Tellado retrata en 11 minutos el “estallido del Gobierno de Sánchez”.

 

 

 

 

 

 

 

España ante el abismo: el colapso político del gobierno de Sánchez y la exigencia de una regeneración democrática.

 

 

 

La mañana del 11 de diciembre de 2025 amaneció con un nuevo golpe judicial que sacudió los cimientos del gobierno de Pedro Sánchez.

 

 

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, bajo la dirección del Juzgado Central de Instrucción número 6 y a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, desplegó una operación de gran envergadura con 19 registros en varias provincias y la detención de figuras clave como Leire Díaz, Vicente Fernández y Anchón Alonso.

 

 

 

Los delitos investigados —prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal— configuran un escenario de corrupción sistémica que, según la oposición y buena parte de la opinión pública, ha terminado por noquear a un gobierno que ya se encontraba cercado por los escándalos y las sospechas.

 

 

 

El país asiste, estupefacto, al estallido simultáneo de una serie de casos que han puesto contra las cuerdas al sanchismo.

 

 

La narrativa de estos días es la de un gobierno desarticulado en tiempo real, con detenciones, redadas, registros y autos judiciales que se suceden a ritmo vertiginoso, dejando al Ejecutivo sin capacidad de respuesta y acorralado por la justicia y las fuerzas de seguridad del Estado.

 

 

El minuto y resultado del sanchismo, como lo ha definido la prensa y los analistas, es el de una administración que vuela por los aires, arrastrando consigo el prestigio de las instituciones y la confianza de los ciudadanos.

 

 

 

Los acontecimientos de las últimas horas se suman a una secuencia de escándalos que han marcado el final de la legislatura.

 

 

La condena del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por favorecer al gobierno y atacar a una rival política, constituye un hito sin precedentes en la historia judicial española.

 

 

Es la primera vez que un fiscal general en ejercicio es inhabilitado por delinquir, lo que ha sido calificado como un escándalo mundial y una mancha indeleble en el expediente del Ejecutivo socialista. La sentencia, además, ha reabierto el debate sobre la independencia judicial y el uso partidista de los órganos del Estado.

 

 

 

A este golpe se suma el reconocimiento de la Universidad Complutense sobre las presiones recibidas para crear una cátedra a medida de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez. Se trata de la primera cátedra en la historia de la universidad para una persona sin estudios universitarios, que habría utilizado recursos públicos y su posición en la Moncloa para hacer negocios privados.

 

 

Gómez está imputada por cinco delitos, lo que añade una nueva capa de gravedad al entramado de corrupción que rodea al presidente.

 

 

 

El Partido Socialista, por su parte, se ha visto envuelto en una trama de ocultamiento de denuncias de acoso sexual, en la que se habría protegido a Paco Salazar, amigo personal de Sánchez.

 

 

La gestión de estas denuncias, lejos de ser transparente, ha alimentado la percepción de impunidad y encubrimiento, minando aún más la credibilidad del partido y del gobierno.

 

 

El Tribunal Supremo ha confirmado que en breve irán a juicio dos de las figuras más cercanas al presidente: José Luis Ávalos, exministro y brazo derecho de Sánchez, y Coldo García, responsable de contratos durante la pandemia.

 

 

Ambos están acusados de corrupción en la adjudicación de contratos públicos, en una trama que implica millones de euros y que ha sido objeto de investigación y denuncia por parte de la Fiscalía y los medios de comunicación.

 

 

La última operación policial ha destapado una nueva causa de corrupción socialista que ha supuesto la detención de Leire Díaz, jefa de gabinete de Ferraz y presunta comisionista en diversas tramas; Vicente Fernández, protegido de María Jesús Montero y expresidente de la SEPI, el mayor operador público de España; y Anchón Alonso, socio de Santos Cerdán y figura clave en la negociación de la investidura de Sánchez.

 

 

El registro de empresas como Plus Ultra, rescatada con 53 millones de dinero público, y Forestalia, vinculada a la familia de Susana Sumelzo, secretaria de Estado para Iberoamérica, completa el mosaico de sospechas y actuaciones judiciales.

 

 

 

El gobierno de Sánchez está bajo sospecha permanente. No hay día sin escándalo, y la situación de la vicepresidenta María Jesús Montero se ha vuelto insostenible.

 

 

 

Su persona de máxima confianza, primero en la Junta de Andalucía y después en el gobierno central, ha sido detenida, lo que pone en cuestión la gestión y la responsabilidad política de Montero, que también está vinculada a la contratación de Leire Díaz en empresas públicas dependientes de la SEPI y, por tanto, de su propio ministerio.

