Felipe González pide una ley para desclasificar “todos” los secretos oficiales y Javier Aroca le recuerda un detalle no menor.

Lo ha hecho en dos mensajes en X.

El 23 de febrero de 1981 no es solo una fecha en los libros de historia: es una herida abierta, una escena congelada en blanco y negro que aún hoy sigue proyectando sombras sobre la política española. Durante décadas, las imágenes de los disparos en el Congreso, los gritos, el “¡Quieto todo el mundo!” y la incertidumbre colectiva han formado parte de la memoria emocional del país. Pero este 25 de febrero, más de cuatro décadas después, el foco volvió a encenderse sobre aquel episodio con un nuevo ingrediente: la desclasificación de documentos oficiales y, sobre todo, las palabras de Felipe González.

La coincidencia no pasó desapercibida. Justo el día en que se hacían públicos nuevos papeles relacionados con el golpe del 23-F, el expresidente del Gobierno alzó la voz para reclamar una ley que permita desclasificar “todo” lo relativo a los secretos oficiales. No parcialmente. No a cuentagotas. Todo.

El escenario elegido fue la Cámara Alta, durante la presentación de la segunda edición del libro El Rey, del jurista Manuel García-Pelayo. Allí, Felipe González defendió que España vive una “anomalía” en materia de transparencia y secretos oficiales. Y fue más allá: aseguró que el papel del rey Juan Carlos I durante el golpe fue “decisivo” para garantizar la continuidad del orden constitucional.

Las declaraciones no tardaron en generar reacciones. Porque cuando se habla del 23-F, de la figura del rey emérito y de la gestión de los secretos de Estado, el debate nunca es frío. Es político, es histórico y, en muchos casos, profundamente emocional.

Felipe González, que llegó a La Moncloa en 1982, apenas un año después del intento de golpe, gobernó España durante casi 14 años, con dos mayorías absolutas consecutivas. Desde esa posición, hoy reclama una ley que obligue a desclasificar todos los documentos oficiales bajo criterios claros y homologables a los de otras democracias consolidadas.

“Yo quiero que se desclasifique todo de verdad, pero que haya una ley que lo garantice todo”, afirmó con contundencia. Su mensaje iba acompañado de una crítica directa al marco legal vigente, heredado en parte de la ley de secretos oficiales de 1968, aprobada en pleno franquismo y aún sin una reforma integral que la sustituya por un sistema plenamente adaptado a los estándares actuales de transparencia.

El expresidente subrayó que investigadores españoles encuentran con frecuencia más información sobre episodios clave de la historia reciente en archivos de Londres, París o Alemania que en las propias instituciones españolas. Esa idea de “anomalía” resonó con fuerza: ¿cómo es posible que para entender mejor lo ocurrido en España haya que acudir a archivos extranjeros?

Pero el momento más sensible llegó cuando se refirió al papel de Juan Carlos I. Durante años, la intervención televisada del entonces jefe del Estado, vestido con uniforme militar y defendiendo la Constitución, ha sido considerada por amplios sectores como un punto de inflexión que desactivó el golpe. Sin embargo, también han existido dudas y debates sobre los tiempos, las decisiones previas y las conversaciones que precedieron a aquel mensaje.

González fue tajante: “¿Había alguna tentación de otra naturaleza? No. Pudo haber trampas y engaños, pero no tentación de otra naturaleza no. La actuación de Juan Carlos I fue, no solo ejemplar, sino decisiva”.

No es una afirmación menor. En un contexto en el que la figura del rey emérito ha sido objeto de controversia en los últimos años, reivindicar su papel en el 23-F supone intervenir de lleno en uno de los debates más delicados de la memoria democrática española.

La respuesta no tardó en llegar. Javier Aroca, tertuliano habitual de RTVE y la cadena SER, utilizó sus redes sociales para lanzar una pregunta que muchos consideraron incómoda pero inevitable: si Felipe González tuvo dos mayorías absolutas desde 1982, ¿por qué no derogó entonces la ley de secretos oficiales de 1968?

“Lo pide el que tuvo dos mayorías absolutas desde 1982 (un año después del golpe) para derogar la ley de 1968. Jartito estamos unos pocos”, escribió Aroca en la red social X. Y añadió otra cuestión directa: “¿Por qué no la derogó usted?”.

