Sarah acorrala a Isabel Durán tras salir a la luz la verdad del petróleo.

 

 

Donald Trump lo dijo sin rodeos, sin el lenguaje diplomático que suele envolver las grandes operaciones internacionales.

 

Venezuela, afirmó, no es una cuestión de democracia ni de libertad, sino de petróleo y gas. Negocios, extracción y control.

 

Esa frase, pronunciada a bordo del Air Force One y reproducida por numerosos medios internacionales, cayó como una bomba en un relato que durante años se había presentado como una cruzada moral.

 

De repente, lo que muchos intuían dejó de ser un susurro incómodo para convertirse en una declaración explícita de intereses.

 

 

Lo que siguió no fue solo una reacción política, sino un terremoto mediático.

 

En directo, ante las cámaras, voces como la de Sara Santa Olaya desmontaron pieza a pieza el discurso dominante, dejando sin argumentos a tertulianos y analistas que habían repetido durante meses la narrativa de la “liberación de Venezuela”.

 

No hubo gritos ni consignas vacías, solo datos, contexto y una pregunta incómoda: ¿quién se beneficia realmente de esta operación?

 

 

El caso venezolano lleva años siendo utilizado como arma arrojadiza en la política internacional.

 

Para unos, es el ejemplo de una dictadura que debe caer a cualquier precio. Para otros, un símbolo de resistencia frente al intervencionismo extranjero.

 

Pero en medio de esa polarización extrema hay una constante que rara vez se coloca en el centro del debate: los recursos naturales.

 

Venezuela posee una de las mayores reservas de petróleo del mundo y enormes cantidades de gas natural, además de oro y otros minerales estratégicos.

 

Ese dato, incuestionable y recogido por organismos internacionales, explica muchas más cosas de las que se suelen admitir en voz alta.

 

 

Cuando Trump habla de “control del gas natural y del crudo”, no está improvisando. Está verbalizando una lógica geopolítica clásica, la misma que ha marcado conflictos y alianzas durante décadas.

 

El problema no es solo lo que dice, sino el contraste brutal con el discurso público que se vende a la opinión internacional.

 

Mientras se habla de derechos humanos, en los mercados energéticos las acciones de grandes petroleras reaccionan al alza. Wall Street abre con optimismo y los inversores celebran la posibilidad de un “nuevo escenario” en Venezuela. La democracia, una vez más, queda relegada a un segundo plano.

 

 

En este contexto aparece la figura de María Corina Machado, presentada durante años por parte de la prensa internacional como una heroína de la oposición venezolana.

 

Sin embargo, su papel ha sido objeto de una creciente controversia. Diversas grabaciones y declaraciones, difundidas y analizadas por medios de comunicación, muestran una estrategia que muchos califican de extrema: pedir abiertamente una intervención extranjera, incluso militar, a cambio del acceso a los recursos del país.

 

Para una parte de la opinión pública, eso no es valentía política, sino una traición directa a la soberanía nacional.

 

 

La idea de bombardear un país “para salvarlo” no es nueva, pero cuando se formula sin ambages, el efecto es demoledor.

 

En Venezuela, donde la población lleva años soportando una crisis económica, sanciones internacionales y una migración masiva que ya supera los nueve millones de personas según datos de la ONU, escuchar a líderes políticos hablar de bombas no despierta esperanza, sino miedo. Miedo a que la vida cotidiana, ya precaria, se convierta en un escenario de guerra abierta.

 

 

Mientras tanto, en la frontera con Colombia, la realidad sigue su curso al margen de los grandes discursos.

 

En lugares como Cúcuta, miles de personas cruzan cada día buscando trabajo, alimentos o simplemente un respiro.

 

El comercio fronterizo mueve más de 1.500 millones de dólares al año, una cifra que demuestra hasta qué punto la economía informal y transfronteriza se ha convertido en un salvavidas para muchas familias.

 

Allí, las palabras “transición democrática” suenan lejanas frente a la urgencia de sobrevivir.

 

 

Uno de los elementos más repetidos en el debate es el resultado electoral que dio la victoria a Edmundo González con cerca del 70% de los votos, según la oposición.

 

La exclusión de María Corina Machado de la contienda, denunciada como una maniobra del chavismo, es utilizada como prueba de la falta de garantías democráticas.

 

Sin embargo, incluso aceptando ese marco, la pregunta sigue siendo la misma: ¿justifica eso una intervención extranjera orientada claramente al control de los recursos?

 

 

El relato simplificado de buenos y malos se resquebraja cuando se analizan los intereses en juego.

 

No se trata solo de Estados Unidos. Empresas energéticas europeas, fondos de inversión y gobiernos de distintos países observan Venezuela como una oportunidad estratégica.

 

La reconstrucción del sector energético venezolano, devastado tras años de mala gestión y sanciones, representa miles de millones de dólares en contratos. Hablar de libertad sin mencionar estos intereses es, como mínimo, incompleto.

 

 

En España, el tema venezolano ha tenido además un impacto político interno de enorme magnitud.

 

Las acusaciones de financiación de partidos como Podemos con dinero procedente de Venezuela e Irán han sido recurrentes y han ocupado portadas durante años.

