POR QUÉ FRANCO DERROTÓ al COMUNISMO en ESPAÑA y otros FRACASARON.

 

 

 

 

 

El siglo XX fue un campo de batalla ideológico en el que no solo se disputaron territorios, sino modelos de sociedad, sistemas económicos y formas de entender al ser humano.

 

El comunismo, lejos de ser una corriente marginal, se convirtió tras la Revolución rusa de 1917 en una fuerza expansiva que logró implantarse en buena parte de Europa del Este, Asia y América Latina, y que durante décadas puso en jaque a las democracias liberales occidentales.

 

 

En ese escenario global de confrontación, el caso español aparece como una excepción histórica difícil de encajar en los esquemas simplificados con los que a menudo se explica el pasado reciente.

 

 

España, un país empobrecido, fracturado socialmente y devastado por una guerra civil, logró mantenerse fuera del bloque comunista durante casi cuarenta años.

 

 

Esta realidad, incómoda para muchos relatos contemporáneos, obliga a analizar con mayor profundidad las razones políticas, sociales, económicas e internacionales que explican por qué el comunismo no logró arraigar de nuevo en el poder tras 1939, a diferencia de lo ocurrido en numerosos países europeos después de la Segunda Guerra Mundial.

 

 

La victoria de Francisco Franco en la Guerra Civil no supuso únicamente el final de un conflicto armado interno, sino el cierre abrupto de un proceso revolucionario que, durante la Segunda República y especialmente en los años de guerra, había mostrado rasgos claramente totalitarios.

 

 

La presencia de partidos comunistas fuertemente armados, la creciente dependencia política y militar de la Unión Soviética, así como la violencia sistemática contra adversarios políticos y religiosos, eran fenómenos documentados por la prensa internacional de la época y por historiadores posteriores.

 

 

No se trataba de episodios aislados, sino de una deriva que, de haber triunfado, habría colocado a España en una trayectoria similar a la de Polonia, Hungría o Checoslovaquia tras 1945.

 

 

A diferencia de otros líderes autoritarios del siglo XX, Franco no heredó un país estable ni próspero. Gobernó sobre una nación arruinada, con infraestructuras destruidas, una economía colapsada y un aislamiento internacional casi total.

 

 

Sin embargo, desde el inicio de su régimen mantuvo una prioridad política constante: impedir el regreso del marxismo al poder, incluso a costa de pagar un alto precio diplomático y económico durante décadas.

 

Esta obsesión anticomunista explica en gran medida tanto la dureza inicial del régimen como su posterior evolución.

 

 

Ese posicionamiento frontal contra el comunismo es una de las claves que explican el rechazo persistente que su figura genera en determinados sectores políticos e intelectuales.

 

 

Franco no solo derrotó militarmente a la izquierda revolucionaria, sino que logró algo mucho más complejo: evitar que el comunismo regresara al poder por vías insurreccionales, electorales o mediante presiones internacionales durante casi cuatro décadas.

 

Muy pocos gobernantes del siglo XX consiguieron un resultado similar.

 

 

La comparación internacional resulta reveladora. En Corea del Sur, Park Chung-hee logró un desarrollo económico extraordinario y contuvo la amenaza comunista del Norte, pero fue asesinado tras menos de veinte años en el poder, dejando un país profundamente tensionado.

 

 

En Chile, Augusto Pinochet derrotó al marxismo armado y transformó la economía, pero su régimen duró apenas dieciséis años y terminó con una cesión del poder tras un plebiscito.

 

En Portugal, António de Oliveira Salazar mantuvo un sistema autoritario durante décadas, pero no logró evitar que el país cayera en una revolución militar de inspiración comunista en 1974, que desmanteló gran parte de su obra política.

 

 

Incluso en Estados Unidos, la principal potencia del bloque occidental, los presidentes más firmemente anticomunistas fueron objeto de campañas de desgaste institucional sin precedentes.

 

Richard Nixon se vio forzado a dimitir en medio del escándalo Watergate, con consecuencias geopolíticas tan relevantes como la derrota en Vietnam.

 

 

Décadas después, Donald Trump vivió un proceso similar de confrontación mediática, judicial y política.

 

Frente a estos casos, el resultado español es singular: Franco gobernó durante casi cuarenta años, murió en el poder, designó su sucesión y dejó un Estado plenamente operativo.

 

Desde un punto de vista estrictamente político, este desenlace explica por qué algunos historiadores internacionales, como Stanley G. Payne, han calificado al franquismo como uno de los regímenes autoritarios más estables y duraderos del siglo XX dentro de su categoría.

 

Ese éxito, sin embargo, no se sostuvo únicamente en la represión o el control policial, como suele afirmarse de forma simplista.

