¡QUÉ VERGÜENZA!💥Sánchez Llama R4C1STA a ABASCAL y recibe una LECCIÓN de AMOR a ESPAÑA.

 

 

El hemiciclo del Congreso volvió a convertirse en escenario de una de esas sesiones que marcan época, no tanto por lo que se legisla, sino por el clima que dejan al descubierto.

 

La intervención de Santiago Abascal, cargada de expresiones extremas, datos seleccionados y un tono abiertamente confrontativo, provocó una reacción inmediata tanto dentro como fuera de la Cámara.

 

 

Antes incluso de que el líder de Vox tomara la palabra, una diputada interpeló directamente a la bancada ultraderechista con una pregunta que resonó como un disparo: por qué tanto odio hacia los inmigrantes.

 

No fue una cuestión técnica ni parlamentaria, sino un reproche moral que sintetiza uno de los grandes debates de la España actual.

 

La escena reflejó con crudeza el choque de dos visiones opuestas del país.

 

De un lado, un discurso que presenta la inmigración como una “invasión”, una amenaza existencial ligada a la inseguridad, al colapso de los servicios públicos y a la pérdida de identidad nacional.

 

Del otro, una respuesta que denuncia la deshumanización sistemática de personas migrantes y advierte de cómo ese relato ha ido calando en formaciones tradicionales, arrastrando incluso al Partido Popular a posiciones cada vez más duras.

 

 

Durante su intervención, Abascal desplegó un argumentario conocido, pero llevado al extremo.

 

Acusó al Gobierno de Pedro Sánchez de ser el responsable directo del aumento de la inmigración irregular, citando cifras de llegadas por vía marítima y señalando especialmente a Canarias como epicentro de una “catástrofe”.

 

Según su relato, el incremento de personas migrantes no es fruto de factores geopolíticos, climáticos o económicos, sino de una supuesta llamada deliberada por parte del Ejecutivo y del conjunto del arco parlamentario, al que acusó de promover regularizaciones masivas.

 

 

El líder de Vox mezcló inmigración y fiscalidad en un mismo marco narrativo: la idea de que los españoles trabajan y pagan impuestos para sostener un sistema que, según él, prioriza a quienes llegan de manera irregular frente a la población autóctona.

 

Habló de salarios bajos, de jóvenes que emigran, de dificultades para acceder a la vivienda y de un sistema de ayudas sociales que, en su discurso, estaría desbordado por la llegada de extranjeros.

 

Todo ello acompañado de afirmaciones sobre delincuencia, inseguridad y un supuesto colapso de los servicios públicos.

 

Sin embargo, muchos de los datos y conclusiones expuestos chocan con los informes oficiales y los análisis de organismos independientes.

 

Las estadísticas del Ministerio del Interior y del Instituto Nacional de Estadística muestran una realidad más compleja, en la que el aumento de llegadas irregulares convive con una contribución significativa de la población migrante al mercado laboral, a la Seguridad Social y al sostenimiento del sistema de pensiones.

 

 

España, como otros países europeos, se enfrenta a un reto demográfico evidente, con una población envejecida y una natalidad en mínimos históricos, un contexto en el que la inmigración juega un papel clave.

 

A pesar de ello, el discurso de Abascal insistió en asociar inmigración con criminalidad, citando cifras parciales y casos concretos para reforzar una narrativa de miedo.

 

Estas afirmaciones fueron rápidamente cuestionadas por juristas, sociólogos y periodistas, que recordaron que la delincuencia no puede analizarse sin tener en cuenta variables como la exclusión social, la precariedad laboral o la falta de políticas de integración.

 

Los datos judiciales y policiales, además, no respaldan una relación directa y automática entre inmigración y aumento de delitos graves.

 

 

Uno de los momentos más tensos de la sesión llegó cuando se abordó la cuestión de los menores no acompañados.

 

Abascal habló de “secuestro sistemático” y cuestionó que España acoja a niños procedentes de otros países, especialmente de Marruecos.

 

Este planteamiento ignora deliberadamente el marco legal nacional e internacional que obliga a proteger a los menores, independientemente de su origen, y choca con las resoluciones de tribunales y organismos de derechos humanos que subrayan la primacía del interés superior del menor.

 

 

La respuesta desde la izquierda fue contundente. Se acusó a Vox de haber logrado algo que parecía impensable hace unos años: arrastrar el debate del Partido Popular hacia posiciones cada vez más radicales.

