Susana Díaz llama “cenizo y gafe” a Feijóo en un ataque sin precedentes.

 

 

 

 

El cierre del año político ha dejado una imagen clara: nerviosismo en el Gobierno, un clima de confrontación abierta y una sensación creciente de desgaste institucional.

 

El balance presentado por Alberto Núñez Feijóo desde la sede del Partido Popular no solo provocó una respuesta inmediata y airada por parte de varios ministros, sino que actuó como catalizador de tensiones que llevaban meses acumulándose.

 

Lejos de un debate sereno sobre datos y gestión, la reacción del Ejecutivo se centró en el ataque personal, el sarcasmo y la descalificación, un síntoma habitual cuando faltan respuestas sólidas.

 

 

El detonante fue un balance político del año 2025 que Feijóo calificó como el peor de la democracia reciente en términos institucionales.

 

Un diagnóstico duro, sí, pero sustentado en hechos ampliamente recogidos por medios de referencia: un Gobierno sin presupuestos generales, sin mayoría parlamentaria estable, con leyes bloqueadas o sacadas adelante por vías alternativas y con una sucesión de escándalos que han erosionado la credibilidad del PSOE.

 

La reacción del Ejecutivo no fue rebatir los datos, sino acusar al líder de la oposición de catastrofismo y negatividad.

 

 

Susana Díaz fue una de las voces más contundentes al calificar a Feijóo de “cenizo” y “gafe”, sugiriendo que su discurso transmitía pesimismo y carecía de propuestas.

 

Sin embargo, el concepto de balance político no implica necesariamente ofrecer un programa alternativo detallado, sino evaluar lo ocurrido, señalar errores y consecuencias.

 

Confundir crítica con destrucción es una estrategia habitual cuando se intenta deslegitimar al mensajero en lugar de responder al mensaje.

 

 

Desde el Gobierno, el ministro Ángel Víctor Torres acusó a Feijóo de no presentar ni una sola propuesta constructiva y de limitarse a atacar al Ejecutivo.

 

Félix Bolaños, por su parte, ironizó en redes sociales hablando de “catastrofismo apocalíptico” y llegó a bromear con refugios nucleares, mientras defendía que España es “la mejor economía desarrollada del mundo”.

 

Estas declaraciones contrastan con la percepción de amplias capas de la población que, pese a los buenos datos macroeconómicos, no han visto mejorar su situación cotidiana.

 

 

Aquí aparece una de las grandes grietas del discurso oficial: la distancia entre la macroeconomía y la economía real.

 

España crece en términos de PIB y empleo, pero el encarecimiento del coste de la vida, especialmente de la vivienda y de la cesta de la compra, ha golpeado con fuerza a jóvenes y familias trabajadoras.

 

Los alquileres han alcanzado máximos históricos en muchas ciudades, el acceso a la vivienda se ha convertido en un problema estructural y los salarios, pese a la subida del salario mínimo, no compensan la inflación acumulada.

 

Este desajuste explica en gran medida el malestar social y electoral reflejado en los últimos comicios autonómicos.

 

 

La propia Susana Díaz reconoció en el debate que la legislatura está prácticamente agotada por la falta de mayoría parlamentaria.

 

Admitió que el Gobierno atraviesa una situación complicada y que este final de mandato se vive como una agonía política.

 

También señaló un efecto colateral significativo: el crecimiento de Vox, alimentado por el descontento y la indignación de votantes que no encuentran respuestas eficaces en el Ejecutivo.

 

Este reconocimiento resulta especialmente relevante viniendo de una dirigente histórica del PSOE.

 

 

Mientras tanto, Pedro Sánchez optó por el silencio y la ausencia. Por primera vez en años, el presidente del Gobierno no realizó el tradicional balance de fin de año, coincidiendo con un periodo prolongado de vacaciones navideñas.

 

Este vacío comunicativo fue aprovechado por Feijóo para ocupar el espacio político y marcar el relato.

 

La ausencia del presidente contrastó con la hiperactividad verbal de sus ministros, que salieron en tromba a responder, muchas veces con más nervios que argumentos.

 

En paralelo, informaciones publicadas por medios como El Confidencial apuntan a intentos del Gobierno por recomponer apoyos parlamentarios mediante una posible reunión con Oriol Junqueras, líder de Esquerra Republicana.

 

El objetivo sería revisar exigencias pendientes y garantizar la continuidad de la legislatura.

