La Dana de Valencia, Feijóo y el laberinto de la verdad: un testimonio clave ante la justicia y la opinión pública.

 

 

El próximo 9 de enero de 2026, Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, está citado a declarar como testigo ante la jueza que investiga la gestión de la Dana en Valencia, una tragedia que dejó 230 víctimas mortales y miles de damnificados.

 

 

Su comparecencia se ha convertido en el epicentro de una tormenta política y judicial que, lejos de limitarse al relato de los hechos, pone en cuestión la credibilidad de los principales responsables institucionales y la capacidad del sistema político español para rendir cuentas ante la ciudadanía.

 

 

 

La Dana, fenómeno meteorológico extremo que azotó la Comunidad Valenciana el 29 de octubre de 2025, marcó un antes y un después en la percepción pública sobre la gestión de emergencias y la responsabilidad política.

 

 

La tragedia, que se desplegó en apenas unas horas, evidenció las carencias de coordinación, la falta de previsión y la confusión en la toma de decisiones.

 

 

Desde el primer momento, las miradas se dirigieron hacia el entonces presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y hacia el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, que aseguraba haber estado informado en tiempo real de lo sucedido.

 

 

 

La declaración de Feijóo ante los medios, apenas 48 horas después de la Dana, fue rotunda: “El presidente de la Generalitat, desde un día antes de la Dana, me ha venido informando en tiempo real y me venía diciendo que la situación era compleja y desde el martes, día de la Dana, ya me estuvo informando igual que ayer, que nos tememos que haya más personas fallecidas”.

 

 

Estas palabras, lejos de disipar dudas, abrieron una brecha de contradicciones que se ha ido profundizando a medida que avanzaba la investigación judicial.

 

 

 

La jueza instructora, atendiendo a la petición de las asociaciones de víctimas, ha decidido llamar a Feijóo para esclarecer qué información manejaba exactamente el líder del PP en las horas cruciales de la tragedia, y sobre todo, si la versión pública que ofreció se corresponde con la realidad de las comunicaciones entre ambos dirigentes.

 

 

El registro de llamadas presentado por Mazón ante Les Corts Valencianes, aunque no oficial, indica que la comunicación entre ambos se produjo a las 21:27, cuando la tragedia ya había alcanzado su punto álgido y las víctimas mortales se contaban por decenas.

 

 

No existe constancia documental de un seguimiento en tiempo real ni de avisos previos durante la jornada.

 

 

La contradicción entre el relato de Feijóo y el de Mazón es, en este punto, insalvable.

 

 

Mientras Feijóo insiste en que fue informado puntualmente, Mazón sostiene que el conocimiento de la gravedad de la situación se produjo a última hora, cuando ya era imposible revertir el desenlace.

 

 

Esta divergencia no es un mero detalle técnico: pone en cuestión la transparencia institucional y la honestidad en la gestión de la información ante la opinión pública y la justicia.

 

 

La citación de Feijóo como testigo tiene un valor simbólico y político que trasciende la investigación judicial.

 

 

Por primera vez, el líder de la oposición se ve obligado a rendir cuentas ante una jueza por sus declaraciones públicas, en un contexto donde la mentira o la tergiversación pueden tener consecuencias penales bajo el delito de falso testimonio.

 

 

El Partido Popular, consciente de la gravedad del asunto, ha comunicado que Feijóo colaborará con la justicia y entregará todos los mensajes que tenga en su poder, aunque insisten en que aún no ha recibido notificación oficial y que se ha enterado de la citación por los medios.

 

 

La estrategia política del PP, que hace un año giraba en torno a la defensa cerrada de Mazón y la atribución de responsabilidades al gobierno central, se ha visto forzada a adaptarse a la lógica judicial, mucho más exigente y menos permisiva con las medias verdades y las ambigüedades.

 

 

La judicialización del caso ha puesto en evidencia las contradicciones entre la versión política y la realidad de los hechos, obligando a los protagonistas a ajustar sus discursos y a preparar testimonios que puedan resistir el escrutinio de la magistrada.

 

 

La instrucción judicial, lejos de limitarse a la reconstrucción cronológica de los hechos, busca determinar quién tomó las decisiones, quién dio las órdenes y quién, en última instancia, asumió la responsabilidad de la gestión de la emergencia.

 

 

La jueza ha centrado el foco en Carlos Mazón y en su jefe de gabinete, cuya actitud proactiva y, en ocasiones, chulesca ante la comisión de investigación ha levantado sospechas sobre el verdadero reparto de funciones en la Generalitat durante la tragedia.

