legal de los presos del uso político del pasado terrorista?

Las reacciones recientes demuestran que esa separación es extremadamente difícil.

Feijóo ha optado por un discurso más contundente, denunciando lo que considera concesiones inadmisibles. Ordóñez le recuerda que la coherencia exige mantener esa firmeza siempre, no solo cuando el contexto político lo hace conveniente.

Ayuso insiste en que el legado de ETA sigue presente. Desde otros sectores se responde que la banda está disuelta y que alimentar permanentemente su fantasma no ayuda a cerrar heridas.

La sociedad española, mientras tanto, observa con una mezcla de cansancio y sensibilidad. Cansancio por la repetición del debate. Sensibilidad porque el terrorismo dejó una huella profunda que no se borra con el paso del tiempo.

La liberación en régimen de semilibertad de Txeroki no es un hecho aislado. Es un episodio más dentro de un proceso complejo de gestión del final del terrorismo.

Pero también es un recordatorio de que la memoria sigue siendo un campo de batalla político.

En última instancia, el desafío para los líderes políticos no es solo defender posiciones partidistas, sino hacerlo sin convertir el dolor en herramienta.

Porque cada vez que el nombre de ETA vuelve a ocupar titulares, no solo se reactiva un debate político. También se reactiva una memoria que sigue viva en muchas familias.

Y esa memoria merece algo más que consignas.