Un exmagistrado del Supremo se pronuncia sobre la sentencia a García Ortiz: “Lo más parecido a un golpe”.

 

 

 

 

Lo condenan a dos años de inhabilitación y 7.200 euros de multa por revelación de secretos.

 

 

 

 

 

 

El jueves 20 de noviembre de 2024, el Tribunal Supremo español emitió una sentencia que ha dejado a la opinión pública y a la clase política en estado de conmoción.

 

 

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha sido condenado por revelación de secretos a dos años de inhabilitación, una multa de 7.200 euros y una indemnización de 10.000 euros a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.

 

 

Un fallo que, más allá de su impacto judicial, ha abierto una grieta institucional y ha provocado reacciones encontradas en todos los frentes.

 

 

La resolución, que aún no tiene forma legal definitiva y debe ser notificada en los próximos días, ignora las declaraciones de varios periodistas que, en el juicio, aseguraron que la filtración del correo electrónico no fue obra de García Ortiz.

 

 

Sin embargo, la Sala de lo Penal del Supremo ha decidido condenar al máximo responsable del Ministerio Público, una decisión que no ha sido unánime y que divide, de nuevo, a la judicatura y a la sociedad.

 

 

En este contexto, la intervención de José Antonio Martín Pallín, exmagistrado del Tribunal Supremo, en el programa ‘Mañaneros 360’ de RTVE, presentado por Javier Ruiz, ha añadido gasolina a un incendio que amenaza con extenderse más allá del ámbito judicial.

 

 

Martín Pallín no se ha andado con rodeos: “Lo más parecido a un golpe de Estado”, ha sentenciado, comparando el fallo con episodios de judicialización política en Latinoamérica, como los vividos por Lula da Silva, Dilma Rousseff, Fernando Lugo, Evo Morales o Rafael Correa.

 

 

La contundencia de Martín Pallín no es una mera exageración. Para el exmagistrado, la sentencia contra García Ortiz representa una anomalía institucional, una ruptura del equilibrio democrático que debería regir la relación entre poderes.

 

 

“Vamos a ver una preocupación grande. Pero quiero hacer algunas matizaciones… El fallo es lo más parecido a un golpe de Estado tipo Lula, Dilma Rousseff, Fernando Lugo, Evo Morales, Rafael Correa, en Latinoamérica”, afirmó en directo, dejando claro que la decisión del Supremo no es solo jurídica, sino también profundamente política.

 

 

Esta afirmación, lejos de ser una opinión aislada, resuena en el ambiente de polarización que vive España.

 

 

La condena al fiscal general se percibe como un síntoma de una justicia cada vez más politizada, donde los magistrados, según Martín Pallín, actúan como “activistas políticos” más que como garantes de la legalidad.

 

 

“No encuentro otra razón para justificar la sentencia”, añadió, sugiriendo que el tribunal ha priorizado la protección corporativa sobre el análisis jurídico riguroso.

 

 

La sentencia contra García Ortiz no ha sido unánime. De los siete magistrados que conforman la Sala, cinco han votado a favor de la condena, mientras que dos juezas progresistas, Susana Polo García y Ana María Ferrer García, han anunciado votos particulares en contra.

 

 

Este detalle no es menor: revela la existencia de una profunda división interna en el órgano judicial más alto del país, y pone sobre la mesa la dificultad de alcanzar consensos en asuntos de máxima sensibilidad política.

 

 

Susana Polo, que en un principio era la magistrada ponente del caso, ha cedido su cargo a Andrés Martínez Arrieta tras hacer pública su postura contraria a la condena.

 

 

Tanto Polo como Ferrer son conocidas por sus posiciones críticas en casos de gran repercusión mediática y política, como el proceso contra Alberto Rodríguez, los ERE en Andalucía o causas vinculadas a la amnistía.

 

 

Su oposición a la sentencia refuerza la idea de que, más allá de la letra de la ley, existen interpretaciones enfrentadas sobre el papel de la justicia en el contexto político actual.

 

 

El caso García Ortiz se inscribe en una tendencia preocupante: la judicialización de la política y la politización de la justicia.

 

 

La condena al fiscal general del Estado no solo afecta a su persona, sino que pone en cuestión la independencia del Ministerio Público y la capacidad del sistema judicial para actuar con imparcialidad.

 

 

La referencia de Martín Pallín a los “golpes de Estado judiciales” en Latinoamérica no es gratuita.

 

 

En países como Brasil, Paraguay, Bolivia o Ecuador, la destitución de líderes políticos mediante procesos judiciales ha sido una herramienta recurrente para desestabilizar gobiernos y alterar el equilibrio democrático.

 

 

¿Está España recorriendo el mismo camino? ¿Es la sentencia contra García Ortiz el inicio de una deriva institucional que amenaza la separación de poderes?

 

Estas preguntas no tienen respuestas sencillas. Lo cierto es que la decisión del Supremo ha generado inquietud en sectores progresistas, que ven en ella un intento de neutralizar la acción del Gobierno y de condicionar la agenda política.

 

 

Para otros, sin embargo, la condena es una muestra de que nadie está por encima de la ley, y de que la justicia debe actuar con firmeza ante cualquier irregularidad, incluso si afecta a los más altos cargos del Estado.

 

 

La sentencia, una vez notificada oficialmente, abre un complejo escenario jurídico para García Ortiz.

 

 

El fiscal general podrá presentar un incidente de nulidad ante el propio Supremo, una vía que rara vez prospera pero que resulta imprescindible antes de acudir al Tribunal Constitucional.

