GOLPE LETAL A FEIJÓO Y ABASCAL DE CARLOS ALSINA “TREMENDA HUMILLACIÓN EN DIRECTO” GÉNOVA EN PÁNICO.

En política, las palabras pesan. Y cuando alguien pronuncia “155”, aunque sea en tono retórico, no está lanzando una frase al aire: está invocando el mecanismo constitucional más duro que existe para intervenir una autonomía.

Hace apenas unos días, una ministra del Gobierno central deslizó que “de buena gana” aplicaría un 155 a Isabel Díaz Ayuso. La frase no cayó en saco roto. Reabrió un debate que parecía enterrado tras la pandemia y activó una cadena de movimientos en el tablero político que hoy tiene otro protagonista: Alberto Núñez Feijóo.

Porque mientras desde el Ejecutivo se hablaba de competencias y límites autonómicos, en el Partido Popular se estaba gestando una operación interna que muchos ya comparan, irónicamente, con un “155 doméstico”. No contra un adversario político, sino hacia dentro. Hacia sus propios barones.

La política española vive instalada en la tensión permanente entre el poder central y el autonómico. El artículo 155 de la Constitución —aplicado en 2017 en Cataluña— permite al Gobierno central asumir competencias de una comunidad si esta incumple gravemente la ley. Desde entonces, la cifra se convirtió en símbolo de intervención, de retirada de atribuciones, de pérdida de autonomía.

Durante la pandemia, el entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, asumió competencias extraordinarias bajo el estado de alarma, lo que algunos sectores calificaron como un “155 sanitario encubierto”. Aquella experiencia dejó cicatrices políticas profundas.

Hoy, el concepto vuelve a escena en otro contexto. No jurídico, sino estratégico. Feijóo ha decidido intervenir directamente en las negociaciones que sus líderes territoriales mantenían con Vox para formar gobiernos autonómicos. Y lo ha hecho tras constatar que las conversaciones no terminaban de cerrarse o generaban ruido contradictorio.

El caso más evidente es el de Extremadura. María Guardiola había defendido públicamente que no pactaría con Vox si implicaba asumir postulados que chocaran con sus principios. Sin embargo, la aritmética parlamentaria empujaba hacia un acuerdo si el PP quería gobernar. La negociación se convirtió en un pulso público.

En Aragón, Jorge Azcón vivía una situación similar, aunque con menor exposición mediática. Y en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco ya gobernaba en coalición con Vox, ofreciendo un precedente de convivencia compleja.

Ante este escenario, Génova decidió actuar. Nació así el llamado “documento marco para ordenar acuerdos”, un texto que establece las bases comunes para cualquier pacto con Vox en los territorios. El propio título es revelador: ordenar acuerdos. No sugerirlos. No recomendarlos. Ordenarlos.

El documento recoge varios de los ejes programáticos que interesan a Vox: política climática con revisión crítica de ciertas medidas, protección del sector agrario, inmigración vinculada a seguridad ciudadana, medidas contra la ocupación ilegal. Pero incluye también condiciones claras: respeto a la Constitución, a las competencias autonómicas, al Rey y compromiso de estabilidad durante toda la legislatura.

Además, introduce un principio clave: la proporcionalidad en el reparto de poder. Si el PP dobla en escaños a Vox, deberá doblarlo también en consejerías o ministerios. La regla es matemática, pero el mensaje es político: el liderazgo no se negocia.

Feijóo defendió públicamente que había hablado durante una hora con Santiago Abascal para “poner orden” y evitar que el ruido perjudicara la alternativa al actual Gobierno. Reconoció que sería una irresponsabilidad no articular una mayoría viable si los números lo permiten.

Sin embargo, en Vox la reacción fue inmediata. Desde su dirección señalaron que no aceptarían imposiciones ni “domesticaciones”. El pulso quedó servido. Porque aunque ambos partidos saben que necesitan entenderse si aspiran a gobernar España, también compiten por marcar la agenda y liderar el bloque conservador.

