💥¡¡BOMBAZO!! CONCOSTRINA DA BOFETADA HISTÓRICA A FEIJÓO Y HUNDE EL DISCURSO DEL PP CON LECCIÓN ÉPICA.

El debate sobre inmigración en España volvió a ocupar el centro de la conversación pública tras las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo, quien afirmó que el país atraviesa una “crisis migratoria sin precedentes”. La frase, contundente y diseñada para impactar, no tardó en generar reacciones. Entre las respuestas más resonantes estuvo la de la periodista e historiadora Nieves Concostrina, que optó por una herramienta poco habitual en la confrontación política diaria: la memoria histórica como antídoto contra la simplificación.

El núcleo de la discusión no radica únicamente en si España debe o no reforzar sus políticas migratorias, sino en el marco conceptual desde el que se analiza el fenómeno. Hablar de una situación “sin precedentes” implica sostener que el país nunca antes ha experimentado tensiones derivadas de los movimientos de población. Sin embargo, un repaso a la historia demuestra que la movilidad humana ha sido una constante estructural en la experiencia española.

España fue, durante siglos, un país de emigrantes. Desde finales del siglo XV, millones de personas cruzaron el Atlántico rumbo a América en busca de oportunidades económicas, estabilidad o simplemente supervivencia. Durante los siglos XIX y XX, los flujos se intensificaron hacia Argentina, Cuba, México o Venezuela. En esos movimientos no solo viajaban jornaleros o trabajadores sin cualificación, sino también profesionales, comerciantes y familias enteras que apostaban por rehacer su vida lejos de su lugar de origen.

Tras la Guerra Civil, el exilio republicano llevó a cerca de medio millón de españoles a Francia. Muchos de ellos fueron internados en campos de concentración improvisados en playas francesas; otros terminaron participando en la resistencia contra el nazismo. La emigración no fue entonces una elección libre, sino una huida forzada por la persecución política y el miedo.

En los años 60, bajo la dictadura franquista, España volvió a convertirse en exportadora de mano de obra. Miles de trabajadores partieron hacia Alemania, Suiza, Francia, Bélgica o Australia. La economía española no podía absorber a toda su población activa, y los acuerdos bilaterales facilitaron la salida de trabajadores que enviaban remesas esenciales para muchas familias. En ese contexto, el emigrante español era el extranjero que competía por empleos industriales o agrícolas en países más desarrollados.

La historiadora Nieves Concostrina subrayó que el término “migratorio” engloba tanto inmigración como emigración. Es decir, describe el desplazamiento geográfico de personas por razones económicas, sociales o políticas, sin distinguir si el movimiento es de entrada o salida. Por ello, sostener que España vive una crisis “migratoria” sin precedentes exige, como mínimo, precisión conceptual.

El paralelismo histórico resulta incómodo. Muchos de los argumentos que hoy se emplean para cuestionar la llegada de inmigrantes —competencia laboral, presión sobre servicios públicos, diferencias culturales— fueron utilizados en el pasado contra españoles en otros países. En 1920, el Congreso de Estados Unidos endureció las cuotas migratorias alegando que determinados colectivos europeos, incluidos los españoles, quitaban empleo a los trabajadores locales. En Alemania, durante los años 60, los trabajadores del sur de Europa eran percibidos como mano de obra necesaria pero culturalmente ajena. En Hawái, miles de andaluces reclutados para trabajar en plantaciones de azúcar denunciaron condiciones muy distintas a las prometidas antes de embarcar.

También existió emigración clandestina española. Redes ilegales facilitaban la salida de trabajadores hacia Alemania a través de Andorra, o hacia América Latina sin los permisos adecuados. La irregularidad no es, por tanto, un fenómeno exclusivo de la inmigración contemporánea hacia España; forma parte de la historia migratoria del propio país.

En 2012, en plena crisis económica posterior al colapso financiero de 2008, alrededor de 60.000 españoles abandonaron el país en busca de empleo. El desempleo juvenil superaba cifras dramáticas y muchos titulados universitarios encontraron oportunidades en Reino Unido, Alemania o América Latina. Aquella salida masiva reabrió un debate que parecía superado: España volvía a ser país de emigración.

La frase citada por el investigador Francisco Contreras resume bien la lógica que ha impulsado estos movimientos a lo largo del tiempo: no emigra el pobre por serlo, sino quien sabe que en otro lugar su esfuerzo puede rendir más. La migración, en ese sentido, no es solo consecuencia de la miseria, sino también de la aspiración.

Nada de lo anterior invalida el derecho del Estado a gestionar sus fronteras. Feijóo ha defendido que España debe decidir quién entra y en qué condiciones, poniendo el foco en la inmigración irregular y en la necesidad de preservar la cohesión social. Se trata de una posición política legítima dentro del pluralismo democrático. Sin embargo, lo que cuestionan voces como la de Concostrina es el recurso a la excepcionalidad histórica como argumento retórico.

