RUFIÁN llama “PADRINO” a AZNAR a la cara y él EXPLOTA por la CAJA B.

 

 

La escena no fue una más en el Congreso de los Diputados. No fue una anécdota parlamentaria ni un intercambio rutinario de reproches políticos.

 

Fue un choque frontal entre dos concepciones opuestas del poder, de la memoria y de la responsabilidad política.

 

José María Aznar, expresidente del Gobierno, regresaba a la Cámara para defender su legado. Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana, no acudía a escuchar, sino a impugnar ese legado de raíz.

 

Y el resultado fue uno de los enfrentamientos más tensos, crudos y reveladores de los últimos años de la política española.

 

 

Aznar tomó la palabra con un tono firme, casi académico, para negar una de las acusaciones que más persiguen al Partido Popular desde hace décadas: la de haber sido condenado como organización corrupta.

 

El expresidente insistió, una vez más, en que la sentencia de la Gürtel no condena al PP como partido, sino que habla de una participación “a título lucrativo” en dos operaciones concretas en la Comunidad de Madrid

 

. Para Aznar, ese matiz jurídico no es menor, sino esencial. No se trata, según su relato, de corrupción estructural, sino de una imputación económica limitada, sin pruebas directas de responsabilidad penal del partido.

 

 

El problema es que fuera del lenguaje jurídico, en el terreno de la percepción pública, esa distinción se diluye.

 

Durante años, los tribunales han documentado una red de corrupción que operó en el entorno del PP, con financiación irregular, comisiones ilegales y una trama que se extendió durante más de una década.

 

 

Aunque Aznar insiste en que ninguna de esas causas tiene relación directa con su acción de gobierno, la sombra de la Gürtel, de Bárcenas, de los papeles, de los sobres y de las sentencias sigue formando parte inseparable de su herencia política.

 

 

En su intervención, Aznar fue más allá. Reivindicó su gestión con cifras, con comparaciones y con una defensa cerrada de sus ministros.

 

Recordó que durante sus ocho años en La Moncloa realizó 71 nombramientos ministeriales y que, de todos ellos, solo uno ha sido condenado por sentencia firme, y por hechos ajenos a su desempeño como ministro.

 

 

Para el expresidente, este dato demuestra que su gobierno no fue corrupto y que se está aplicando una peligrosa inversión del principio de presunción de inocencia en la vida pública española.

 

 

Ese argumento, repetido con insistencia, fue el eje central de su discurso. Aznar alertó de lo que considera una deriva grave del sistema democrático: la transformación de la presunción de inocencia en presunción de culpabilidad.

 

Según él, hoy en España basta con señalar a alguien para que deba demostrar su inocencia, en lugar de que quien acusa pruebe la culpa.

 

Un fenómeno que, a su juicio, daña el Estado de derecho y convierte la política en un tribunal mediático permanente.

 

 

Sin embargo, el momento más delicado de su intervención llegó cuando mencionó a Eduardo Zaplana.

 

Aznar quiso dejar claro que no se solidariza con el exministro, sino que expresa su preocupación por su estado de salud, afectado por una grave leucemia.

 

Subrayó que las causas judiciales que afectan a Zaplana no tienen relación con su acción de gobierno y volvió a insistir en la necesidad de separar humanidad, justicia y política. Pero ese gesto, lejos de apaciguar el debate, encendió aún más los ánimos.

 

 

Gabriel Rufián no tardó en responder. Y lo hizo sin matices, sin tecnicismos y sin concesiones.

 

Para el diputado de ERC, la defensa de Aznar no es una explicación, sino una coartada.

 

Rufián acusó al expresidente de solidarizarse con “presos corruptos” mientras su formación defiende a lo que denomina “presos democráticos”.

 

El choque no era solo jurídico, sino moral. Dos relatos incompatibles sobre lo que significa la legitimidad política en España.

 

 

Rufián fue más allá y atacó el origen mismo del Partido Popular, recordando su fundación por exministros del franquismo y acusándolo de ser heredero de una tradición autoritaria.

 

Frente a eso, defendió el derecho de los pueblos a decidir su estatus político mediante el voto.

 

La tensión subió varios grados cuando Aznar calificó a Esquerra Republicana como un partido golpista que pretende romper el orden constitucional, mientras Rufián replicaba que el verdadero problema es una herencia política marcada por la corrupción y protegida por determinados medios de comunicación.

 

 

El intercambio se volvió áspero, con interrupciones constantes, llamadas al orden por parte de la presidencia del Congreso y un clima que rozó el enfrentamiento personal.

 

En uno de los momentos más virales del debate, Rufián llegó a señalar a Aznar como “el padrino de este cártel”, en referencia a los casos de corrupción que afectaron a su primer gobierno.

 

Una acusación durísima que sintetiza el sentimiento de una parte de la sociedad española respecto a aquellos años.

 

 

Lo ocurrido en el hemiciclo no puede entenderse como un episodio aislado.

 

Es el reflejo de una fractura profunda en la política española, donde la memoria del pasado reciente sigue siendo un campo de batalla permanente.

 

Para unos, Aznar representa estabilidad, crecimiento económico y liderazgo internacional.

 

Para otros, simboliza el origen de una cultura política que normalizó la corrupción, la falta de transparencia y la impunidad de las élites.

 

 

Desde el punto de vista informativo, los hechos son conocidos y están documentados.

 

Durante los gobiernos de Aznar se produjeron algunos de los mayores escándalos de corrupción de la democracia, aunque muchas de las causas se destaparon años después.

 

La Gürtel, la Púnica, la trama de financiación irregular y las condenas a empresarios y cargos públicos forman parte de una cronología judicial que ningún discurso puede borrar.

 

Al mismo tiempo, también es cierto que no existe una condena penal directa contra Aznar ni contra la mayoría de sus ministros.

 

 

Ese es precisamente el núcleo del debate: la diferencia entre responsabilidad penal y responsabilidad política.

 

Aznar se defiende desde la legalidad estricta. Rufián ataca desde la ética y la memoria colectiva.

 

Y entre ambos discursos se sitúa una ciudadanía cansada, polarizada y cada vez más escéptica ante los relatos oficiales.

 

El episodio tuvo una enorme repercusión en redes sociales y medios digitales.

 

Fragmentos del enfrentamiento se viralizaron en cuestión de horas, alimentando titulares, análisis y debates.

 

Para algunos, Aznar dio una lección de firmeza institucional. Para otros, quedó retratado como un líder incapaz de asumir la dimensión real de la corrupción que marcó su etapa.

 

Rufián, por su parte, fue celebrado por sus seguidores como una voz incómoda que dice lo que otros callan, y criticado por quienes consideran que traspasa los límites del respeto parlamentario.

 

 

Más allá de las simpatías o rechazos personales, lo ocurrido deja una conclusión clara: la política española sigue atrapada en un bucle de reproches históricos, sin un consenso mínimo sobre el pasado.

 

Mientras no exista una asunción compartida de responsabilidades, los debates seguirán derivando en confrontaciones estériles, cargadas de ruido y de gestos destinados más al titular que a la solución de los problemas reales.

 

 

El choque entre Aznar y Rufián no resolvió nada, pero sí expuso algo fundamental: la dificultad de España para cerrar heridas, depurar responsabilidades y construir un relato común basado en hechos y no en trincheras.

 

Y mientras eso no ocurra, cada regreso de una figura del pasado será una nueva chispa en un conflicto que nunca termina de apagarse.