COMPARECE de URGENCIA un DOMINGO💥POR GRAVE ESCÁNDALO DE ÓSCAR PUENTE SOBRE ADAMUZ QUE LE HARÁ CAER

 

España amaneció esta semana con una sensación difícil de describir. No era solo tristeza. No era únicamente rabia. Era algo más profundo, más incómodo: la certeza de que algo se ha roto. No solo una vía de tren, no solo un carril de acero, sino la confianza de todo un país en un sistema que debía protegerlo.

 

Cuarenta y seis personas murieron. Más de un centenar resultaron heridas. Familias enteras quedaron partidas en dos en cuestión de segundos.

 

Y mientras los funerales se sucedían, mientras los hospitales seguían atendiendo a los heridos, mientras los nombres de las víctimas empezaban a ocupar titulares y silencios, otra cosa comenzó a emerger: la sospecha de que no fue solo un accidente. De que quizá no fue mala suerte. De que, tal vez, alguien falló… y luego mintió.

 

La comparecencia del Partido Popular no fue una rueda de prensa más. Fue el reflejo de una grieta política, institucional y moral que se ha ido ensanchando con el paso de los días.

 

Una semana negra, como ellos mismos la definieron, marcada por los accidentes ferroviarios de Córdoba y Yélida, en Barcelona, pero también por una gestión gubernamental que, según denuncian, ha estado presidida por la opacidad, las medias verdades y, finalmente, la mentira.

 

Durante días, el ministro de Transportes, Óscar Puente, repitió un mensaje con insistencia casi mecánica: la línea Madrid-Andalucía había sido completamente renovada.

 

Una inversión de 700 millones de euros. Seguridad garantizada. Infraestructura modernizada. Un discurso pensado para tranquilizar a una ciudadanía conmocionada.

 

Un discurso que hoy, a la luz de nuevas informaciones publicadas por medios como El Mundo, se tambalea peligrosamente.

 

Porque lo que se ha conocido ahora cambia el relato. El tramo de vía que se rompió antes del paso del tren Iryo, provocando su descarrilamiento, no estaba formado exclusivamente por materiales nuevos.

 

Según la información revelada, en ese punto concreto se ensamblaron raíles nuevos con otros antiguos, algunos datados en 1989.

 

Una renovación parcial. Una unión crítica. Un detalle técnico que, lejos de ser menor, podría estar en el origen mismo de la tragedia.

 

Y ahí es donde estalla la tormenta política.

 

Desde el Partido Popular acusan directamente al ministro de haber mentido durante toda una semana. No de haberse equivocado.

 

No de haber sido impreciso. De haber ocultado una información esencial a las familias de las víctimas y al conjunto del país.

 

De haber construido un relato falso mientras todavía se estaban realizando labores de rescate y reconocimiento de fallecidos.

 

“Hoy sabemos que Óscar Puente mintió”, afirmaron con contundencia. Y no es una acusación lanzada al aire. Es el eje de una exigencia clara: la dimisión inmediata del ministro de Transportes.

 

La gravedad de lo ocurrido no reside solo en la posible negligencia técnica, que deberá ser investigada hasta el último detalle.

 

Reside en algo aún más delicado: la gestión de la verdad en medio de una tragedia. Porque cuando un gobierno comunica, no lo hace solo para informar; lo hace para cuidar, para acompañar, para respetar el dolor de quienes han perdido a alguien. Y cuando esa comunicación se basa en datos incompletos o directamente falsos, el daño se multiplica.

 

 

Durante los primeros días tras el accidente, las versiones oficiales fueron cambiando. Primero se habló de un suceso extraño, casi fruto del azar. Luego se deslizó la idea de una fisura en el raíl como una posibilidad más.

 

Después se apuntó a que este tipo de problemas son recurrentes en toda Europa. Más tarde, se insinuó un posible defecto del acero, de la soldadura o incluso del fabricante del material.

 

Todo, según denuncian desde la oposición, menos asumir que la vía no estaba completamente renovada y que el mantenimiento dependía directamente del ministerio que dirige Óscar Puente.

 

Esa sucesión de versiones ha erosionado aún más la credibilidad del Gobierno. Porque no se trata solo de explicar qué pasó, sino de hacerlo con coherencia, con transparencia y sin despreciar las primeras informaciones de los medios que, desde el inicio, apuntaban a la rotura de la vía como posible causa del accidente.

 

La comparecencia del portavoz popular fue también un retrato demoledor de lo que consideran una forma de gobernar. Recordaron que el Ministerio de Transportes ha sido, en los últimos años, uno de los epicentros de la corrupción política.

