El juez ya examina en secreto una decena de indicios sobre los pagos irregulares del PSOE.

 

 

 

 

Analiza informes de la UCO, el pendrive y la información trasladada por el Supremo.

 

 

 

 

 

 

El juez de la Audiencia Nacional ya tiene en su poder alrededor de una decena de indicios sobre los pagos que el PSOE ha hecho a sus trabajadores en metálico en el último año.

 

Se trata de una información que permanecerá bajo la más estricta confidencialidad hasta mediados de enero, después de que el pasado 16 de diciembre el magistrado decretara el secreto de la investigación durante un mes.

 

 

Esto implica que, en este periodo de tiempo, solo la Fiscalía Anticorrupción, los investigadores y el instructor podrán acceder al contenido de la misma.

 

En este caso, es la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, ya que hace un mes les encargó la elaboración de un informe en el que tendrá que incluir la información recopilada hasta el momento para “despejar las incógnitas existentes”.

 

 

Hay que recordar que Ismael Moreno tomó la decisión de declarar secreta la causa tras recibir la información que solicitó al PSOE.

 

El partido entregó un pendrive con todos los detalles relacionados con los pagos en efectivo que realizaron entre los años 2017 y 2024 a personas vinculadas a la formación, ya fuesen cargos, empleados, simpatizantes o voluntarios.

 

Es decir, también los que se efectuaron en favor de Pedro Sánchez, ya que él mismo reconoció haber cobrado en metálico en el Senado.

 

 

Dicha petición no fue bien recibida por el partido que, en un primer momento solicitaron al instructor que precisara si debía aportar los datos de todos los afiliados o únicamente los correspondientes a las personas investigadas, es decir, el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el que fuera ‘número tres’, Santos Cerdán.

 

El togado elevó el tono con los socialistas y se negó a matizar tal escrito al haber sido “lo suficientemente claro”. 

 

 

Con ese pendrive en su poder, que llegó a la Audiencia Nacional en un sobre cerrado, el togado decidió mantener el procedimiento de forma reservada por varios motivos: para garantizar la protección de datos personales, por “la gravedad de los hechos”, por la naturaleza del delito investigado y para evitar que se produjesen incidencias que pudiesen perjudicar el correcto desarrollo y la finalidad de la investigación.

 

El representante del Ministerio Público ya apunta a conductas que podrían ser calificadas de un ilícito penal como, por ejemplo, “el blanqueo de capitales”.

 

 

Además, Moreno tendrá que analizar toda la información que le ha remitido el Tribunal Supremo, que no es poca.

 

Y es que, el magistrado Leopoldo Puente, encargado de investigar una rama del ‘caso Koldo’, en el Alto Tribunal por la condición de aforado de Ábalos, decidió el pasado 31 de octubre trasladar la investigación al Juzgado Central de Instrucción Número 2 tras apreciar conductas “potencialmente delictivas” que no estarían relacionadas de forma directa con la investigación por el cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones públicas.

 

 

Informes de la UCO, sobres y dinero sin respaldo documental…

 

 

En su escrito, Puente acordó remitir testimonio del informe elaborado por la UCO sobre el patrimonio de José Luis Ábalos.

 

En él, figuraban diversos mensajes intercambiados entre los miembros de la trama y trabajadores de Ferraz, en los que se alude a posibles pagos de determinadas cantidades por parte del PSOE a favor de Ábalos y Koldo, sin que exista respaldo documental que los justifique.

 

 

Fue en dicho informe de la UCO en el que se apreciaron fotografías con sobres llenos de billetes con el logo del PSOE con cantidades de dinero escritas a mano.

 

Unas cantidades que no cuadraban con las cuentas entregadas por el PSOE. En concreto, los investigadores destacaron un sobre con 826,73 euros, de los que solo estaban justificados 321.

 

 

La falta de concordancia entre las cantidades declaradas por el PSOE y aquellas comentadas entre los investigados del ‘caso Koldo’ denotaron que esto no se trataba de un hecho aislado.

 

Según la UCO, los mensajes entre Koldo, su entonces esposa, Patricia Uriz y la empleada de Ferraz, Celia Rodríguez, demostraban la existencia de cantidades en ‘B’. 

 

 

El magistrado del Supremo también envió a la Audiencia Nacional toda la documentación facilitada por el PSOE relativa a los pagos en metálico efectuados al exministro de Transportes y a su exasesor, Koldo García, así como la información aportada para justificar esos descuadres de los que hablaba el Instituto Armado.

 

 

La formación liderada por Sánchez se justificó manifestando que entre 2017 y 2024 retiraron casi un millón de euros de su cuenta bancaria para destinarlo a la caja del partido para pagos en metálico.

 

Además, enviaron al instructor un documento interno en el que explicaban, paso a paso, el proceso para sacar dinero en efectivo.

 

 

Dos Testificales, justificantes y retiradas de dinero.

 

 

Asimismo, el juez deberá analizar la batería de declaraciones que tuvieron lugar a finales de octubre en el Alto Tribunal.

 

Ábalos y Koldo se acogieron a su derecho a no declarar, mientras que el exgerente del PSOE, Mariano Moreno Pavón, y la trabajadora de la Secretaría de Organización del partido, Celia Rodríguez -identificada en los informes de la UCO como la persona encargada de guardar y entregar los sobres con dinero-, comparecieron en calidad de testigos y respondieron a todas las cuestiones planteadas.

 

 

Por ejemplo, el exgerente del PSOE, que ahora es presidente de la empresa pública Enusa, reconoció que no había un control exhaustivo de las facturas o tickets que los socialistas entregaban para cobrar los gastos.

 

 

No verificaban si la persona que solicitaba la devolución era, efectivamente, quien había realizado el pago, por lo que el juez le reprendió que esa  falta de control podría haber permitido entregar tickets para cobrarlos cuando, en realidad, podrían haber sido abonados “por un familiar, un amigo, un vecino” o simplemente hallados por quien los presentaba. El juez le abroncó.

 

 

Carmen Pano y dinero de Aldama.

 

 

Por otro lado, el juez Ismael Moreno también tendrá que tener en cuenta las declaraciones de la empresaria Carmen Pano, que declaró en el Supremo que, en dos ocasiones acudió a la sede del PSOE, ambas en el mes de octubre de 2020, e hizo entrega de 45.000 euros en metálico en cada una de las oportunidades.

 

 

El primer viaje a Ferraz lo hizo en taxi, y portó el dinero en bolsas de plástico. El segundo trayecto, según la empresaria, lo hizo en compañía de Álvaro Gallego, un amigo de Claudio Rivas.

 

Hay que recordar que este último se encuentra investigado en la Audiencia Nacional por el presunto fraude millonario de IVA en el sector de los hidrocarburos.

 

 

Por último, tampoco hay que olvidar las declaraciones emitidas por Víctor de Aldama en estos últimos tiempos.

 

Por ejemplo, el pasado 17 de diciembre, un día después de que Santos Cerdán declarase en la comisión de investigación del Senado, el empresario atacó en sus redes sociales al ‘exnúmero 3’ del PSOE y aseguró que le dio 15.000 euros en metálico.

 

“Tiene la memoria bastante corta, por no decir deficiente (…) Yo estuve con usted físicamente en el bar de en frente de Ferraz para darle 15.000 euros en un sobre“.