¿Qué Oculta la IZQUIERDA sobre la República Española?: TERROR en PARACUELLOS.

 

 

 

 

 

En noviembre de 1936, Madrid se convirtió en el epicentro de uno de los episodios más oscuros, complejos y dolorosos de la historia contemporánea de España.

 

Mientras el país se desangraba en una guerra civil que acababa de comenzar, la capital vivía una situación límite marcada por el miedo, el caos institucional y una violencia política que dejó una huella imborrable.

 

Ocho décadas después, aquellos hechos siguen generando debate, incomodidad y, en muchos casos, un silencio espeso que contrasta con la magnitud de lo ocurrido.

 

A comienzos de ese mes, el avance del Ejército de África hacia las puertas de Madrid provocó una reacción desesperada en el seno del Gobierno de la Segunda República.

 

El 6 de noviembre de 1936, ante el temor real de que la capital cayera en manos de las tropas sublevadas, el Ejecutivo presidido por el socialista Francisco Largo Caballero decidió abandonar la ciudad y trasladarse a Valencia.

 

La salida del Gobierno dejó un vacío de poder que fue cubierto por la creación de la Junta de Defensa de Madrid, presidida por el general José Miaja.

 

En ese nuevo organigrama, el control del orden público recayó en Santiago Carrillo, dirigente comunista y líder de las Juventudes Socialistas Unificadas.

 

Madrid quedó así bajo una autoridad excepcional, en un contexto en el que el miedo a la llamada “quinta columna” —personas supuestamente dispuestas a colaborar con el enemigo desde el interior— se convirtió en una obsesión política.

 

Ese concepto, difuso y difícil de delimitar, sirvió como justificación para una represión preventiva contra miles de detenidos: militares, funcionarios, religiosos, intelectuales y civiles identificados por sus ideas políticas, su clase social o sus creencias religiosas.

 

Muchos de ellos llevaban meses encarcelados y no habían participado en el golpe militar de julio.

 

Durante los primeros compases de la guerra, el Gobierno republicano había cedido de facto el control del orden público a milicias vinculadas a partidos y sindicatos de izquierdas, entre ellos socialistas, comunistas y anarquistas.

 

Este proceso, ampliamente documentado por historiadores como Julián Casanova, Ángel Viñas o Luis Eugenio Togores, derivó en una represión descontrolada que se institucionalizó rápidamente.

 

Surgieron las llamadas “checas”, centros de detención clandestinos inspirados en el modelo soviético, donde se interrogaba, torturaba y, en muchos casos, se asesinaba sin garantías legales.

 

La violencia no fue un fenómeno aislado ni fruto exclusivo del caos inicial. A medida que avanzaban las semanas, las sacas de presos —extracciones nocturnas de detenidos de las cárceles— se convirtieron en una práctica sistemática.

 

Los reclusos eran trasladados en camiones con el pretexto de un cambio de prisión, pero su destino final eran descampados y fosas comunes en lugares como Aravaca, Torrejón de Ardoz y, sobre todo, Paracuellos del Jarama.

 

 

Entre finales de octubre y diciembre de 1936 se produjeron en Paracuellos del Jarama las mayores matanzas de presos de toda la Guerra Civil española. Las investigaciones más rigurosas sitúan el número de víctimas entre 4.000 y 5.000 personas.

 

Lejos de tratarse únicamente de militares, los asesinados incluían abogados, médicos, ingenieros, comerciantes, campesinos, religiosos y cerca de 300 menores de edad. Aproximadamente una cuarta parte eran militares; el resto, civiles de muy diversa procedencia.

 

 

Los testimonios de diplomáticos extranjeros acreditados en Madrid resultan fundamentales para entender la dimensión de lo ocurrido.

 

El cónsul de Noruega, Félix Schlayer, dejó constancia escrita de sus visitas a cárceles, de su contacto con autoridades republicanas y de su horror al descubrir fosas comunes aún recientes.

