Este señor ACABA DE CONFESAR ALGO de lo que Zapatero no podrá escapar.

 

 

 

 

Durante años, José Luis Rodríguez Zapatero ha ocupado un lugar ambiguo en el debate público español cuando se habla de Venezuela.

 

Para unos, un mediador bienintencionado; para otros, una figura que ha cruzado líneas éticas y políticas difíciles de justificar.

 

Lo ocurrido en los últimos meses ha reabierto esa herida con una intensidad poco habitual, mezclando testimonios personales desgarradores, informaciones periodísticas contrastadas y un clima de indignación que ya no se limita a las redes sociales, sino que ha llegado a los tribunales y a la agenda mediática.

 

 

El punto de partida no es una consigna política ni un eslogan de tertulia. Es la voz de una víctima.

 

El testimonio de una persona que relata cómo su madre fue presionada para no denunciar lo que estaba ocurriendo en El Helicoide, uno de los centros de detención más conocidos y denunciados de Venezuela.

 

Según ese relato, Zapatero no solo conocía la situación, sino que habría intervenido personalmente para desincentivar la denuncia pública.

 

No es una acusación menor. No es una frase lanzada al aire. Es una declaración que apela directamente a la conciencia de cualquier demócrata.

 

El Helicoide no es un nombre abstracto. Organizaciones como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la propia ONU han documentado durante años denuncias de torturas, tratos crueles y detenciones arbitrarias en centros de reclusión venezolanos, incluido ese complejo.

 

Negar ese contexto es negar una realidad ampliamente recogida por informes oficiales.

 

Por eso, cuando una víctima afirma que se le pidió silencio, la pregunta no es ideológica, sino moral: ¿qué papel debe jugar un expresidente europeo ante denuncias tan graves?

 

Zapatero ha defendido siempre su rol como mediador. Ha insistido en que su objetivo era evitar más violencia, reducir el sufrimiento y favorecer el diálogo.

 

Ese argumento aparece una y otra vez en sus declaraciones públicas. Sin embargo, la mediación, para ser creíble, exige neutralidad y, sobre todo, transparencia.

 

Cuando las víctimas perciben que ese diálogo se construye a costa de su voz, la mediación deja de ser puente y empieza a parecer muro.

 

En paralelo a estos testimonios, han ido apareciendo informaciones periodísticas que, sin probar delitos, sí dibujan un entramado de relaciones, contactos y movimientos que generan preguntas legítimas.

 

Medios como El Confidencial, Europa Press u OK Diario han publicado piezas sobre la presencia en España de exdirigentes chavistas, algunos de ellos denunciados por violaciones de derechos humanos, y sobre el papel que Zapatero habría jugado en gestiones para su liberación o su llegada a territorio español.

 

La Audiencia Nacional ha archivado algunas de estas causas por falta de competencia, pero eso no equivale a negar los hechos denunciados, algo que los propios autos judiciales han dejado claro.

 

 

Uno de los casos más citados es el de Miguel Rodríguez Torres, exministro y exresponsable de los servicios de inteligencia venezolanos.

 

Detenido en 2018 tras romper con Nicolás Maduro, pasó casi cinco años en prisión.

 

Tras su liberación, agradeció públicamente la mediación de Zapatero.

 

Posteriormente, ya en Madrid, su nombre volvió a aparecer vinculado a maniobras políticas y a denuncias por crímenes de lesa humanidad presentadas por víctimas del régimen.

 

La justicia española no asumió la causa, pero el debate ético quedó abierto.

 

 

A este contexto se suma otro elemento que ha alimentado la polémica: las informaciones sobre negocios vinculados a Venezuela en los que aparecían relacionadas las hijas de Zapatero.

 

Según publicó The Objective, una empresa de videojuegos con operaciones en Venezuela y vinculada a ellas dejó de estar accesible en la red coincidiendo con los últimos acontecimientos políticos en el país.

 

No hay pruebas de ilegalidad, pero la desaparición repentina del rastro digital volvió a disparar las sospechas y a reforzar una percepción ya instalada en parte de la opinión pública: la de una relación demasiado estrecha entre el expresidente español y el entramado chavista.

 

 

La sensación de impunidad es otro de los factores que explican la indignación creciente.

 

Colectivos como Hazte Oír han presentado querellas contra Zapatero en la Audiencia Nacional por presunta colaboración con la estructura del régimen de Maduro.

