SUELTAN BOMBAZO PASADO DE AYUSO “FILTRAN VIDEO SECRETO Y DESTAPAN CURRICULUM FAKE”.

 

 

El debate sobre el uso recurrente de ETA, el comunismo y otros conceptos cargados emocionalmente en el discurso político de Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a situarse en el centro de la conversación pública tras la difusión de un documento televisivo que analiza de forma crítica esta estrategia comunicativa.

 

 

No es un debate nuevo, pero sí cada vez más intenso, porque conecta con una cuestión de fondo que atraviesa la política española desde hace años: el empobrecimiento del discurso público, la polarización extrema y la utilización sistemática del miedo y del enemigo simbólico como herramientas de movilización electoral.

 

 

En distintos programas de análisis político y en artículos de opinión de medios generalistas, se viene señalando cómo la presidenta de la Comunidad de Madrid ha convertido determinadas palabras —“comunismo”, “libertad” y, de forma especialmente insistente, “ETA”— en auténticos comodines retóricos.

 

 

Conceptos que aparecen una y otra vez en sus intervenciones públicas, incluso cuando el contexto no guarda una relación directa con la banda terrorista, disuelta definitivamente en 2018 tras anunciar el cese de su actividad armada en 2011.

 

 

 

La insistencia en resucitar a ETA en el discurso político madrileño ha sido interpretada por numerosos analistas como una forma de desviar el foco de otros asuntos incómodos, tanto de gestión como de rendición de cuentas.

 

 

Se trata, según estos expertos, de una técnica clásica: trasladar el debate hacia un terreno emocional, identitario y simbólico para evitar que la conversación pública se centre en datos, responsabilidades o decisiones concretas.

 

 

En este contexto, varias voces críticas han señalado que Ayuso utiliza el fantasma de ETA no solo como un elemento de confrontación con el Gobierno central de Pedro Sánchez, sino también como una herramienta para proyectarse políticamente más allá de Madrid, especialmente hacia territorios como el País Vasco y Navarra, donde el Partido Popular ha tenido históricamente mayores dificultades para consolidar una base electoral amplia.

 

 

Comparaciones forzadas, analogías con otras organizaciones terroristas internacionales y el uso de lemas o expresiones vinculadas al conflicto vasco han sido objeto de polémica recurrente.

 

 

Este fenómeno no se analiza de forma aislada. Se enmarca dentro de un debate más amplio sobre la calidad democrática, el nivel de exigencia hacia los representantes públicos y la existencia, o no, de una “doble velocidad” en el funcionamiento de las instituciones.

 

 

En tertulias televisivas recientes, analistas y periodistas han denunciado lo que consideran una justicia, una policía y unos mecanismos de investigación que actúan con mayor dureza cuando los investigados pertenecen a determinados espacios ideológicos, mientras se muestran más laxos cuando los casos afectan a otros.

 

 

 

En una de esas intervenciones, una periodista y analista política reconocía sentirse “abochornada como española e indignada como madrileña” al escuchar determinados discursos de la presidenta autonómica.

 

 

Su reflexión iba más allá de la afinidad ideológica y apuntaba directamente a la degradación de los códigos políticos que, según afirmaba, habrían sido impensables hace apenas unas décadas.

 

 

En su opinión, ni el Partido Popular ni el Partido Socialista han sido capaces de elevar el nivel de exigencia interna hacia sus dirigentes, lo que ha contribuido a normalizar estilos comunicativos cada vez más simplistas y agresivos.

 

 

Uno de los argumentos que suelen aparecer en defensa de Ayuso es incontestable desde un punto de vista formal: las urnas.

 

 

La presidenta de la Comunidad de Madrid obtuvo una mayoría absoluta clara, sin necesidad de apoyarse en Vox para gobernar.

 

 

Ese respaldo electoral es utilizado con frecuencia para invalidar cualquier crítica, como si el hecho de ganar elecciones fuese, por sí solo, un certificado de calidad democrática o de ejemplaridad política.

 

 

Sin embargo, diversos analistas recuerdan que el apoyo popular no puede ser el único baremo para evaluar la idoneidad de un dirigente.

 

 

La historia reciente de España ofrece ejemplos de líderes que obtuvieron mayorías amplias y, aun así, protagonizaron etapas marcadas por la corrupción, el deterioro institucional o la mala gestión.

 

 

El caso de Jesús Gil en Marbella suele citarse como ejemplo paradigmático de cómo el voto mayoritario no siempre equivale a buen gobierno.

 

 

Desde esta perspectiva, se subraya que el fenómeno Ayuso no puede entenderse sin tener en cuenta el papel de un potente entramado de poder económico, mediático y político que opera en la Comunidad de Madrid desde hace décadas.

