Villaroya DESTROZA en directo el relato del PP sobre Venezuela.

 

 

 

 

 

Mientras una parte del ecosistema mediático español repite consignas como si fueran verdades inmutables, el debate real sobre Venezuela sigue quedando sepultado bajo capas de propaganda, ruido y simplificaciones interesadas.

 

Lo ocurrido en los últimos días no es solo una discusión sobre un país latinoamericano, sino un espejo incómodo que refleja cómo se construyen los relatos de poder, cómo se manipulan conceptos como democracia o libertad y cómo determinados actores políticos y mediáticos confunden deliberadamente los hechos con los deseos.

 

 

La escena televisiva que ha vuelto a circular en redes no es viral por casualidad.

 

En ella, voces enfrentadas discuten sobre Venezuela con una intensidad que va mucho más allá del país caribeño.

 

No se trata únicamente de Maduro, del chavismo o de la oposición, sino de petróleo, geopolítica, sanciones económicas, influencia china y el papel de Estados Unidos como árbitro autoproclamado del orden mundial.

 

Todo eso aparece cuando se rasca el barniz del discurso oficial.

 

 

Uno de los elementos más llamativos del debate es cómo se presenta la intervención exterior como sinónimo automático de avance democrático. Es una asociación cómoda, pero profundamente engañosa.

 

La historia reciente demuestra que los llamados “cambios de régimen” impulsados desde fuera rara vez tienen como prioridad la democracia real.

 

 

Irak, Libia o Afganistán no son anomalías, son precedentes. Y Venezuela, con sus enormes reservas de petróleo, gas, minerales estratégicos y tierras raras en la cuenca del Orinoco, encaja perfectamente en ese patrón de interés.

 

 

Cuando se analiza con calma, aparecen tres ejes claros que explican la presión sobre Venezuela.

 

El primero es económico. No solo el petróleo, sino el control de recursos clave para la transición tecnológica global.

 

Durante años, empresas chinas han aumentado su presencia en América Latina, incluida Venezuela, consolidando lo que Pekín denomina su “ruta de la seda” en la región.

 

Para Washington, eso no es un detalle menor, sino una amenaza directa a su hegemonía histórica en lo que siempre ha considerado su patio trasero.

 

 

El segundo eje es geopolítico. Estados Unidos no oculta su intención de frenar la expansión china en el continente americano.

 

Venezuela se convierte así en un mensaje para otros países de la región: alinearse con Pekín tiene un coste.

 

No hace falta bombardear para disciplinar, a veces basta con sancionar, aislar financieramente y asfixiar económicamente hasta provocar una crisis interna que luego se presenta como prueba del fracaso del modelo.

 

 

El tercer eje es el control político del espacio latinoamericano. Más allá de discursos sobre derechos humanos, lo que está en juego es quién marca las reglas.

 

En ese contexto, hablar de democracia sin mencionar sanciones, bloqueos y embargos es contar solo la mitad de la historia.

 

 

Uno de los grandes engaños del relato dominante es la confusión deliberada entre sanciones y democracia.

 

Las sanciones económicas no son neutras. Afectan directamente a la capacidad de un Estado para importar alimentos, medicinas, repuestos industriales o tecnología básica.

 

Organismos internacionales y expertos independientes han reconocido que estas medidas tienen un impacto directo sobre la población civil.

 

Sin embargo, en muchos debates se presentan como si fueran un castigo quirúrgico dirigido exclusivamente a las élites políticas.

 

 

La realidad es más cruda. Cuando se limita la capacidad de un país para comerciar libremente, se deteriora su economía y se empobrece a su población.

 

Después, ese empobrecimiento se utiliza como prueba de que el sistema político es un fracaso. Es un círculo perverso que se repite una y otra vez.

 

En el caso venezolano, además, hay una manipulación histórica evidente.

 

Se suele afirmar que el país se hundió exclusivamente por las políticas de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, ignorando que Venezuela arrastraba graves problemas estructurales mucho antes de la llegada del chavismo.

 

Datos de organismos como Naciones Unidas muestran que, antes de Chávez, el país registraba altos índices de pobreza, analfabetismo y mortalidad infantil, a pesar de ser una potencia petrolera.

 

 

Durante los primeros años del chavismo, el aumento del precio del petróleo permitió financiar políticas sociales que redujeron el analfabetismo, ampliaron el acceso a la sanidad y mejoraron indicadores sociales básicos.

 

Ese proceso no fue perfecto ni exento de errores, pero negar esos avances es falsear la realidad.

