RUFIÁN da en la diana frente a las burlas de PP y VOX: “Dos minutos de realidad”.

 

 

 

El coste de la vida y la política social en España: un debate parlamentario entre urgencias cotidianas y grandes cifras macroeconómicas.

 

 

 

El Congreso de los Diputados fue testigo, en una reciente sesión, de un intercambio que refleja las tensiones y preocupaciones que atraviesan la sociedad española en este final de año.

 

 

 

En un contexto marcado por la inflación, la presión sobre los precios de bienes básicos y la percepción de que el crecimiento económico no se traduce en bienestar para todos, el debate entre el presidente del Gobierno y el diputado Gabriel Rufián puso en primer plano la distancia entre los indicadores macroeconómicos y la realidad cotidiana de millones de ciudadanos.

 

 

 

El diputado catalán inició su intervención con una pregunta directa: “¿Qué es lo que más le preocupa ahora mismo?” La cuestión, lejos de ser retórica, buscaba arrancar al presidente una reflexión sobre las prioridades del Ejecutivo en un momento de incertidumbre y malestar social.

 

 

 

El presidente, en su respuesta, reconoció la existencia de múltiples preocupaciones: la vivienda, la privatización de la sanidad pública y la estrategia de seguridad nacional impulsada por el expresidente estadounidense Donald Trump, que, según él, encuentra eco y apoyo en sectores de la derecha española.

 

 

Sin embargo, el debate pronto giró hacia una preocupación mucho más inmediata para la mayoría de los ciudadanos: el coste de la vida, especialmente en lo relativo a la alimentación.

 

 

Rufián propuso “una tregua de dos minutos de realidad”, apartando la atención de los escándalos políticos y las disputas partidistas para centrarse en lo que realmente afecta a la gente.

 

 

El diputado describió con crudeza la situación de muchas familias que, a pesar de los buenos datos macroeconómicos, se ven obligadas a hacer malabares para llegar a fin de mes.

 

 

“¿De qué sirve un país que va como un tiro en lo macro si la gente no le da, si la gente no le llega?”, preguntó, poniendo el foco en la paradoja de un mercado laboral en expansión que, sin embargo, no garantiza una vida digna para todos.

 

 

 

La imagen utilizada por Rufián para ilustrar el problema es tan sencilla como elocuente: una familia de tres que pretende comprar tres filetes de ternera para comer y tres de salmón para cenar se enfrenta a una factura de entre 30 y 35 euros al día en el supermercado.

 

 

“¿Quién se puede permitir eso hoy en día?”, se preguntó, denunciando la subida desorbitada de precios en productos básicos como la carne, la leche y los huevos, que han aumentado entre un 50% y un 70% en los últimos tres años.

 

 

“La gente no come rankings”, sentenció, en alusión a los informes y clasificaciones internacionales que suelen utilizar los gobiernos para justificar sus políticas.

 

 

El diputado fue más allá y propuso medidas concretas para combatir la especulación en el mercado alimentario, similares a las que se han debatido en relación con la vivienda.

 

 

“Saque a la comida del mercado especulativo, igual que la vivienda. Quien se quiera hacer rico, que no lo haga ni con casas ni con comida. Que tope precios.

 

 

¿Por qué no distribuidoras públicas de alimentación?”, planteó, sugiriendo que el Estado debe intervenir de forma más directa para garantizar el acceso a los bienes esenciales.

 

 

Rufián también criticó la tendencia de los gobiernos a recurrir a la reducción del IVA como solución ante la subida de precios, comparando esta medida con las políticas del Partido Popular.

 

 

Según él, bajar el IVA solo sirve para que los grandes oligopolios de la alimentación aumenten los precios en la misma proporción, anulando el efecto positivo para los consumidores.

 

 

“No les pido que sean valientes, les pido que sean inteligentes, porque si no llega Abascal a caballo”, concluyó, advirtiendo de las consecuencias políticas de no abordar el problema del coste de la vida.

 

 

 

La respuesta del presidente del Gobierno fue igualmente contundente, aunque desde una perspectiva diferente.

 

 

El jefe del Ejecutivo defendió la gestión de su gobierno, destacando que España es el país europeo que más ha creado empleo en los últimos años, el tercero donde más ha subido el poder adquisitivo y el tercero donde más se ha reducido la desigualdad.

