ÚLTIMA HORA: nuevo informe de la UCO sobre la corrupción del Gobierno de Sánchez.

 

 

 

 

 

 

 

 

El último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la trama de hidrocarburos ha sacudido nuevamente el panorama político y judicial español, sumando un capítulo más a la serie de escándalos de corrupción que han marcado la legislatura de Pedro Sánchez.

 

 

 

La investigación, que se extiende entre septiembre de 2020 y diciembre de 2024, revela una estructura criminal sofisticada que habría defraudado millones de euros a la Hacienda pública mediante el tráfico de influencias, cohecho y organización criminal, con la implicación directa de altos cargos ministeriales, empresarios y asesores políticos.

 

 

 

El epicentro de la trama gira en torno a la mercantil Villafuel SL, una empresa controlada por Claudio Rivas, identificado por la UCO como el máximo dirigente de la organización criminal.

 

 

 

El informe detalla cómo Rivas, valiéndose de intermediarios como Víctor de Aldama, logró que el entonces ministro José Luis Ábalos influyera en los órganos ministeriales para agilizar la concesión de la autorización administrativa que permitía a Villafuel operar como mayorista en el mercado de hidrocarburos.

 

 

 

Este proceso, según los investigadores, se realizó a cambio de cuantiosas contraprestaciones económicas, en un claro ejemplo de compra de voluntades y permeabilidad de las estructuras administrativas.

 

 

 

La investigación de la UCO, dirigida por el juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional, documenta cómo la concesión de la licencia fue el elemento nuclear que permitió a la organización criminal desplegar una estructura empresarial instrumental destinada a operar con efectividad en el mercado de hidrocarburos.

 

 

 

A través de operativas defraudatorias, perfeccionadas en delitos contra la Hacienda pública, se generó un fraude multimillonario en un corto espacio de tiempo, con una cifra que alcanza los 49 millones de euros solo en los años 2021 y 2022.

 

 

 

Parte de esos fondos se destinaron al pago de aproximadamente un millón de euros en comisiones ilícitas, concebidas por Rivas como una inversión para obtener mayores beneficios derivados de los flujos de capital de procedencia delictiva.

 

 

 

El informe señala que, el 19 de diciembre de 2020, Claudio Rivas, a través de María del Carmen Pano Sánchez y su hija Leonor González Pano, solicitó la intermediación de Víctor de Aldama para que mediara con el ministro Ábalos, titular del Ministerio de Transportes y secretario de organización del PSOE.

 

 

 

El objetivo era ejercer influencia aprovechando los cargos en distintas instancias ministeriales vinculadas a la tramitación del expediente administrativo de concesión de la autorización de operador para Villafuel.

 

 

Todo ello, como recoge el informe, a cambio de una contraprestación económica previamente acordada.

 

 

 

La influencia ministerial se canalizó a través del asesor de Ábalos, Coldo García Izaguirre, quien mantuvo contactos directos con responsables ministeriales, entre ellos el jefe de gabinete del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Juan Ignacio Díaz Vidal.

 

 

 

En ese momento, la ministra de Industria era Reyes Maroto. También se mantuvieron contactos con el jefe de gabinete del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Mark Isaac Pons Pons, bajo la titularidad de Teresa Ribera.

 

 

Víctor de Aldama, por su parte, intermedió con el director general de Política Energética y Minas, Manuel García Hernández, consolidando así la red de influencias que permitió la operativa fraudulenta.

 

 

 

La UCO desglosa en su informe los pagos realizados en efectivo para activar la influencia.

 

 

 

El 27 de diciembre de 2020, un día antes de la primera reunión formal con el Ministerio de Industria, Carmen Pano habría efectuado una entrega de 5.000 euros a Víctor de Aldama, complementada por otra entrega en enero de 2021.

 

 

Estas operaciones, vinculadas a los pagos iniciales necesarios para activar la influencia, se acreditan mediante el análisis de cuentas bancarias y movimientos financieros entre sociedades dominadas por Claudio Rivas.

 

 

 

Pero el mecanismo de corrupción no se limitó a pagos en efectivo. El informe detalla la entrega de un chalet en La Alcaidesa a José Luis Ábalos, valorado en 585.000 euros y adquirido por la sociedad Hughtime SL, controlada por Rivas.