 

 

A partir de finales de los años cincuenta, el régimen inició una transformación económica profunda que alteró de manera irreversible la estructura social española.

 

 

Los planes de desarrollo, la apertura controlada al exterior y la modernización industrial situaron a España entre los países con mayores tasas de crecimiento del mundo durante los años sesenta.

 

Este proceso permitió la creación de una amplia clase media, prácticamente inexistente antes de la guerra.

 

 

El acceso a la vivienda, la expansión de la educación, el empleo estable y el ahorro familiar cambiaron la vida cotidiana de millones de personas.

 

Esa nueva clase media, formada bajo el franquismo, sería posteriormente la base social que hizo posible una transición política sin una nueva guerra civil.

 

En paralelo, el régimen desarrolló un sistema de protección social inspirado en la doctrina social de la Iglesia: convenios colectivos, salario mínimo, estabilidad laboral y tribunales específicos para conflictos laborales.

 

Despedir a un trabajador no era una decisión sencilla ni barata para las empresas, y la legislación favorecía una relación laboral relativamente estable.

 

Todo ello no convierte al régimen en democrático ni borra sus aspectos autoritarios, pero sí obliga a matizar la idea de que fue un sistema puramente represivo y económicamente estéril.

 

La estabilidad social y económica fue uno de los pilares que permitió al franquismo mantener el control sin recurrir de forma permanente a la violencia política abierta.

 

La política fiscal y administrativa también desempeñó un papel relevante. La presión impositiva era baja en comparación con otros países europeos, y muchos impuestos afectaban principalmente a grandes patrimonios.

 

Esto favoreció el ahorro, la inversión y el crecimiento del tejido productivo. El Estado intervenía en sectores estratégicos, pero no asfixiaba la iniciativa privada.

 

Al mismo tiempo, se impulsaron grandes proyectos de infraestructuras: carreteras, embalses, hospitales y redes de saneamiento que erradicaron hambrunas estructurales históricas y ampliaron el acceso a la sanidad pública.

 

 

En el ámbito rural, organismos como el Instituto Nacional de Colonización transformaron amplias zonas agrícolas, aumentando la producción y fijando población en el campo.

 

Se ampliaron las superficies de regadío y se reorganizó la propiedad agraria en muchas regiones, reduciendo tensiones sociales tradicionales.

 

Estas políticas respondían a una visión conservadora del desarrollo, no revolucionaria.

 

Franco entendía que una población empobrecida era terreno fértil para el comunismo y que solo mediante estabilidad, empleo y orden social podía neutralizarse su influencia a largo plazo.

 

El papel del ejército fue otro factor central. A diferencia de otros países donde las fuerzas armadas se fragmentaron o se politizaron hasta el colapso, en España el ejército se mantuvo como una institución cohesionada y subordinada al poder del Estado.

 

El servicio militar obligatorio actuó también como herramienta de integración social, alfabetización y homogeneización nacional en un país históricamente fragmentado.

 

En el plano internacional, Franco demostró una notable capacidad de adaptación. Mantuvo una neutralidad calculada durante la Segunda Guerra Mundial y, con el inicio de la Guerra Fría, se presentó como un aliado firme contra el marxismo.

 

Estados Unidos pasó de considerar al régimen un vestigio incómodo del pasado a verlo como un socio estratégico en el Mediterráneo occidental.

 

Los acuerdos militares y económicos integraron a España en el bloque occidental sin exigir una transformación política inmediata.

 

 

La paradoja es evidente: un régimen autoritario consolidado gracias a un orden internacional liderado por democracias liberales que, por pragmatismo, aceptaron su permanencia.

 

En los años finales del franquismo, la sociedad española ya no era la de la posguerra. El nivel educativo había aumentado, la clase media era mayoritaria y existía una creciente demanda de participación política.

 

Franco no impulsó una democratización plena, pero tampoco bloqueó completamente la evolución del sistema.

 

El franquismo no colapsó de forma violenta, se transformó. Esa transformación fue pactada, imperfecta y condicionada, pero evitó un nuevo enfrentamiento civil.

 

El balance histórico exige, por tanto, prudencia y rigor. El régimen fue autoritario y represivo, especialmente en sus primeros años, pero también logró frenar al comunismo en un momento en que parecía imparable, impulsar un desarrollo económico profundo y dejar un país estructuralmente preparado para una transición sin guerra.

 

 

Comprender este periodo no implica justificarlo ni condenarlo de forma automática. Implica analizarlo con contexto y sin consignas simples.

 

Solo así se entiende por qué la figura de Franco sigue generando incomodidad décadas después: porque venció políticamente a la izquierda revolucionaria y nunca fue derrotado por ella, un desenlace excepcional en la historia del siglo XX europeo.