 

 

Un ecosistema que, según estas voces críticas, proporciona una cobertura desproporcionada, marca la agenda informativa y contribuye decisivamente a construir un relato favorable a la presidenta, minimizando o invisibilizando sus sombras.

 

 

Uno de los episodios más graves que suele aparecer en este análisis es la gestión de las residencias de mayores durante la pandemia de la COVID-19.

 

 

Los llamados “protocolos de la vergüenza”, que limitaron el acceso hospitalario a miles de personas mayores y dependientes, dejaron un saldo de miles de fallecidos en soledad, una cifra que sigue siendo objeto de investigación judicial y debate político.

 

 

Para muchos observadores internacionales, resulta difícilmente comprensible que una dirigente pueda mantener e incluso reforzar su poder político tras una gestión con consecuencias humanas tan devastadoras.

 

 

A este contexto se suma la controversia en torno al currículum académico y profesional de Isabel Díaz Ayuso.

 

 

Diversos medios, entre ellos elplural.com, han publicado investigaciones que cuestionan la veracidad de algunas afirmaciones realizadas por la presidenta sobre su formación universitaria y su trayectoria laboral.

 

 

En particular, ha generado polémica el relato que ella misma ha ofrecido en actos públicos, como cuando fue nombrada alumna ilustre por la Universidad Complutense de Madrid.

 

 

En esas intervenciones, Ayuso se presentó como una estudiante que no pudo finalizar sus estudios de doctorado porque tenía que trabajar como becaria para pagarse la habitación y los estudios.

 

 

Sin embargo, según las informaciones publicadas y documentadas por varios medios, en el periodo en el que abandonó el doctorado ya llevaba años percibiendo un salario elevado —más de 4.000 euros netos mensuales— procedente de una entidad vinculada al Partido Popular de Madrid, conocida como Madrid Network, impulsada durante los gobiernos de Esperanza Aguirre.

 

 

 

Ese mismo periodo coincide con su entrada como diputada en la Asamblea de Madrid, lo que refuerza la idea de que su situación económica distaba mucho de la precariedad que describió posteriormente.

 

 

A ello se añade la existencia de múltiples versiones de su currículum, con diferencias significativas según la fuente consultada: la web del Partido Popular, la Asamblea de Madrid o declaraciones públicas de la propia presidenta.

 

 

La negativa de la Comunidad de Madrid a facilitar el currículum completo a los medios de comunicación, pese a resoluciones del Consejo de Transparencia, ha incrementado las sospechas y ha llevado el asunto incluso a los tribunales.

 

 

Para muchos periodistas, la cuestión no es si una persona terminó o no determinados estudios, sino la falta de transparencia y la posible falsedad en el relato ofrecido por un cargo público que debería dar ejemplo de honestidad y rendición de cuentas.

 

 

Este cúmulo de elementos —el uso reiterado de ETA como arma política, la simplificación extrema del debate público, la cobertura mediática favorable, las sombras sobre la gestión de la pandemia y las dudas sobre su currículum— alimenta un debate más profundo sobre cómo se ha llegado hasta aquí.

 

 

Cómo una dirigente con un discurso tan polarizante y, según sus críticos, con escasa profundidad política, ha logrado convertirse en uno de los principales referentes de la derecha española.

 

 

Algunos analistas recuerdan que su elección como candidata del Partido Popular a la Comunidad de Madrid fue, en su momento, casi un descarte.

 

 

En un contexto en el que el PP asumía que podía perder el gobierno regional, no abundaban los candidatos dispuestos a asumir el desgaste.

 

Fue entonces cuando Pablo Casado apostó por Ayuso, una dirigente sin un peso orgánico destacado y con escaso predicamento interno.

 

 

El resto es historia conocida: una estrategia comunicativa agresiva, una polarización constante y un relato de confrontación permanente con el Gobierno central que terminó por consolidarla electoralmente.

 

 

Pero que algo funcione electoralmente no significa, advierten muchos expertos, que sea saludable para la democracia.

 

 

El empobrecimiento del debate, la banalización de conceptos tan graves como el terrorismo y la normalización de la mentira o la opacidad institucional tienen consecuencias a largo plazo.

 

Consecuencias que no se miden solo en votos, sino en la calidad del sistema democrático y en la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.

 

 

Por eso, más allá de simpatías o antipatías personales, el fenómeno Ayuso se ha convertido en un caso de estudio sobre cómo se construye el poder político en la España contemporánea.

 

 

Un poder sostenido por una maquinaria formidable, por un relato simple pero eficaz y por una reducción drástica del nivel de exigencia hacia quienes gobiernan.

 

 

La pregunta que queda en el aire es si esta forma de hacer política es sostenible a largo plazo o si, tarde o temprano, acabará pasando factura a quienes la practican y a la sociedad que la tolera.