BOMBA JUDICIAL “REPETICIÓN JUICIO FISCAL GENERAL DEL ESTADO” RECUSACIÓN JUECES DEL TRIBUNAL SUPREMO.

 

 

Lo ocurrido en torno a la condena del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, no es solo un episodio judicial más.

 

Es un acontecimiento que ha concentrado en pocas semanas algunas de las tensiones más profundas del sistema político, judicial y mediático español.

 

Una historia que empieza con una exclusiva periodística sobre un fraude fiscal, continúa con una batalla feroz por el relato y desemboca en una sentencia del Tribunal Supremo que ha sacudido los cimientos de la Fiscalía, ha provocado una dimisión inédita y ha abierto un debate de enorme calado sobre la calidad democrática, la presunción de inocencia y el papel de la justicia en España.

 

 

El debate televisivo en el que intervino el abogado penalista José Manuel Rivero puso sobre la mesa una cuestión que, para muchos juristas, resulta tan técnica como inquietante: la publicación anticipada de un fallo condenatorio sin que la sentencia estuviera redactada.

 

 

No se trata de un detalle menor. En el Estado de derecho, una sentencia no existe hasta que está firmada, motivada y completa, con hechos probados, fundamentos jurídicos y parte dispositiva.

 

Sin embargo, el Tribunal Supremo comunicó oficialmente la condena cuando la propia nota hablaba de una “sentencia pendiente de redactar”.

 

 

Rivero calificó esta situación como una “anomalía judicial” y defendió que, ante un escenario así, existe un mecanismo constitucional para proteger el derecho a un proceso con todas las garantías: la recusación.

 

Su argumento no se centraba en una defensa personal de García Ortiz, sino en algo más amplio.

 

Según explicó, no solo el condenado queda en una situación de indefensión, sino también el conjunto de la ciudadanía, que recibe una condena sin conocer los motivos que la sustentan y sin poder formarse una opinión libre e informada.

 

 

El choque en el plató fue inmediato. Otros analistas recordaron que en casos de gran impacto público, como la sentencia de La Manada o el caso de los ERE, el Supremo también adelantó el fallo antes de publicar el texto íntegro.

 

Pero Rivero introdujo una diferencia clave: en aquellos precedentes, la comunicación oficial dejaba claro que la deliberación había terminado y que la sentencia estaba ya redactada, a falta de votos particulares.

 

En este caso, según su lectura, no constaba que el proceso de deliberación hubiera concluido, lo que abriría la puerta a una vulneración del derecho fundamental al juez imparcial.

 

 

Más allá de la discusión procesal, el impacto político fue inmediato. La condena provocó la renuncia de Álvaro García Ortiz, un hecho sin precedentes en democracia. Nunca antes un fiscal general del Estado había dimitido tras ser condenado por el Supremo.

 

Ese efecto político es, para muchos observadores, una de las claves de todo el caso.

 

Porque la sentencia no solo afecta a una persona concreta, sino que se inscribe en una batalla más amplia entre poderes del Estado y en un contexto de polarización extrema.

 

 

El origen de todo está en la publicación de una exclusiva periodística, el 12 de marzo, sobre el fraude fiscal de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

 

Aquella información estaba sólidamente documentada y se sostenía por sí sola.

 

Días después, salió a la luz un correo electrónico en el que la defensa del empresario reconocía los hechos y proponía un acuerdo de conformidad con la Fiscalía. Ese correo se convirtió en el epicentro de la causa judicial.

 

 

La acusación sostuvo que ese correo, considerado dato reservado, había sido filtrado por el fiscal general del Estado.

 

Sin embargo, durante el juicio, todos los periodistas que declararon como testigos negaron que García Ortiz fuera su fuente.

 

Cinco profesionales de medios distintos coincidieron en que conocían el contenido del correo antes de que llegara al fiscal general y que la información circulaba ya por varias redacciones de Madrid. Ninguno fue acusado de falso testimonio.

 

 

Aquí aparece uno de los puntos más polémicos de la sentencia. El Tribunal Supremo reconoce explícitamente que no existe prueba directa de que Álvaro García Ortiz filtrara el correo.

