Silvia Intxaurrondo destapa las posibles trampas de Feijóo en la entrega de los mensajes de la DANA: “Un procedimiento inventado”.

 

 

 

La presentadora subrayaba que si hubiese borrado de mensajes, “Feijóo no habría dejado rastro”.

 

 

 

 

 

Silvia Intxaurrondo en ‘La hora de La 1’ (RTVE).

 

 

La mañana del 2 de enero no era una más en el calendario judicial español.

 

Se cumplía el plazo que la jueza instructora de Catarroja había concedido a Alberto Núñez Feijóo para entregar la totalidad de los mensajes que intercambió con Carlos Mazón el 29 de octubre de 2024, el día en que la DANA arrasó Valencia y dejó una estela de muerte, destrucción y preguntas sin respuesta.

 

 

Un plazo breve, apenas tres días hábiles, pero cargado de un simbolismo político y ético enorme: la transparencia frente al relato, la verdad frente a la estrategia.

 

 

 

Feijóo había decidido mover ficha en Navidad. Eligió el día más familiar del año para enviar al juzgado un acta notarial con parte de los WhatsApp que, según él, demostraban su versión de los hechos.

 

 

Mensajes recibidos de Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana, durante aquellas horas críticas.

 

Lo que no incluyó fueron sus propios mensajes. La mitad del diálogo. El silencio que completa cualquier conversación.

 

 

Ese detalle, aparentemente técnico, encendió todas las alarmas. Porque nadie le había obligado a entregar nada.

 

 

No estaba imputado. No existía un requerimiento judicial previo. Fue una iniciativa voluntaria.

 

 

Y precisamente por eso, como subrayó Silvia Intxaurrondo desde La Hora de La 1, la decisión de entregar solo una parte se convirtió en el problema. Si decides hablar, ¿por qué callas justo la mitad que aporta contexto?

 

 

 

La jueza reaccionó con lógica jurídica elemental. Si ha entregado mensajes de forma voluntaria, entréguelos completos.

 

 

No para acusar, sino para entender. Porque la instrucción no busca titulares, busca reconstruir minuto a minuto qué sabían los responsables políticos mientras el agua subía y las alertas no llegaban a tiempo. Por eso le dio tres días. Tres días para completar el puzle.

 

 

El periodista Mateo Balín explicó con precisión los tiempos y las implicaciones.

 

 

El 2 de enero era el último día para que Feijóo remitiera, previsiblemente mediante una nueva acta notarial, los mensajes enviados entre las 19:59 y las 23:39 de aquel 29 de octubre.

 

Una franja horaria decisiva. Horas en las que la emergencia ya era evidente y las decisiones, o la falta de ellas, marcaron el desenlace.

 

 

La magistrada no pide opiniones ni interpretaciones. Pide literalidad. Quiere saber exactamente qué se dijo, cómo se dijo y en qué tono. Porque el contexto lo es todo.

 

 

No es lo mismo recibir un mensaje tranquilizador que enviar uno exigiendo información.

 

No es igual preguntar “¿cómo va todo?” que advertir “esto es grave”. Y esa diferencia solo se aprecia cuando se leen las dos partes de la conversación.

 

Aquí aparece el gran debate que Intxaurrondo puso sobre la mesa con crudeza: la fragilidad de la prueba aportada. Un acta notarial de WhatsApp no es una pericial informática.

 

 

El notario no certifica que no haya mensajes borrados. Solo da fe de que, en ese momento, en esa pantalla, aparecen esos mensajes concretos.

 

Si antes se eliminó alguno, no queda rastro. Y eso no es una acusación, es una realidad técnica conocida por cualquiera que use una aplicación de mensajería.

 

 

Por eso, creer que lo entregado es todo lo que existe se convierte en un acto de fe.

 

Y la justicia no funciona con fe, sino con evidencias contrastables. La pregunta clave no es si Feijóo ha cometido un delito, sino si el procedimiento elegido sirve realmente para esclarecer la verdad. Y ahí es donde surgen las dudas legítimas.

 

 

Balín aportó otro elemento esencial: las respuestas de Mazón. A través de ellas, la jueza puede inferir qué preguntas se hicieron, qué preocupaciones se expresaron y qué nivel de información circulaba entre ambos dirigentes.