 

 

Las referencias a discursos recientes de dirigentes populares sobre deportaciones masivas o sobre el reparto de menores migrantes entre comunidades autónomas fueron utilizadas como prueba de esa influencia.

 

En este punto, la crítica no solo se dirigía a Vox, sino también a un PP que, según sus detractores, habría renunciado a un enfoque humanitario y pragmático por miedo a perder votos por su derecha.

 

 

El bloqueo de un acuerdo para la reubicación de menores migrantes desde Canarias a otras comunidades se convirtió en símbolo de esa deriva.

 

Mientras los gobiernos autonómicos canarios alertan desde hace meses de la saturación de los recursos de acogida, la falta de consenso estatal ha dejado a miles de niños en una situación de vulnerabilidad.

 

Para la oposición progresista, este bloqueo no es una cuestión técnica, sino la consecuencia directa de una batalla política en la que los más débiles pagan el precio.

 

 

Más allá del rifirrafe parlamentario, lo ocurrido pone de manifiesto una estrategia política clara. Vox ha convertido la inmigración en el eje central de su discurso, utilizándola como un cajón de sastre en el que caben la inseguridad, la crisis económica, el malestar social y la desconfianza hacia las instituciones.

 

 

Es una estrategia que ya se ha visto en otros países europeos y que, según numerosos analistas, busca movilizar a un electorado a través del miedo y la polarización.

 

 

El problema, advierten expertos en comunicación política, es que este tipo de discursos no se quedan en el Parlamento.

 

Se filtran en la conversación pública, en las redes sociales y en el día a día de barrios y pueblos.

 

Cuando se habla de “invasión” o se deshumaniza a colectivos enteros, se normaliza un lenguaje que puede tener consecuencias reales en forma de discriminación, violencia verbal e incluso agresiones físicas.

 

También en el ámbito económico, las afirmaciones lanzadas desde la tribuna fueron recibidas con escepticismo.

 

Economistas recuerdan que la presión fiscal en España, aunque ha aumentado en los últimos años, sigue situándose en la media europea y que el deterioro del poder adquisitivo tiene causas globales, como la inflación derivada de la pandemia y la guerra en Ucrania.

 

 

Vincular de forma directa la subida de precios o la crisis de la vivienda a la inmigración es, según estos expertos, una simplificación interesada.

 

 

El debate sobre fiscalidad, mezclado con acusaciones de corrupción y referencias a casos judiciales en curso, añadió aún más tensión a la sesión.

 

Abascal utilizó estos asuntos para construir un relato de “espolio” y “ruina”, en el que el Gobierno aparece como un enemigo de los ciudadanos.

 

Sin embargo, muchas de esas causas están aún bajo investigación y forman parte del habitual cruce de denuncias entre partidos en un clima de máxima confrontación.

 

Lo cierto es que la intervención dejó claro que la inmigración se ha consolidado como uno de los principales campos de batalla política en España.

 

No se trata solo de una cuestión de gestión de flujos o de recursos, sino de un debate profundamente ideológico sobre qué tipo de sociedad quiere ser el país.

 

Una sociedad cerrada, que levanta muros y busca culpables externos, o una sociedad que afronta los desafíos con políticas de integración, cooperación internacional y respeto a los derechos humanos.

 

Mientras tanto, en la calle, la realidad sigue su curso. Miles de personas migrantes trabajan en sectores clave como la agricultura, la hostelería, la construcción o los cuidados.

 

Contribuyen a la economía, pagan impuestos y forman parte del tejido social, aunque a menudo en condiciones precarias.

 

Invisibilizar esta realidad y reducirla a un problema de orden público es una de las grandes críticas que se hacen al discurso de Vox.

 

La sesión parlamentaria terminó entre aplausos y protestas, como tantas otras. Pero el eco de las palabras pronunciadas seguirá resonando durante mucho tiempo.

 

 

Porque más allá del ruido político, lo que está en juego es la convivencia, la cohesión social y la capacidad de la democracia española para resistir la tentación del miedo como herramienta electoral.

 

En un momento de incertidumbre global, con conflictos internacionales, crisis económicas y cambios demográficos profundos, el debate sobre inmigración exige rigor, datos y humanidad.

 

 

Convertirlo en un arma arrojadiza puede dar réditos a corto plazo, pero deja heridas difíciles de cerrar.

 

Y eso, como recordaron algunas voces en el hemiciclo, no es solo una derrota política, sino un fracaso colectivo.