¡HUMILLACIÓN HISTÓRICA!🔥 ESTER MUÑOZ DESMANTELA EN EL CONGRESO LA SORPRENDENTE MENTIRA DE SÁNCHEZ.
La sesión de control al Gobierno celebrada en el Congreso se convirtió en una de las más tensas y largas de los últimos meses.
Lo que comenzó como una pregunta formal sobre los Presupuestos Generales del Estado acabó derivando en un intercambio de acusaciones de enorme dureza, con referencias cruzadas a corrupción, utilización de las instituciones, bloqueo parlamentario y modelos de país absolutamente opuestos.
Un choque frontal entre el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que dejó una imagen de confrontación total y un clima político cada vez más enrarecido.
Desde el primer momento, Feijóo planteó la cuestión como algo más que un debate técnico.
Su pregunta iba dirigida “a todo el Gobierno y a todos los socios”, con una carga política evidente: si esta legislatura puede avanzar sin nuevos Presupuestos, ¿por qué no la siguiente? ¿Cuántos años puede gobernarse así? El líder del PP no se limitó a cuestionar la falta de cuentas públicas actualizadas, sino que acusó directamente al Ejecutivo de ignorar decisiones adoptadas tanto en el Congreso como en el Senado.
Rebaja del IRPF ajustada a la inflación, medidas fiscales para jóvenes, desalojo exprés de okupas, derogación de la ley de vivienda, recuperación de servicios de transporte en zonas rurales o compensaciones por incidencias en la alta velocidad.
Según Feijóo, todas estas iniciativas han sido despreciadas por el Gobierno, que se habría declarado “insumiso” frente a las Cortes Generales.
El tono subió varios grados cuando lanzó la pregunta más incendiaria de su intervención: si para sacar adelante cualquier iniciativa hay que “reservar una mordida del 2% al PSOE”.
Una frase calculada para provocar, que arrancó murmullos y aplausos cruzados en el hemiciclo y marcó el nivel del enfrentamiento que estaba por venir.
Pedro Sánchez respondió sin rodeos y devolvió el golpe desde el primer segundo.
Comenzó ironizando sobre la “tolerancia cero frente a la corrupción” del PP y acusó a Feijóo de practicar, en realidad, “cero respuestas frente a la corrupción” cuando afecta a su propio partido.
Puso como ejemplo Almería, dejando claro que no aceptaba lecciones en ese terreno. Sobre los Presupuestos, defendió que España cuenta con unas cuentas vigentes que están funcionando y beneficiando a la economía y a la sociedad.
Recordó que el Consejo de Ministros había aprobado recientemente el techo de gasto, con un aumento del 8,5% que supera por primera vez los 210.000 millones de euros, sentando las bases —según su discurso— para unos Presupuestos más expansivos.
El presidente articuló su defensa en torno a tres ideas clave: estabilidad, capacidad de diálogo y resultados.
Apoyándose en datos económicos, reivindicó el crecimiento previsto del 2,9% para 2025, muy por encima de la media europea y de países como Francia o Italia.
Habló de “éxito de país” y subrayó que, por primera vez en dos décadas, España tendrá un déficit público inferior al de Alemania.
Aseguró haber reducido el déficit en casi un 70% sin recortes y haber bajado la deuda pública en 22 puntos desde la pandemia.
Todo ello, según Sánchez, como fruto de una política económica “social, transformadora y fiscalmente responsable”.
Pero el turno de réplica de Feijóo elevó el enfrentamiento a un nivel todavía más agresivo.
El líder del PP acusó al presidente de gobernar “sin el Parlamento”, de ocupar instituciones y de dictar sentencias porque, en su opinión, necesita protegerse en el poder.
A partir de ahí, enumeró una serie de hechos que, según él, demuestran una trama de corrupción instalada en el corazón del PSOE y del Gobierno.
Citó a Santos Cerdán, mencionó supuestos viajes para conseguir contratos, contrataciones irregulares, pagos sin trabajar, reuniones en Ferraz y vínculos con tramas que, según su relato, conectan partido, Gobierno y cloacas del Estado.
La acusación fue directa y sin matices: “La cloaca es Ferraz y usted la ha llevado a la Moncloa”.
