9′ de ESTER MUÑOZ contra el “farsante” SÁNCHEZ.

 

 

 

 

 

 

Pedro Sánchez y el balance del año: crisis de legitimidad, escándalos y el agotamiento de un gobierno acorralado.

 

 

 

El Palacio de la Moncloa se ha convertido, en el cierre de 2025, en el escenario de una batalla política que trasciende la gestión ordinaria y pone en cuestión la legitimidad misma del gobierno de Pedro Sánchez.

 

 

El tradicional balance anual, presentado por el presidente quince días antes del final del año, ha dejado al descubierto no solo las grietas de un Ejecutivo exhausto, sino también el abismo que separa el discurso oficial de la realidad que viven los ciudadanos.

 

 

Más que un ejercicio de transparencia, el acto se ha percibido como una operación de maquillaje, donde los silencios pesan más que las palabras y la omisión de los grandes escándalos marca el tono de una legislatura marcada por la corrupción, el deterioro institucional y la fatiga democrática.

 

 

 

La comparecencia de Sánchez fue, según la percepción generalizada, la de un dirigente que rehúye el enfrentamiento con la verdad.

 

 

El presidente evitó referirse a los episodios más graves que han sacudido al Partido Socialista en los últimos meses: no hubo mención alguna a la situación judicial de José Luis Ábalos, exministro y exsecretario de organización, ni a la de Coldo García, ambos en prisión por su presunta implicación en tramas de corrupción.

 

 

Tampoco se refirió a Santos Cerdán, cuya estancia en prisión y posible regreso a la misma alimentan las sospechas sobre el funcionamiento interno del PSOE.

 

 

El silencio sobre la condena e inhabilitación del fiscal general del Estado, así como sobre los procesos judiciales abiertos contra la esposa y el hermano del presidente, evidencian una estrategia de evasión que contrasta con el compromiso de transparencia que Sánchez proclama en público.

 

 

El balance del año ignoró deliberadamente la investigación de las cuentas del Partido Socialista por parte de la Audiencia Nacional, donde se indaga una presunta financiación irregular y blanqueo de capitales.

 

 

Los casos que afectan a la SEPI, Plus Ultra, Air Europa y otras empresas públicas tampoco merecieron una sola línea en el discurso presidencial.

 

 

 

La omisión del caso Mascarillas, del caso hidrocarburos, de Servinavar, del mediador Tito Berni y de los episodios de acoso sexual en el seno del partido, que el PSOE intentó silenciar, refuerza la imagen de un gobierno que ha perdido el control sobre su propio relato y cuya única estrategia parece ser la resistencia a cualquier coste.

 

 

 

La reacción ciudadana ante este balance ha sido de indignación y hartazgo.

 

 

El presidente, lejos de asumir responsabilidades, se presentó como víctima de campañas de “fango” y ataques mediáticos, obviando que lo que los españoles no están dispuestos a soportar es la corrupción, el encubrimiento y la degradación ética que se ha instalado en el corazón del poder.

 

 

La sociedad española, cansada de escándalos y promesas incumplidas, exige explicaciones y soluciones, no gestos de victimismo ni discursos vacíos de autocrítica.

 

 

 

Uno de los silencios más clamorosos fue el relativo al papel de José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno, cuya implicación en negocios opacos con Venezuela ha sido denunciada por diversos medios en las últimas semanas.

 

 

Cinco diarios de referencia han publicado informaciones que vinculan a Zapatero con operaciones ilegales de oro y petróleo, favoreciendo los intereses de la dictadura venezolana y supuestamente influyendo en el gobierno español para facilitar esos negocios.

 

 

La sombra de Zapatero sobre el Ejecutivo actual es cada vez más alargada, y la ausencia de explicaciones por parte de Sánchez solo alimenta el clima de sospecha y desconfianza.

 

 

La crisis de legitimidad del gobierno se refleja también en la relación con sus socios parlamentarios.

 

 

El grupo Sumar, principal aliado de Sánchez, ha exigido una remodelación profunda del gabinete, mientras Esquerra Republicana reclama reuniones urgentes para exigir explicaciones sobre la gestión y los escándalos que afectan al Ejecutivo.

 

 

Junts per Catalunya mantiene una relación rota con el gobierno, y el PNV advierte sobre la necesidad de “acabar con la hemorragia” de corrupción y parálisis institucional.

 

 

Sin embargo, ninguna de estas fuerzas se atreve a romper definitivamente con el PSOE, conscientes de que la debilidad del presidente puede ser una oportunidad para obtener concesiones políticas o institucionales.

 

 

La vergüenza que expresan en público parece tener un precio, y la continuidad de la legislatura depende más del cálculo estratégico que de la convicción ética.

 

 

La parálisis legislativa es otro síntoma de la crisis. El gobierno no ha presentado presupuestos generales, las grandes leyes están bloqueadas y la actividad parlamentaria se reduce a debates estériles y maniobras de supervivencia.

