Se VAN de ESPAÑA! Podemos y ZAPATERO expuestos en su MAYOR SECRETO al DESTAPAR mentiras en CONGRESO.

 

 

 

Pensiones, memoria y confrontación política: el debate que define el presente y el futuro social en España.

 

 

 

El Congreso de los Diputados ha sido escenario, una vez más, de un intenso debate sobre el sistema de pensiones, la memoria política y las estrategias de gobierno en torno a uno de los pilares más sensibles del Estado de bienestar.

 

 

 

La sesión, marcada por la propuesta del grupo mixto —particularmente de los diputados de Podemos— y la respuesta contundente del Partido Popular, ha puesto sobre la mesa no solo las cifras y los modelos de sostenibilidad, sino también la forma en que la política española afronta sus propias contradicciones y responsabilidades históricas.

 

 

 

El eje del enfrentamiento ha girado en torno a la reforma de pensiones y el papel de los diferentes gobiernos en la configuración del sistema actual.

 

 

 

En el centro de la polémica, el Real Decreto impulsado por el ministro José Luis Escrivá en 2021, que supuso cambios relevantes en la gestión de las pensiones y que, según la portavoz popular, fue aprobado sin ninguna voz discrepante por parte de los entonces ministros de Podemos.

 

 

 

La acusación de “mucha cara” por parte del PP pone en evidencia la tensión entre la retórica de la denuncia y la realidad de la acción de gobierno: sacar banderas en la oposición, pero guardar silencio cuando se ostenta el poder y se disfrutan sus privilegios.

 

 

 

La intervención del Partido Popular ha sido un repaso minucioso —aunque selectivo— de las decisiones tomadas por los gobiernos de izquierda en materia de pensiones.

 

 

La portavoz popular ha recordado la histórica reducción del 5% en los salarios de los empleados públicos, decretada por José Luis Rodríguez Zapatero en 2010 como medida urgente para reducir el déficit público.

 

 

Aquella decisión, inédita hasta entonces en la democracia española, supuso un golpe duro para miles de familias y marcó un precedente en la gestión de crisis económicas.

 

 

Pero no solo eso: también se recordó el retraso de la edad de jubilación de los 65 a los 67 años, otra medida emblemática que, según el PP, fue asumida por la izquierda y que hoy se olvida en el relato progresista.

 

 

 

El debate sobre la memoria política ha sido central. La portavoz popular ha acusado a la izquierda de construir una “memoria selectiva”, olvidando las decisiones difíciles que tomaron en el pasado y presentándose ahora como defensores exclusivos de los derechos sociales.

 

 

La referencia al complemento de maternidad en las pensiones, introducido por la ministra Fátima Báñez durante el gobierno de Rajoy, ha servido para subrayar la aportación del PP y denunciar el voto en contra de los socialistas, a quienes ha calificado de “muy feministas porque son socialistas, pero votan en contra”.

 

 

El factor de sostenibilidad, otro elemento clave en el debate sobre la viabilidad del sistema, fue también atribuido a la reforma de Zapatero en 2011, frente a la narrativa que busca responsabilizar al PP de todos los recortes y ajustes.

 

 

 

La discusión sobre el déficit y la gestión económica ha sido otro de los puntos de fricción.

 

 

El PP ha denunciado que, durante el traspaso de poderes, se engañó al presidente Rajoy sobre la verdadera magnitud del déficit, que pasó del 6% al 9%.

 

 

Este argumento ha servido para justificar las medidas adoptadas por el PP en su etapa de gobierno y para rechazar las “lecciones” que la izquierda pretende dar en la actualidad.

 

 

El mensaje es claro: el Partido Popular, según su portavoz, tiene “memoria real” y no permitirá que se le atribuyan decisiones que fueron tomadas por otros.

 

 

En el trasfondo del debate, la cuestión de la legitimidad del gobierno actual ha vuelto a emerger.

 

 

El PP ha insistido en que el Ejecutivo de Sánchez gobierna sin apoyo parlamentario mayoritario, sin presupuestos y en un “extraño contubernio” con Sumar y otras formaciones de izquierda.