 

 

 

La caída de los grandes arquitectos de la llegada al poder de Sánchez —Ávalos, Cerdán y Alonso— es el síntoma más claro de un gobierno que se desmorona.

 

 

Anchón Alonso, encargado de negociar los apoyos de Bildu y el PNV para la investidura, ha sido detenido, cerrando el círculo de la corrupción que ha marcado el mandato socialista desde junio de 2018 hasta diciembre de 2025.

 

 

 

La oposición, encabezada por el Partido Popular y Alberto Núñez Feijóo, exige la dimisión inmediata de Sánchez y la convocatoria de elecciones generales como única salida a la crisis institucional.

 

 

El discurso es claro: “España no merece ser arrastrada en el descenso de Sánchez y su gobierno a los infiernos.

 

 

España merece librarse de este sinfín de escándalos, podredumbre y decadencia, y abrir un tiempo nuevo con un gobierno libre, limpio y decente”.

 

 

La única alternativa viable, según el PP, es un gobierno popular que recupere la confianza y la estabilidad perdida.

 

 

La exigencia de responsabilidades políticas es el eje del debate. La oposición sostiene que ninguno de los investigados podría haber delinquido sin el nombramiento y la protección de Sánchez, que es el número uno de un sistema corrupto y degradado.

 

 

La responsabilidad penal será depurada en los juzgados, pero la responsabilidad política debe dirimirse de inmediato, sin más dilaciones ni excusas.

 

 

El presidente, acusan, no puede eludir su papel en el nombramiento y la gestión de los cargos implicados, y debe asumir las consecuencias de su acción y omisión.

 

 

La parálisis del gobierno es evidente. El Ejecutivo llega al último pleno del año sin haber aprobado ni siquiera presentado los presupuestos generales del Estado para 2026, ni los de 2025, ni los de 2024.

 

 

España tiene un gobierno paralizado y un presidente en huida permanente, que evita acudir al Congreso y recurre al voto telemático para no enfrentar el bochorno de la sesión de control.

 

 

La situación, según la oposición, es de colapso político absoluto, y el presidente debe asumir su situación y no arrastrar al país en su decadencia.

 

 

La iniciativa para cubrir las vacantes en los órganos constitucionales, como el Senado, no corresponde a negociaciones entre partidos, sino al trámite institucional de solicitar a las comunidades autónomas la designación de candidatos.

 

 

La cortina de humo desplegada por Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, para fingir normalidad, es vista como un intento desesperado de ocultar la gravedad de la crisis y la imposibilidad de negociar nada con un gobierno hundido por la corrupción.

 

 

 

El colapso político es total. El gobierno de Sánchez, tocado y hundido por los escándalos, debe devolver la palabra a los españoles para que decidan libre y democráticamente el futuro del país.

 

 

La legislatura está fallida, sin mayoría parlamentaria y con mil sombras de corrupción que persiguen al presidente y a su equipo.

 

 

La única salida, insisten desde la oposición, es la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales.

 

 

La responsabilidad política de Sánchez es ineludible. Nada habría podido pasar sin él, y todos los casos de corrupción están vinculados a sus nombramientos y decisiones.

 

 

El presidente puede evitar el Congreso y el escrutinio público, pero no puede escapar de sus propias responsabilidades.

 

 

La exigencia es clara: asumir las consecuencias políticas y permitir que la justicia y la ciudadanía depuren las responsabilidades penales y democráticas.

 

 

España vive un momento decisivo. El colapso del gobierno de Sánchez, la sucesión de escándalos y la exigencia de regeneración democrática marcan el final de una etapa y el inicio de otra.

 

 

El país no puede permitirse seguir arrastrando la decadencia y la podredumbre institucional.

 

 

Es hora de abrir un tiempo nuevo, con elecciones libres y un gobierno que recupere la confianza, la transparencia y la decencia que la sociedad demanda.

 

 

Mientras tanto, la crisis sigue su curso, y el futuro de España está en juego.

 

 

La regeneración democrática, la lucha contra la corrupción y la recuperación de la confianza ciudadana son los retos que marcarán el camino de los próximos meses.

 

 

El desenlace está en manos de la justicia, la política y, sobre todo, de los ciudadanos, que deben decidir si quieren seguir en la senda de la decadencia o apostar por un cambio profundo y necesario.