Puente recuerda a Feijóo sus mentiras con Mazón tras el varapalo de Trump a la derecha.

 

 

 

El líder de la oposición española ha mandando todo su apoyo a los demócratas venezolanos.

 

 

 

 

La detención del presidente venezolano, Nicolás Maduro, por parte de fuerzas especiales de Estados Unidos ha abierto una grieta política, diplomática y moral que atraviesa no solo América Latina, sino también Europa y, de forma especialmente visible, España.

 

Lo que a primera vista podría parecer un episodio más del tablero geopolítico internacional se ha convertido en un espejo incómodo donde cada actor revela su verdadera posición frente al derecho internacional, la soberanía de los pueblos y el uso de la fuerza como herramienta política.

 

 

El Gobierno de España ha sido tajante desde el primer momento. No habrá reconocimiento alguno de la intervención militar estadounidense en Venezuela.

 

Así lo expresó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con un mensaje que ha resonado dentro y fuera del país: España no reconoció al régimen de Maduro tras los cuestionados resultados electorales de 2024, pero tampoco reconocerá una acción militar que viola el Derecho internacional y empuja a la región hacia un horizonte de incertidumbre y belicismo.

 

La frase no es retórica. Marca una línea clara que separa la crítica política al chavismo de la legitimación de una invasión extranjera.

 

 

En un contexto internacional donde muchos líderes optan por el silencio o por alinearse sin matices con Washington, la postura del Ejecutivo español ha sido interpretada como una defensa explícita del multilateralismo y de los principios recogidos en la Carta de Naciones Unidas.

 

Sánchez ha insistido en que cualquier salida a la crisis venezolana debe poner en el centro a la población civil, evitar una escalada armada y articular una transición justa y dialogada.

 

No es solo una cuestión jurídica; es una advertencia sobre las consecuencias humanas y políticas de normalizar el uso de la fuerza.

 

 

Sin embargo, esta posición ha chocado frontalmente con la estrategia adoptada por la derecha española.

 

El Partido Popular, liderado por Alberto Núñez Feijóo, no ha ocultado su respaldo a la operación estadounidense ni su apoyo explícito a María Corina Machado y Edmundo González Urrutia como figuras llamadas a liderar una supuesta transición democrática en Venezuela.

 

“Todo mi apoyo y el del Partido Popular para María Corina Machado, Edmundo González y todos los demócratas venezolanos”, escribió Feijóo en redes sociales, alineándose sin ambigüedades con el relato de Washington.

 

Es en este punto donde el debate deja de ser abstracto y se vuelve profundamente político y personal.

 

El ministro de Transportes, Óscar Puente, conocido por su tono directo y su presencia activa en redes sociales, no tardó en responder.

 

Su mensaje iba dirigido formalmente a la derecha, pero tenía un destinatario claro: el líder del PP.

 

“Alberto ha estado informado por Trump en tiempo real también. Está claro”, escribió Puente, en una frase cargada de ironía que conectaba dos episodios separados por miles de kilómetros, pero unidos por una misma sombra de credibilidad.

 

 

El dardo no era casual. Puente hacía referencia implícita a las declaraciones de Feijóo tras la devastadora DANA que golpeó Valencia, cuando aseguró haber estado en contacto permanente con el entonces presidente de la Generalitat, Carlos Mazón.

 

Aquellas palabras quedaron en entredicho cuando salieron a la luz los mensajes de WhatsApp que mostraban una realidad muy distinta: un líder del PP ocupado en un acto político mientras se acumulaban víctimas, desaparecidos y daños materiales de enorme magnitud.

 

 

“Perdón Carlos. Estoy en un acto. Te puedo llamar a las 22:30h. Lo que oímos es que estáis mal… ¿Muertos? ¿Desaparecidos? Daños cuantiosos? Ánimo. Amigos”.

 

Ese mensaje, enviado por Feijóo a Mazón el día de la tragedia, se ha convertido en un símbolo incómodo de prioridades cuestionables.

 

Y ahora, con Venezuela en el centro del debate, muchos usuarios han establecido un paralelismo directo: Feijóo parece más atento a los movimientos de Trump y a la política internacional que a las víctimas de una catástrofe ocurrida en su propio país.

 

 

Las redes sociales han amplificado este contraste de forma implacable. Tras el tuit de Puente, miles de usuarios han ironizado con la idea de que Feijóo no vio la intervención de Trump en la que el propio presidente estadounidense desautorizaba a María Corina Machado “porque estaba en un acto”.

