LA JUEZA DE LA DANA EXIGE LOS MENSAJES DE FEIJÓO Y SE CAE EL RELATO DEL PP.

 

 

 

 

 

Los mensajes existen, están escritos negro sobre blanco y ya forman parte de un sumario judicial.

 

No son interpretaciones ni reconstrucciones interesadas a posteriori: son WhatsApps enviados en tiempo real durante la DANA de octubre de 2024 que arrasó decenas de municipios valencianos y dejó un reguero de muerte, miedo y destrucción.

 

Su contenido ha cambiado el eje del relato político y ha colocado al Partido Popular, a Carlos Mazón y a Alberto Núñez Feijóo frente a una evidencia incómoda: sabían que la situación estaba fuera de control mientras sostenían públicamente un discurso radicalmente distinto.

 

 

“Estamos desbordados. No sabemos lo que está pasando realmente”, escribía Mazón.

 

“No podemos ni entrar en muchos pueblos, hay gente en los tejados muerta de miedo”, añadía. En otro mensaje, aún más demoledor, reconocía que ya estaban apareciendo fallecidos en Utiel y que “van a aparecer bastantes más”.

 

Todo esto ocurría cuando, meses después, tanto él como Feijóo aseguraban que nadie sabía nada, que no había información fiable y que no se tuvo constancia de víctimas hasta bien entrada la madrugada.

 

 

La aparición de estos mensajes ha supuesto un punto de inflexión.

 

No solo porque desmontan el relato sostenido durante más de un año por la dirección del PP, sino porque acreditan que el presidente valenciano era plenamente consciente del colapso operativo desde las primeras horas y que, aun así, no activó los mecanismos extraordinarios previstos para una catástrofe de ese nivel.

 

 

Tampoco es menor el hecho de que esos mensajes se intercambiaran con el líder nacional del partido, que ha quedado atrapado en sus propias contradicciones.

 

 

Durante meses, Feijóo repitió que Mazón le había informado “en tiempo real” desde el lunes anterior a la DANA.

 

 

Lo afirmó en entrevistas, ruedas de prensa y actos públicos. Sin embargo, la documentación remitida a la jueza Nuria Ruiz Tobarra demuestra que la primera comunicación real no se produce hasta las 20:08 del martes, cuando la tragedia ya estaba desatada y las víctimas mortales empezaban a contabilizarse.

 

No fue desde el lunes. No fue en tiempo real. Fue tarde.

 

 

El contraste entre lo dicho y lo escrito es devastador. En público, el PP acusó al Gobierno central de no colaborar, de no llamar, de no activar la Unidad Militar de Emergencias a tiempo.

 

 

En privado, Mazón reconocía a Feijóo que había hablado con miembros del Ejecutivo, que Defensa e Interior estaban en prealerta y que “de momento tenemos lo que necesitamos, que ahora mismo es la UME”.

 

Ese mensaje, hoy conocido, invalida de raíz una de las acusaciones más repetidas por el Partido Popular durante todo un año.

 

 

La UME no solo estaba disponible, sino desplegada desde las primeras horas tras la solicitud oficial realizada a las 15:21 para la zona de Utiel.

 

 

A partir de ese momento, como han explicado reiteradamente responsables militares y la propia ministra de Defensa, el mando operativo corresponde a la UME, que puede solicitar refuerzos sin necesidad de nuevas autorizaciones políticas.

 

Pero existe una condición clave que el PP omitió sistemáticamente: ninguna unidad puede entrar en una zona de emergencia sin la autorización del director autonómico de emergencias.

 

Ese director dependía directamente del Consell presidido por Mazón.

 

 

Esta realidad técnica y jurídica desmonta otro de los pilares del relato popular: que la Generalitat estaba sola y desamparada.

 

No lo estaba. Tenía a la UME, tenía al Ejército, tenía a la Armada y tenía el respaldo del Gobierno central.

 

Lo que no tuvo fue una gestión eficaz ni una toma de decisiones acorde a la magnitud de la tragedia.

 

Los mensajes revelan que Mazón conocía el caos, los desaparecidos y los muertos mientras, horas después, negaba saber que la gente se estaba ahogando.

 

La gravedad política de esta contradicción se multiplica cuando entra en escena Alberto Núñez Feijóo.

 

El líder del PP no solo avaló el discurso de Mazón, sino que lo amplificó. Llegó a asegurar que el Gobierno central no colaboró “ni lo suficiente ni a tiempo” y que la UME llegó tarde.

 

Hoy, esos mensajes prueban que esa afirmación era falsa y que él mismo disponía de información que la desmentía.

 

 

La comparecencia de Feijóo tras conocerse el contenido parcial de los WhatsApps no ha servido para despejar dudas, sino para incrementarlas.

 

 

Insistió en que había entregado “todo lo que la jueza le pidió”, subrayando que la cesión era voluntaria y que se limitaba a los mensajes recibidos de Mazón.

 

Lo que no entregó fueron sus propias respuestas. Y eso es precisamente lo que la jueza considera relevante.

 

La magistrada ha dejado claro que falta una parte esencial de la conversación: los mensajes enviados por Feijóo.

 

No se trata de un matiz menor, sino del núcleo del intercambio. Saber qué le respondió el líder del PP a un presidente autonómico que reconocía muertos, desaparecidos y descontrol operativo es clave para reconstruir la cadena de decisiones y responsabilidades.

 

 

La jueza ha pedido esos mensajes y ha abierto la puerta a que Feijóo declare por videoconferencia, una concesión poco habitual que algunos juristas consideran ya un gesto de flexibilidad extraordinaria.

