La reacción de Irene Montero a la condena del Fiscal General: un minuto y medio demoledor.

 

 

 

“El poder protege a Ayuso”.

 

 

 

 

La política española atraviesa uno de sus momentos más convulsos de los últimos años.

 

 

El fallo del Tribunal Supremo contra el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos, ha desatado una ola de reacciones en todos los frentes, pero pocas tan contundentes y directas como la de Irene Montero.

 

 

La eurodiputada de Podemos, exministra de Igualdad y figura clave de la izquierda española, ha irrumpido en el debate con una intervención en TVE que no ha dejado indiferente a nadie: “Es una mafia golpista, reaccionaria, judicial, mediática, política y económica en España que es urgente desmantelar”.

 

 

Las palabras de Montero, pronunciadas en el programa Directo Al Grano, han resonado en un país donde la confianza en las instituciones se tambalea y la polarización política marca el pulso de la actualidad.

 

 

Su diagnóstico, lejos de ser una simple reacción emocional, plantea interrogantes profundos sobre el estado de la democracia y el papel de los poderes fácticos en la España contemporánea.

 

 

La condena a García Ortiz, que implica dos años de inhabilitación y una multa de 7.500 euros por revelar secretos sobre Alberto González Amador—pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso—ha sido interpretada por Montero como el último golpe de una estructura de poder que, según ella, opera al margen de la voluntad popular.

 

 

“Hay que desmantelar el poder golpista de la derecha y eso se hace con valentía, por la izquierda, con feminismo, con más democracia y con más derechos”, proclamó la exministra, advirtiendo que, si no se actúa, “nos van a reventar ellos uno a uno hasta acabar con las garantías democráticas más mínimas”.

 

 

Montero no se limita a la denuncia. Su intervención es una llamada a la acción, una invitación a repensar el modelo institucional y a confrontar lo que ella denomina “la mafia golpista” que, según su visión, controla resortes clave de la justicia, la política, los medios y la economía.

 

 

La gravedad de sus palabras refleja el clima de desconfianza que se ha instalado en amplios sectores de la sociedad, donde la percepción de que existen poderes que actúan por encima de la ley y de la voluntad ciudadana se ha convertido en una constante.

 

 

Uno de los aspectos más polémicos de la intervención de Montero es su referencia directa a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.

 

 

Para la eurodiputada, el caso de García Ortiz es un ejemplo claro de cómo el “poder golpista” protege a sus representantes cuando se les denuncia por corrupción.

 

 

“Le da igual la democracia, le da igual lo que le vote la gente, le da igual cuál sea la voluntad de los poderes democráticamente elegidos que están aquí para decirnos: mandamos nosotros, si nos sirve la democracia, perfecta, y si no, practicamos el golpismo hasta garantizar que nosotros estamos protegidos”, sentenció Montero.

 

 

La alusión a Ayuso no es casual. En los últimos años, la presidenta madrileña se ha convertido en uno de los rostros más visibles de la derecha española, y su gestión ha estado marcada por controversias, investigaciones y denuncias que han alimentado el debate sobre la transparencia y la rendición de cuentas.

 

 

Montero sitúa a Ayuso como símbolo de un sistema en el que la protección institucional y mediática es capaz de neutralizar cualquier intento de transformación política desde la izquierda.

 

 

Montero no duda en ampliar el foco y vincular la condena al Fiscal General con una estrategia más amplia de persecución política.

 

 

“Empezaron por los independentistas, siguieron con los sindicalistas, con las seis de la Suiza, con Podemos…”, recordó la exministra, trazando una línea que une distintos episodios de judicialización y confrontación institucional.

 

 

Su relato, lejos de ser anecdótico, apunta a la existencia de una lógica de desgaste que, según ella, busca desarticular cualquier proyecto político que desafíe el statu quo.

 

La referencia a Ayuso y a otros casos emblemáticos refuerza la idea de que, para Montero, la condena a García Ortiz no es un hecho aislado, sino parte de una ofensiva más amplia contra la izquierda y los movimientos de transformación social.

 

 

“Ya lo dijo Ayuso: el rey, los jueces y yo vamos a impedir las transformaciones en España, pero están yendo ahora nada menos que a por el Fiscal General del Estado”, insistió, subrayando el alcance institucional de la batalla en curso.