 

 

 

El ministro dispuso materialmente de la vivienda, la disfrutó e incluso intentó su aprovechamiento económico, todo ello bajo la cobertura formal de un contrato de arrendamiento instrumentalizado cuyas cuotas no fueron satisfechas, salvo la primera mensualidad y la fianza.

 

 

 

La adquisición del inmueble se produjo tras un proceso de búsqueda y selección que contó con la intervención activa de Coldo García, asesor de Ábalos, quien intercambió anuncios de propiedades en venta con el ministro.

 

 

La correlación entre la compra de la casa y la obtención de la autorización de operador mayorista fue percibida en el entorno de la organización criminal como una relación directa de causa-efecto, verbalizada con la frase: “ha sido pillar la casa y le ha dado al botoncito”, en referencia a la concesión de la licencia.

 

 

 

El informe de la UCO no solo implica a Ábalos y sus asesores, sino que salpica a otras figuras ministeriales y altos cargos, como Reyes Maroto y Teresa Ribera, cuyos gabinetes estuvieron en contacto directo con los intermediarios de la trama.

 

 

La investigación apunta a una estructura de corrupción sistémica, donde la influencia política se traduce en favores administrativos y beneficios económicos, erosionando gravemente la confianza en las instituciones y el funcionamiento del Estado de derecho.

 

 

 

La magnitud del fraude, cifrado en decenas de millones de euros, y la implicación de ministros y altos cargos del gobierno de Pedro Sánchez, han desatado una tormenta política y judicial.

 

 

 

La trama de hidrocarburos se suma a una larga lista de escándalos que han marcado la legislatura, desde los registros en empresas públicas y aerolíneas como Plus Ultra, hasta las detenciones de socios de figuras clave del PSOE, como Santos Cerdán.

 

 

Cada nuevo informe de la UCO, cada detención y cada registro policial, profundizan la sensación de crisis y deterioro institucional, alimentando la percepción de que la corrupción se ha convertido en un problema estructural en el seno del poder político.

 

 

El juez Santiago Pedraz, titular del Juzgado Central de Instrucción número cinco de la Audiencia Nacional, tiene ahora en sus manos la responsabilidad de esclarecer los hechos y depurar las responsabilidades penales y administrativas.

 

 

El informe de la UCO constituye una pieza clave en el proceso judicial, aportando pruebas documentales, testimonios y análisis financieros que dibujan el mapa de una de las tramas de corrupción más graves de los últimos años.

 

 

 

La sociedad española asiste con preocupación y escepticismo al desarrollo de los acontecimientos.

 

 

La proliferación de escándalos y la implicación de figuras políticas de primer nivel han minado la confianza en las instituciones y en la capacidad del sistema para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas.

 

 

La exigencia de justicia y de reformas profundas se convierte en un clamor ciudadano, mientras los partidos políticos se enfrentan a la difícil tarea de recuperar la legitimidad y el prestigio perdido.

 

 

En este contexto, el papel de los medios de comunicación y de los periodistas de investigación es más relevante que nunca.

 

 

La difusión de los informes de la UCO, el análisis crítico de los hechos y la denuncia de las prácticas corruptas son fundamentales para preservar la salud democrática y para evitar que la impunidad se instale en las estructuras del poder.

 

 

El informe sobre la trama de hidrocarburos es, en definitiva, un espejo de la crisis institucional que atraviesa España.

 

 

La corrupción, el tráfico de influencias y el fraude fiscal son síntomas de un sistema que necesita ser reformado y vigilado de manera constante.

 

 

La justicia, la transparencia y la ética pública deben ser los pilares sobre los que se reconstruya la confianza ciudadana y se garantice el buen funcionamiento de las instituciones.

 

 

El futuro de la investigación judicial y el desenlace del caso marcarán un antes y un después en la lucha contra la corrupción en España.

 

 

La sociedad espera respuestas, exige responsabilidades y reclama un compromiso firme con la legalidad y la transparencia.

 

 

Cada nuevo informe, cada detención y cada registro policial son pasos necesarios en el camino hacia una democracia más limpia y más justa.

 

 

La trama de hidrocarburos, como otros escándalos recientes, es una llamada de atención que no puede ser ignorada.