ALERTA JUDICIAL “EL GOBIERNO DE AYUSO DENUNCIADO EN FISCALÍA” SI LO HACE SÁNCHEZ LO METEN EN CÁRCEL.

 

 

 

 

 

 

En los últimos días, Madrid ha vuelto a colocarse en el centro del debate político y social por una cuestión que toca una de las fibras más sensibles de cualquier sociedad: la sanidad pública.

 

 

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha aprobado una inyección de 500 millones de euros adicionales destinados a hospitales de gestión privada, una decisión adoptada sin anuncio previo en rueda de prensa y conocida solo gracias al trabajo de los medios y a las preguntas insistentes de la oposición.

 

 

El dato, por sí solo, ya resulta impactante. Pero el contexto, los beneficiarios y la forma en que se ha ejecutado la medida han desatado una tormenta política que va mucho más allá de una cifra presupuestaria.

 

 

La comparación no tardó en aparecer en el debate público. ¿Qué diría la presidenta madrileña si quien trabajara para el grupo hospitalario beneficiado fuera Begoña Gómez y quien aprobara el dinero fuera Pedro Sánchez? La pregunta, lanzada en antena y repetida miles de veces en redes sociales, resume el malestar de una parte creciente de la ciudadanía que percibe un doble rasero evidente en la exigencia de responsabilidades políticas y éticas.

 

 

 

Los 500 millones de euros aprobados por el Consejo de Gobierno no son una partida aislada ni excepcional.

 

 

Se suman a un modelo de gestión sanitaria que lleva años siendo cuestionado por profesionales sanitarios, asociaciones de pacientes y partidos de la oposición.

 

 

Según la información conocida, más de 350 millones corresponden a liquidaciones de 2024 para los hospitales gestionados por el grupo Quirón y Rivera Salud, incluyendo el Hospital de Torrejón, que en los últimos meses ha estado en el foco tras la filtración de audios de su antiguo CEO en los que hablaba abiertamente de rechazar pacientes “no rentables”.

 

 

 

Además, el Ejecutivo autonómico ha aprobado lo que en la práctica se interpreta como un rescate económico para varios centros considerados menos rentables, como Valdemoro, Móstoles y Villalba, bajo el eufemismo administrativo de “restablecimiento del equilibrio económico”.

 

 

A ello se suman otros pagos comprometidos para ejercicios futuros, como los 36 millones previstos para la Fundación Jiménez Díaz de cara a 2026, en virtud de cláusulas cuyo detalle aún no se ha hecho público.

 

 

El silencio inicial del Gobierno regional ha sido uno de los elementos que más ha indignado a la oposición.

 

 

Una decisión de tal magnitud no fue comunicada en la habitual rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, algo que contrasta con el discurso de transparencia que la propia presidenta madrileña suele reivindicar.

 

 

Para muchos analistas, cuando una administración cree firmemente en un modelo y lo considera un éxito, no lo oculta: lo exhibe.

 

El hecho de que esta partida se haya conocido “por la puerta de atrás” ha alimentado la sospecha de que hay algo que no se quiere explicar con luz y taquígrafos.

 

 

Marta Carmona, portavoz de Sanidad de Más Madrid, ha sido una de las voces más contundentes.

 

En sus intervenciones ha insistido en que no se trata solo de una cuestión económica, sino de un problema estructural que afecta directamente a la calidad asistencial y a la seguridad de los pacientes.

 

 

Según Carmona, este modelo permite, e incluso incentiva, el desvío masivo de dinero público hacia empresas privadas sin un control efectivo, generando una sanidad pública asfixiada y unas listas de espera que empujan a los ciudadanos hacia los centros privatizados.

 

 

Uno de los puntos más delicados del debate es el papel de los fondos de inversión en la gestión sanitaria.

 

 

Los grandes grupos hospitalarios que operan en Madrid están controlados, en muchos casos, por fondos de private equity cuyo objetivo declarado es maximizar beneficios en un plazo relativamente corto para revender sus activos.

 

 

No es una acusación ideológica, es una realidad reconocida por los propios fondos en sus informes corporativos.

 

 

Cuando un servicio esencial como la sanidad se pone en manos de estructuras cuyo ADN es el lucro ilimitado, el choque con el interés general resulta, para muchos expertos, inevitable.

 

 

La comparación con otros modelos autonómicos, como el catalán, suele utilizarse para defender la colaboración público-privada.