 

 

La incapacidad de cumplir el mandato constitucional de aprobar presupuestos ha convertido la legislatura en un ejercicio de resistencia, donde el único objetivo parece ser llegar a 2027 sin afrontar una derrota electoral anticipada.

 

 

La estrategia de Sánchez consiste en esperar una remontada histórica o, en su defecto, que algún escándalo afecte al Partido Popular y permita invertir el ciclo de desgaste.

 

 

En este contexto, la presión mediática y judicial se intensifica. La UCO registra empresas públicas y ministerios en busca de pruebas sobre las tramas de corrupción, mientras la Audiencia Nacional investiga las cuentas del PSOE.

 

 

La jueza que instruye la causa de la Dana ha citado a Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, como testigo, exigiendo la entrega de mensajes intercambiados con Carlos Mazón, presidente de la Comunidad Valenciana.

 

 

El Partido Popular, por su parte, insiste en su disposición a colaborar con la justicia, en contraste con la actitud del PSOE, que todavía no ha entregado sus cuentas a pesar de que el plazo ha expirado.

 

 

La crisis institucional alcanza todos los niveles. La falta de liderazgo, la ausencia de proyecto político y la sucesión de escándalos han erosionado la confianza en el gobierno y en el sistema democrático.

 

 

 

El PSOE, que llegó al poder prometiendo regeneración, transparencia y feminismo, se enfrenta ahora a las mismas acusaciones que durante años lanzó contra la derecha.

 

 

La gestión de los casos de acoso sexual y corrupción ha sido percibida como un intento de encubrimiento y protección de los implicados, más que como una voluntad real de depuración y justicia.

 

 

El papel de los socios parlamentarios es ambivalente. Por un lado, expresan públicamente su malestar y vergüenza ante la deriva del gobierno; por otro, mantienen su apoyo por razones tácticas, conscientes de que una ruptura podría favorecer a la derecha y poner en riesgo sus propios intereses.

 

 

La política de concesiones, como el apoyo a la entrada de Cataluña y Euskadi en la UNESCO y la Organización Mundial del Turismo, es vista como un intento desesperado de Sánchez por mantener la cohesión de la mayoría parlamentaria y evitar el colapso definitivo.

 

 

El caso de Leire Díez, la fontanera de Ferraz, es paradigmático de la opacidad que rodea al gobierno.

 

 

Desde el primer momento, el Ejecutivo intentó presentar a Díez como una simple simpatizante, pero la realidad ha demostrado que mantenía contactos con altos cargos del partido y del gobierno, participando activamente en reuniones y operaciones relevantes.

 

 

La trama de las cloacas y la implicación de la SEPI en el amaño de miles de millones de euros refuerzan la sensación de que el poder está rodeado de redes clientelares y prácticas corruptas que ponen en peligro la integridad de las instituciones.

 

 

La respuesta del Partido Popular ante la crisis ha sido aprovechar el desgaste del gobierno para consolidar su posición en regiones clave como Extremadura y Aragón, donde la convocatoria de elecciones anticipadas responde al bloqueo de los presupuestos y a la incapacidad de los gobiernos autonómicos para alcanzar acuerdos.

 

 

El PP insiste en que no es necesario erosionar a Sánchez, ya que el presidente se está autodestruyendo con sus propias decisiones y nombramientos.

 

 

 

La estrategia de Sánchez de presentar el balance anual como un ejercicio de resistencia ante campañas de “fango” y ataques mediáticos ha fracasado en su intento de recuperar la iniciativa política.

 

 

La percepción generalizada es que el presidente ha perdido el control sobre el gobierno, sobre el partido y sobre el relato público.

 

 

La sociedad española, harta de escándalos y promesas incumplidas, exige transparencia, responsabilidad y una regeneración democrática que parece cada vez más lejana.

 

 

La crisis actual es, en última instancia, una crisis de modelo político y de legitimidad democrática.

 

 

El agotamiento institucional, la falta de liderazgo y la sucesión de escándalos han generado una fatiga democrática que amenaza con desestabilizar el sistema y abrir la puerta a cambios profundos.

 

 

La ciudadanía, cansada de políticos que prometen el oro y el moro y terminan gobernando para sus propios intereses, reclama coherencia, transparencia y responsabilidad.

 

 

La palabra de un político, como recordaba Feijóo, es su principal arma, y la pérdida de credibilidad es el mayor riesgo para cualquier gobierno.

 

 

El futuro de España dependerá de la capacidad de sus instituciones para afrontar la crisis, asumir responsabilidades y recuperar la confianza de la sociedad.

 

 

El balance de Sánchez ha dejado al descubierto las debilidades de un gobierno acorralado por la corrupción, la parálisis y el desgaste moral.

 

 

La regeneración democrática, la transparencia y la rendición de cuentas son las únicas vías posibles para superar el caos y construir un futuro más justo y transparente.

 

 

La batalla por la verdad y la responsabilidad ha comenzado, y solo el tiempo dirá si España es capaz de salir de este lodazal y recuperar la esperanza en la política y en la democracia.