 

Un departamento marcado por escándalos, imputaciones, comisiones en obras públicas, auditorías falsas y cargos investigados.

 

Tras la etapa de José Luis Ábalos, hoy en prisión por presuntos delitos relacionados con su gestión, Pedro Sánchez nombró a Óscar Puente, a quien desde el PP describen como un “sanchista de pata negra” más preocupado por su presencia en redes sociales que por la gestión rigurosa de una infraestructura crítica para el país.

 

Las consecuencias, dicen, están a la vista. Trenes que no llegan. Retrasos constantes. Averías repetidas. Incidencias normalizadas.

 

Y ahora, una tragedia con 46 muertos que ha terminado por colapsar también el servicio de Rodalies en Cataluña, donde otro accidente se cobró una vida más.

 

En este contexto, las palabras pasadas del ministro resuenan hoy con una crudeza casi insoportable.

 

Aquellas declaraciones en las que presumía de que el tren en España vivía el mejor momento de su historia.

 

Aquellas promesas de trenes circulando a 350 kilómetros por hora. Aquella frase que invitaba a “acostumbrarse a las incidencias”.

 

Hoy, esas frases pesan. Pesan sobre las familias que han perdido a alguien. Pesan sobre los miles de usuarios que cada día se suben a un tren con la expectativa básica de llegar vivos a su destino. Pesan sobre un país que empieza a preguntarse si la seguridad ha quedado relegada por la propaganda.

 

El Partido Popular insiste en que ha respetado los días de luto oficial. Pero advierte: el luto no puede convertirse en la coartada perfecta para la opacidad.

 

Mientras se guardaba silencio institucional, afirman, el ministro seguía ofreciendo versiones incompletas a los medios. Y eso, sostienen, marca un antes y un después.

 

Pedro Sánchez, por su parte, ha respaldado públicamente a Óscar Puente, agradeciéndole su gestión y asegurando que ha dado la cara desde el primer momento.

 

Un respaldo que la oposición considera una falta de sensibilidad hacia las víctimas y una estrategia para ganar tiempo, diluir responsabilidades y confiar en que el paso de los días traiga el olvido.

 

Pero hay tragedias que no se olvidan. Y hay preguntas que no desaparecen.

 

¿Por qué se habló de renovación completa cuando no lo fue?
¿Por qué se ocultó la existencia de raíles antiguos en un tramo crítico?
¿Quién tomó la decisión de unir materiales de 1989 con otros nuevos?
¿Se revisaron adecuadamente esas uniones?
¿Se priorizó el ahorro o la rapidez frente a la seguridad?

Cada una de esas preguntas necesita respuesta. No es una cuestión partidista. Es una cuestión de respeto. De justicia. De responsabilidad pública.

 

La comparación con el gran apagón eléctrico del año pasado, del que todavía no se conocen oficialmente las causas, añade un elemento más de inquietud. La sensación de que en España se suceden los fallos graves sin que nadie asuma consecuencias reales. De que las tragedias se gestionan con discursos, pero no con dimisiones.

 

Por eso el PP anuncia que obligará al presidente del Gobierno a comparecer en el Congreso o en el Senado. Que fiscalizará cada detalle. Que llegará hasta el final. No solo para depurar responsabilidades políticas, sino para garantizar que algo así no vuelva a ocurrir.

 

Porque detrás de las cifras hay nombres. Hay historias truncadas. Hay hijos que no volverán a ver a sus padres. Hay padres que enterrarán a sus hijos. Hay proyectos de vida que se quedaron en un andén.

 

La continuidad de Óscar Puente en el cargo, afirman, agrava el dolor de las familias. Les obliga a ver el rostro de quien, según esta versión, les mintió en los días más duros de su vida. Les enfrenta a la idea de que nadie paga el precio político de los errores.

 

España no merece un gobierno que mienta. Esa frase, repetida una y otra vez, resume el espíritu de esta crisis. No se trata solo de infraestructura ferroviaria. Se trata de confianza. De verdad. De la obligación moral de decir lo que pasó, aunque sea incómodo.

 

Las víctimas lo merecen. Los profesionales del sector ferroviario lo merecen. Los usuarios lo merecen. Y el conjunto de la sociedad también.

 

Ahora, la pelota está en el tejado del Gobierno. Cada día que pasa sin una explicación clara, sin asumir responsabilidades, sin un gesto contundente, alimenta la sensación de que esta tragedia corre el riesgo de convertirse en otra página más que se intenta pasar sin leerla hasta el final.

 

Pero hay páginas que no se pueden arrancar.

Y esta, pase lo que pase, ya forma parte de la memoria colectiva de España.