PABLO IGLESIAS DELATA A INDA Y FERRERAS “DESTAPA DINERO QUE PAGA EL PP A VITO QUILES Y CORRUPTOS”.

La escena no ocurrió en un plató de televisión ni en una tertulia cuidadosamente editada para encajar en los tiempos publicitarios.
Ocurrió en un espacio donde todavía se permite algo cada vez más raro: hablar largo y tendido, sin miedo a incomodar.
Y quizá por eso lo que se dijo resonó con tanta fuerza. No fue una frase suelta, ni un exabrupto viral diseñado para recortar en TikTok.
Fue un alegato completo, incómodo, con nombres y apellidos, que puso sobre la mesa una pregunta que muchos evitan formular en voz alta: ¿de verdad el problema de la desinformación, del acoso y del auge del fascismo está solo en las redes sociales?
Desde hace años se repite el mismo mantra. Que el odio nace en Twitter, que la mentira se multiplica en Telegram, que el acoso es cosa de cuatro exaltados con un móvil y conexión a internet.
Es una explicación cómoda. Sirve para señalar a un enemigo difuso, abstracto, casi imposible de concretar.
Pero también sirve para no mirar donde duele. Para no señalar estructuras, intereses económicos, decisiones políticas y responsabilidades muy concretas.
Y eso fue precisamente lo que se rompió en este discurso: el silencio alrededor de los medios que se presentan como periodismo mientras practican, según numerosas sentencias y resoluciones judiciales, la mentira sistemática.
La intervención fue directa, sin rodeos. No se habló de “algunos medios” ni de “ciertos comunicadores”.
Se citaron nombres conocidos por cualquier persona que consuma información política en España.
Se habló de periodistas condenados por mentir, de tertulianos convertidos en agitadores profesionales, de medios digitales especializados en el acoso personal. Y, sobre todo, se habló de dinero público.
De contratos menores, de adjudicaciones, de fondos que salen del bolsillo de la ciudadanía y acaban financiando proyectos mediáticos cuya actividad principal no es informar, sino intoxicar.
El caso de Aragón se utilizó como ejemplo, pero la reflexión iba mucho más allá de una comunidad autónoma concreta.
Las cifras son públicas, están documentadas y han sido publicadas por medios como Diario Red, aunque rara vez aparecen en las grandes cabeceras.
Decenas de miles de euros entregados a personas y medios que acumulan condenas judiciales por difundir noticias falsas.
Dinero que no se destina a fortalecer un periodismo riguroso, local y comprometido con la verdad, sino a reforzar un ecosistema mediático basado en el ruido, el escándalo y el señalamiento.
Aquí aparece la gran contradicción que atraviesa todo el debate público actual. Mientras se pide prohibir las redes sociales a los menores, mientras se alerta sobre el peligro de TikTok o X, se guarda silencio sobre quién ocupa horas y horas en televisiones que emiten para millones de personas.
Porque el verdadero poder no está solo en un tuit viral, sino en tener un “escaño mediático” permanente en cadenas generalistas.
Un espacio privilegiado desde el que se construyen marcos mentales, se normalizan discursos de odio y se legitiman mentiras que luego bajan en cascada a las redes.
La pregunta es incómoda: ¿quién concede esas licencias? ¿Quién decide qué voces se sientan cada noche en los platós? ¿Quién mantiene relaciones de conveniencia con grupos empresariales que controlan buena parte del espacio audiovisual? Hablar de esto incomoda porque obliga a señalar responsabilidades políticas.
Obliga a reconocer que no basta con condenar el acoso en abstracto si al mismo tiempo se protege a quienes lo ejercen desde posiciones de poder.
El discurso también puso el foco en la hipocresía del pragmatismo mal entendido. Ese que aconseja no ir “demasiado lejos”, no molestar a ciertos grupos mediáticos, no señalar a determinadas figuras porque “son muy grandes” o “los vamos a necesitar”.
Es un pragmatismo que siempre pide paciencia a los mismos y valentía a nadie. Que se presenta como inteligencia política, pero que en la práctica ha permitido que ideas antes marginales se conviertan en mayoritarias.
