SILVIA INTXAURRONDO DEMUESTRA FEIJÓO BORRÓ MENSAJES CON MAZÓN ANTES ENVIARLOS A JUEZA DE LA DANA.

 

 

 

 

 

La controversia en torno a los mensajes de WhatsApp de Alberto Núñez Feijóo en el marco de la investigación judicial por la DANA del 29 de octubre se ha convertido en uno de los episodios políticos y judiciales más delicados de los últimos años en España.

 

 

No solo por lo que revelan —o podrían revelar— esos mensajes, sino por todo lo que simbolizan: la forma de entender la responsabilidad política, la colaboración con la justicia, el respeto a las víctimas y el uso del poder institucional cuando aún hay preguntas sin respuesta y familias que siguen esperando verdad, justicia y reparación.

 

 

El punto de partida es aparentemente técnico, casi burocrático, pero encierra una enorme carga política.

 

Feijóo sostiene que los mensajes aportados ante notario son todos los que existen y que no han sido manipulados.

 

Sin embargo, esa afirmación se basa, como han señalado periodistas y analistas jurídicos, en un acto de fe.

 

El propio notario que levantó acta dejó claro que no es perito informático ni tiene capacidad para certificar si una conversación está completa o si existen mensajes borrados con anterioridad.

 

El notario da fe únicamente de lo que se le muestra en una pantalla en un momento concreto. Nada más.

 

 

Este matiz, aparentemente menor, es clave. Porque cuando un dirigente político asegura que ha entregado “todos los mensajes” y que estos no han sido alterados, la ciudadanía tiende a interpretar que existe una verificación técnica independiente.

 

Y no es así. Lo que existe es un acta notarial que certifica que, a una hora determinada, esos mensajes estaban visibles en un dispositivo.

 

Si hubo mensajes previos eliminados, si se cambió de terminal, si se seleccionó solo una parte de la conversación, el notario no puede saberlo ni reflejarlo en el acta.

 

La cuestión cobra aún más relevancia cuando se analiza el contexto judicial.

 

La jueza que instruye el caso de la DANA ha solicitado a Feijóo que aporte voluntariamente los mensajes intercambiados con Carlos Mazón el día de la tragedia, en especial para poder contextualizar correctamente la conversación.

 

Hasta ahora, el líder del Partido Popular solo ha entregado los mensajes que recibió de Mazón, no los que él envió.

 

Es decir, se ha presentado una conversación incompleta, sin la parte activa del diálogo, sin las preguntas, sin el tono ni la intención de quien lideraba la oposición a nivel estatal.

 

La magistrada ha dado un plazo de tres días para que Feijóo aporte esos mensajes.

 

Y aunque la ley le permite declarar por videoconferencia, la jueza también le ha abierto la puerta a hacerlo presencialmente en Catarroja, como han hecho otros testigos.

 

Esta posibilidad ha reavivado un debate político y moral: no se trata solo de un derecho procesal, sino de un gesto hacia las víctimas y hacia una sociedad que todavía intenta comprender qué ocurrió realmente aquel 29 de octubre.

 

 

Porque la instrucción judicial ha demostrado algo fundamental: la historia oficial se ha ido desmoronando a medida que han aparecido los mensajes.

 

Durante meses, se sostuvo que no se tuvo constancia de la gravedad de la situación ni de las muertes hasta bien entrada la madrugada.

 

Sin embargo, los WhatsApps que han ido apareciendo gracias a la investigación judicial revelan que ya avanzada la noche se hablaba de fallecidos y desaparecidos.

 

Este desfase temporal no es un detalle menor: afecta directamente a la toma de decisiones, a la activación de protocolos de emergencia y a la responsabilidad política de quienes estaban al mando.

 

 

Feijóo afirmó públicamente que Carlos Mazón le mantuvo informado “en tiempo real”.

 

Sin embargo, los mensajes conocidos hasta ahora indican que Mazón estuvo durante horas desconectado o sin responder, en parte por encontrarse en una comida privada en el Ventorro.

 

Si el presidente de la Generalitat no respondía, difícilmente podía informar en tiempo real a nadie.

 

Y si Feijóo no recibió información durante gran parte de la tarde, su afirmación posterior queda, como mínimo, en entredicho.

 

Este desfase entre el relato público y los hechos documentados es lo que ha llevado al PSOE a exigir la dimisión de Feijóo, acusándolo de mentir.

 

Pero más allá de la batalla partidista, hay una cuestión de fondo que interpela a toda la clase política: ¿por qué no se entregaron desde el principio todos los mensajes? ¿Por qué fue necesaria la presión judicial para que salieran a la luz? ¿Qué se gana fragmentando una conversación cuando se está investigando una tragedia con víctimas mortales?

 

 

Las asociaciones de víctimas han sido especialmente claras y contundentes.

 

Mariló Gradolí, portavoz de la Asociación de Víctimas de la DANA del 29 de octubre, ha expresado el hartazgo de quienes llevan más de un año esperando respuestas.

 

Para ellas, la expresión “colaboración total con la justicia” se ha vaciado de contenido.

 

Se promete colaboración, pero se entregan solo partes de la información. Se habla de transparencia, pero se dosifican los datos. Se apela al respeto institucional, pero se evita pisar la zona cero.

 

 

La decisión de Feijóo de declarar por videoconferencia, aunque legal, ha sido percibida por muchas víctimas como un nuevo desprecio simbólico.

 

Otros testigos han acudido presencialmente a Catarroja. Hacerlo no es solo una formalidad judicial, sino un gesto humano, un reconocimiento del dolor y de la magnitud de lo ocurrido.

