Alán Barroso explica los detalles de la denuncia del juez Peinado contra él: “Lo ha dicho hasta el Supremo”.

 

 

 

 

Peinado le reclama 40.000 euros y unas disculpas públicas por la publicación de un vídeo en el que criticaba sus decisiones.

 

 

 

 

 

 

 

El juez Peinado continúa su particular cacería contra periodistas y colaboradores.

 

 

En este caso le ha llegado el turno a Alán Barroso, al que el magistrado reclama 40.000 euros y la publicación de un vídeo en su canal de YouTube pidiendo disculpas.

 

 

El motivo no es otro que un vídeo inicial en el que el politólogo criticando los movimientos del magistrado. Este miércoles, desde Malas Lenguas, el catalán daba más detalles sobre las exigencias de Peinado.

 

 

Barroso le explicaba a Jesús Cintora que “todavía no es una denuncia” sino “un requerimiento judicial que precede a una denuncia en el caso de que no retire un vídeo de YouTube”.

 

 

“Lo que le ha enfadado es que haya dado mi opinión sobre lo que está haciendo.

 

 

Es una opinión que seguramente no le ha gustado y si no lo borro me pide 40.000 euros y, ojo, que grabe un vídeo para el mismo canal en el que prácticamente me flagele diciendo ‘el juez Peinado tiene la razón en todo lo que dice y es incriticable’. Espectacular”, proseguía explicando.

 

 

 

El presentador de TVE le preguntaba por qué su vídeo ha enfadado tanto al magistrado: “He dicho cosas tan graves como que creo que lo que está haciendo tiene motivación política, además de acompañar de unas cuantas lindezas cada cosa que hace”, relataba el politólogo, señalando que “no es una cosa que opine yo, lo opina hasta el Tribunal Supremo“.

 

 

 

“Cuando el Supremo le dice cosas como que no hay el más mínimo respaldo indiciario para intentar imputar a Bolaños yo entiendo que si lo dice el Supremo lo puede decir una persona en una habitación en su casa como estoy yo en un vídeo de YouTube”, continuaba.

 

 

 

Tal y como él mismo contaba, la abogada encargada de llevar la denuncia es Guadalupe Sánchez: “Me llamó la atención, es el primer requerimiento que me llega.

 

 

Me llegó otro de la misma abogada pero del novio de Ayuso. Se ve que comparten abogado los grandes de España porque es la misma abogada también de Juan Carlos I. Es espectacular cómo se juntan”.

 

 

 

 

 

 

“¿Crees que el juez Peinado está intentando meter miedo?”, preguntaba entonces Cintora en plató, recordando otras querellas de Peinado a rostros televisivos como Antón Losada o Ernesto Ekaizer.

 

 

“Sería una conclusión absolutamente devastadora, que alguien del Poder Judicial pensara que puede ser intimidante con las personas que opinan libremente sobre la conducta de un juez.

 

 

Eso es una contradicción con los propios principios democráticos y constitucionales.

 

 

Creo que el poder judicial, como todos los del Estado, puede ser objeto de crítica.

 

 

Todos los ciudadanos tenemos el derecho a criticar algo de la Justicia cuando no nos gusta o no estamos de acuero. ¿Pero en qué país vivimos?“, contestaba Javier Aroca.

 

 

Antes de despedir a Barroso, que intervenía por videollamada, le preguntaba si va a borrar el vídeo.

 

 

El politólogo tiene muy clara su negativa y advertía de lo que podría suponer: “Solo faltaría.

 

 

Te asusta que te digan que igual vas a tener que pagar 40.000 euros, pero no solo no lo borro por mí, que por supuesto no me apetece flagelarme y decirle que tiene la razón en todo, sino porque qué precedente más horrible estaríamos marcando.

 

 

 

Tú das tu opinión libremente en un canal absolutamente libre y tener que borrarlo porque una persona dice que no puedes opinar sobre ella.

 

 

 

Y no una persona cualquiera, es un cargo público, alguien que está sujeto a las críticas de cualquier opinador, periodista, politólogo, etc. Imaginad que precedente más grave estaríamos sentado.

 

 

 

De ninguna manera lo voy a borrar y, de hecho, he hecho un vídeo denunciando esto. Quiero que cuánta más gente se entere de lo que está ocurriendo, mejor”.

 

 

 

“Si doy mi opinión criticando al poder Ejecutivo y Legislativo por qué no puedo criticar ya no al Judicial, a un tipo muy concreto que incluso dentro del Poder Judicial está siendo bastante criticado.

 

 

Es que el Supremo le dice que no da una, la Audiencia Provincial de Madrid le tumba la mitad de las cosas. ¿Se lo pueden decir sus compañeros y no yo?“, concluía.

 

 

 

El caso pone en evidencia el delicado equilibrio entre la protección del honor de los cargos públicos y el derecho a la crítica en democracia.

 

 

La jurisprudencia española y europea reconoce que los jueces, como cualquier otra autoridad, están sujetos al escrutinio público y que la libertad de expresión prevalece, salvo en casos de injuria o calumnia.

 

 

Sin embargo, la judicialización de la crítica política y mediática es una tendencia preocupante que puede acabar restringiendo el debate público y generando un clima de miedo entre periodistas, analistas y ciudadanos.

 

 

 

La reacción de Barroso, lejos de amedrentarse, ha sido la de redoblar su apuesta por la transparencia y la denuncia pública, utilizando su canal para informar y movilizar a la opinión pública.

 

 

La cuestión de fondo es si el poder judicial debe blindarse frente a la crítica o aceptar que, en una sociedad democrática, sus decisiones y motivaciones pueden ser objeto de debate y opinión, incluso cuando esta es dura o incómoda.

 

 

 

El desenlace del caso será relevante no solo para Barroso, sino para todos los que defienden la libertad de expresión y el derecho a la crítica en España.

 

 

Si prospera la demanda de Peinado y se obliga a retirar el vídeo y pagar la indemnización, se abriría la puerta a una cascada de acciones similares contra otros periodistas y creadores de contenido, con el consiguiente efecto disuasorio sobre el debate público.

 

 

 

Por el contrario, si la justicia reconoce el derecho de Barroso a opinar libremente sobre la actuación de un juez, se reforzará el principio de que ningún poder está por encima de la crítica y que la transparencia y el escrutinio son esenciales para la salud democrática.

 

 

 

En definitiva, el pulso entre el juez Peinado y Alán Barroso es mucho más que una disputa personal: es un test sobre los límites de la crítica pública, la fortaleza de la libertad de expresión y el papel de los jueces en una sociedad abierta y plural.

 

 

 

El desenlace marcará el futuro de la relación entre poder judicial y ciudadanía, y definirá hasta dónde puede llegar la opinión libre en la España del siglo XXI.