 

 

El jefe de gabinete, según testimonios y documentos, habría asumido el mando operativo, delegando en sí mismo las comunicaciones y las decisiones clave, mientras Mazón se desentendía o permanecía al margen.

 

 

La telaraña de contradicciones y versiones cambiantes ha dificultado la labor de la jueza, que actúa como una hormiguita, recabando pruebas, testimonios y registros que permitan cerrar la instrucción de forma sólida y solvente.

 

 

La prudencia y el rigor con que está abordando el caso son reconocidos incluso por los analistas más críticos, que ven en su trabajo un ejemplo de independencia judicial y de compromiso con la verdad.

 

 

Para Feijóo, el reto es doble. Por un lado, debe responder ante la justicia por la veracidad de sus declaraciones, sabiendo que un falso testimonio puede acarrear consecuencias penales.

 

 

Por otro, se enfrenta al juicio de la opinión pública, que observa con creciente escepticismo la gestión de la tragedia y la capacidad de los líderes políticos para asumir responsabilidades.

 

 

La sombra de la Dana persigue al Partido Popular y amenaza con erosionar la imagen de Feijóo, que hasta ahora había conseguido mantenerse al margen de los escándalos más graves de la legislatura.

 

 

La comparecencia de Feijóo, más allá de la anécdota judicial, pone de manifiesto la crisis de credibilidad que atraviesa la política española.

 

 

La tendencia a adornar los hechos, a construir relatos defensivos y a priorizar la protección de los propios por encima de la transparencia y la rendición de cuentas ha generado una brecha de desconfianza entre los ciudadanos y sus representantes.

 

 

La Dana, en este sentido, no es solo una tragedia meteorológica, sino un espejo de las carencias institucionales y de la necesidad de regeneración democrática.

 

 

La estrategia socialista, por su parte, ha sido la de trasladar respeto al proceso judicial pero también de señalar la contradicción en las palabras de Feijóo y Mazón, acusando al PP de intentar tapar el asunto con cortinas de humo mediáticas, como el presunto bulo del robo de votos en Extremadura.

 

 

El PSOE espera con expectación las explicaciones de Feijóo, consciente de que cualquier fisura en su testimonio puede convertirse en munición política en la batalla parlamentaria.

 

 

La instrucción judicial sigue abierta y la jueza avanza en la reconstrucción de los hechos, atando cabos y perfeccionando el relato para evitar que se desmorone en instancias superiores.

 

 

El careo entre los principales protagonistas, el análisis de los registros de llamadas y la revisión de los mensajes privados forman parte de una investigación que aspira a esclarecer no solo la cronología de la tragedia, sino el grado de responsabilidad de cada uno de los actores implicados.

 

 

 

La cuestión de fondo, más allá de la gestión concreta de la Dana, es la capacidad del sistema político y judicial para exigir responsabilidades y para garantizar que la verdad prevalezca sobre la conveniencia partidista.

 

 

La comparecencia de Feijóo, en este sentido, es una prueba de fuego para la calidad democrática y para la fortaleza de las instituciones.

 

 

La ciudadanía, golpeada por la tragedia y por la sensación de abandono, espera respuestas claras, no relatos adornados ni excusas defensivas.

 

 

El testimonio de Feijóo, si se ajusta a la verdad y contribuye a esclarecer los hechos, puede convertirse en un punto de inflexión en la gestión de las emergencias y en la cultura política española.

 

 

Si, por el contrario, se limita a reproducir la estrategia de defensa y a proteger a los propios, el caso de la Dana quedará como un ejemplo más de la incapacidad de la clase política para asumir responsabilidades y para rendir cuentas ante la sociedad.

 

 

La cita del 9 de enero es, por tanto, mucho más que una declaración judicial.

 

 

Es el momento en que la verdad, la justicia y la política se encuentran en un cruce de caminos, y donde la credibilidad de los líderes y la confianza en las instituciones están en juego.

 

 

La Dana de Valencia seguirá siendo, durante mucho tiempo, un símbolo de lo que ocurre cuando la gestión pública fracasa y la transparencia se convierte en una moneda de cambio.

 

 

 

El desafío para Feijóo y para el sistema político español es aprender de la tragedia, asumir los errores y construir un modelo de gestión y de rendición de cuentas que esté a la altura de las expectativas ciudadanas.

 

 

Solo así será posible recuperar la confianza y evitar que episodios como el de la Dana se repitan en el futuro, dejando tras de sí no solo víctimas mortales, sino también una profunda herida en la democracia.