 

Estas acciones judiciales pueden prosperar o no, pero reflejan un clima social en el que ya no basta con explicaciones genéricas sobre buenas intenciones. La ciudadanía pide respuestas concretas.

 

 

Cuando Zapatero es preguntado directamente por su vínculo con el gobierno venezolano, su discurso se mueve en un terreno abstracto.

 

Habla de evitar muertes, de reducir el sufrimiento, de que la confrontación política acaba siempre perjudicando a la gente.

 

Son palabras que, en otro contexto, podrían parecer razonables. El problema es que no responden a la pregunta central: ¿cómo se justifica la cercanía con un régimen acusado de torturas, represión y persecución política? El silencio o la evasión, en estos casos, pesan más que cualquier discurso bien construido.

 

 

Este debate también pone sobre la mesa una cuestión incómoda para una parte de la izquierda europea.

 

Durante años, se ha denunciado con razón el intervencionismo de Estados Unidos y sus efectos devastadores en América Latina.

 

Pero esa crítica pierde fuerza cuando se relativiza el sufrimiento de las víctimas de regímenes que se autodefinen como antiimperialistas.

 

El dolor no tiene ideología. Las víctimas tampoco. Y mirar hacia otro lado por afinidad política es una forma de eurocentrismo moral que muchas voces latinoamericanas llevan tiempo denunciando.

 

 

La acusación más dura que se ha escuchado en estos testimonios es que Zapatero habría hecho “un negocio” del sufrimiento venezolano.

 

Es una frase terrible, que duele escuchar. No es una sentencia judicial, ni una verdad probada, pero sí un grito que nace del resentimiento de quien siente que su tragedia fue instrumentalizada. Ignorar ese grito es un error. Ridiculizarlo, aún más.

 

 

España no es ajena a este tipo de debates. Ya ocurrió con Cuba durante décadas, cuando se romantizaba un régimen mientras se normalizaba que los ciudadanos no pudieran disfrutar de libertades básicas.

 

Hoy, Venezuela ocupa ese lugar incómodo. Y la pregunta no es si Estados Unidos ha actuado bien o mal, sino si Europa, y en particular figuras como Zapatero, han estado a la altura de los valores que dicen defender.

 

 

El impacto de todo esto va más allá de una persona concreta. Afecta a la credibilidad de la política exterior española, al papel de los expresidentes y a la confianza ciudadana en las instituciones.

 

Cuando alguien que ha ocupado la jefatura del Gobierno aparece de forma recurrente vinculado a tramas opacas, mediaciones polémicas y testimonios de víctimas, el daño es colectivo.

 

 

También hay un componente mediático que no se puede ignorar. Muchas de estas informaciones han circulado primero en formatos alternativos, en vídeos de creadores de contenido, antes de llegar a los grandes medios.

 

Eso dice mucho del vacío informativo que existe y de la desconfianza hacia los canales tradicionales. Cuando la gente siente que no se le cuenta toda la verdad, busca respuestas donde sea.

 

 

Nada de esto implica una condena automática. En un Estado de derecho, las responsabilidades se dirimen en los tribunales.

 

Pero la responsabilidad política y moral no siempre espera a una sentencia.

 

A veces basta con escuchar a las víctimas, con asumir errores, con dar explicaciones claras. El silencio, la ambigüedad o la soberbia solo agravan la herida.

 

La sociedad española tiene derecho a preguntarse qué papel ha jugado Zapatero en Venezuela, qué intereses se han cruzado y si su actuación ha sido compatible con la defensa de los derechos humanos.

 

No es una cacería. Es una exigencia democrática. Y también una oportunidad para reflexionar sobre cómo Europa se relaciona con América Latina, desde qué lugar moral y con qué coherencia.

 

 

Este no es un debate cómodo. Remueve conciencias, rompe trincheras ideológicas y obliga a mirar de frente a realidades que muchos preferirían ignorar.

 

Pero precisamente por eso es necesario. Porque solo enfrentando estas preguntas incómodas se puede aspirar a una política exterior más justa, más humana y menos cínica.

 

 

La historia no se escribe solo con grandes discursos, sino con decisiones concretas y con silencios que, a veces, pesan más que las palabras.

 

Y hoy, frente al sufrimiento de miles de venezolanos, ese silencio ya no pasa desapercibido.