Óscar Puente ve los resultados de Extremadura y saca una conclusión del CIS que escocerá a muchos.

 

 

 

“Demuestra más precisión un mes largo antes de las elecciones”, asegura.

 

 

 

 

 

Los resultados de las elecciones autonómicas en Extremadura han tenido un efecto que va mucho más allá de los límites de la comunidad.

 

 

Aunque el foco inicial se sitúa en la aritmética parlamentaria regional, el verdadero impacto se está midiendo en clave nacional.

 

 

La victoria del Partido Popular y el crecimiento significativo de Vox han activado todas las alarmas en Moncloa y han reforzado una percepción cada vez más extendida entre analistas políticos: España podría estar entrando en un cambio de ciclo que termine sacando a Pedro Sánchez de La Moncloa antes de lo previsto.

 

 

El Gobierno insiste públicamente en que la legislatura llegará hasta 2027, pero el contexto político se ha vuelto cada vez más hostil para el PSOE.

 

Los casos de corrupción que afectan a dirigentes socialistas, junto con las denuncias por acoso sexual que han salpicado al partido en los últimos meses, han deteriorado la imagen de la formación y han alimentado la sensación de desgaste.

 

 

En este escenario, voces tanto dentro como fuera del ámbito político empiezan a señalar 2026 como un posible año electoral, ya sea por adelanto de las generales o por una combinación de factores que hagan insostenible la continuidad del Ejecutivo.

 

 

En ese clima de incertidumbre, las encuestas vuelven a ocupar un lugar central en el debate público.

 

Y, como suele ocurrir, no solo se analizan los resultados electorales, sino también quién fue capaz de anticiparlos con mayor precisión.

 

 

En el caso de Extremadura, una de las grandes protagonistas ha sido la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), un organismo que tradicionalmente genera controversia y sospechas de sesgo político, especialmente entre los partidos de la oposición.

 

Lo cierto es que, en estas elecciones, el CIS acertó la horquilla de escaños de tres de los cuatro principales partidos que aspiraban a tener representación en la Asamblea de Extremadura.

 

 

Un dato que ha sido utilizado por el Gobierno para reivindicar la credibilidad del organismo dirigido por José Félix Tezanos, frente a otras encuestadoras privadas cuyos pronósticos se alejaron más del resultado final.

 

 

La comparación más comentada ha sido con GAD3, la consultora dirigida por Narciso Michavila, que históricamente ha mantenido una relación de proximidad con el Partido Popular.

 

 

El contraste entre ambas encuestas ha generado un intenso debate en redes sociales y en los círculos políticos, hasta el punto de provocar la intervención directa de un miembro del Gobierno.

 

 

El ministro de Transportes, Óscar Puente, reaccionó a una publicación en la que se destacaba el acierto del CIS frente a los errores de GAD3.

 

 

El periodista y analista Idafe Martín resumía la situación con una frase irónica: “En la final de la Copa de Extremadura. Tezanos 3 – 0 Michavila”.

 

Una comparación deportiva que no tardó en hacerse viral y que fue recogida por Puente para reforzar su argumento.

 

 

El ministro fue más allá y elevó la apuesta. “Para mí es un 6-0”, escribió en su cuenta de X, subrayando un matiz clave que, a su juicio, da aún más valor al acierto del CIS: el factor tiempo.

 

 

Según Puente, mientras el organismo público publicó su estimación más de un mes antes de las elecciones, GAD3 lanzó su pronóstico apenas unos días antes de la jornada electoral, cuando el margen de error suele ser menor.

 

 

Este detalle no es menor en el análisis demoscópico. Acertar una horquilla de escaños con varias semanas de antelación implica anticipar tendencias, movilización del electorado y posibles cambios de última hora, algo especialmente complejo en un contexto político tan volátil como el actual.

 

 

En ese sentido, el ministro defendió que el CIS demostró una capacidad predictiva superior, pese a que sobreestimó al PSOE, que finalmente obtuvo un resultado peor del previsto.

