EL PP MADRILEÑO ESTALLA POR LOS AIRES. AYUSO NO SABE QUÉ HACER.

 

 

Hay momentos en la política española que funcionan como un espejo incómodo. Escenas que obligan a detenerse, a mirar con atención y a preguntarse si el discurso que se proclama a diario resiste la prueba de la coherencia cuando los focos apuntan hacia dentro.

 

El caso que sacude estos días al Partido Popular de Madrid es uno de esos momentos. No por lo que se dice en los comunicados oficiales, sino por lo que revelan los silencios, las reacciones defensivas y, sobre todo, las palabras pronunciadas cuando alguien cree que todavía controla el relato.

 

Durante meses, el Partido Popular ha construido un discurso de dureza moral contra sus adversarios políticos, señalando al PSOE como un espacio inseguro para las mujeres, como un entorno tolerante con el abuso y el acoso.

 

Cada caso ajeno ha sido utilizado como munición política, amplificado hasta convertirse en símbolo de una supuesta superioridad ética.

 

Sin embargo, cuando una denuncia emerge dentro de sus propias filas, el mecanismo cambia. Y lo hace de una forma que ha encendido todas las alarmas.

 

Lo ocurrido en Móstoles no es un episodio aislado ni una anécdota mal explicada. Es una secuencia prolongada de decisiones, omisiones y respuestas que, juntas, dibujan un patrón inquietante.

 

Una concejala del Partido Popular denuncia haber sufrido acoso sexual y laboral por parte del alcalde de su municipio, Manuel Bautista.

 

No acude directamente a los medios. No convierte su caso en un espectáculo. Hace lo que, en teoría, indican los manuales internos: recurre a su partido, pide amparo, solicita la activación de los protocolos, escribe correos, insiste, espera.

 

Esos mensajes llegan a la cúpula del PP de Madrid. Llegan a responsables orgánicos. Llegan, incluso, a la presidenta de la Comunidad.

 

Se producen reuniones. Se escuchan versiones. Pero hay una ausencia que pesa como una losa: nadie escucha a la denunciante en igualdad de condiciones.

 

Nadie la recibe para conocer su relato completo con la seriedad que exige una acusación de este calibre. En cambio, quien sí es recibido es el alcalde señalado. El denunciado.

 

A partir de ahí, la historia empieza a torcerse. La concejala percibe que, lejos de protegerla, el partido la empuja al silencio.

 

Se le sugiere que no denuncie. Se le insinúa que remover el asunto no conviene a nadie. Se minimiza lo ocurrido, rebajándolo a una simple disputa laboral.

 

Y cuando ella insiste, cuando decide no callar más, el foco se desplaza: deja de ser una mujer que denuncia para convertirse en un problema que hay que neutralizar.

 

La carta con la que solicita su baja del Partido Popular es demoledora. No por el tono, sino por la claridad.

 

Describe una falta total de amparo, una cadena de negativas, una sensación de abandono absoluto. Cita el propio código ético del partido, ese que proclama tolerancia cero frente al acoso y la violencia.

 

Y lo confronta con la realidad vivida durante meses. Una distancia tan grande que resulta imposible de ignorar.

 

El estallido público llega cuando el caso salta a los medios. Y entonces se activa otra fase: la de la defensa cerrada del poder.

 

En lugar de anunciar una investigación transparente, se cuestiona la credibilidad de la denunciante. Se filtran correos internos.

 

Se deslizan insinuaciones sobre supuestas motivaciones ocultas. Se llega incluso a difundir informaciones falsas sobre denuncias anteriores, sacadas de contexto, con el único objetivo de sembrar la duda.

 

Es en este clima cuando Alfonso Serrano, secretario general del PP de Madrid, pronuncia una frase que ha pasado a simbolizar toda la polémica.

 

Preguntado por un periodista sobre el caso, responde con un desdén que hiela la sangre: “¿Y tú cómo ligas?”. No es solo una salida de tono.

 

Es la reducción de una denuncia por acoso a un chascarrillo. Es la banalización de una relación de poder. Es, sobre todo, la confirmación pública de una forma de pensar.

 

La reacción no se hace esperar. En platós, en redes sociales, en la opinión pública. Periodistas, analistas y responsables políticos coinciden en algo esencial: confundir el ligue con el acoso, especialmente cuando existe una jerarquía laboral, no es un error inocente.

 

Es una señal de alarma. Y más aún cuando quien habla ostenta un cargo de responsabilidad orgánica.

 

Los audios conocidos posteriormente terminan de completar el retrato. En ellos, se escucha cómo a la denunciante se le reprocha su insistencia, cómo se le recuerda que el partido tiene “pruebas” contra ella, cómo se le amenaza con un expediente por supuestamente filtrar información a rivales políticos. El mensaje implícito es devastador: denunciar tiene un precio.

 

 

El paralelismo con el caso Nevenka, ocurrido años atrás en Ponferrada, resulta inevitable. Entonces, como ahora, una mujer fue señalada, cuestionada, acusada de ambición desmedida y de fabricar una historia para vengarse.

 

Entonces, como ahora, el partido cerró filas en torno al acusado. El tiempo, y la justicia, demostraron quién decía la verdad. Pero el daño ya estaba hecho.

 

Lo más grave de todo este episodio no es solo la contradicción entre discurso y práctica. Es la sensación de que nada se ha aprendido.

 

De que, cuando el problema surge dentro, la prioridad sigue siendo proteger la estructura, no a las personas. De que la presunción de inocencia se utiliza como escudo selectivo, mientras se lanza la sospecha sobre quien denuncia.

 

Este caso trasciende las siglas. No va de izquierdas o derechas. Va de cómo se responde cuando una mujer da el paso más difícil.

 

Va de si los protocolos existen para ser activados o solo para figurar en los documentos. Va de si la política está dispuesta, de una vez por todas, a mirarse sin filtros.

 

La ciudadanía observa. Y compara. Recuerda cómo se exigieron dimisiones inmediatas en otros partidos.

 

Cómo se elevaron las voces en nombre de la dignidad y la justicia. Y ahora se pregunta por qué el estándar cambia según quién esté en el centro del escándalo.

 

Esa pregunta no se responde con comunicados ni con ataques al mensajero. Se responde con hechos.

 

Cada vez que un caso así se gestiona desde el descrédito, el miedo y la amenaza, se envía un mensaje devastador a otras posibles víctimas.

 

Se les dice, sin decirlo, que hablar no merece la pena. Que el coste personal es demasiado alto. Que el poder siempre encuentra la forma de protegerse.

 

Y sin embargo, también hay algo más ocurriendo. Hay voces que no callan. Hay periodistas que preguntan.

 

Hay analistas que comparan discursos y hemerotecas. Hay una sociedad cada vez menos dispuesta a aceptar explicaciones vagas y relatos prefabricados.

 

El caso de Móstoles no se cerrará con una frase ingeniosa ni con un archivo administrativo.

 

Quedará como una prueba de estrés para un partido que ha hecho de la moralidad ajena su bandera.

 

Y como un recordatorio incómodo de que la verdadera coherencia no se demuestra señalando a otros, sino actuando con valentía cuando el problema está en casa.

 

Al final, la pregunta no es si puede haber casos de acoso en un partido político. La respuesta es evidente: pueden existir en cualquier organización. La pregunta real es qué se hace cuando aparecen. Y esa respuesta, hoy por hoy, sigue pendiente.