Feijóo llegó a afirmar que la moción de censura que llevó a Sánchez al poder no fue contra la corrupción, sino “para la corrupción de su cuadrilla”.
Cerró su intervención con una frase que resume el tono general: “Haga lo que quiera con su partido, pero no va a convertir a España en una cloaca”.
La respuesta de Sánchez no rebajó la tensión. Acusó a Feijóo de aplaudir durante un año a dirigentes cuestionados y de venir ahora a dar lecciones de ejemplaridad.
Introdujo un concepto clave en su discurso: la “corrupción de privatizar servicios públicos” a costa de la clase media trabajadora.
Defendió que, gracias a la política económica del Gobierno, las comunidades autónomas recibirán 170.000 millones de euros en entregas a cuenta y financiación, y reclamó que ese dinero se destine a sanidad, educación y dependencia, y no a “hacer negocio para sus amigos”.
El debate se trasladó después a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Desde el Grupo Popular, se insistió en las acusaciones sobre Santos Cerdán, el uso de tarjetas pagadas por empresas adjudicatarias y el papel clave que, según la UCO, tendría en una supuesta organización criminal.
Se acusó al Gobierno de atacar a medios de comunicación que investigan estos casos y de haber convertido la corrupción en una forma de gobierno desde los primeros meses tras la moción de censura.
Montero respondió defendiendo el modelo de país del Ejecutivo, justo el día después de que se actualizaran las previsiones de crecimiento económico en línea con organismos internacionales y la Comisión Europea.
Reivindicó un proyecto basado en crecimiento, redistribución de la riqueza, subida del salario mínimo, aumento de pensiones, más becas y más recursos para las comunidades autónomas.
Un modelo, según dijo, pensado para la clase media, los trabajadores y los jóvenes. Al mismo tiempo, devolvió las acusaciones al PP, exigiendo explicaciones por lo ocurrido en la Diputación de Almería y corrigiendo términos jurídicos utilizados por la oposición.
La réplica posterior de la diputada popular fue especialmente dura y personal. Acusó al Gobierno de reírse de la gente, de no saber nada de lo que ocurre en su partido, en su Ejecutivo ni en su entorno más cercano.
Enumeró contradicciones, supuestos desconocimientos y episodios que, a su juicio, evidencian una falta total de credibilidad del presidente.
Incluso ironizó con una anécdota musical para acusarle de mentir “hasta cuando se hace el moderno”. El calificativo final fue demoledor: “Es un farsante”.
María Jesús Montero cerró el cruce con un discurso que apuntó directamente al pasado del Partido Popular.
Recordó que su sede nacional fue pagada con dinero negro y acusó al PP de convertir la corrupción en algo sistémico.
Planteó entonces la pregunta clave: ¿a qué país aspira el Partido Popular? Y respondió con una enumeración de políticas del pasado: desahucios masivos, rescate bancario millonario, reformas laborales que precarizaron el empleo, congelación de pensiones y salarios mínimos. Frente a eso, defendió el modelo actual como una España más justa y equilibrada.
La sesión dejó una imagen clara: la política española vive un momento de máxima polarización.
Las acusaciones de corrupción se cruzan sin filtros, el diálogo parece roto y cada intervención busca más el impacto que el consenso.
Más allá de los datos económicos o de las cifras presupuestarias, lo que quedó patente es una batalla por el relato, por definir quién representa la decencia y quién encarna el abuso del poder.
Para la ciudadanía, el espectáculo parlamentario deja sensaciones encontradas.
Por un lado, la necesidad legítima de exigir responsabilidades y transparencia.
Por otro, el riesgo de que la política se convierta en un intercambio permanente de reproches que dificulta cualquier avance.
En ese contexto, la pregunta inicial sobre los Presupuestos parece casi secundaria frente al ruido ensordecedor de la confrontación.
Lo vivido en el Congreso no fue una sesión más. Fue un reflejo de una legislatura marcada por la desconfianza, las acusaciones cruzadas y la sensación de que el conflicto político ha pasado a primer plano, eclipsando los debates de fondo.
Y mientras tanto, el país observa, espera respuestas y se pregunta hasta cuándo podrá sostenerse este nivel de tensión sin que el desgaste termine pasando factura a las instituciones y a la propia democracia.
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