 

 

Aun así, el discurso del líder popular ha sido defensivo y agresivo a partes iguales.

 

Ha afirmado que no ha borrado mensajes, que no ha cambiado de móvil y que su colaboración es “al 100%”, deslizando además una comparación gratuita con Pedro Sánchez al decir “yo no soy Sánchez”, insinuando sin pruebas una supuesta destrucción de mensajes por parte del presidente del Gobierno. Una afirmación que, en sede judicial, carece de valor y puede volverse en su contra.

 

 

Mientras tanto, el Ministerio de Defensa ha dado un paso inusual: exigir públicamente una disculpa a Feijóo y a Mazón por poner en duda la actuación de la UME y de las Fuerzas Armadas.

 

Margarita Robles ha sido clara y contundente al recordar que el Ejército estuvo presente desde el primer momento, con efectivos del Ejército de Tierra, la Armada, medios aéreos y miles de hombres y mujeres desplegados para salvar vidas.

 

Cuestionar esa actuación, ha dicho, no solo es falso, sino profundamente irresponsable.

 

 

La ministra ha recordado además que en España existe un protocolo claro para emergencias, que se ha aplicado durante décadas en incendios, inundaciones y catástrofes de todo tipo.

 

La UME actúa cuando se le solicita y en coordinación con las autoridades autonómicas. En el caso de la DANA valenciana, actuó. Lo que falló fue la gestión política previa y posterior.

 

 

El PSOE ha ido más allá y ha pedido abiertamente la dimisión de Feijóo.

 

Argumenta que ha mentido durante un año, que ha utilizado el dolor de las víctimas para construir un relato político falso y que ha atacado al Ejército para tapar errores propios.

 

Recuerdan, además, una frase pronunciada por el propio Feijóo en el pasado: “Si miento, echadme del partido”. Hoy, esa frase vuelve como un bumerán.

 

 

La figura de Mazón tampoco sale indemne. Tras abandonar la presidencia valenciana, su sucesor, Juanfran Pérez Llorca, ha evitado desautorizarlo públicamente y ha optado por desviar la atención hacia la supuesta lentitud del Gobierno central en la reconstrucción.

 

 

Sin embargo, esta estrategia también se resquebraja cuando se contrasta con datos oficiales, como los proyectos de obras contra inundaciones publicados en el BOE o los fondos recaudados que permanecen sin ejecutar.

 

 

El caso de los más de 13 millones de euros recaudados para ayudar a los damnificados, que siguen inmovilizados en una cuenta, añade una capa más de indignación ciudadana.

 

Hablar de falta de agilidad mientras esos recursos no llegan a quienes los necesitan resulta, para muchos valencianos, un insulto añadido al sufrimiento vivido.

 

Más allá de las responsabilidades penales que pueda determinar la jueza, el impacto político ya es irreversible.

 

Los mensajes han roto el relato del PP y han dejado al descubierto una estrategia de comunicación basada en la negación, el desplazamiento de culpas y la manipulación emocional de una tragedia colectiva.

 

La pregunta que muchos se hacen ahora es cuándo y por qué se produjo el giro: en qué momento se pasó de agradecer la ayuda del Gobierno y del Ejército a acusarlos de abandono.

 

 

Analistas como Pedro Piqueras han señalado que ese cambio no fue casual, sino estratégico.

 

Mientras la prioridad era gestionar la emergencia, el tono era de colaboración.

 

Cuando llegó el desgaste político, el discurso mutó hacia la confrontación.

 

Los WhatsApps, hoy conocidos, permiten situar con precisión ese punto de inflexión y plantean interrogantes incómodos sobre quién lo impulsó y con qué objetivos.

 

 

La justicia avanza despacio, pero avanza. La jueza Ruiz Tobarra está reconstruyendo los hechos paso a paso, apoyándose en documentos, testimonios y ahora también en mensajes privados que contradicen declaraciones públicas.

 

Cada nueva pieza encaja en un puzle que dibuja una imagen muy distinta a la que se ha intentado imponer durante meses.

 

 

Para las víctimas y sus familias, la cuestión va más allá de la política partidista.

 

Quieren saber quién sabía qué, cuándo lo supo y por qué no se actuó en consecuencia.

 

Quieren verdad, responsabilidades y garantías de que algo así no volverá a repetirse.

 

Los mensajes reveladores no devuelven las vidas perdidas, pero sí rompen el silencio y las mentiras.

 

España asiste así a uno de esos momentos en los que la documentación interna desmonta el discurso oficial.

 

No es una filtración interesada ni una interpretación ideológica: son palabras escritas en medio del caos, cuando no había cámaras ni micrófonos. Y precisamente por eso tienen un valor incuestionable.

 

El desenlace judicial aún está por escribirse. Falta saber si Feijóo entregará todos los mensajes, si aparecerán nuevos intercambios y qué conclusiones extraerá finalmente la jueza.

 

Pero en el plano político y moral, el daño ya está hecho. La credibilidad del Partido Popular ha quedado seriamente comprometida y la figura de su líder nacional aparece ligada, por primera vez de forma directa y documentada, a una de las mayores tragedias recientes.

 

 

En un contexto de desinformación y ruido constante, estos WhatsApps han actuado como un antídoto: devuelven los hechos al centro del debate.

 

Y los hechos, en este caso, son claros. Sabían que la situación estaba fuera de control. Sabían que había muertos. Sabían que la UME estaba actuando. Y aun así, eligieron mentir.