 

 

En ese caso, podría solicitar la suspensión cautelar de la condena mientras se resuelve el recurso de amparo, aunque este último no tiene carácter suspensivo y García Ortiz debería cumplir la condena salvo que los tribunales concedan medidas cautelares.

 

 

Este laberinto procesal añade incertidumbre a la situación del Ministerio Público, que queda en una posición de debilidad institucional en pleno debate sobre la reforma de la justicia y la independencia de los órganos judiciales.

 

 

La posibilidad de que la condena sea finalmente anulada por el Constitucional es real, pero el daño a la imagen de la fiscalía y al prestigio del sistema judicial ya está hecho.

 

 

La sentencia contra García Ortiz ha provocado una cascada de reacciones en todos los ámbitos.

 

 

Los partidos de la oposición han celebrado el fallo como una victoria de la legalidad y la transparencia, mientras que el Gobierno y sus aliados han denunciado una operación política para desestabilizar al Ejecutivo y condicionar la acción del Ministerio Público.

 

 

En la calle, el debate es intenso. Muchos ciudadanos ven en la condena una confirmación de sus sospechas sobre la politización de la justicia, mientras que otros la interpretan como una señal de que las instituciones funcionan y de que nadie está por encima de la ley.

 

 

Las redes sociales, como era de esperar, se han convertido en un campo de batalla donde las posiciones se radicalizan y la polarización se acentúa.

 

 

El papel de los medios de comunicación es clave en este contexto. Programas como ‘Mañaneros 360’ de RTVE han contribuido a dar voz a las distintas sensibilidades, permitiendo que figuras como Martín Pallín expongan sus argumentos y que el debate alcance a una audiencia amplia y diversa.

 

 

La intervención del exmagistrado ha sido especialmente relevante por su capacidad para conectar el caso español con experiencias internacionales, y por su llamado a la reflexión sobre el futuro de la democracia en España.

 

 

La condena al fiscal general del Estado es solo el último episodio de una serie de conflictos que han puesto en cuestión la legitimidad de las instituciones españolas.

 

 

La renovación del Consejo General del Poder Judicial, el enfrentamiento entre Gobierno y oposición, y la proliferación de causas judiciales con alto contenido político han generado una sensación de inestabilidad y de desconfianza en el sistema.

 

 

El pronunciamiento de Martín Pallín debe entenderse en este contexto. Para el exmagistrado, la sentencia contra García Ortiz no es solo un error jurídico, sino un síntoma de una crisis más profunda, donde la justicia deja de ser un árbitro neutral para convertirse en un actor político.

 

 

Esta percepción es compartida por sectores progresistas y por parte de la sociedad civil, que reclaman una reforma profunda del sistema judicial y una mayor transparencia en la toma de decisiones.

 

 

La pregunta que se impone tras la sentencia es clara: ¿hacia dónde camina la justicia española? ¿Es posible recuperar la confianza en las instituciones y garantizar la independencia de los órganos judiciales? ¿O estamos ante una deriva que amenaza la estabilidad democrática y la convivencia?

 

 

La respuesta depende, en gran medida, de la capacidad de los actores institucionales para asumir responsabilidades y para promover reformas que refuercen la transparencia y la imparcialidad.

 

 

El caso García Ortiz puede ser una oportunidad para abrir un debate profundo sobre el papel de la justicia en la sociedad, sobre los límites de la intervención judicial en la política y sobre la necesidad de blindar la independencia de los órganos jurisdiccionales.

 

 

 

 

Y ahora, ¿qué?.

 

 

Con el fallo y la sentencia pendiente de rubricar -tarea que le compete al presidente del Tribunal, Andrés Martínez Arrieta, y los magistrados Manuel Marchena, Antonio del Moral y Carmen Lamela-, ¿cuáles son los próximos pasos a dar por parte del fiscal general?

 

 

Una vez que la sentencia quede notificada, García Ortiz podrá presentar un incidente de nulidad ante el propio Supremo, una vía que no suele salir adelante en la mayoría de los casos, pero que resulta necesaria antes de recurrir al Tribunal Constitucional (TC).

 

 

En ese caso, el fiscal general podría solicitar a la corte de garantías que suspenda de forma cautelar la condena hasta que se resolviera el recurso contra el fallo del Supremo exponiendo como motivos lo que considere necesario una vez se conozcan todos los puntos que desglosen los magistrados en la sentencia final.

 

 

Cabe destacar en este punto que, no obstante, este recurso de amparo no es suspensivo, es decir, García Ortiz deberá seguir cumpliendo con la condena siempre y cuando los tribunales no le concedan algún tipo de medida cautelar.

 

 

Pese a que ahora el fiscal general deberá cumplir condena al margen de los recursos que pueda presentar, lo cierto es que esta sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo no se ha emitido de forma unánime.

 

 

Cinco de los siete magistrados del tribunal han votado por la condena pero dos de los miembros de este han rechazado firmar la condena de García Ortiz.

 

Son las dos juezas progresistas Susana Polo García y Ana María Ferrer García las que han anunciado votos particulares con los que se oponen a la decisión de sus compañeros.

 

 

Cabe señalar que Polo era, en un primer momento, la magistrada ponente pero al hacer pública su postura, ha cedido su cargo a Andrés Martínez Arrieta, presidenta de la Sala.

 

 

Tanto esta última como Ferrer han sido conocidas en los últimos años por emitir votos particulares en contra de casos de amplio recorrido judicial y mediático como la causa contra Alberto Rodríguez por agredir a un antidisturbios, los ERE en Andalucía u otras causas vinculadas a la amnistía.