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Madrid, hospitales y política: cuando la gestión pública se juega en el barro.

 

 

 

En la Asamblea de Madrid, el aire se corta con cuchillo. No es solo el bullicio de los diputados, ni la tensión habitual de los plenos.

 

 

Es la sensación de que lo que se debate allí, aunque parezca lejano, nos afecta a todos. Porque cuando se habla de hospitales, impuestos, corrupción y derechos, no se trata de ideologías abstractas, sino de cómo vivimos, enfermamos, trabajamos y, a veces, sobrevivimos.

 

 

La pregunta de Bergero Tuncal, diputada de Más Madrid, fue directa y sin rodeos: “¿Considera más eficaz el modelo de hospitales públicos de gestión privada que directa?” En ese instante, la sala se quedó en silencio.

 

 

No era un tecnicismo, no era un debate para expertos. Era la pregunta que miles de madrileños se hacen cuando esperan meses para una consulta, cuando ven cómo sus abuelos sobreviven en residencias precarias y cuando, en plena ola de gripe, se cancelan miles de citas y cirugías por huelgas de sanitarios.

 

 

 

La respuesta institucional llegó envuelta en cifras, reconocimientos y tecnología de última generación.

 

 

Robots Da Vinci, terapias innovadoras, listas de espera supuestamente más cortas que en otras comunidades, y una sanidad “solidaria” que, según la presidenta, es “de las mejores del mundo”. Pero la realidad, como siempre, es más compleja que los datos oficiales.

 

 

Madrid es pionera en la colaboración público-privada en sanidad. Hospitales gestionados por empresas como Ribera Salud o Quirón Salud reciben millones de euros del erario público para administrar lo que, en teoría, debería ser un derecho universal.

 

 

Pero los audios filtrados de directivos de Ribera Salud han destapado una verdad incómoda: cuando la sanidad se gestiona como negocio, los beneficios pesan más que la salud, y los pacientes se convierten en mercancía.

 

 

No es una acusación gratuita. Los trabajadores denuncian presiones para aumentar listas de espera, para discriminar entre pacientes “rentables” y “no rentables”, y para reutilizar material sanitario.

 

 

Las huelgas, lejos de ser caprichos, son gritos desesperados de quienes ven cómo el sistema se desmorona por dentro.

 

 

Y mientras tanto, los pagos a Quirón Salud se duplican, las auditorías se esconden y los contratos se firman bajo identidades falsas, en un entramado que huele más a soborno que a gestión eficiente.

 

 

La presidenta defiende el modelo con pasión. Habla de tecnología, de premios internacionales, de encuestas de satisfacción.

 

 

Pero el problema no son los robots ni las estadísticas. El problema es que, detrás de cada cifra, hay personas esperando meses para una mamografía, ancianos hacinados en residencias y familias que sienten que la sanidad pública se les escapa de las manos.

 

 

El recuerdo de la pandemia sigue siendo una herida abierta. Bergero Tuncal lo recordó en el pleno: “Ustedes decidieron quién vivía y quién moría.

 

 

Ustedes dejaron morir a 7.291 personas mayores durante la pandemia.” La gestión de las residencias fue, y sigue siendo, uno de los episodios más dolorosos de la política madrileña.

 

 

Protocolos de exclusión, precariedad, comida podrida y una sensación de abandono que muchos aún no han superado.

 

 

La pregunta sobre Carlos Mur, el alto cargo que firmó los “protocolos de la vergüenza” y que ahora esquiva a la justicia, es el símbolo de una política que prefiere mirar hacia otro lado antes que asumir responsabilidades.

 

 

La impunidad y el silencio institucional pesan más que cualquier discurso sobre eficiencia o modernidad.

 

 

La réplica institucional insiste: “Aquí no sobra nadie. El modelo es de todos a una.” Se reivindica la pluralidad, la colaboración público-privada, la excelencia tecnológica y la solidaridad.

 

 

Se compara Madrid con Cataluña y Castilla-La Mancha, se presume de listas de espera más cortas y de reconocimientos internacionales. Pero, al final, el debate no es sobre tecnología ni sobre premios. Es sobre prioridades.

 

 

¿Es legítimo que la sanidad se gestione como un negocio? ¿Es aceptable que los pacientes se dividan en rentables y no rentables? ¿Es justo que los salarios de los sanitarios compitan con los de otros países mientras aquí se recortan plantillas y se externalizan servicios? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, pero son las que deberían guiar cualquier política pública.

 

 

 

La presidenta acusa a la izquierda de boicotear hospitales, de vivir de la ideología y de callar ante los abusos sexuales del gobierno central.

 

 

El debate se enciende, se cruzan acusaciones de incoherencia y sectarismo, y el feminismo se convierte en arma arrojadiza.

 

 

Pero, entre tanto ruido, lo que queda es la sensación de que la gestión sanitaria está más cerca de la política de trincheras que del servicio público.

 

El debate cambia de tercio, pero la tensión sigue. Ahora es el turno de los impuestos, la deuda y el modelo fiscal.