 

También el encargado de negocios de Argentina, Edgardo Pérez Quesada, y el embajador de Chile, Aurelio Núñez Morgado, intervinieron activamente para ofrecer asilo diplomático a miles de madrileños perseguidos.

 

Sus informes, enviados a Buenos Aires, Santiago de Chile y Londres, describen una represión organizada y tolerada por las autoridades.

 

 

Schlayer relató cómo se habían creado tribunales populares sin base legal, cómo se confeccionaban listas de presos considerados “enemigos” y cómo las ejecuciones se realizaban de noche, en absoluto secreto.

 

El hedor de los cadáveres bajo capas de tierra removida reforzaba la certeza de que se estaban cometiendo asesinatos masivos.

 

Estos informes diplomáticos son hoy una de las principales fuentes primarias para el estudio de Paracuellos y han sido citados por historiadores de muy distintas sensibilidades ideológicas.

 

Uno de los aspectos más controvertidos sigue siendo la cadena de responsabilidades políticas.

 

Santiago Carrillo, como consejero de Orden Público de la Junta de Defensa de Madrid, negó siempre haber ordenado o conocido las matanzas.

 

Sin embargo, diversos documentos y testimonios, incluidos los recogidos por el propio Schlayer, indican que el traslado de presos se produjo bajo su competencia directa.

 

El debate historiográfico continúa abierto, pero cada vez son más los investigadores que coinciden en que las matanzas no pudieron producirse sin, al menos, conocimiento de las autoridades responsables del orden público.

 

 

El terror se extendió por la retaguardia republicana en aquellos meses.

 

Las checas funcionaban como instrumentos de control político, y los llamados “paseos” —asesinatos de pequeños grupos o individuos cuyos cuerpos aparecían en cunetas o parques— sembraron el pánico en la población.

 

La prensa de izquierdas de la época llegó a publicar editoriales y artículos que clamaban abiertamente por el fusilamiento de los presos políticos, un hecho que refuerza la tesis de que existía un clima de legitimación de la violencia.

 

 

Entre las víctimas más conocidas se encuentran intelectuales como Ramiro de Maeztu, asesinado en Aravaca, o el dramaturgo Pedro Muñoz Seca, autor de más de 300 obras teatrales, ejecutado en noviembre de 1936 tras escribir una conmovedora carta de despedida a su familia.

 

Su caso simboliza la tragedia de una generación truncada por el odio y la polarización extrema.

 

 

La llegada del anarquista Melchor Rodríguez al cargo de delegado especial de Prisiones marcó un punto de inflexión.

 

Conocido como “el ángel rojo”, Rodríguez logró frenar las sacas y detener las ejecuciones gracias a una intervención firme y decidida, demostrando que incluso en medio de la barbarie era posible defender la vida humana por encima de las ideologías.

 

Hoy, el cementerio de Paracuellos del Jarama, situado cerca del aeropuerto de Barajas, guarda los restos de miles de víctimas.

 

Durante décadas, este lugar permaneció prácticamente olvidado, visitado solo por descendientes y por algunos investigadores.

 

El debate sobre la memoria histórica ha vuelto a poner el foco en estos hechos, aunque sigue existiendo una profunda división sobre cómo recordarlos y contextualizarlos.

 

Lejos de simplificaciones maniqueas, los historiadores coinciden en que la violencia de la retaguardia republicana no puede entenderse sin el contexto de una guerra brutal, pero tampoco puede ser negada ni minimizada.

 

Reconocer lo ocurrido en Paracuellos no implica justificar otros crímenes ni reescribir la historia con fines partidistas.

 

Significa asumir que la Guerra Civil fue una tragedia colectiva, en la que la deshumanización del adversario condujo a crímenes masivos.

 

Ochenta y tantos años después, noviembre de 1936 sigue interpelando a la sociedad española.

 

La historia de Paracuellos del Jarama plantea preguntas incómodas sobre poder, ideología, responsabilidad y memoria.

 

Recordar a las víctimas no es un ejercicio de revancha, sino una obligación moral para comprender el pasado en toda su complejidad y evitar que el fanatismo vuelva a imponerse sobre la dignidad humana.