SILVIA INTXAURRONDO LE QUITA LA CARETA A FEIJÓO Y HACE TEMBLAR GÉNOVA “PP Y VOX OLEADA DE DESAHUCIOS.

 

 

 

 

La escena se repite una y otra vez, aunque muchos prefieran no mirarla de frente. Una puerta que se cierra, una cerradura cambiada, una vida entera empaquetada en bolsas de plástico.

 

Detrás, casi siempre, hay una historia que no cabe en un titular: una madre sola, unos niños que no entienden por qué ya no pueden volver a su habitación, una persona mayor que siente que el suelo se abre bajo sus pies.

 

España vuelve a asomarse a ese abismo con el debate más incómodo y más humano de todos: el de los desahucios y el llamado escudo social.

 

En los últimos días, el Congreso se ha convertido en un espejo de una sociedad profundamente dividida. No se ha discutido solo un decreto, ni una prórroga técnica, ni un encaje parlamentario más o menos ingenioso.

 

Lo que se ha puesto sobre la mesa es algo mucho más básico y, a la vez, mucho más difícil de responder: ¿qué pasa cuando un país acepta que decenas de miles de familias vulnerables puedan quedarse en la calle? ¿Quién asume la responsabilidad política, moral y social de esa decisión?

 

Las intervenciones, duras y a veces incómodas, han dejado claro que el debate sobre los desahucios ya no es un asunto abstracto.

 

No es una cifra, ni un concepto jurídico frío. Es un drama cotidiano que afecta de manera especial a las mujeres, a los menores y a las personas mayores.

 

Lo repiten los datos, lo confirman los servicios sociales y lo corroboran quienes trabajan a diario con estas familias: la vulnerabilidad en España tiene rostro femenino y, en demasiadas ocasiones, nombre y apellido.

 

La caída del decreto que incluía la moratoria antidesahucios ha abierto un escenario que muchos temían.

 

A partir de ahora, si no se recompone ese escudo social, podrían reactivarse procesos que estaban congelados desde la pandemia.

 

Familias declaradas vulnerables por los servicios sociales, con informes judiciales que avalan su situación, podrían ser desalojadas sin una alternativa habitacional real.

 

No es una hipótesis lejana ni un ejercicio de alarmismo político: es una posibilidad inmediata que afecta a decenas de miles de hogares.

 

En el centro de la discusión está también la estrategia política. El uso de decretos ómnibus, la negociación al límite con socios parlamentarios y el cruce constante de acusaciones han generado un clima de desgaste que va mucho más allá de una votación concreta.

 

Para algunos, agrupar pensiones, ayudas sociales y medidas antidesahucios en un mismo paquete es una forma de chantaje.

 

Para otros, es la única manera de sacar adelante políticas sociales en un Parlamento fragmentado donde cada voto cuenta y nada está garantizado hasta el último minuto.

 

Pero más allá de la táctica parlamentaria, hay una pregunta que resuena con fuerza en el debate público: ¿es aceptable que la protección frente a los desahucios dependa de equilibrios políticos tan frágiles? La moratoria se aprobó en un contexto extraordinario, durante la pandemia, cuando el país entero entendió que nadie podía quedarse atrás.

 

Cinco años después, muchos se preguntan por qué esa excepción sigue siendo necesaria y, al mismo tiempo, por qué resulta tan difícil convertirla en una política estructural.

 

Las voces que defienden el mantenimiento del escudo social insisten en que no se trata de proteger ocupaciones ilegales ni de fomentar la picaresca, como algunos discursos sugieren.

 

Hablan de familias que no pueden pagar un alquiler disparado por la especulación, de personas que han perdido su empleo o cuyos ingresos no alcanzan para cubrir necesidades básicas. Hablan, en definitiva, de gente que no quiere dejar de pagar, sino que no puede hacerlo.

 

En este punto, el debate se vuelve especialmente delicado. Se mezclan conceptos, se confunden realidades distintas y se alimenta una narrativa que enfrenta a propietarios e inquilinos como si fueran bandos irreconciliables.

 

Sin embargo, la legislación ya distingue entre morosidad, usurpación y vulnerabilidad. Y existen mecanismos, como los fondos de compensación, pensados precisamente para que el coste de proteger a las familias vulnerables no recaiga de forma injusta sobre pequeños propietarios.

 

 

El problema, según reconocen incluso quienes apoyan estos mecanismos, es que no siempre funcionan como deberían.

 

La burocracia, la lentitud administrativa y la falta de coordinación entre administraciones convierten lo que sobre el papel parece una solución razonable en un laberinto desesperante.

 

Mientras los expedientes se acumulan, la incertidumbre crece tanto para quien teme perder su vivienda como para quien teme no cobrar su alquiler.