 

 

La acusación de ilegitimidad y de “mantener los sillones” se ha convertido en una constante en el discurso conservador, que busca erosionar la autoridad moral y política del gobierno socialista.

 

 

La iniciativa de Podemos, centrada en la defensa de los pensionistas y la mejora del sistema, ha sido recibida con escepticismo por el PP, que ha cuestionado la seriedad y el rigor de la propuesta.

 

 

La portavoz popular ha subrayado que un tema de tal “calado, compromiso e importancia” no puede resolverse con una moción “de dos líneas y media”, sino que requiere estudio y debate en el marco del Pacto de Toledo, el órgano parlamentario encargado de diseñar consensos sobre el sistema de pensiones.

 

 

El compromiso del PP, según la portavoz, es estudiar la cuestión “con rigor y seriedad”, lejos de la improvisación y el oportunismo político.

 

 

 

El cierre del debate ha estado marcado por el reconocimiento del colectivo de pensionistas como uno de los más respetados y apoyados por el Partido Popular.

 

 

La portavoz ha reivindicado la credibilidad y la previsibilidad de su formación, asegurando que el PP “gobierna con presupuestos” y ofrece estabilidad frente a la incertidumbre y la improvisación.

 

 

El aplauso final ha sido el reflejo de una bancada que se siente reivindicada en su memoria y en su gestión.

 

 

 

Pero el debate sobre las pensiones no es solo una cuestión de memoria o de relato político.

 

 

Es, ante todo, un desafío estructural que afecta a millones de ciudadanos y que exige respuestas responsables y sostenibles.

 

 

La evolución demográfica, el envejecimiento de la población, la precarización del empleo y la volatilidad económica ponen en jaque la viabilidad del sistema y obligan a los partidos a buscar consensos más allá de la confrontación ideológica.

 

 

El Pacto de Toledo, citado por la portavoz popular, es el espacio donde deberían construirse esas soluciones, pero la dinámica parlamentaria y la polarización política dificultan el diálogo y la búsqueda de acuerdos duraderos.

 

 

 

La votación posterior sobre la proposición de ley del grupo republicano para combatir la especulación inmobiliaria ha sido otro ejemplo de la dificultad para alcanzar consensos.

 

 

La iniciativa, que buscaba medidas fiscales para frenar la especulación y garantizar el acceso a la vivienda, fue rechazada por mayoría: 171 votos en contra, 163 a favor y 13 abstenciones.

 

 

El resultado pone de manifiesto la fragmentación del Parlamento y la dificultad para impulsar reformas estructurales en un contexto de alta polarización y bloqueo institucional.

 

 

En el trasfondo de ambos debates, late la preocupación por el futuro social de España.

 

 

Las pensiones y la vivienda son dos de los grandes retos que definirán la calidad de vida y la cohesión social en los próximos años.

 

 

La capacidad de los partidos para superar la memoria selectiva, el oportunismo y la confrontación será clave para garantizar respuestas eficaces y justas.

 

 

El Congreso, como espacio de representación y deliberación, debe ser también el lugar donde se construyen los pactos fundamentales que sostienen el Estado de bienestar.

 

 

El debate sobre las pensiones ha dejado claro que la política española sigue atrapada en el pasado, en la memoria de las crisis y las reformas, y en la lucha por el relato.

 

 

Pero también ha mostrado la necesidad de mirar hacia adelante, de afrontar los desafíos con responsabilidad y de buscar acuerdos que trasciendan la lógica de la revancha y el reproche.

 

 

El futuro de los pensionistas, y de toda la sociedad, depende de la capacidad de los representantes públicos para dialogar, acordar y legislar con visión de Estado.

 

 

La sesión concluyó, como tantas otras veces, con la sensación de que las grandes cuestiones siguen abiertas y que el camino hacia el consenso es largo y complejo.

 

 

Pero también con el recordatorio de que la política, más allá del ruido y la confrontación, tiene el deber de servir al interés general y de proteger a los más vulnerables.

 

 

En ese sentido, el debate sobre las pensiones y la vivienda es mucho más que una disputa partidista: es el reflejo de la responsabilidad colectiva ante el presente y el futuro de España.