 

 

Madrid presume de ser la única región sin impuestos propios, de tener los impuestos más bajos y de sufragar buena parte de la caja común que financia los servicios públicos en España.

 

 

Pero, al mismo tiempo, denuncia que el Estado le debe millones, que no cumple con la financiación de la dependencia y que utiliza el dinero público para publicidad institucional y para comprar voluntades.

 

 

La presidenta anuncia la apertura anticipada de la línea 6 de metro como ejemplo de gestión eficiente.

 

 

Critica el “desaprovechamiento” de los fondos europeos por parte del gobierno central, acusa a Sánchez de asfixiar a las empresas y de aumentar los costes de las pymes.

 

 

Los datos se mezclan con la narrativa de la “mafia” en la Moncloa, de la “derechona vasca y catalana” y de los sueldos estratosféricos en otras comunidades.

 

 

La política fiscal se convierte en campo de batalla. Madrid reivindica su modelo de bajos impuestos y gasto público contenido, mientras acusa al gobierno central de despilfarro y de condonar deudas para mantenerse en el poder.

 

 

El relato oficial es claro: “Nuestra política fiscal es justa, no confiscatoria, ayuda, incentiva y acompaña.”

 

 

Pero la realidad, como siempre, es más compleja. Los sindicatos denuncian recortes, las familias sienten que los servicios públicos se resienten y los datos sobre pobreza y desigualdad siguen siendo alarmantes.

 

 

La política fiscal no es solo una cuestión de números, sino de prioridades y de cómo se reparten los recursos.

 

En el turno de réplica, el debate se ensucia. El portavoz popular acusa a la izquierda de “escupir basura sobre los profesionales sanitarios”, de vivir de bulos y de tapar las noticias de verdad con burocracia y escándalos.

 

 

La referencia a Roby Iniesta y a la “banda del Pelló” es solo el principio de una retahíla de acusaciones de corrupción, mafias, rescates empresariales y detenciones.

 

 

El relato se convierte en crónica de sucesos: prisión de Soto del Real, dimisiones, acoso sexual, feminismo asintomático y rutas mafiosas pagadas con dinero de prostíbulos.

 

 

Se denuncia un “plan para destruir España” y se vincula al gobierno central con Bildu, con Maduro y con una supuesta conspiración totalitaria.

 

 

Entre tanto barro, lo que queda es una sensación de agotamiento. La política se ha convertido en un juego de acusaciones cruzadas, de escándalos y de titulares.

 

 

Los ciudadanos, mientras tanto, siguen esperando respuestas sobre vivienda, sanidad, empleo y derechos.

 

Lo que ocurre en el Congreso y en la Asamblea de Madrid no es solo política. Es el reflejo de una sociedad que exige soluciones reales, que está cansada de la teatralización y de los espantajos.

 

 

La intervención de Bergero Tuncal, la defensa institucional de la presidenta y las réplicas incendiarias del PP son síntomas de un sistema que necesita, más que nunca, recuperar el sentido del servicio público.

 

 

La gestión sanitaria, la política fiscal y la lucha contra la corrupción no pueden seguir siendo armas de desgaste político.

 

 

Son cuestiones que afectan a la vida cotidiana de millones de personas. Y cuando la política se convierte en un teatro de acusaciones, el riesgo es que el debate se vacíe de contenido y que los problemas reales queden sin resolver.

 

La pregunta que queda en el aire es sencilla, pero devastadora: ¿Qué esperamos de quienes nos gobiernan? ¿Queremos más tecnología, más premios, más listas de espera cortas, o queremos una sanidad pública que garantice el derecho a la salud de todos, sin distinciones ni discriminaciones? ¿Queremos menos impuestos, menos gasto público, menos deuda, o queremos servicios públicos de calidad, accesibles y sostenibles?

 

 

 

La respuesta no está en los discursos, ni en los titulares, ni en los escándalos. Está en la capacidad de escuchar, de dialogar y de poner a las personas en el centro de la política.

 

 

Porque, al final, la democracia no se construye sobre fantasmas ni sobre relatos de miedo. Se construye sobre respuestas reales, sobre gestión honesta y sobre el compromiso de mejorar la vida de la gente.

 

Como ciudadanos, tenemos el derecho y el deber de exigir más. Más transparencia, más responsabilidad, más soluciones y menos teatro.

 

 

La sanidad pública, los impuestos, la lucha contra la corrupción y la protección de los derechos no son cuestiones menores. Son el corazón de la democracia y el termómetro de la justicia social.

 

 

Madrid, como el resto de España, necesita políticos que estén a la altura del reto. Que dejen de lado el barro, el miedo y la confrontación estéril.

 

 

Que se atrevan a debatir sobre lo que importa, a reconocer errores y a buscar acuerdos. Porque, al final, lo que está en juego no es solo el modelo de gestión sanitaria o la política fiscal. Es la confianza en las instituciones, la dignidad de las personas y el futuro de todos.