 

Una frase que, más allá de la burla, resume una percepción cada vez más extendida: la desconexión entre el discurso político del PP y los hechos comprobables.

 

Y es que Donald Trump, lejos de respaldar sin fisuras a la líder opositora venezolana, ha sembrado dudas públicas sobre su capacidad para gobernar.

 

El presidente estadounidense ha afirmado que Machado “no tiene el apoyo ni el respeto suficientes dentro del país” y ha reconocido que ni siquiera ha hablado con ella tras la captura de Maduro.

 

Estas declaraciones chocan frontalmente con el entusiasmo mostrado por el PP y dejan en una posición delicada a quienes en España celebran la intervención como un paso hacia la democracia.

 

 

El contraste es revelador. Mientras Trump expresa abiertamente sus reservas y deja claro que Estados Unidos controlará el territorio venezolano “el tiempo necesario” hasta asegurar una transición segura, la derecha española se apresura a legitimar una operación cuyos términos reales ni siquiera controla.

 

La pregunta es inevitable: ¿qué tipo de soberanía es esa en la que el futuro de un país queda supeditado a la decisión de una potencia extranjera?

 

La respuesta del Gobierno español apunta a un enfoque distinto. Sánchez ha recordado que España no puede ni debe avalar una intervención militar unilateral, independientemente de lo que piense del régimen de Maduro.

 

El precedente es peligroso. Si se acepta que una potencia capture al presidente de otro país sin el aval de organismos internacionales, se abre la puerta a un mundo donde la ley del más fuerte sustituye al derecho internacional.

 

Hoy es Venezuela; mañana podría ser cualquier otro país que incomode a un actor poderoso.

 

 

Este posicionamiento ha generado apoyos relevantes fuera de España, especialmente entre expertos en relaciones internacionales que ven en la postura de Sánchez una rara coherencia en un contexto dominado por la geopolítica de bloques.

 

Pero dentro del país, el debate se ha polarizado rápidamente. Para unos, el Gobierno actúa con responsabilidad y principios.

 

Para otros, especialmente en la derecha, se trata de una oportunidad perdida para “celebrar la caída de un dictador”.

 

 

Lo que queda a menudo fuera del debate es la complejidad real de la situación venezolana.

 

Reducirla a una lucha entre buenos y malos, entre dictadura y democracia, es una simplificación que no ayuda a comprender las consecuencias de una intervención militar.

 

La historia reciente está llena de ejemplos donde operaciones presentadas como “liberadoras” terminaron sumiendo a países enteros en el caos, la violencia y la dependencia externa.

 

En este sentido, el mensaje de Óscar Puente no es solo una pulla política; es una llamada de atención sobre la coherencia y la memoria.

 

No se puede exigir liderazgo internacional mientras se gestionan con ligereza las crisis internas.

 

No se puede hablar de valores democráticos sin asumir responsabilidades cuando la realidad desmiente el relato.

 

Y no se puede aplaudir una intervención extranjera sin preguntarse quién paga el precio real de esa decisión.

 

 

La comparación con la DANA no es gratuita. En ambos casos, la gestión de la información, la empatía con las víctimas y la capacidad de reacción están en el centro del juicio público.

 

En Venezuela, las víctimas potenciales son millones de civiles atrapados en un escenario de incertidumbre y ocupación militar.

 

En Valencia, fueron ciudadanos que esperaban respuestas y apoyo mientras la tragedia se desarrollaba ante sus ojos.

 

 

La política, en su versión más cruda, revela prioridades. Y en este momento, las prioridades de cada actor están quedando expuestas con una claridad incómoda.

 

El Gobierno de España ha optado por una posición que, guste o no, se apoya en principios reconocidos internacionalmente.

 

La derecha, por su parte, ha elegido alinearse con una narrativa que legitima la fuerza y minimiza las dudas, incluso cuando provienen del propio presidente de Estados Unidos.

 

 

El debate no se cerrará pronto. Venezuela seguirá siendo un campo de batalla político, mediático y diplomático.

 

Pero lo ocurrido en estas horas deja una lección clara: en tiempos de crisis global, la coherencia, la memoria y el respeto al derecho internacional no son detalles secundarios.

 

Son la diferencia entre contribuir a la estabilidad o alimentar un mundo cada vez más gobernado por la ley del más fuerte.

 

 

Y ahí, más allá de siglas y tuits, es donde se juega la credibilidad real de quienes aspiran a liderar.