 

El deterioro posterior, especialmente durante el mandato de Maduro, tiene múltiples causas: mala gestión, corrupción, dependencia excesiva del crudo y, de forma determinante, el endurecimiento de las sanciones internacionales.

 

 

Otro punto recurrente del debate es el uso del término “bloqueo”. Algunos lo rechazan y prefieren hablar de “embargo” o “sanciones”.

 

Más allá de la etiqueta, el efecto práctico es el mismo: restricciones severas que limitan la capacidad económica del país.

 

La discusión semántica sirve muchas veces para desviar la atención del impacto real sobre la población.

 

 

Resulta significativo que quienes justifican estas medidas desde la distancia rara vez se planteen un ejercicio de empatía básica.

 

¿Qué ocurriría si la principal fuente de ingresos de España, el turismo, fuera bloqueada de forma abrupta? ¿Cómo resistiría la economía española si no pudiera acceder a mercados financieros internacionales o importar determinados productos clave? El colapso sería inmediato. Sin embargo, cuando eso le ocurre a otros países, se presenta como un daño colateral aceptable.

 

 

En los debates televisivos, también se repite la idea de que el chavismo ya no tiene apoyo popular.

 

Sin embargo, incluso analistas críticos reconocen que sigue existiendo una base social relevante, especialmente en sectores populares que se beneficiaron de políticas redistributivas en el pasado.

 

Las movilizaciones recientes, más allá de su magnitud exacta, desmienten la idea de un rechazo unánime y absoluto.

 

Esto no significa idealizar al gobierno venezolano ni negar sus derivas autoritarias.

 

Significa entender que la realidad es compleja y que los procesos políticos no se resuelven con consignas.

 

La democracia no se impone desde fuera sin consecuencias. Y cuando se intenta, el resultado suele ser más inestabilidad, no más libertad.

 

 

En España, el caso venezolano se ha convertido en una herramienta arrojadiza.

 

Determinados sectores políticos utilizan Venezuela como un comodín para desacreditar a adversarios internos, sin un interés real por el bienestar del pueblo venezolano.

 

Se invoca la libertad mientras se aplauden sanciones que generan escasez. Se habla de derechos humanos mientras se justifican vulneraciones del derecho internacional.

 

 

Esa contradicción es la que algunos analistas ponen sobre la mesa y que incomoda tanto.

 

Porque obliga a hacerse preguntas incómodas: ¿defendemos la democracia como principio universal o solo cuando conviene a nuestros intereses? ¿Creemos en el derecho internacional o lo consideramos una formalidad prescindible cuando actúan nuestros aliados?

 

 

La discusión sobre Venezuela también revela algo más profundo: la fragilidad del orden internacional actual.

 

Cuando una potencia actúa al margen de las normas y otros países miran hacia otro lado, se envía un mensaje peligroso.

 

Hoy es Venezuela. Mañana puede ser cualquier otro territorio estratégico.

 

La mención recurrente de Groenlandia en análisis geopolíticos no es una exageración, sino un recordatorio de que los intereses económicos y militares no conocen fronteras morales.

 

 

Al final, lo que queda claro es que la historia no se escribe con eslóganes.

 

Se escribe con hechos, con contexto y con memoria. Simplificar Venezuela a un relato de buenos y malos puede ser rentable en términos mediáticos, pero es inútil para comprender lo que realmente ocurre y aún más inútil para ayudar a quienes viven allí.

 

 

El debate serio exige reconocer errores internos del chavismo, pero también asumir la responsabilidad externa en el colapso económico. Exige hablar de corrupción, pero también de sanciones.

 

Exige criticar autoritarismos, pero también rechazar intervenciones que violan la soberanía de los países.

 

 

Venezuela no es solo un país en crisis. Es el reflejo de un sistema internacional que funciona en función de intereses y no de principios.

 

Y mientras algunos repiten argumentarios como loros bien adiestrados, otros recuerdan que la democracia no se mide por la obediencia a una potencia extranjera, sino por la capacidad de un pueblo para decidir su propio destino sin coerciones externas.

 

 

Quizá por eso este debate molesta tanto. Porque obliga a mirar más allá del relato cómodo y aceptar que, cuando se rasca el discurso de la libertad, aparecen siempre los mismos ingredientes: recursos estratégicos, control geopolítico y sumisión.

 

Recordarlo no es propaganda, es una invitación a pensar. Y pensar, en estos tiempos, sigue siendo el acto más incómodo y necesario.