Trump bombardea Venezuela mientras Maduro llama a la movilización para frenar la “agresión imperialista”.

 

 

 

Las autoridades venezolanas apuntan directamente a Estados Unidos como responsable de los ataques.

 

 

 

 

Aún no había amanecido en Caracas cuando una sucesión de estruendos rompió el silencio de la madrugada.

 

Eran cerca de las dos de la mañana, hora local, cuando vecinos de distintos puntos de la capital venezolana comenzaron a escuchar explosiones acompañadas por un sonido persistente, grave, similar al de aeronaves volando a baja altura.

 

En cuestión de minutos, el miedo se extendió por barrios del este y del sur de la ciudad, mientras en redes sociales empezaban a circular vídeos borrosos de incendios y columnas de humo elevándose en la oscuridad.

 

 

Horas después, el Gobierno de Venezuela acusó formalmente a Estados Unidos de haber ejecutado una serie de ataques aéreos contra Caracas y contra los estados de Miranda, Aragua y La Guaira.

 

 

La denuncia, difundida a través de un comunicado oficial, calificó lo ocurrido como una “gravísima agresión militar contra el territorio y la población venezolana”, una expresión que eleva el episodio a un nivel sin precedentes en la ya tensa relación entre ambos países.

 

 

Desde el Ejecutivo que encabeza Nicolás Maduro se sostiene que los ataques no son un hecho aislado, sino el punto culminante de una estrategia prolongada de presión política, económica y militar.

 

 

Según la versión oficial, Washington busca “apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela, en particular de su petróleo y minerales”, utilizando la fuerza como instrumento para quebrar la independencia política del país.

 

La acusación es grave y, de confirmarse, tendría implicaciones de alcance regional e internacional.

 

 

El contexto en el que se producen estas explosiones no es menor. Durante los últimos meses, la tensión entre Caracas y Washington ha escalado de forma constante.

 

Estados Unidos ha endurecido los embargos sobre el petróleo venezolano, ha incautado cargamentos en alta mar y ha ordenado el despliegue de buques de combate frente a las costas del país sudamericano.

 

El propio presidente estadounidense, Donald Trump, ha reiterado en varias ocasiones que “todas las opciones están sobre la mesa”, una frase que en el lenguaje diplomático suele interpretarse como una amenaza abierta de acción militar.

 

 

En la madrugada del sábado, esa amenaza pareció materializarse, al menos según la versión del Gobierno venezolano.

 

Un periodista de la agencia AFP presente en Caracas confirmó haber escuchado fuertes detonaciones alrededor de las 02:00, seguidas, unos quince minutos después, por nuevas explosiones que incrementaron la alarma entre la población.

 

No se trató de un solo estallido aislado, sino de una secuencia que mantuvo en vilo a la ciudad durante un periodo prolongado.

 

 

La incertidumbre fue total. Hasta el momento, no se ha podido confirmar de manera independiente el origen exacto ni los objetivos concretos de las detonaciones.

 

Las autoridades no han detallado si se trató de infraestructuras militares, instalaciones estratégicas o zonas específicas, lo que ha alimentado todo tipo de especulaciones.

 

Mientras tanto, los hospitales activaron protocolos de emergencia y muchos ciudadanos optaron por no salir de sus casas al amanecer, temiendo nuevos ataques.

 

 

Las imágenes que circularon en redes sociales mostraban grandes incendios y densas columnas de humo en distintos puntos de Caracas.

 

Aunque la autenticidad y localización exacta de algunos vídeos aún no ha podido ser verificada, su impacto emocional fue inmediato.

 

En un país golpeado por años de crisis económica, escasez y sanciones internacionales, la posibilidad de un conflicto armado abierto supone un escenario de enorme fragilidad para la población civil.

 

 

El Gobierno venezolano ha insistido en que no se trata únicamente de una agresión contra el Estado, sino contra la ciudadanía.

 

En su mensaje, subrayó que cualquier acción militar en territorio venezolano pone en riesgo directo a millones de personas y viola de forma flagrante el derecho internacional.

 

Caracas ha anunciado que llevará el caso ante organismos multilaterales y exigirá responsabilidades a Estados Unidos en los foros correspondientes.

 

 

La reacción internacional no se hizo esperar. Una de las voces más contundentes fue la del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien utilizó su cuenta oficial en la red social X para alertar de lo que estaba ocurriendo.

 

“En este momento bombardean Caracas. Alerta a todo el mundo: han atacado a Venezuela.

 

Bombardean con misiles”, escribió, en un mensaje que rápidamente se viralizó y generó preocupación en toda la región.

 

Petro, cuyo país ocupa desde el 1 de enero un asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU, pidió la convocatoria inmediata de ese organismo para “establecer la legalidad internacional de la agresión sobre Venezuela”.

