¡BOMBA! Teresa Peramato NUEVA Fiscal General Feijóo NO lo puede creer y EXPLOTA.

 

 

Lo ocurrido en las últimas semanas en torno a la Fiscalía General del Estado no es un simple relevo institucional ni un trámite administrativo más dentro del engranaje del poder.

 

 

Es uno de esos episodios que condensan en pocos días tensiones acumuladas durante años y que ayudan a entender hasta qué punto la política, la justicia y la opinión pública viven hoy en un equilibrio extremadamente frágil en España.

 

 

El nombramiento de Teresa Peramato Martín como nueva fiscal general del Estado llega en el momento más delicado posible y lo hace envuelto en un clima de sospecha, desgaste institucional y confrontación abierta entre poderes que ha dejado a nadie indiferente.

 

 

Todo estalla con una sentencia del Tribunal Supremo que marca un antes y un después.

 

La condena a Álvaro García Ortiz, hasta entonces fiscal general del Estado, por revelación de secretos en relación con la filtración de datos fiscales vinculados a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, sacude los cimientos del Ministerio Público.

 

 

El Supremo no se limita a una censura formal: habla de una actuación grave, consciente y deliberada, subrayando que la filtración no fue un error administrativo, sino una decisión con consecuencias políticas evidentes.

 

 

La dimisión de García Ortiz llega envuelta en un discurso de dignidad personal, mientras el Gobierno lo despide públicamente como un servidor ejemplar, un gesto que para la oposición supone la confirmación de una peligrosa confusión entre responsabilidades políticas y penales.

 

 

En ese contexto, apenas veinticuatro horas después, el Consejo de Ministros propone a Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado.

 

 

La rapidez del movimiento no pasa desapercibida. Tampoco la fecha elegida: el anuncio coincide con el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, un detalle que desde Moncloa se presenta como simbólico y coherente con el perfil de la candidata, experta en violencia de género, pero que desde la oposición se interpreta como un intento de blindaje moral ante las críticas que ya se intuían inevitables.

 

 

 

Teresa Peramato no es una desconocida en la carrera fiscal. Licenciada en Derecho por la Universidad de Salamanca, ingresó en la Fiscalía a principios de los años noventa y ha desarrollado una trayectoria larga y sólida en distintos destinos, desde Tenerife hasta Barcelona, pasando por Valladolid y Madrid.

 

 

Su especialización en violencia sobre la mujer la convirtió en una figura relevante dentro del Ministerio Público, primero como fiscal delegada y después como fiscal de sala, cargo desde el que impulsó criterios y protocolos que han sido respaldados por organismos internacionales y asociaciones de víctimas.

 

 

Su currículum, objetivamente, cumple sobradamente los requisitos legales y profesionales para ocupar el puesto más alto de la Fiscalía.

 

 

Sin embargo, el debate no se centra tanto en su preparación técnica como en su perfil ideológico y en sus vínculos internos.

 

Peramato ha sido una figura destacada dentro de la Unión Progresista de Fiscales, una asociación de corte progresista que ha mantenido históricamente posiciones críticas con determinadas decisiones del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial.

 

 

Además, su cercanía a Dolores Delgado, exministra de Justicia y exfiscal general del Estado, y su apoyo público a Álvaro García Ortiz durante el proceso judicial han alimentado la narrativa de continuidad que el Partido Popular y Vox han explotado desde el primer momento.

 

 

La oposición no tarda en reaccionar. Desde Génova se acusa al Gobierno de Pedro Sánchez de optar por una fiscal “continuista” que, lejos de restaurar la confianza en la institución tras la condena del anterior fiscal general, profundizará en la politización del Ministerio Público.

 

 

Dirigentes del PP recuerdan mensajes internos, posicionamientos públicos y recursos firmados por Peramato que el propio Supremo ha cuestionado en sentencias recientes.

 

El mensaje es claro: para los populares, el problema no es solo quién ocupa el cargo, sino el modelo de Fiscalía que, a su juicio, el Gobierno quiere consolidar.

 

 

En paralelo, vuelve a escena un viejo fantasma de la política judicial española: Manuel Marchena.

 

El presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, figura clave en el juicio del procés y autor de algunas de las resoluciones más relevantes de la última década, reaparece en el debate público a raíz de informaciones sobre antiguas campañas internas destinadas a desacreditarlo.

 

 

Documentos y mensajes filtrados apuntan a estrategias políticas y mediáticas para erosionar su imagen antes del juicio a los líderes independentistas catalanes, un episodio que, aunque no tuvo consecuencias judiciales directas entonces, vuelve ahora con fuerza en un contexto de máxima tensión entre el Supremo y la Fiscalía.

 

 

Para una parte de la izquierda, Marchena simboliza el llamado “lawfare”, el uso de la justicia como herramienta política contra adversarios ideológicos.

 

Para la derecha, en cambio, es el garante de la legalidad frente a los excesos del poder ejecutivo.

 

Que su nombre resurja justo cuando se produce el relevo en la Fiscalía General no es casual.

