SÁNCHEZ MARCA TERRITORIO y DEJA en EVIDENCIA a FEIJÓO ANTE TODA ESPAÑA.

 

 

El hemiciclo del Congreso de los Diputados vivió una de esas sesiones que trascienden la rutina parlamentaria y se convierten en materia prima de análisis político, mediático y ciudadano.

 

 

No fue solo un cruce de reproches entre Gobierno y oposición. Fue un discurso largo, denso y calculado en el que el presidente del Gobierno construyó un relato completo sobre desigualdad, economía, modelo de país y calidad democrática, con un objetivo claro: confrontar directamente el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo y desmontar, punto por punto, el proyecto político del Partido Popular ante la opinión pública.

 

 

Desde el inicio, el tono fue deliberadamente firme. El presidente quiso dejar claro que su intervención no iba contra el modelo autonómico ni contra la Constitución, sino contra lo que definió como el principal problema estructural de España: la desigualdad.

 

 

No una desigualdad abstracta, sino una que se mide en salarios, en acceso a servicios públicos y en oportunidades reales.

 

En ese marco situó su crítica a las políticas neoliberales aplicadas tras la crisis de 2008, que, según recordó, congelaron el salario mínimo y deterioraron el poder adquisitivo de millones de personas.

 

 

El mensaje buscaba algo más que convencer a los diputados presentes. Apuntaba directamente a los ciudadanos que siguen el debate desde casa, especialmente a quienes sienten que su esfuerzo no se ve recompensado.

 

 

El presidente insistió en que el aumento del salario mínimo interprofesional, uno de los mayores de la OCDE en los últimos años, no fue una concesión ideológica, sino una herramienta para frenar la erosión del poder adquisitivo.

 

Y lo contrapuso de forma directa con la gestión del Partido Popular cuando gobernó.

 

 

La intervención avanzó hacia uno de los núcleos más sensibles del debate político actual: el reparto de las cargas y los beneficios.

 

El presidente puso sobre la mesa una pregunta incómoda, dirigida tanto a Feijóo como a su bancada: por qué el Partido Popular votó en contra de los impuestos a las grandes entidades financieras, a las grandes energéticas y a las grandes fortunas.

 

 

Y fue más allá, recordando que varios gobiernos autonómicos del PP han recurrido ante el Tribunal Constitucional el impuesto de solidaridad a las grandes fortunas.

 

 

No se trataba solo de un reproche fiscal. Era una acusación política directa: ¿a quién defiende realmente el Partido Popular cuando se opone a estas medidas? El presidente utilizó ese punto para reforzar una idea que atraviesa todo su discurso: la distancia entre los intereses de las grandes élites económicas y la vida cotidiana de la mayoría social.

 

 

El debate subió de intensidad cuando abordó el estado de los servicios públicos. Citó de forma explícita las protestas y huelgas de profesionales sanitarios en la Comunidad de Madrid como ejemplo del deterioro provocado, a su juicio, por la falta de inversión autonómica.

 

 

Y aprovechó para introducir datos concretos: desde que su Gobierno está en el poder, el presupuesto en sanidad ha aumentado un 30%, el de educación pública un 61% y el de dependencia un 151%.

 

Cifras lanzadas no solo para defender su gestión, sino para contrastarla con los recortes aplicados por gobiernos del PP en el pasado.

 

 

Uno de los momentos más delicados llegó al abordar la ley integral de libertad sexual. El presidente reconoció abiertamente una consecuencia no deseada: la rebaja de penas en algunos casos.

 

 

Lo hizo sin rodeos, asumiendo el error técnico y comprometiéndose a corregirlo. Pero rechazó con contundencia los insultos y descalificaciones, subrayando que nadie en el Parlamento desea aliviar el castigo a los agresores sexuales.

 

El mensaje era doble: responsabilidad política sin aceptar una deslegitimación moral.

 

 

En ese contexto, defendió el compromiso feminista del Gobierno con ejemplos concretos: el impacto del salario mínimo en las trabajadoras, la revalorización de las pensiones conforme al IPC, la equiparación de permisos de maternidad y paternidad, la igualdad salarial, la recuperación de las cotizaciones de cuidadores no profesionales —mayoritariamente mujeres— y la protección de las trabajadoras del hogar.

 

 

La estrategia fue clara: llevar el debate del terreno retórico al de las políticas tangibles que afectan a la vida real.

 

 

A partir de ahí, el discurso viró hacia un balance político del liderazgo de Feijóo.