La escena recuerda a una partida de ajedrez en la que ambos jugadores conocen el desenlace probable —una coalición— pero luchan por decidir quién mueve primero y quién dicta las reglas. Vox quiere demostrar a su electorado que no es un socio subordinado. El PP busca reafirmar que es el eje central de cualquier alternativa.

El contraste es especialmente llamativo en el caso de Feijóo. Durante años, desde Galicia, cultivó la imagen de dirigente moderado que evitaba pactos con la extrema derecha. Criticó la foto de Colón y defendió que el PP podía gobernar en solitario. Hoy, las circunstancias son otras. La fragmentación parlamentaria y las encuestas que dibujan mayorías ajustadas obligan a replantear estrategias.

Los veteranos del PP recuerdan cuando Feijóo era el “oráculo gallego”, el barón que marcaba límites a la dirección nacional. Ahora es él quien interviene directamente en los territorios, enviando a su número dos, Miguel Tellado, a cerrar acuerdos y asegurarse de que el mensaje sea coherente en toda España.

Mientras tanto, en Vox la estructura interna es más vertical. No hay barones con autonomía real. La autoridad de Santiago Abascal es indiscutida y las discrepancias públicas se saldan con salidas o relegaciones, como la reciente situación de Ortega Smith, que ha pasado de figura clave a posición secundaria.

El debate de fondo va más allá de nombres y cargos. Se trata de definir qué modelo de derecha se consolida en España. ¿Uno liderado por un PP que absorbe parte del discurso de Vox pero mantiene las riendas? ¿O uno en el que Vox condiciona decisivamente la agenda y marca el ritmo?

Las encuestas actuales dibujan un escenario en el que PP y Vox podrían sumar mayoría absoluta a nivel nacional. Si se aplicara estrictamente la proporcionalidad defendida por Feijóo, el reparto de ministerios sería de dos del PP por cada uno de Vox, incluidas vicepresidencias. Un equilibrio delicado que anticipa negociaciones intensas.

En este contexto, el uso del término “155” adquiere una dimensión simbólica poderosa. Cuando se acusa a Feijóo de aplicar un “155 interno” a sus barones, se está señalando una centralización de decisiones que contrasta con el discurso tradicional del PP sobre respeto a la autonomía territorial.

Al mismo tiempo, desde el Gobierno central se vigilan estos movimientos con atención. La estabilidad o inestabilidad de los pactos autonómicos puede influir en la narrativa de cara a unas futuras elecciones generales.

La política española atraviesa un momento de redefinición. Las líneas rojas se difuminan, los discursos se ajustan y las estrategias se adaptan a una realidad parlamentaria fragmentada. Lo que ayer era impensable hoy se discute con naturalidad.

Para el ciudadano, todo esto puede parecer una maraña de siglas y maniobras. Pero las consecuencias son concretas: afectan a políticas climáticas, a medidas de seguridad, a la gestión del campo, a la inmigración, a la estabilidad institucional.

La pregunta que queda en el aire es clara: ¿quién marcará realmente el paso en la derecha española? ¿El partido con más escaños o el que impone condiciones más duras? ¿El que redacta el documento marco o el que decide si lo firma?

Las próximas semanas serán decisivas en varias comunidades autónomas. Los acuerdos que se cierren —o que se frustren— ofrecerán pistas sobre el modelo que podría trasladarse al ámbito nacional.

En política, como en la vida, ordenar no siempre significa controlar. A veces, intentar imponer reglas revela la fragilidad de las alianzas. Y en otras ocasiones, es la única forma de evitar el caos.

Lo que está claro es que el tablero ya no admite movimientos improvisados. Cada decisión, cada documento y cada declaración pública forma parte de una estrategia mayor. Y en esa estrategia, el equilibrio entre autonomía y centralización, entre liderazgo y coalición, marcará el rumbo de los próximos años en España.