Pilar Bernabé desmonta a Pérez Llorca con el BOE en la mano: “Miente como sus jefes Mazón y Feijóo”.

 

 

 

El mandatario valenciano niega el impulso de las obras en el barranco de Barxeta pese a estar publicadas en el BOE.

 

 

 

 

Pilar Bernabé desmonta con el BOE en la mano las mentiras de Pérez Llorca sobre la reconstrucción tras la DANA. EP.

 

 

El Partido Popular de la Comunitat Valenciana ha vuelto a situarse en el centro de la polémica por su gestión política y comunicativa tras la DANA que sacudió la provincia de Valencia y dejó un balance humano y material devastador.

 

Lejos de asumir errores o rectificar versiones, la dirección autonómica del PP ha optado por una estrategia que, según denuncian desde el Gobierno central y diversas fuentes documentales oficiales, se basa en la difusión de falsedades, medias verdades y acusaciones sin respaldo documental, con el objetivo de descargar responsabilidades propias y trasladarlas al Ejecutivo de Pedro Sánchez.

 

 

La salida de Carlos Mazón de la primera línea política valenciana y su sustitución por Juanfran Pérez Llorca no ha supuesto, como algunos sectores esperaban, un cambio de rumbo en el relato.

 

Al contrario, el nuevo dirigente ha reproducido el mismo patrón discursivo que sus predecesores: acusar al Gobierno central de bloquear proyectos, ralentizar la reconstrucción y abandonar a la Comunitat Valenciana tras una de las mayores catástrofes naturales de su historia reciente.

 

Un discurso que apenas resiste unas horas cuando se contrasta con los boletines oficiales y los registros administrativos.

 

 

La última afirmación de Pérez Llorca, pronunciada con contundencia desde el Palau de la Generalitat, fue que el Gobierno mantenía “bloqueados proyectos vitales en el barranco de Barxeta”, uno de los puntos críticos afectados por las lluvias torrenciales.

 

Una acusación grave, pensada para reforzar la idea de abandono institucional y para justificar la presión política sobre el Ejecutivo central. Sin embargo, la mentira tuvo una vida extremadamente corta.

 

Apenas tres horas después, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, desmontaba públicamente la afirmación con documentos oficiales en la mano.

 

El Boletín Oficial del Estado, fuente jurídica incuestionable, recogía ese mismo día el “proyecto de obras para la prevención frente a inundaciones en el litoral del levante peninsular”, que incluye de manera expresa la adaptación del barranco de Barxeta.

 

Se trata de una actuación estructurada en dos fases, con una inversión prevista de 14.797.534,74 euros, es decir, casi 15 millones de euros destinados a reducir el riesgo de futuras inundaciones y a mejorar la seguridad de la zona.

 

Además, el proyecto llevaba ya diez días registrado en el portal de contratación pública, accesible para cualquier administración o ciudadano que quisiera comprobarlo.

 

La respuesta de Bernabé fue tan directa como contundente. No recurrió a valoraciones abstractas ni a discursos políticos, sino que se limitó a mostrar los documentos oficiales que desmontaban el relato del PP valenciano.

 

“Pérez Llorca miente, en la línea de sus jefes Mazón y Feijóo”, afirmó la delegada del Gobierno, subrayando que no existe ningún bloqueo, sino actuaciones concretas, licitaciones en marcha e inversiones comprometidas.

 

“No se bloquea nada: se actúa, se licita y se invierte”, añadió, devolviendo al presidente autonómico su propia recomendación: menos retórica sobre simplificación burocrática y más lectura del BOE.

 

 

La polémica no se limita a un proyecto concreto ni a una declaración aislada.

 

Forma parte de una estrategia más amplia del PP valenciano y de la dirección nacional del partido para reescribir lo ocurrido el día de la DANA y los días posteriores, un periodo marcado por la confusión, la falta de coordinación inicial y un elevado número de víctimas mortales.

 

En este contexto, la figura de Alberto Núñez Feijóo emerge como uno de los principales artífices del relato paralelo que intenta exculpar a la Generalitat y señalar al Gobierno central, incluso cuando los propios mensajes privados contradicen esa versión.

 

 

El presidente del Partido Popular quedó especialmente expuesto cuando envió a la jueza de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, una parte de los WhatsApp intercambiados con Carlos Mazón el 29 de octubre de 2024, día de la catástrofe.

 

En esos mensajes, que ahora forman parte de una investigación judicial, se desmonta una de las afirmaciones más repetidas por Feijóo: que había mantenido una comunicación constante con el entonces president de la Generalitat durante toda la emergencia.

 

La realidad, según los propios textos aportados, es que el intercambio de mensajes no comenzó hasta las 20:08 horas, cuando decenas de personas ya habían perdido la vida y Mazón se encontraba a apenas veinte minutos de llegar al CECOPI, el centro de coordinación de emergencias.

 

Este detalle no es menor. La gestión de una emergencia de tal magnitud exige rapidez, coordinación y liderazgo político desde el primer momento.

 

La ausencia de comunicación fluida entre los máximos responsables durante las horas críticas plantea preguntas incómodas que el PP ha tratado de esquivar construyendo un relato alternativo.