 

Sin embargo, incluso dentro del propio entorno socialista se asume con resignación la imposibilidad de aprobar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado, una anomalía grave en términos democráticos que limita la capacidad real de gobernar.

 

 

La portavoz del Gobierno defendió la posibilidad de seguir adelante con medidas ejecutivas sin necesidad de respaldo parlamentario, argumentando que no todo requiere rango de ley.

 

Esta afirmación, aunque técnicamente cierta, refuerza la percepción de un Ejecutivo que asume la excepcionalidad como norma y que normaliza gobernar sin el aval del Congreso.

 

Una deriva que preocupa a juristas y analistas políticos por su impacto en el equilibrio institucional.

 

 

El balance de Feijóo también puso el foco en los escándalos que han sacudido al PSOE durante el año.

 

Casos de corrupción que afectan a figuras clave del partido, investigaciones judiciales en curso y episodios especialmente dañinos para un electorado sensible a cuestiones éticas, como los relacionados con abusos y comportamientos machistas.

 

Estos hechos, ampliamente documentados por la prensa, han debilitado el discurso moral del socialismo y han generado una crisis interna evidente.

 

A ello se suma el desplome electoral en territorios históricamente favorables al PSOE, como Extremadura, donde la pérdida de hegemonía ha sido contundente.

 

Más allá de los candidatos concretos, muchos analistas coinciden en que el castigo electoral está vinculado al empobrecimiento relativo de amplias capas de la población y a la sensación de abandono.

 

Cuando la política económica no se traduce en bienestar tangible, el voto de protesta encuentra terreno fértil.

 

 

En este contexto, tildar de “cenizo” a quien describe este panorama resulta, como mínimo, insuficiente.

 

El propio Feijóo, en su intervención, no se limitó a criticar. Destacó la fortaleza de la sociedad española, el esfuerzo de trabajadores, jóvenes, estudiantes y empresarios que siguen sosteniendo el país pese a la inestabilidad política.

 

Reconocer el valor del tejido social mientras se señala la debilidad del Gobierno no es contradicción, sino una lectura política coherente.

 

 

El problema de fondo no es que el líder de la oposición haga un balance duro.

 

El problema es que ese balance conecta con la experiencia cotidiana de millones de ciudadanos.

 

Cuando la respuesta del Gobierno se basa en el insulto, el sarcasmo o el ruido mediático, transmite una sensación de desconexión y de falta de autocrítica.

 

Y cuando la política se convierte en descalificar al mensajero en lugar de responder al contenido del mensaje, la credibilidad institucional se resiente.

 

La discusión sobre una posible financiación singular para Cataluña, reclamada por Esquerra, añade otra capa de incertidumbre.

 

Dirigentes socialistas como Susana Díaz han advertido del riesgo de un modelo injusto e insolidario que genere tensiones territoriales, especialmente en comunidades como Andalucía, Aragón o Castilla y León, donde se celebrarán elecciones en el futuro.

 

La falta de una mayoría clara hace inviable, según muchos expertos, una reforma profunda del sistema de financiación, lo que convierte estas negociaciones en promesas difíciles de cumplir.

 

 

En última instancia, el debate evidencia una realidad incómoda para el Gobierno: el relato optimista choca con una percepción social marcada por la precariedad, la inflación y la falta de horizontes claros.

 

España no avanza a base de eslóganes ni de comparaciones macroeconómicas, sino con soluciones concretas que se noten en el bolsillo y en la vida diaria. Cuando esas soluciones no llegan, la crítica gana legitimidad.

 

 

El balance de 2025 ha abierto una grieta que ya no puede taparse con calificativos fáciles.

 

El Ejecutivo se enfrenta a un final de legislatura sin apoyos sólidos, con un Parlamento bloqueado y con una ciudadanía cada vez más escéptica. La oposición, por su parte, incomoda porque verbaliza un malestar real.

 

Y en política, cuando la incomodidad sustituye al debate y el insulto reemplaza al argumento, es señal de que algo profundo no está funcionando.

 

Un país no progresa a base de relatos enfrentados, sino de acuerdos, reformas y responsabilidad.

 

Hoy, lo que queda tras este episodio no es solo un cruce de acusaciones, sino la constatación de que el desgaste del Gobierno es evidente y que el ruido ya no consigue ocultar la falta de respuestas.

 

El verdadero desafío no es quién gana el relato del balance, sino cómo se sale de un bloqueo que empieza a pasar factura a toda la sociedad.