 

 

El propio Puente reconoció ese error, pero lo relativizó. Para el Gobierno, el hecho de que el CIS acertara los resultados del PP, Vox y Podemos refuerza la idea de que las críticas constantes al organismo responden más a intereses políticos que a un análisis objetivo de su trabajo.

 

 

Al mismo tiempo, el ministro aprovechó la ocasión para lanzar un dardo directo a GAD3, una empresa que, según sus detractores, tiende a favorecer al PP en sus estimaciones.

 

 

Este cruce de reproches pone de relieve un fenómeno recurrente en la política española: la utilización de las encuestas como arma arrojadiza.

 

 

Más allá de su función informativa, los sondeos se convierten en herramientas de legitimación o deslegitimación del relato político.

 

En un momento en el que el Gobierno necesita aferrarse a cualquier indicador positivo, el acierto del CIS se presenta como una victoria simbólica frente a un entorno cada vez más adverso.

 

Sin embargo, el debate sobre las encuestas no puede ocultar la realidad política que han dejado las urnas extremeñas.

 

 

El PP ha consolidado su posición y Vox ha demostrado que su crecimiento no es anecdótico.

 

 

Para muchos analistas, este resultado confirma una tendencia que ya se había observado en otras comunidades: el electorado de derechas se moviliza con mayor eficacia, mientras que el espacio de la izquierda aparece fragmentado y desmovilizado.

 

 

Este escenario refuerza la percepción de que el ciclo político iniciado en 2018, con la llegada de Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno, podría estar llegando a su fin.

 

 

No se trata solo de una cuestión electoral, sino de desgaste institucional, crisis internas y una creciente dificultad para sostener una mayoría parlamentaria estable.

 

 

La falta de Presupuestos Generales del Estado y las tensiones constantes con los socios de investidura alimentan esa sensación de fragilidad.

 

A ello se suman los casos judiciales que afectan al PSOE, que, aunque no implican directamente al presidente, erosionan la credibilidad del partido y dificultan la defensa de un discurso ético frente a la oposición.

 

 

Las denuncias por acoso sexual han añadido un elemento especialmente sensible, que impacta de lleno en un electorado progresista para el que estas cuestiones son prioritarias.

 

 

En este contexto, no resulta extraño que cada encuesta, cada sondeo y cada dato demoscópico sea analizado al milímetro.

 

 

La posibilidad de un adelanto electoral en 2026 ya no se percibe como una hipótesis descabellada, sino como una opción que empieza a ganar peso en los corrillos políticos y mediáticos.

 

 

Y ahí, las encuestas juegan un papel clave en la construcción del clima de opinión.

 

 

La batalla entre el CIS y las encuestadoras privadas es, en el fondo, una batalla por el relato.

 

 

Para el Gobierno, reivindicar la fiabilidad del CIS es también una forma de sostener que el cambio de ciclo no es tan inevitable como algunos anuncian.

 

Para la oposición, cuestionar al organismo público sirve para reforzar la idea de que el Ejecutivo vive desconectado de la realidad social.

 

 

Lo que parece indiscutible es que las elecciones extremeñas han acelerado el pulso político nacional.

 

 

Han reactivado debates latentes, han dado munición a unos y a otros, y han colocado las encuestas en el centro de la conversación.

 

 

En un país cada vez más polarizado, los sondeos no solo miden la intención de voto: se han convertido en símbolos de una lucha más profunda por el poder y por el control del relato político.

 

Mientras tanto, Pedro Sánchez insiste en que la legislatura seguirá su curso y que el Gobierno resistirá hasta 2027.

 

Pero los datos, las percepciones y el clima político apuntan a un escenario mucho más incierto.

 

 

Extremadura ha sido, quizá, el primer gran aviso de una etapa que se avecina especialmente complicada para el PSOE.

 

Y en esa partida, cada encuesta acertada o fallida puede marcar la diferencia en la batalla por la opinión pública.