Ayuso deja de pagar el alquiler a los desalojados por las interminables obras de la línea 7B de Metro: “Basta de maltrato”

La Plataforma de Afectados denuncia que esta acción “deja en la estacada a trece familias que no disponen de vivienda tras la demolición de sus hogares”

Familias afectadas por la línea 7B de Metro de San Fernando de Henares. EP

Trece familias fueron desalojadas en San Fernando de Henares (Madrid) en abril de 2022 por las interminables obras en la línea 7B de Metro que arrancaron hace más de 15 años.

Aunque la línea se reabrió en noviembre de 2025, el Gobierno de Ayuso anunció que los trabajos se prolongarían hasta el primer trimestre de 2026. Mientras, los afectados siguen denunciando las condiciones que han tenido que afrontar y aún sufren.

Este miércoles, trece familias han denunciado que la Comunidad de Madrid les ha dejado de pagar el alquiler este mes, así como que, “tras tres años y ocho meses”, todavía no han recibido ninguna indemnización.

La Plataforma 7B Afectados por Metro denuncia que esta acción implica “dejar en la estacada a trece familias que no disponen de vivienda tras la demolición de sus hogares”, que “ahora tendrán que hacerse cargo de unos alquileres prohibitivos tal y como está en el mercado de vivienda en nuestra región ante la falta de soluciones reales para hacerlo accesible a colectivos vulnerables como el nuestro y, en definitiva, a la mayoría social de Madrid”.

Los afectados recuerdan que aún hay familias que continúan “pagando los costes hipotecarios de una vivienda que no existe” al haber sido destrozada por los daños de los trabajos de la ampliación de la línea de Metro y que algunos vecinos “se enfrentan a diversos gastos que siguen erosionando injustamente su economía, como el pago de impuestos relativos al mantenimiento de los solares donde estaban las viviendas demolidas, actualmente propiedad de las personas afectadas”.

“Esta decisión implica que las familias afectadas tendrán que mantener o reubicarse de sus viviendas de alquiler actuales a otras opciones por sus propios medios económicos, lo que supone un perjuicio aún mayor para un colectivo castigado por la desidia e irresponsabilidad del Gobierno de la Comunidad de Madrid”, han explicado.

Por ello, desde la Plataforma exigen al Ejecutivo de Ayuso “que se mantenga el sustento básico destinado a los alquileres hasta que todas las personas afectadas hayan recibido su indemnización y se proceda al cierre definitivo de los Expedientes de Responsabilidad Patrimonial”.

En este sentido, los afectados subrayan que la Comunidad de Madrid “tiene a su disposición una amplia gama de herramientas administrativas y legales para desarrollar un marco que ponga verdaderamente en el centro a las familias afectadas y sus necesidades”.

“No es aceptable ni razonable que, tras cinco años de experiencia acumulada desalojando y derribando viviendas en nuestro municipio, a principios del año 2026 se sigan realizando iniciativas que vulneran derechos como el del acceso a una vivienda digna”, se han quejado estas trece familias.

Frente a esta situación, la Plataforma de Afectados vuelve a “iniciar las movilizaciones” y hacen un “llamamiento a todos los colectivos sociales” para que se sumen a la convocatoria: “Por la dignidad, la justicia y la reparación de todos los afectados”, claman.

El propio colectivo, a través de su perfil de X -anterior Twitter- ha compartido el comunicado con la siguiente reivindicación: “Ni casa, ni ayudas, ni indemnización.

¡Vergüenza! Exigimos justicia y dignidad. ¡Basta ya de maltrato y sadismo institucional!”.

Mientras, desde la Comunidad de Madrid aseguran que la información difundida es “rotundamente falsa” y que “todas” las solicitudes de gastos de alquiler que cumplen los requisitos establecidos “han sido abonados o serán abonados en los próximos días”: “Los expedientes que han completado correctamente el procedimiento administrativo se encuentran en fase de pago, previéndose su abono en los próximos días conforme a los plazos habituales”, han asegurado desde la Consejería de Transportes.

Según los datos facilitados, a día de hoy se han abonado 84 indemnizaciones, con una inversión total de 12 millones de euros por parte del Ejecutivo autonómico: “El Gobierno regional mantiene su compromiso con la atención a las personas afectadas, la agilización de los procedimientos y la resolución de los expedientes pendientes”.