 

En lugar de asumir errores, se ha optado por señalar al Gobierno central, incluso cuando ello implicaba cuestionar la actuación de la Unidad Militar de Emergencias y del propio Ejército.

 

Feijóo llegó a insinuar una supuesta falta de despliegue de la UME durante las primeras horas de la DANA, una afirmación que quedó desmentida tanto por los partes oficiales como por los mensajes de Mazón, en los que se reconoce que la unidad estaba ya sobre el terreno.

 

El líder del PP era consciente de ello desde el primer día, pero esa verdad no impidió que se utilizara a la UME como elemento de confrontación política, alimentando un discurso que jugaba con el dolor de las víctimas y el recuerdo de las más de 230 vidas perdidas.

 

 

La gravedad de esta estrategia se ve acentuada por la forma en que Feijóo decidió colaborar con la justicia.

 

Los mensajes enviados a la jueza fueron incompletos, una “conversación a cachos”, en la que se incluían los textos recibidos de Mazón, pero no las respuestas del propio líder del PP.

 

Feijóo justificó esta omisión asegurando que cumplía estrictamente con lo solicitado por la magistrada.

 

Sin embargo, poco después, Nuria Ruiz Tobarra pidió expresamente la totalidad de los WhatsApp, dejando claro que necesitaba el contexto completo para su investigación.

 

La entrega de esos mensajes es voluntaria, pero la decisión que tome Feijóo tendrá un impacto político evidente.

 

Cumplir supondría arrojar más luz sobre lo ocurrido y, posiblemente, sobre las contradicciones del relato oficial del PP.

 

Negarse o dilatar la entrega, en cambio, podría aumentar la sensación de opacidad y reforzar la idea de que se está ocultando información relevante.

 

En cualquier caso, la presión pública y mediática sobre el líder conservador no ha dejado de crecer.

 

Mientras tanto, en la Comunitat Valenciana, la ciudadanía observa con creciente escepticismo el cruce de acusaciones.

 

Para muchos afectados por la DANA, lo prioritario no es el intercambio de reproches, sino la reconstrucción efectiva de sus municipios, la llegada de ayudas y la ejecución de obras que eviten que una tragedia similar vuelva a repetirse.

 

En ese sentido, la difusión de bulos o afirmaciones falsas no solo erosiona la credibilidad institucional, sino que retrasa la confianza necesaria para avanzar.

 

Las fuentes oficiales consultadas y los documentos publicados en el BOE muestran que existen proyectos en marcha, inversiones comprometidas y una planificación técnica que no encaja con la idea de un Gobierno central bloqueador.

 

Eso no significa que todo se haya hecho bien ni que no existan retrasos administrativos, pero sí desmonta la acusación de inacción deliberada que el PP valenciano intenta instalar en la opinión pública.

 

El relevo de Mazón por Pérez Llorca pretendía, según algunos analistas, calmar las tensiones internas del PP y contentar a Vox, socio imprescindible en el equilibrio político autonómico.

 

Sin embargo, el cambio de caras no ha traído un cambio de discurso. La estrategia sigue siendo la misma: confrontación directa con el Gobierno central, victimismo institucional y utilización política de una catástrofe que dejó una profunda herida en la sociedad valenciana.

 

 

El problema es que esta estrategia se enfrenta a un obstáculo difícil de superar: los documentos oficiales.

 

Cuando el BOE, los portales de contratación y los registros administrativos entran en juego, el margen para el relato ficticio se reduce drásticamente.

 

Cada afirmación falsa puede ser desmontada con un enlace, una fecha y una cifra concreta.

 

Y eso es exactamente lo que ocurrió con el supuesto bloqueo del barranco de Barxeta.

 

La insistencia en este tipo de mensajes plantea una cuestión de fondo sobre la responsabilidad política en situaciones de emergencia.

 

Gobernar no es solo tomar decisiones, sino también comunicar con rigor, especialmente cuando hay vidas humanas de por medio.

 

Utilizar el dolor y la tragedia como arma partidista puede generar réditos a corto plazo, pero deja una huella profunda en la confianza ciudadana.

 

En el caso del PP valenciano y de su dirección nacional, la acumulación de versiones contradictorias, mensajes incompletos y acusaciones desmentidas por documentos oficiales ha alimentado una percepción de falta de credibilidad que va más allá de la confrontación habitual entre partidos.

 

No se trata solo de una disputa ideológica, sino de la gestión de una de las mayores catástrofes naturales recientes y de la honestidad con la que se explica lo ocurrido.

 

A medida que avanza la investigación judicial y se conocen nuevos detalles, el margen para sostener un relato paralelo se estrecha.

 

La verdad administrativa, reflejada en boletines oficiales y registros públicos, es difícil de ocultar. Y la verdad política, construida sobre hechos contrastables, acaba imponiéndose, aunque tarde.

 

 

La Comunitat Valenciana necesita reconstrucción, inversiones y coordinación institucional, no una guerra de bulos.

 

Y la ciudadanía, golpeada por la DANA, merece algo más que acusaciones cruzadas: merece transparencia, responsabilidad y respeto.

 

En ese escenario, cada mentira desmentida no solo deja en evidencia a quien la pronuncia, sino que debilita la confianza en las instituciones que debería fortalecer.