 

Aun así, el consenso social parece claro en un punto fundamental: ningún país que aspire a llamarse democrático puede normalizar que niños, personas dependientes o víctimas de violencia de género sean expulsadas de su hogar sin una alternativa digna. Esa convicción atraviesa ideologías, aunque no siempre se refleje con la misma claridad en las votaciones parlamentarias.

 

 

El debate ha dejado también escenas de enorme tensión política. Las acusaciones cruzadas, el uso de términos descalificadores y la constante referencia al pasado han contaminado una discusión que, para muchos ciudadanos, debería centrarse en el presente y el futuro.

 

Cuando el lenguaje se radicaliza, el riesgo es que el foco se desplace del problema real hacia la confrontación partidista, dejando a las personas afectadas en un segundo plano.

 

En este clima, algunos partidos han defendido acuerdos parciales, como la introducción de matices para proteger a determinados propietarios, con el objetivo de asegurar apoyos clave.

 

Otros consideran que esas concesiones debilitan el espíritu original del escudo social y crean desahuciados de primera y de segunda.

 

El resultado es una sensación de parcheo constante, de soluciones provisionales que nunca terminan de atacar el fondo del problema.

 

Y el fondo del problema tiene un nombre claro: la crisis de la vivienda. Los precios del alquiler se han disparado en gran parte del país, los salarios no han crecido al mismo ritmo y el acceso a una vivienda digna se ha convertido en una carrera de obstáculos, especialmente para los jóvenes y las familias con menos recursos.

 

En este contexto, los desahucios no son un fenómeno aislado, sino la consecuencia más visible de un modelo que hace tiempo que muestra grietas profundas.

 

Quienes trabajan sobre el terreno lo dicen sin rodeos: mientras no se incremente de forma decidida el parque público de vivienda, mientras no se frene la especulación y mientras no se garantice un acceso real a alquileres asequibles, el problema seguirá reapareciendo año tras año. Las moratorias, por necesarias que sean, actúan como un dique temporal, pero no solucionan la raíz del conflicto.

 

 

Sin embargo, renunciar a ese dique ahora, cuando miles de familias siguen al límite, es visto por muchos como una irresponsabilidad mayúscula.

 

Las historias que se cuentan en los platós y en las tribunas parlamentarias no son ficción. Son relatos de personas que deben elegir entre pagar el alquiler o comer, entre encender la calefacción o comprar material escolar para sus hijos. Son decisiones imposibles que ningún discurso ideológico puede justificar.

 

 

La dimensión humana del debate se impone cuando se escuchan testimonios de quienes han vivido un desahucio.

 

Basta con ver uno, dicen algunos intervinientes, para entender que no debería producirse nunca sin una alternativa.

 

El impacto psicológico, especialmente en los menores, es profundo y duradero. La pérdida del hogar no es solo la pérdida de un techo; es la ruptura de un entorno, de una red de apoyo, de una sensación básica de seguridad.

 

En este contexto, la responsabilidad de las instituciones es enorme. No se trata solo de aprobar o derogar decretos, sino de garantizar que los derechos proclamados en las leyes se traduzcan en protección real. Cuando eso no ocurre, la confianza de la ciudadanía en el sistema se erosiona, y con ella, la cohesión social.

 

El debate sobre los desahucios ha vuelto a poner sobre la mesa una verdad incómoda: el progreso económico de un país no puede medirse solo en cifras macroeconómicas.

 

Crecer no sirve de mucho si ese crecimiento no llega a quienes más lo necesitan. Presumir de buenos datos mientras miles de familias viven al borde del desalojo genera una fractura que tarde o temprano pasa factura.

 

Por eso, más allá del ruido político, este debate interpela directamente a la sociedad. Obliga a preguntarse qué modelo de convivencia se quiere construir y qué prioridades se están marcando.

 

Obliga también a exigir a los representantes públicos soluciones duraderas, valientes y humanas, que no dependan de equilibrios parlamentarios precarios ni de cálculos a corto plazo.

 

El escudo social no es solo una expresión política. Es, o debería ser, una declaración de principios. La afirmación de que nadie debe quedarse atrás no puede quedarse en un eslogan vacío ni en una promesa condicionada. Debe materializarse en políticas eficaces, bien gestionadas y sostenidas en el tiempo.

 

 

Hoy, mientras el debate sigue abierto y las negociaciones continúan, miles de familias miran el calendario con miedo.

 

No esperan grandes discursos ni reproches cruzados. Esperan certezas. Esperan saber si mañana podrán seguir durmiendo en su casa. Esa es la urgencia real, la que no admite más dilaciones.

 

Y ahí es donde cada decisión cuenta. Porque detrás de cada voto, de cada acuerdo y de cada renuncia, hay vidas reales.

 

Recordarlo quizá sea el primer paso para que la política vuelva a ponerse al servicio de las personas y no al revés. Si este debate sirve para algo, debería ser para que nadie olvide que un hogar no es un privilegio: es la base mínima de una vida digna.