 

 

Rechazó cualquier autocomplacencia y reconoció que queda mucho trabajo por hacer, pero insistió en que las cifras macroeconómicas reflejan una mejora sustancial en las condiciones de vida de los españoles.

 

 

El presidente aportó datos concretos sobre la financiación de las comunidades autónomas, señalando que su gobierno ha transferido 300.000 millones de euros más que la anterior administración para fortalecer la sanidad pública, la educación y la dependencia.

 

 

 

También destacó el aumento del salario mínimo interprofesional en un 61%, la revalorización de las pensiones conforme al IPC y la voluntad de seguir subiendo el salario mínimo para cumplir con la Carta Social Europea.

 

 

 

No obstante, el presidente reconoció que estos avances no son suficientes y que existen obstáculos importantes en las administraciones gobernadas por la derecha y la ultraderecha.

 

 

Denunció que en comunidades como Madrid, Extremadura, Castilla y León y Andalucía, los recursos destinados al estado del bienestar se transfieren a las élites locales, lo que impide que la mejora económica llegue a toda la población.

 

 

 

“El problema lo tenemos de fondo en aquellos gobiernos en que por muchos recursos económicos que den, no se creen este modelo de bienestar que es la sanidad pública, la educación pública”, afirmó, subrayando la importancia de defender y fortalecer los servicios públicos frente a los intentos de privatización.

 

 

 

El intercambio entre Rufián y el presidente del Gobierno pone de manifiesto las dos grandes narrativas que compiten en la política española actual.

 

 

Por un lado, la del Ejecutivo, que enfatiza los logros macroeconómicos y las reformas estructurales como garantía de progreso y justicia social.

 

 

Por otro, la de quienes advierten que los beneficios del crecimiento no se distribuyen equitativamente y que millones de familias siguen atrapadas en la precariedad y la inseguridad.

 

 

La cuestión de los precios de la alimentación y la vivienda se ha convertido en uno de los principales temas de debate en la agenda pública.

 

 

Los datos de inflación y el encarecimiento de los productos básicos han puesto en evidencia la vulnerabilidad de los sectores más desfavorecidos y la necesidad de políticas más ambiciosas para combatir la especulación y garantizar el acceso universal a los bienes esenciales.

 

 

Las propuestas de topar precios y crear distribuidoras públicas de alimentación, aunque controvertidas, reflejan el hartazgo de una parte de la sociedad ante la inacción o la insuficiencia de las medidas tradicionales.

 

 

 

A la vez, el gobierno insiste en que su estrategia pasa por reforzar el estado del bienestar, aumentar los salarios y proteger a los pensionistas.

 

 

 

La transferencia de recursos a las comunidades autónomas y la denuncia de las políticas de privatización en los territorios gobernados por la oposición forman parte de una narrativa que busca consolidar el modelo socialdemócrata frente al avance de las fuerzas conservadoras y de ultraderecha.

 

 

 

En el trasfondo del debate, la preocupación por el coste de la vida se mezcla con el temor a una polarización creciente y a una posible reacción política que podría poner en riesgo los avances logrados en los últimos años.

 

 

El aviso de Rufián sobre la llegada de Abascal “a caballo” es una advertencia sobre el peligro de que el malestar social sea capitalizado por fuerzas populistas que prometen soluciones rápidas y radicales.

 

 

El diálogo parlamentario entre Rufián y el presidente del Gobierno es, en definitiva, un reflejo de la encrucijada en la que se encuentra España.

 

 

La recuperación económica y la creación de empleo son realidades indiscutibles, pero el reto sigue siendo traducir esos logros en bienestar tangible para todos.

 

 

La subida de los precios, el acceso a la vivienda, la calidad de los servicios públicos y la lucha contra la desigualdad son los grandes desafíos de una legislatura que se juega su futuro en la capacidad de responder a las necesidades reales de la ciudadanía.

 

 

 

En última instancia, el debate sobre el coste de la vida y la política social en España trasciende el ámbito parlamentario y se convierte en una cuestión de justicia y dignidad.

 

 

La exigencia de medidas valientes e inteligentes, la defensa del estado del bienestar y la denuncia de la especulación son demandas que resuenan cada vez con más fuerza en una sociedad que reclama soluciones concretas y eficaces.

 

 

El futuro de la política española dependerá de la capacidad de sus líderes para escuchar, entender y responder a estas urgencias cotidianas, más allá de los rankings y los discursos triunfalistas.