 

Evitar ese contacto directo puede ser comprensible desde una estrategia política —para esquivar protestas o imágenes incómodas—, pero tiene un coste moral evidente.

 

 

En paralelo, el caso ha destapado otro elemento inquietante: el nombramiento de José Manuel Cuenca, ex jefe de gabinete de Carlos Mazón, como asesor en la oficina del expresidente de la Generalitat. Cuenca es una figura central en la instrucción judicial.

 

Fue quien atendió llamadas clave el día de la DANA y quien mantuvo conversaciones determinantes con Salomé Pradas, conversaciones en las que, según los mensajes conocidos, se desaconsejaba confinar a la población.

 

El próximo careo entre Cuenca y Pradas es uno de los momentos más esperados de la instrucción.

 

Las contradicciones entre ambos son evidentes. Mientras Cuenca sostiene que los mensajes están descontextualizados y que se está exagerando una anécdota, Pradas afirma que siguió instrucciones y que no actuó por iniciativa propia.

 

La jueza ha considerado que las discrepancias son tan profundas que solo un careo puede aclarar qué ocurrió realmente.

 

 

Que Cuenca haya sido nombrado asesor pocos días antes de ese careo ha sido interpretado por las víctimas como una burla y una provocación.

 

Legalmente, Mazón tiene derecho a una oficina como expresidente y a nombrar asesores.

 

Políticamente, el momento elegido resulta, como mínimo, insensible. Premiar a una persona clave en una causa judicial abierta, relacionada con una tragedia que dejó decenas de muertos, refuerza la sensación de impunidad y de desconexión con la realidad social.

 

 

Todo este entramado ha ido saliendo a la luz gracias a la instrucción judicial y, en buena medida, gracias a los WhatsApps.

 

Mensajes que, de no haber sido reclamados por la jueza, probablemente nunca se habrían conocido.

 

Este hecho refuerza una idea inquietante: la verdad no se ofreció voluntariamente, sino que fue arrancada a medida que la investigación avanzaba.

 

Feijóo ha llegado a comparar su situación con la del fiscal general del Estado en otra causa judicial, sugiriendo que quien no entrega mensajes es un “delincuente”.

 

Sin embargo, en la propia causa de la DANA hay otros cargos que no entregaron sus mensajes alegando pérdida o cambio de terminal, sin que se les aplicara ese calificativo.

 

Esta doble vara de medir ha sido duramente criticada por analistas y periodistas, que ven en estas declaraciones un intento de desviar el foco y de construir un relato defensivo.

 

Otro elemento que ha alimentado las dudas es el cambio de teléfono de Feijóo.

 

Inicialmente negó haber cambiado de terminal, para después admitir que sí lo había hecho.

 

El dispositivo mostrado ante notario es un modelo reciente, incompatible con la cronología de los hechos.

 

Cambiar de móvil no implica necesariamente borrar mensajes, pero sí introduce una incertidumbre adicional sobre la integridad de las conversaciones. Una incertidumbre que solo puede disiparse con una entrega completa y verificable de los datos.

 

 

Desde el punto de vista jurídico, la justicia dispone de herramientas para analizar si una conversación ha sido manipulada o incompleta, siempre que tenga acceso al material original o a copias forenses.

 

Pero desde el punto de vista político y social, el daño ya está hecho. La sensación de opacidad, de cálculo y de resistencia a mostrar toda la verdad ha calado profundamente en la opinión pública.

 

 

Lo más doloroso de todo este proceso es que, más de un año después, las víctimas siguen descubriendo cómo se gestionó —o se dejó de gestionar— la emergencia a través de mensajes de WhatsApp.

 

Cada nuevo auto judicial, cada nueva conversación revelada, reconstruye una historia que nunca debió depender de filtraciones ni de requerimientos judiciales para salir a la luz.

 

 

Las víctimas no piden venganza ni espectáculo. Piden verdad. Piden saber quién sabía qué, cuándo lo supo y qué decisiones se tomaron —o no se tomaron— en consecuencia.

 

Piden que se deje de jugar con los tiempos políticos y electorales. Piden respeto. Y, sobre todo, piden que algo así no vuelva a ocurrir.

 

 

La instrucción de la jueza de Catarroja ha sido calificada por muchos juristas como rigurosa e impecable.

 

A pesar de las presiones y de las amenazas veladas de querellas por prevaricación, la magistrada ha seguido avanzando, reclamando información, ordenando careos y reconstruyendo los hechos con paciencia y método.

 

Su trabajo contrasta con la actitud defensiva de algunos responsables políticos, más preocupados por el impacto mediático que por el esclarecimiento completo de la tragedia.

 

En este contexto, la entrega parcial de mensajes, las declaraciones contradictorias y los gestos de distancia no hacen sino agravar la crisis de confianza.

 

Porque la política no se juzga solo en los tribunales, sino también en el terreno de la ética y de la responsabilidad pública.

 

 

La DANA del 29 de octubre no es solo una catástrofe natural. Es también una herida institucional.

 

Y mientras esa herida siga abierta, mientras la verdad siga llegando a cuentagotas, cualquier intento de pasar página será percibido como una falta de respeto a quienes lo perdieron todo, incluso a sus seres queridos.

 

 

Al final, la pregunta que queda flotando no es solo si Feijóo entregará o no todos sus mensajes.

 

La pregunta de fondo es si la clase política española es capaz de anteponer la verdad y la dignidad de las víctimas a la protección de su imagen y de sus intereses.

 

Porque sin verdad no hay justicia, y sin justicia no hay reparación posible.

 

Y eso, más allá de siglas y estrategias, debería ser un compromiso irrenunciable en una democracia que aspire a ser algo más que un conjunto de discursos bien ensayados.