Porque mientras se pide moderación, la ultraderecha no modera nada. Da una guerra ideológica sin cuartel.
Repite mensajes hasta que dejan de escandalizar. Convierte el racismo en opinión respetable, el machismo en rebeldía juvenil, la nostalgia franquista en provocación simpática.
Y cuando esos discursos ya están instalados, el centro político se desplaza, y lo que antes era impensable pasa a ser “debatible”.
El análisis no se quedó en la crítica a la derecha. También hubo autocrítica hacia las fuerzas progresistas.
A la tentación constante de aceptar el marco del adversario. A esa idea de que, como “hay miedo en la calle”, la izquierda debe endurecer su discurso sobre migración o seguridad para no perder votos.
Desde una perspectiva politológica, se explicó con claridad por qué esa estrategia nunca funciona. Cuando aceptas el argumento del rival, es él quien recoge los frutos. Tú solo legitimas su relato.
El ejemplo del racismo fue especialmente claro. Si el problema es el robo, ¿por qué no señalar a quienes roban de verdad? A quienes evaden impuestos, a quienes saquean lo público con traje y corbata.
Si se habla de seguridad, ¿por qué no hablar de corrupción, de fraude fiscal, de desigualdad estructural? Cambiar el foco no es radicalismo, es honestidad intelectual.
La valentía apareció como hilo conductor de todo el discurso. Valentía para decir nombres. Valentía para incomodar.
Valentía para asumir costes. Porque decir la verdad tiene un precio, y no siempre se paga en aplausos.
Se paga en vetos, en campañas de difamación, en aislamiento mediático. Pero también se recordó algo fundamental: todas las conquistas democráticas se lograron así. Nunca desde la comodidad, nunca desde el silencio cómplice.
Hubo referencias al pasado reciente que hoy se ven con otros ojos. Cuando se habló de “alerta antifascista” y se ridiculizó la expresión. Cuando se criticó el “solo sí es sí” por ir demasiado rápido.
Cuando se pidió no hablar de la OTAN para no molestar. El tiempo ha demostrado que muchas de esas advertencias no eran exageraciones, sino anticipaciones. Que lo que se tachó de radical acabó siendo evidente.
El texto también abordó el miedo. El miedo real de mucha gente progresista ante la posibilidad de un gobierno de ultraderecha.
Ese miedo que lleva a aceptar el mal menor, a pedir que “todo se quede como está”. Pero se lanzó una advertencia clara: las cosas nunca se quedan como están. O avanzas o retrocedes. Y esconder la cabeza solo da tiempo al adversario para fortalecerse.
En ese contexto, la defensa de la democracia se presentó como algo activo, no pasivo. No basta con resistir.
Hay que disputar el sentido común. Hay que dar la batalla cultural. Y eso implica enfrentarse a quienes fabrican bulos, aunque tengan micrófonos poderosos.
Implica cuestionar a los medios que se presentan como neutrales mientras participan activamente en procesos de desinformación y acoso.
El mensaje final no fue triunfalista. Al contrario. Se reconoció que el camino será difícil. Que buena parte de los medios están en contra.
Que hay miedo, cansancio y desmovilización. Pero también se lanzó una llamada clara a la acción. A no confundir prudencia con cobardía.
A entender que la valentía no es un gesto romántico, sino una estrategia política profundamente pragmática cuando el adversario no tiene límites.
Porque, al final, la democracia no se defiende sola. No se protege con silencios estratégicos ni con concesiones constantes.
Se defiende nombrando los problemas, señalando a los responsables y asumiendo las consecuencias. Puede salir caro, sí.
Pero, como se dijo con crudeza, ser cobarde sale mucho más caro a largo plazo.
Y quizá por eso este discurso ha empezado a circular, a compartirse, a incomodar. Porque no ofrece una salida fácil ni un consuelo rápido.
Ofrece algo más difícil y más necesario: una invitación a mirar de frente, a pensar críticamente y a decidir de qué lado se quiere estar cuando el ruido se apaga y solo queda la verdad.
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