 

 

La condena se apoya en indicios y en una hipótesis que, según el propio fallo, no descarta que el autor material de la filtración fuera “otra persona de su entorno inmediato” con su conocimiento.

 

Esa formulación ha sido duramente criticada por juristas y magistrados, porque introduce una ambigüedad difícil de encajar en una condena penal.

 

 

El voto particular de las magistradas Ana Ferrer y Susana Polo es especialmente revelador.

 

Para ellas, no se ha acreditado el delito y las inferencias de la mayoría vulneran la presunción de inocencia.

 

Subrayan que la prueba indiciaria exige una base fáctica sólida, algo que, a su juicio, no existe en este caso.

 

Además, recuerdan que el secreto profesional de los periodistas no es un privilegio, sino un deber ético y una garantía democrática.

 

 

Otra de las piezas controvertidas de la sentencia es la nota de prensa emitida por la Fiscalía para desmentir lo que calificó como un bulo difundido desde el entorno de Ayuso.

 

Según la versión difundida por Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta madrileña, la Fiscalía había ofrecido un acuerdo benévolo al empresario y el Gobierno lo había impedido.

 

La nota de prensa aclaraba que era exactamente al revés: fue la defensa de González Amador la que reconoció los delitos y propuso un pacto.

 

 

En un primer momento, el propio Supremo descartó que esa nota de prensa pudiera ser constitutiva de delito, al considerar que no revelaba ningún secreto nuevo.

 

Sin embargo, en la sentencia final, ese mismo elemento reaparece como indicio incriminatorio.

 

Para juristas como Joaquín Urías, exletrado del Tribunal Constitucional, convertir en delito una nota de prensa que no aporta información desconocida es una “barbaridad jurídica” que contradice la jurisprudencia previa del propio Supremo.

 

 

Ignacio Escolar, director de eldiario.es, ha insistido en que esta contradicción es uno de los puntos más débiles del fallo.

 

La sentencia, sostiene, ignora pruebas documentales, actas notariales y registros de llamadas que apuntaban a que la información circulaba antes de llegar al fiscal general.

 

En lugar de explorar esas vías, se centra únicamente en la interpretación que permite sostener la condena.

 

 

Todo esto ha alimentado una sensación inquietante: la de una justicia imprevisible desde el punto de vista jurídico, pero previsible desde el punto de vista político.

 

Para muchos analistas, el caso del fiscal general no puede desligarse de un contexto en el que una parte del poder judicial mantiene una relación de confrontación abierta con el actual Gobierno, al que considera ilegítimo por sus pactos parlamentarios.

 

 

La gravedad del precedente va más allá del nombre de Álvaro García Ortiz.

 

Lo que está en juego es la idea de que una condena penal pueda basarse en hipótesis no probadas, en inferencias débiles y en una reinterpretación interesada de elementos que previamente se habían descartado.

 

También está en juego el papel del periodismo de investigación y la protección de las fuentes en un clima de creciente presión judicial.

 

 

Este caso ha validado, para muchos ciudadanos, una forma de actuar basada en la mentira como arma política.

 

Todo arrancó con una falsedad difundida desde un cargo público y, paradójicamente, quien acaba condenado no es el autor del bulo, sino quien lo desmintió.

 

Ese mensaje es devastador para la confianza en las instituciones y para la salud democrática.

 

 

La sentencia será recurrida ante el Tribunal Constitucional, pero el daño ya está hecho.

 

La renuncia del fiscal general, la erosión de la Fiscalía como institución y la sensación de que la justicia se utiliza como campo de batalla política dejan un escenario preocupante de cara a los próximos años.

 

Como advirtió Ignacio Escolar, este puede ser solo el aperitivo de una serie de procesos judiciales con un calendario muy claro y un impacto político constante.

 

 

Mientras tanto, el fraude fiscal que dio origen a todo sigue pendiente de juicio. Y el periodismo, pese a las presiones y los riesgos, continúa investigando.

 

Porque si algo ha quedado claro en esta historia es que la verdad judicial y la verdad factual no siempre coinciden.

 

Y cuando esa distancia se agranda, lo que se resiente no es solo una carrera profesional o un cargo institucional, sino la confianza de toda una sociedad en su sistema de justicia.