 

 

Frente a lo que describe como una ofensiva reaccionaria, Montero propone una estrategia basada en el feminismo, la profundización democrática y la ampliación de derechos.

 

 

Su discurso, lejos de limitarse a la denuncia, es también una defensa de los valores que han guiado su trayectoria política y la de Podemos.

 

 

“Hay que desmantelar este poder golpista de la derecha”, remató, reivindicando la necesidad de actuar con valentía y de construir una alternativa capaz de resistir la presión de los poderes fácticos.

 

Esta visión conecta con una parte importante de la sociedad que, ante la crisis institucional y la polarización política, busca respuestas en la participación, la igualdad y la justicia social.

 

 

El feminismo, en este contexto, no es solo una bandera ideológica, sino una herramienta para democratizar la vida pública y garantizar que los derechos no sean objeto de mercadeo entre élites.

 

La intervención de Montero no tardó en viralizarse. Miles de usuarios compartieron el vídeo en redes sociales, generando un intenso debate sobre el papel de la justicia, la independencia institucional y la legitimidad de los poderes democráticos.

 

 

Mientras unos celebraban la valentía de la eurodiputada y su capacidad para nombrar lo que muchos consideran un tabú, otros la acusaban de alimentar la confrontación y de poner en cuestión el principio de separación de poderes.

 

El impacto mediático ha sido notable. Programas de televisión, columnas de opinión y tertulias han dedicado espacio a analizar las palabras de Montero y a discutir el alcance de sus acusaciones.

 

 

La polarización, lejos de disminuir, se ha intensificado, y la figura de la exministra se ha consolidado como referente de una izquierda combativa que no teme desafiar los consensos establecidos.

 

La condena a García Ortiz y la reacción de Montero plantean un desafío de fondo: ¿está España ante una crisis institucional irreversible, o es posible reconstruir la confianza en las instituciones y avanzar hacia una democracia más robusta y participativa? La respuesta depende, en gran medida, de la capacidad de los actores políticos y sociales para dialogar, reconocer los límites del sistema y promover reformas que garanticen la independencia y la transparencia.

 

 

Para Montero, la solución pasa por desmantelar los poderes que operan al margen de la voluntad popular y por fortalecer los mecanismos de control democrático. Su receta, basada en el feminismo y la ampliación de derechos, es una apuesta por una democracia inclusiva, capaz de resistir la presión de los intereses corporativos y de garantizar la igualdad ante la ley.

 

 

La intervención de Montero ha reavivado el debate sobre el papel de Podemos y de la izquierda en la defensa de la democracia y los derechos sociales.

 

 

En un contexto marcado por la fragmentación política y la emergencia de nuevas fuerzas, la exministra reivindica la necesidad de actuar con valentía y de confrontar a quienes, según ella, buscan perpetuar un sistema excluyente y reaccionario.

 

 

La batalla institucional, lejos de ser un asunto técnico, es para Montero una cuestión de principios.

 

 

Su discurso, cargado de energía y de convicción, es una invitación a la movilización y al compromiso con la transformación social.

 

 

La izquierda, en su visión, debe ser capaz de articular una respuesta eficaz frente a los desafíos del presente, sin renunciar a la crítica ni a la construcción de alternativas.

 

 

 

 

La condena al Fiscal General del Estado ha abierto una grieta en el sistema institucional español, y la intervención de Irene Montero ha puesto sobre la mesa preguntas incómodas pero necesarias.

 

 

¿Quién controla realmente el poder en España? ¿Es posible garantizar la independencia judicial y la transparencia política? ¿Qué papel deben jugar la ciudadanía y los movimientos sociales en la defensa de la democracia?

 

 

Montero, con su estilo directo y sin concesiones, ha conseguido que el debate trascienda lo jurídico y se instale en el corazón mismo de la vida pública. Su diagnóstico, polémico pero profundo, es una llamada a la reflexión y a la acción.

 

 

España, en este momento crucial, necesita respuestas valientes y reformas estructurales que permitan reconstruir la confianza y avanzar hacia una democracia más justa, plural y participativa.