 

 

El presidente recordó que llevaba un año al frente del Partido Popular y que, pese a las expectativas iniciales de moderación, el tono de la oposición no solo no se había suavizado, sino que había derivado en una escalada de descalificaciones personales.

 

 

Enumeró los insultos recibidos —mentiroso, frívolo, mediocre, sectario— para evidenciar la contradicción entre el discurso inicial de Feijóo y su práctica política.

 

 

Con ironía medida, el presidente abordó las declaraciones de Feijóo sobre la “mediocridad” del Gobierno y utilizó el sarcasmo para devolver el golpe, sugiriendo que quizá España necesitaba “quitarse la caspa” y tener un “gobierno de primera”.

 

 

A partir de ahí, desplegó una crítica demoledora a la credibilidad del PP en materia de gestión económica, recordando predicciones fallidas de crisis, recesión y colapso que nunca llegaron a materializarse.

 

 

Los datos económicos fueron el eje central de esta parte del discurso. El presidente destacó el crecimiento del PIB, la creación de empleo, la contención de la inflación y el reconocimiento de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional.

 

 

Subrayó que España crece por encima de la media europea y que lo hace gracias a una respuesta social y económica muy distinta a la aplicada durante la crisis financiera anterior.

 

 

Especial relevancia tuvo la defensa de la llamada “solución ibérica” para contener el precio del gas y de la electricidad.

 

 

El presidente recordó que fue criticada duramente por el Partido Popular, que llegó a calificarla de “timo”, y que hoy es reconocida en Europa como un modelo de éxito.

 

Este punto no solo reforzaba la gestión del Gobierno, sino que dejaba en evidencia la desconexión de la oposición con la realidad europea.

 

 

El aumento de la deuda pública fue otro de los temas abordados sin esquivas.

 

El presidente explicó que ese endeudamiento se destinó a proteger a millones de trabajadores mediante los ERTE, a apoyar a autónomos y a sostener sectores clave durante la pandemia.

 

Y lanzó una pregunta directa a Feijóo: ¿en qué habría recortado él? La comparación con la etapa de Mariano Rajoy, cuando la deuda aumentó mientras se aplicaban recortes y se rescataban bancos, fue un golpe político calculado.

 

 

La crítica se extendió a la gestión de Feijóo como presidente de la Xunta de Galicia.

 

El presidente recordó el aumento de la deuda autonómica, los recortes en sanidad, la eliminación de plazas y camas hospitalarias, y cuestionó su capacidad como gestor.

 

El objetivo no era solo atacar el pasado, sino erosionar la imagen de solvencia técnica que Feijóo intenta proyectar a nivel nacional.

 

 

El bloque final del discurso se centró en la llamada “calidad institucional”.

 

Aquí, el presidente acusó al Partido Popular de incoherencia entre discurso y hechos: bloqueo del Consejo General del Poder Judicial durante años, pactos con la ultraderecha, ruptura de acuerdos y aceptación de tránsfugas.

 

Frente a ello, defendió las reformas impulsadas por su Gobierno para reforzar la justicia, aumentar plantillas de jueces y fiscales y recuperar efectivos en las fuerzas de seguridad.

 

 

El cierre fue tan político como simbólico. El presidente recordó su etapa como líder de la oposición durante el procés catalán, cuando viajó al extranjero para defender la imagen de España.

 

Y pidió a Feijóo algo sencillo pero contundente: que no hable mal de España fuera de nuestras fronteras.

 

No fue una frase al azar, sino un mensaje pensado para conectar con un sentimiento transversal: la defensa del país por encima de la lucha partidista.

 

El discurso, largo y minucioso, no buscaba un aplauso inmediato, sino marcar el terreno del debate político en los próximos meses.

 

Fue una intervención diseñada para ser citada, compartida y analizada, con un relato coherente que combina datos, confrontación y apelaciones emocionales.

 

En un contexto de polarización creciente, el presidente optó por una estrategia clara: confrontar sin ambigüedades, asumir errores cuando existen y reivindicar un modelo de país basado en la protección social, el crecimiento económico y la legitimidad democrática.

 

 

Más allá del ruido parlamentario, el mensaje iba dirigido a la ciudadanía: la política no es solo un intercambio de reproches, sino una disputa real sobre cómo se reparte la riqueza, quién paga las crisis y qué tipo de Estado se quiere construir.

 

Y en esa disputa, el Gobierno quiso dejar claro que no piensa ceder el relato sin dar la batalla, palabra por palabra, dato por dato.