 

También solicitó que la Organización de Estados Americanos (OEA) se reúna de urgencia, subrayando que un ataque de esta naturaleza no puede ser tratado como un asunto bilateral, sino como una amenaza a la estabilidad continental.

 

 

Las declaraciones del mandatario colombiano añadieron una nueva dimensión al conflicto.

 

Colombia, tradicional aliado de Estados Unidos en la región, se ha distanciado en los últimos años de la política de confrontación directa con Caracas.

 

La reacción de Petro refleja el temor de que una escalada militar pueda desbordar las fronteras venezolanas y afectar a países vecinos, ya sea por flujos masivos de refugiados o por incidentes armados en zonas limítrofes.

 

 

Desde Washington, hasta el momento de redactar este artículo, no se ha emitido una confirmación oficial que respalde o desmienta de manera explícita las acusaciones del Gobierno venezolano.

 

El silencio o la ambigüedad en este tipo de situaciones suele aumentar la tensión, ya que deja espacio para interpretaciones y para una escalada retórica que puede desembocar en decisiones irreversibles.

 

 

 

Expertos en relaciones internacionales advierten de que, incluso si los ataques no se confirman plenamente, el simple hecho de que un Gobierno denuncie públicamente una agresión militar directa ya supone un punto de inflexión.

 

En el derecho internacional, la percepción de amenaza puede ser tan determinante como la amenaza en sí, especialmente cuando se combina con años de sanciones económicas y hostilidad diplomática.

 

 

 

 

 

 

 

La cuestión del petróleo vuelve a situarse en el centro del conflicto. Venezuela posee una de las mayores reservas probadas de crudo del mundo, un recurso estratégico que ha sido históricamente un factor de presión externa.

 

Las sanciones estadounidenses han asfixiado la capacidad del país para exportar y acceder a divisas, agravando la crisis interna.

 

Para el Gobierno de Maduro, los supuestos ataques no pueden entenderse al margen de esa disputa por el control de recursos energéticos.

 

 

Sin embargo, analistas independientes señalan que una intervención militar directa implicaría riesgos enormes para Estados Unidos, tanto a nivel político como económico.

 

La región latinoamericana ha mostrado en los últimos años una mayor sensibilidad frente a cualquier forma de injerencia armada, y una acción de este tipo podría aislar aún más a Washington en el ámbito internacional.

 

 

Mientras los gobiernos intercambian acusaciones y comunicados, la población venezolana vuelve a quedar atrapada en medio de un conflicto que no controla.

 

Muchos ciudadanos relatan haber pasado la noche sin dormir, pendientes de cada ruido, de cada vibración en las ventanas.

 

El recuerdo de episodios pasados de violencia política y disturbios sigue muy presente, y el miedo a una escalada militar reabre heridas que nunca llegaron a cerrarse del todo.

 

 

Organizaciones de derechos humanos han pedido prudencia y han reclamado información transparente y verificable. Insisten en que, ante denuncias tan graves, es fundamental que se permita el acceso de observadores internacionales independientes que puedan esclarecer lo ocurrido y evitar una escalada basada en versiones contrapuestas.

 

 

El escenario que se dibuja es incierto. Si las acusaciones venezolanas se confirman, el mundo estaría ante uno de los episodios más graves de confrontación directa entre Estados Unidos y un país latinoamericano en décadas.

 

Si no se confirman, el daño a la estabilidad regional ya está hecho, porque la confianza entre las partes se ha deteriorado aún más.

 

 

En este contexto, la comunidad internacional enfrenta una responsabilidad clave. Mirar hacia otro lado o limitarse a declaraciones genéricas podría sentar un precedente peligroso.

 

La convocatoria urgente de instancias como el Consejo de Seguridad de la ONU no es solo una formalidad diplomática, sino una herramienta para frenar una posible espiral de violencia.

 

 

Más allá de las posiciones ideológicas, lo ocurrido esta madrugada en Caracas plantea una pregunta incómoda: ¿hasta dónde puede llegar la confrontación antes de que se cruce un punto de no retorno? La respuesta no dependerá únicamente de Caracas o Washington, sino de la capacidad del sistema internacional para imponer límites claros y proteger a la población civil.

 

 

Por ahora, Caracas amanece con el eco de las explosiones aún resonando en la memoria colectiva.

 

Las calles intentan recuperar una normalidad frágil, mientras el país y el continente entero observan con atención los próximos movimientos.

 

En juego no está solo el futuro de Venezuela, sino el equilibrio de una región que ya ha pagado demasiado caro el precio de los conflictos no resueltos.

 

 

 

Por su parte, el Gobierno de España ha respondido asegurando que se encuentra “recabando toda la información”.

 

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, se ha puesto en contacto embajador de España en Venezuela y según apuntan fuentes oficiales, todo el personal se encuentra a salvo.