La interpelación resume una tensión clásica en la política: la distancia entre lo que se reclama en el presente y lo que se hizo —o no se hizo— cuando se tenía el poder para cambiar las cosas. Es una crítica que apela no solo a la coherencia política, sino a la responsabilidad histórica.

En este punto, el debate se bifurca en varias direcciones. Por un lado, está la cuestión estrictamente legal: España sigue rigiéndose por una normativa sobre secretos oficiales que muchos expertos consideran obsoleta. Diversos gobiernos han anunciado reformas que nunca llegaron a culminarse. La discusión sobre los plazos de desclasificación automática, los criterios de seguridad nacional y los límites de acceso sigue abierta.

Por otro lado, está la dimensión simbólica y política del 23-F. Conocer “de verdad” lo ocurrido, como dijo González, implicaría abrir archivos, reconstruir conversaciones, examinar decisiones y, posiblemente, desmontar mitos o confirmar versiones. La historia oficial y la historia documentada no siempre coinciden en todos sus matices.

La desclasificación parcial anunciada este 25 de febrero, según las primeras informaciones, no ha traído grandes sorpresas. Pero la ausencia de revelaciones impactantes no elimina la demanda de transparencia total. Al contrario: para muchos, refuerza la idea de que solo una apertura completa permitiría cerrar definitivamente las dudas.

El 23-F no fue solo un intento de golpe militar. Fue una prueba de estrés para la joven democracia española. Apenas habían pasado seis años desde la muerte de Franco y la Constitución de 1978 era todavía un proyecto frágil. Aquella noche, millones de ciudadanos siguieron la radio y la televisión con miedo real a un retroceso autoritario.

En ese contexto, el papel del rey fue interpretado por muchos como decisivo. Pero más de cuatro décadas después, la revisión crítica forma parte de la madurez democrática. Preguntar, investigar y contrastar no equivale necesariamente a cuestionar la legitimidad del sistema, sino a fortalecerlo.

La intervención de Felipe González reabre, además, un debate más amplio sobre la cultura política española respecto a los secretos de Estado. En democracias como Reino Unido, Francia o Alemania, existen plazos claros de desclasificación y marcos legales actualizados. España, según numerosos analistas, arrastra inercias del pasado que dificultan el acceso a información clave incluso para investigadores acreditados.

La paradoja es evidente: mientras se reivindica la ejemplaridad de la Transición y la consolidación democrática, persisten mecanismos opacos heredados de etapas anteriores. Esa tensión entre memoria, transparencia y estabilidad institucional es el telón de fondo de toda esta controversia.

En el plano político actual, las palabras de González también pueden leerse como un posicionamiento frente a quienes cuestionan el relato tradicional del 23-F. Defender el papel “ejemplar y decisivo” de Juan Carlos I implica blindar una parte esencial de la narrativa de la Transición.

Pero la reacción de Aroca introduce otra capa: la autocrítica. Porque si la ley de 1968 sigue vigente es, en parte, porque ningún gobierno con mayoría suficiente la sustituyó de forma integral. No solo el de González, sino también otros posteriores.

La cuestión de fondo, entonces, no es solo quién tiene razón en este cruce de declaraciones, sino qué está dispuesto a hacer el legislador actual. ¿Habrá finalmente una ley moderna de secretos oficiales? ¿Se establecerán plazos automáticos de desclasificación? ¿Se permitirá un acceso más amplio a los archivos relacionados con episodios clave como el 23-F?

La historia no es estática. Se reescribe a la luz de nuevos documentos, nuevas investigaciones y nuevas sensibilidades. Lo que para una generación fue una certeza incuestionable, para otra puede ser un punto de partida para la revisión crítica.

Felipe González ha puesto sobre la mesa una demanda clara: desclasificar “todo” bajo una ley que lo garantice. Javier Aroca ha respondido con una pregunta que interpela al pasado. Entre ambas posiciones se encuentra una sociedad que, más de 40 años después, sigue intentando comprender plenamente uno de los momentos más decisivos de su democracia.

Quizá la verdadera anomalía no sea solo la existencia de una ley antigua, sino la dificultad crónica para abordar reformas estructurales cuando el clima político lo permite. El 23-F es un espejo incómodo: refleja tanto la fortaleza de las instituciones como sus zonas de sombra.

La conversación está abierta. Y cada documento que se desclasifique, cada intervención pública y cada debate ciudadano contribuyen a una tarea que nunca termina del todo: entender el pasado para decidir mejor el futuro.