Presentar la situación actual como una anomalía absoluta puede simplificar en exceso un fenómeno complejo. Los flujos migratorios están vinculados a desigualdades económicas globales, conflictos armados, cambios demográficos y redes transnacionales. España, como miembro del espacio Schengen y de la Unión Europea, forma parte de un sistema de movilidad más amplio en el que las decisiones nacionales interactúan con marcos comunitarios.

Hay además un componente territorial que añade matices al debate. Galicia, tierra natal de Feijóo, fue una de las regiones más marcadas por la emigración. Durante generaciones, miles de gallegos partieron hacia América Latina. En Argentina o Venezuela se formaron comunidades que mantuvieron vínculos culturales y económicos con su tierra de origen. Muchas familias gallegas construyeron su prosperidad gracias a esas experiencias migratorias.

Esa memoria colectiva forma parte de la identidad española. Olvidarla o relegarla a un segundo plano empobrece la discusión pública. Reconocer que España ha sido país de salida no implica negar los retos que plantea la inmigración actual, pero sí obliga a contextualizarlos.

Otro elemento relevante es la evolución demográfica. España enfrenta un envejecimiento acusado de su población y una tasa de natalidad baja. Diversos estudios apuntan a que la inmigración puede contribuir a sostener el sistema de pensiones y el mercado laboral en determinados sectores. Este aspecto suele quedar diluido en el debate polarizado, donde predominan los mensajes simplificados.

Por otra parte, es cierto que la gestión de la inmigración irregular plantea desafíos concretos: presión sobre recursos locales, necesidad de coordinación con países de origen y tránsito, y garantía de derechos humanos en los procedimientos de acogida y devolución. La cuestión no es si deben existir políticas de control, sino cómo diseñarlas de manera eficaz y respetuosa con el marco legal y los compromisos internacionales.

La historia ofrece una lección adicional: los países que hoy reciben inmigración fueron, en muchos casos, emisores en el pasado. Los flujos cambian con el tiempo según las condiciones económicas y políticas. Alemania necesitó mano de obra extranjera en los años 60; Estados Unidos pasó de ser receptor masivo a endurecer cuotas; España, que durante décadas exportó trabajadores, comenzó a recibirlos a finales del siglo XX tras su crecimiento económico.

El debate contemporáneo se ve condicionado por la velocidad de la información y la lógica de las redes sociales, donde los eslóganes tienen más impacto que los matices. Expresiones como “crisis sin precedentes” condensan en pocas palabras una visión del problema, pero pueden contribuir a una percepción distorsionada si no se acompañan de contexto.

Nieves Concostrina no negó la existencia de tensiones actuales ni la necesidad de políticas públicas claras. Su intervención puso el acento en la importancia de la precisión histórica y conceptual. Recordar que los españoles también fueron considerados “extranjeros problemáticos” en otros lugares no pretende equiparar situaciones distintas, sino aportar perspectiva.

En última instancia, la discusión sobre inmigración interpela a cuestiones de identidad, economía y valores democráticos. ¿Cómo equilibrar el control fronterizo con la protección de derechos? ¿Cómo gestionar la integración sin alimentar discursos excluyentes? ¿Cómo evitar que la memoria selectiva condicione la percepción del presente?

España no es ajena a los desafíos migratorios globales. Pero tampoco es un país sin antecedentes en esta materia. Su historia demuestra que la movilidad humana ha sido parte esencial de su desarrollo. De los puertos gallegos rumbo a América a los trenes que partían hacia Alemania, pasando por los exilios forzados y las migraciones internas del campo a la ciudad, el desplazamiento ha sido constante.

Quizá la enseñanza más valiosa no sea una receta política concreta, sino una invitación a la complejidad. La inmigración no es un fenómeno nuevo ni excepcional, aunque adopte formas distintas en cada época. Comprenderlo requiere combinar datos actuales con memoria histórica.

En un debate tan cargado de implicaciones emocionales y sociales, la precisión importa. Las palabras construyen marcos mentales. Y si algo demuestra la experiencia española es que las fronteras de hoy pueden ser las rutas de salida de mañana. La historia no dicta las políticas, pero sí ayuda a evitar simplificaciones que, lejos de aclarar, confunden.

Por eso, antes de asumir que vivimos una situación sin precedentes, conviene mirar atrás. No para negar los problemas actuales, sino para entender que la movilidad humana forma parte de un proceso continuo. España fue emigrante, es inmigrante y probablemente seguirá siendo ambas cosas en distintos momentos. Reconocer esa doble condición puede ser el primer paso para un debate más informado, menos emocional y más acorde con la complejidad de la realidad.