 

 

Es un ejercicio de reconstrucción indirecta, similar al que ya se ha aplicado en esta causa con otros protagonistas.

 

 

El caso del jefe de Gabinete de Mazón, José Manuel Cuenca, es paradigmático. La jueza le pidió los mensajes intercambiados con la entonces consellera Pradas.

 

 

En este caso, el terminal había sido entregado a la Generalitat, y Cuenca autorizó expresamente la recuperación íntegra de las conversaciones.

 

Ahí sí hubo posibilidad de verificar autenticidad y completitud. Ese precedente pesa, y mucho.

 

 

Mientras tanto, el relato político se resquebraja. Porque Feijóo aseguró públicamente, dos días después de la DANA, que Mazón le había informado “en tiempo real”.

 

 

Durante más de un año sostuvo esa versión. Solo cuando presentó el acta notarial introdujo una corrección: dijo haberse equivocado de día, pero insistió en que sí existió información puntual. Ahora sabemos que ese matiz no es menor. Cambia el marco completo.

 

 

Intxaurrondo fue directa al señalar la contradicción: catorce meses de un discurso que no encaja con los tiempos reales de los mensajes.

 

 

No se trata de un lapsus sin importancia. Se trata de la gestión política de una tragedia y de cómo se construyó un relato defensivo cuando todavía había familias enterrando a sus muertos.

 

 

La presentadora también desmontó el aura de solemnidad del acta notarial. No es un procedimiento obligatorio ni excepcional.

 

Es una decisión personal. Podría haber entregado pantallazos, y el valor probatorio sería similar. La diferencia es simbólica, no jurídica.

 

Y eso abre otra pregunta incómoda: ¿se está buscando esclarecer o proteger?

 

 

Joaquim Bosch aportó la clave legal definitiva. Feijóo no está imputado. No se le puede incautar el móvil.

 

No se le puede obligar a una pericial. Por eso la jueza solo puede pedir colaboración voluntaria.

 

Y ahí es donde la ética política entra en juego. Cuando no hay obligación legal, lo que queda es la responsabilidad pública.

 

 

Este caso no va solo de WhatsApp. Va de confianza institucional. De si los ciudadanos pueden creer que, cuando ocurre una catástrofe de esta magnitud, quienes gobiernan dicen la verdad completa o solo la parte que les conviene.

 

Va de si los líderes políticos entienden que la transparencia no es una estrategia de comunicación, sino una obligación moral.

 

 

La DANA de Valencia no fue un fenómeno abstracto. Tuvo nombres, apellidos, calles inundadas, coches arrastrados, familias rotas.

 

Cada mensaje enviado o recibido aquella noche forma parte de esa historia. No son simples textos en una pantalla. Son piezas de un relato colectivo que exige ser contado sin cortes ni ediciones.

 

Por eso, lo que ocurra tras este 2 de enero marcará un antes y un después. Si Feijóo entrega todos los mensajes, asumirá un riesgo político, pero contribuirá a aclarar los hechos.

 

Si no lo hace, o si lo hace de forma parcial, la sombra de la duda seguirá creciendo. Y en política, la duda sostenida acaba pesando más que cualquier titular puntual.

 

 

La justicia hará su trabajo dentro de los límites legales. Pero la opinión pública ya está juzgando otra cosa: la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. La diferencia entre colaborar y escenificar. Entre explicar y administrar silencios.

 

 

Este episodio interpela también a la ciudadanía. Porque normalizar medias verdades es abrir la puerta a que, en la próxima tragedia, vuelva a ocurrir lo mismo.

 

Exigir claridad no es partidismo. Es democracia básica. Es entender que el poder se legitima cuando rinde cuentas, incluso —y sobre todo— cuando duele.

 

Al final, los mensajes importan menos que lo que representan. Importan porque revelan cómo se toman decisiones bajo presión.

 

Porque muestran prioridades reales. Porque desnudan discursos. Y porque recuerdan algo esencial: que gobernar no es solo mandar, es responder.

 

Ante la justicia, ante las víctimas y ante una sociedad que ya no se conforma con versiones incompletas.

 

 

Lo que está en juego no es un acta notarial más. Es la credibilidad de una forma de hacer política. Y eso, una vez perdido, no se recupera con pantallazos.