 

 

Sin embargo, incluso quienes aceptan esa colaboración subrayan una diferencia clave: el límite al beneficio y el tipo de servicios externalizados.

 

 

En Madrid, denuncian, la colaboración se ha convertido en una dependencia estructural de empresas privadas que viven fundamentalmente del dinero público, lo que desdibuja la frontera entre lo público y lo privado hasta convertirla en una zona gris difícil de fiscalizar.

 

 

El caso del Hospital de Torrejón simboliza muchas de estas críticas. Los audios de su antiguo directivo, en los que se hablaba sin ambages de seleccionar pacientes en función de su rentabilidad, provocaron una fuerte alarma social.

 

 

Más Madrid solicitó una comisión de investigación en la Asamblea para esclarecer el impacto real de este modelo en la calidad asistencial y la supervisión ejercida por la Comunidad.

 

 

Sin embargo, la mayoría absoluta del Partido Popular ha bloqueado la iniciativa, alegando que no se puede “asustar a los pacientes” ni poner en duda la profesionalidad de los sanitarios.

 

 

Este argumento no convence a la oposición ni a parte de la ciudadanía. De hecho, muchos profesionales sanitarios han denunciado que son precisamente ellos quienes, en su día a día, se ven obligados a desobedecer instrucciones para proteger a los pacientes.

 

 

Para estos trabajadores, el problema no es que se investigue, sino que no se haga.

 

 

La falta de publicación de informes de inspección, el desconocimiento del número exacto de derivaciones a cada hospital o la ausencia de actas de reuniones entre la Consejería y las empresas gestoras desde 2023 refuerzan la percepción de opacidad.

 

 

En el trasfondo de todo este debate aparece una figura que añade gasolina al incendio político: Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso y trabajador del grupo Quirón.

 

 

La oposición insiste en que, aunque no exista una ilegalidad probada, el conflicto ético es evidente.

 

 

Quirón es el principal beneficiario de este flujo constante de dinero público y, al mismo tiempo, la empresa vinculada al entorno personal de la presidenta.

 

 

Para muchos ciudadanos, la imagen es difícil de digerir, especialmente cuando desde el Gobierno regional se exigen responsabilidades penales inmediatas en otros casos sin sentencia firme.

 

 

Más allá del ruido político, hay un elemento que atraviesa todo el debate y que raramente ocupa titulares: las consecuencias reales para los pacientes.

 

 

Cada euro que se detrae de la sanidad pública, denuncian los expertos, se traduce en urgencias colapsadas, meses de espera para una prueba diagnóstica o una consulta que no llega, y profesionales exhaustos trabajando al límite.

 

 

Esa presión es, paradójicamente, el combustible que alimenta el modelo, ya que empuja a los ciudadanos a aceptar derivaciones a centros privados como única salida.

 

 

El Gobierno de la Comunidad de Madrid defiende que el 90% del presupuesto sanitario se destina a la red pública y que solo un 10% va a concesiones privadas.

 

 

Sin embargo, la oposición replica que ese porcentaje no refleja la realidad del gasto ni el impacto del modelo, ya que muchos de los sobrecostes y pagos extraordinarios se aprueban fuera del foco mediático, como ha ocurrido ahora con estos 500 millones.

 

 

La promesa del Gobierno central de impulsar una reforma que limite la colaboración público-privada y haga “imposible el modelo Torrejón” añade una nueva capa de complejidad al debate.

 

 

Las dificultades parlamentarias son evidentes, pero la presión social crece a medida que salen a la luz más datos y testimonios.

 

Lo que para unos es una discusión técnica sobre eficiencia, para otros es una cuestión de justicia social y de defensa de uno de los pilares del Estado del bienestar.

 

 

Madrid se enfrenta así a una pregunta incómoda pero ineludible: ¿para quién está diseñada su sanidad? ¿Para garantizar el derecho a la salud de todos los ciudadanos o para asegurar la rentabilidad de grandes grupos empresariales que operan con dinero público? La respuesta no se encuentra solo en los presupuestos, sino en la voluntad política de someter el modelo a una transparencia real y a un control efectivo.

 

 

 

Mientras tanto, los 500 millones ya están aprobados y repartidos. El debate continúa en los platós, en la Asamblea y en las calles, pero sobre todo en los pasillos de los hospitales, donde pacientes y profesionales siguen viviendo las consecuencias de decisiones que rara vez se explican con claridad.

 

 

Y ahí, lejos de los discursos, es donde la sanidad madrileña se juega su credibilidad y su futuro.