 

Investigaciones periodísticas, documentos oficiales y diligencias judiciales han alimentado un debate que va más allá de la ideología: hasta qué punto regímenes extranjeros han intentado influir en la política española.

 

Aunque muchas de estas causas siguen abiertas o han sido archivadas, el daño reputacional y la polarización ya están hechos.

 

 

El llamado “laboratorio Podemos”, expresión utilizada por algunos analistas, refleja esa percepción de que Venezuela no fue solo un aliado ideológico, sino un campo de experimentación política

 

 

. Documentos publicados por medios como ABC apuntan a pagos millonarios para asesorías que, según sus críticos, tenían como objetivo crear una fuerza política afín al chavismo en España.

 

Los defensores de Podemos niegan estas acusaciones y hablan de campañas de desprestigio, pero el debate sigue vivo y se reactiva cada vez que Venezuela vuelve al centro de la agenda internacional.

 

 

La figura de Pablo Iglesias también ha sido objeto de polémica por sus ingresos procedentes de la cadena iraní HispanTV.

 

Los datos publicados indican que cobró durante años por presentar un programa, algo que él ha defendido como un trabajo profesional legal.

 

Sin embargo, para sus detractores, aceptar dinero de un régimen teocrático que vulnera derechos humanos es una contradicción insalvable. De nuevo, la pregunta no es solo legal, sino ética.

 

 

En medio de este cruce de acusaciones, el Partido Popular tampoco ha salido indemne.

 

Sus cambios de postura respecto a Venezuela, pasando de apoyar abiertamente una intervención a mostrarse confuso ante los últimos movimientos de Washington, han sido duramente criticados.

 

Manifestaciones sin eslogan claro, discursos contradictorios y una sensación general de improvisación han alimentado la percepción de que nadie tiene una estrategia coherente, más allá de seguir el viento que sopla desde Estados Unidos.

 

 

Todo esto ocurre mientras Nicolás Maduro intenta proyectar una imagen de normalidad.

 

Mensajes de “Happy New Year”, gestos de aparente calma institucional y una narrativa de resistencia frente al “imperialismo” buscan tranquilizar a una población exhausta.

 

Pero la realidad es que el país sigue atrapado en una crisis estructural profunda, con salarios mínimos que no cubren ni una fracción de la cesta básica y servicios públicos en estado crítico.

 

 

Hablar de Venezuela sin caer en la propaganda exige reconocer varias verdades incómodas al mismo tiempo.

 

El gobierno de Maduro ha cometido graves errores y violaciones de derechos humanos, documentadas por organismos internacionales.

 

La oposición, por su parte, no es un bloque homogéneo ni necesariamente altruista, y algunas de sus figuras han mostrado una disposición inquietante a sacrificar al país a cambio de poder.

 

Y las potencias extranjeras actúan movidas, ante todo, por intereses económicos y geoestratégicos.

 

 

Cuando Trump afirma que esta operación no es un cambio de régimen sino una captura para hacer negocios, está describiendo una lógica que muchos prefieren ignorar.

 

La democracia se convierte así en una coartada útil, una palabra que legitima decisiones ya tomadas en despachos donde el precio del barril pesa más que la vida de millones de personas. En ese tablero, Venezuela no es un país con ciudadanos, sino un activo estratégico.

 

 

La historia reciente demuestra que las intervenciones externas rara vez traen estabilidad o prosperidad inmediata.

 

Irak, Libia o Afganistán son ejemplos que siguen resonando. Promesas de reconstrucción, inversión y “rule of law” acompañan siempre a estos procesos, pero el coste humano suele ser devastador.

 

En Venezuela, donde el tejido social ya está profundamente dañado, una escalada militar podría tener consecuencias irreversibles.

 

 

Por eso, cada vez más voces reclaman un cambio de enfoque. No más discursos grandilocuentes, no más héroes fabricados, no más soluciones mágicas.

 

Lo que necesita Venezuela es un proceso complejo, largo y necesariamente imperfecto, en el que la presión internacional se combine con negociaciones reales y garantías para la población.

 

Eso no genera titulares espectaculares ni subidas inmediatas en bolsa, pero es la única vía que evita más sufrimiento.

 

 

La pregunta final no es quién manda en Venezuela ni quién controla el poder. La pregunta clave es quién paga el precio de estas decisiones.

 

Cada sanción, cada amenaza militar, cada maniobra geopolítica tiene un impacto directo en la vida de personas concretas: familias separadas, jóvenes que emigran sin retorno, ancianos que no pueden acceder a medicamentos básicos.

 

Reducir todo eso a una partida de ajedrez global es deshumanizar el conflicto.

 

 

Cuando el petróleo vale más que la vida, la palabra democracia pierde su sentido y se convierte en un instrumento vacío.

 

No hay héroes claros en esta historia, solo intereses cruzados y una población atrapada en medio.

 

Reconocerlo no es cinismo, es el primer paso para exigir responsabilidad a todos los actores implicados.

 

Porque Venezuela no es un pozo que saquear ni un experimento político.

 

Es un país real, con gente real, que merece algo más que ser moneda de cambio en el mercado global del poder.