 

La condena a García Ortiz, dictada por la Sala de lo Penal del Supremo, se interpreta en Moncloa como una demostración de fuerza de un poder judicial hostil, mientras que en el PP se celebra como la prueba de que, pese a las presiones, la justicia sigue funcionando.

 

 

La comparecencia de Teresa Peramato en la Comisión de Justicia del Congreso se convierte en uno de los momentos más tensos de todo el proceso.

 

 

Durante horas, la futura fiscal general se somete a un interrogatorio duro, especialmente por parte del Partido Popular, que pone el foco en su participación en recursos controvertidos, en mensajes internos de asociaciones profesionales y en su cercanía con los anteriores responsables de la Fiscalía.

 

 

Peramato, lejos de adoptar un tono defensivo, responde con firmeza y reivindica sus más de tres décadas de carrera sin haber recibido jamás órdenes de ningún partido político. Asegura que, si algún día las recibiera, dimitiría de inmediato.

 

 

Algunas de sus respuestas se viralizan en redes sociales y alimentan un intenso debate público.

 

Para sus defensores, demuestra carácter, solvencia y una idea clara de independencia institucional.

 

Para sus detractores, confirma una concepción de la Fiscalía demasiado alineada con el Ejecutivo.

 

El choque no es solo político, sino cultural: dos visiones opuestas sobre el papel del Ministerio Público en una democracia avanzada.

 

 

Mientras tanto, el Tribunal Supremo publica la sentencia íntegra contra Álvaro García Ortiz, un documento extenso y minucioso que refuerza la gravedad de los hechos y eleva aún más la temperatura política.

 

El fallo describe una utilización indebida de información reservada con fines que trascienden el interés estrictamente jurídico, una afirmación que el PP utiliza de inmediato para exigir explicaciones directas al presidente del Gobierno.

 

 

La solicitud de comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso se registra en cuestión de horas, mientras desde el Ejecutivo se insiste en que la dimisión del fiscal general ya zanja cualquier responsabilidad política.

 

 

En este clima, también afloran tensiones internas dentro de la propia carrera fiscal. Audios, comunicados y filtraciones cruzadas evidencian una división profunda entre asociaciones profesionales, con acusaciones mutuas de politización y maniobras internas.

 

 

La llegada de Peramato no solo genera resistencia en la oposición parlamentaria, sino también recelos en sectores del Ministerio Público que temen una etapa de enfrentamiento abierto con el Supremo.

 

 

La toma de posesión de Teresa Peramato ante el rey Felipe VI se produce con una sobriedad inusual.

 

Sin declaraciones, sin gestos grandilocuentes, con un protocolo ajustado al milímetro.

 

El mensaje es institucional, pero el contexto lo carga de significado político.

 

Es la primera fiscal general que asume el cargo con una sentencia del Supremo que cuestiona de manera tan directa la actuación de su antecesor inmediato, un hecho que pesa como una losa sobre su mandato desde el primer minuto.

 

 

Ya instalada en el cargo, Peramato reúne de urgencia al Consejo Fiscal y lanza un mensaje interno que no tarda en trascender: tolerancia cero con las filtraciones, con el uso partidista de la información y con cualquier actuación que comprometa la credibilidad de la institución.

 

Para algunos, es una declaración de intenciones necesaria. Para otros, un intento de marcar territorio en una Fiscalía profundamente dividida.

 

En el plano político, el terremoto continúa. El PP intensifica su ofensiva parlamentaria, Vox eleva el tono hasta plantear reformas radicales del Ministerio Fiscal y Sumar cierra filas con la nueva fiscal general, presentándola como una figura clave en la defensa de los derechos de las mujeres y en la lucha contra la corrupción, “caiga quien caiga”.

 

 

Cada partido utiliza el mismo nombramiento para reforzar su propio relato, en una muestra más de la polarización que atraviesa la vida pública española.

 

 

En medio de este ruido, hay un elemento que apenas empieza a asomar y que puede marcar el futuro inmediato: la revisión de episodios pasados relacionados con filtraciones y campañas de presión en el entorno judicial.

 

La petición de documentación vinculada al llamado “caso Marchena” sugiere que la guerra fría entre Fiscalía y Supremo podría entrar en una fase más explícita, con consecuencias imprevisibles para el equilibrio institucional.

 

 

La llegada de Teresa Peramato a la Fiscalía General del Estado no cierra una crisis; la inaugura en una nueva fase.

 

Su perfil técnico es incuestionable, pero su contexto político es explosivo.

 

Tendrá que demostrar, en cada decisión, que puede ejercer el cargo con autonomía real en un escenario donde cualquier movimiento será interpretado en clave partidista.

 

La confianza pública en la justicia, ya erosionada, depende en gran medida de cómo se gestione este delicado equilibrio.

 

 

España asiste así a uno de esos momentos en los que la política deja de ser un juego de declaraciones y se convierte en una disputa abierta por el control del relato institucional.

 

La Fiscalía, llamada a ser garante de la legalidad, se sitúa en el centro del tablero.

 

 

Y mientras los focos siguen encendidos, una cosa parece clara: lo ocurrido no es un episodio aislado, sino el síntoma de una crisis más profunda en la relación entre poder político y poder judicial que seguirá marcando la agenda durante mucho tiempo.