El dolor de saber la verdad: muchas vidas se habrían salvado si Pradas hubiera hecho caso a Suárez.

 

 

 

Nadie hizo caso a Jorge Suárez cuando advirtió de que se le tenía que decir a la población que se protegiese en altura.

 

 

 

 

 

 

La instrucción judicial sobre la catástrofe provocada por la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) que asoló la Comunidad Valenciana el 29 de octubre de 2024 ha alcanzado un punto de inflexión tras la esperada declaración de Jorge Suárez, subdirector general de Emergencias.

 

 

 

Su testimonio ante el Juzgado de Catarroja ha destapado las carencias, las disputas internas y las decisiones erróneas que marcaron aquella jornada trágica, arrojando luz sobre la cadena de responsabilidades políticas y técnicas que desembocaron en la muerte de 230 personas.

 

 

La comparecencia de Suárez era considerada clave para esclarecer los hechos y determinar si la gestión de la emergencia estuvo a la altura de las circunstancias. Y no ha defraudado.

 

 

 

Con argumentos sólidos y datos precisos, el subdirector ha desmontado la línea de defensa de la exconsellera de Emergencias, Salomé Pradas, y del exjefe de Bomberos, José Miguel Basset, evidenciando que la dirección del Cecopi (Centro de Coordinación Operativa Integrada) aquel día fue, en sus palabras, “la incapacidad hecha persona”.

 

 

 

Uno de los momentos más dolorosos de la declaración fue la revelación de que, antes de las seis de la tarde, Suárez recomendó el envío de un mensaje urgente a la población, instando a ponerse a salvo en zonas elevadas.

 

 

Una advertencia que, según el testimonio, era necesaria tanto por el riesgo de rotura de la presa de Forata como por la situación en El Poyo.

 

 

 

Sin embargo, la decisión final recaía en Salomé Pradas, quien optó por no incluir esa medida en el protocolo de actuación, tras discrepancias con Basset y en medio de una confusión sobre la información suministrada por la Confederación Hidrográfica del Júcar y la Aemet.

 

 

La instrucción judicial ha puesto de manifiesto que la tragedia fue, en gran medida, consecuencia de una cadena de errores evitables.

 

 

La negativa de Pradas a emitir el aviso propuesto por Suárez, motivada por disputas internas y dudas jurídicas, resultó fatal.

 

 

Los minutos se perdieron en discusiones sobre cuestiones tan absurdas como el tipo de valenciano que debía emplearse en el mensaje, mientras el tiempo corría en contra de las víctimas.

 

 

La consulta a los servicios jurídicos, en lugar de priorizar la urgencia de la situación, retrasó aún más la toma de decisiones.

 

 

El resultado de estas vacilaciones fue devastador: 230 personas perdieron la vida, muchas de ellas atrapadas en sus viviendas o en garajes inundados, sin recibir a tiempo la advertencia que podría haberles salvado.

 

 

Las familias de las víctimas, presentes en el juzgado, han vivido la declaración de Suárez como un momento de dolor y de revelación, conscientes ahora de que la peor decisión se tomó en el peor momento.

 

El impacto emocional de la tragedia sigue presente en la comunidad valenciana. Las familias de los fallecidos han expresado su sufrimiento y su indignación ante la constatación de que la catástrofe fue, en parte, consecuencia de la incompetencia y la falta de liderazgo en la gestión de la emergencia.

 

 

Ejemplos como el padre de Rosa, fallecido solo en su casa de planta baja, o Toñi, que perdió a su marido y a su hija cuando bajaron al garaje a por el coche, ilustran el drama humano detrás de las cifras.

 

 

 

Para Ilosva, cuyo esposo murió atrapado en una calle de Benetússer, la declaración de Suárez ha sido especialmente dolorosa: “Nadie hizo caso cuando advirtió que se debía decir a la población que se protegiera en altura”.

 

 

El sentimiento de impotencia y rabia se mezcla con el deseo de que la verdad salga a la luz y se depuren responsabilidades.

 

 

La instrucción judicial ha puesto en el centro del debate la figura de Salomé Pradas, consellera de Emergencias en el momento de la tragedia.

 

 

Como mando único del Cecopi, Pradas tenía la responsabilidad de tomar decisiones rápidas y eficaces para proteger a la población.

 

 

Sin embargo, la declaración de Suárez ha dejado claro que la exconsellera “metió la pata hasta el corvejón”, dejando en evidencia su falta de preparación y liderazgo.

 

 

Las críticas se extienden también al entonces presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, por haber confiado una conselleria tan crítica a una persona sin experiencia suficiente en la gestión de crisis.

 

 

La falta de coordinación entre los distintos organismos implicados, la confusión sobre la información recibida y la ausencia de un protocolo claro agravaron la situación y contribuyeron a la magnitud de la catástrofe.

 

 

Uno de los aspectos más controvertidos de la instrucción es la gestión de la información por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

 

 

La defensa de Pradas y Basset ha insistido en que no disponían de datos suficientes para justificar el envío del aviso, pero Suárez ha demostrado que la recomendación se hizo con base en los riesgos detectados y que la decisión de no actuar fue política, no técnica.

 

 

La falta de comunicación efectiva entre los organismos técnicos y los responsables políticos ha quedado patente en la instrucción.

 

 

La confusión sobre el riesgo de rotura de las presas y la interpretación de los datos meteorológicos contribuyeron a la indecisión y al retraso en la adopción de medidas preventivas.

 

La tragedia de la DANA ha abierto un debate nacional sobre la gestión de las emergencias y la necesidad de reformar los protocolos de actuación.

 

 

Expertos en protección civil y gestión de crisis han subrayado la importancia de la rapidez y la claridad en la toma de decisiones, así como la necesidad de formación específica para los responsables políticos encargados de coordinar las respuestas ante situaciones extremas.

 

 

 

La instrucción judicial en Valencia se ha convertido en un caso emblemático que pone de manifiesto las carencias del sistema y la urgencia de introducir reformas que garanticen la seguridad de la población en futuras emergencias.

 

 

La transparencia, la rendición de cuentas y la depuración de responsabilidades son ahora demandas centrales de las familias de las víctimas y de la sociedad en su conjunto.

 

Tras la declaración de Suárez, diversas asociaciones de víctimas han reclamado la dimisión de los responsables políticos implicados y la apertura de procedimientos disciplinarios contra quienes no actuaron con la diligencia debida.

 

 

La Generalitat Valenciana ha anunciado la revisión de los protocolos de emergencia y la puesta en marcha de un plan de formación para los cargos públicos encargados de la gestión de crisis.

 

 

 

El debate ha llegado también al Congreso de los Diputados, donde representantes de distintos partidos han pedido explicaciones y han exigido medidas para evitar que tragedias como la de la DANA se repitan en el futuro.

 

 

La presión social y mediática ha obligado a las instituciones a asumir la gravedad de la situación y a comprometerse con la búsqueda de justicia y reparación para las víctimas.

 

La instrucción judicial sobre la DANA sigue su curso, pero la declaración de Jorge Suárez ha marcado un antes y un después en la percepción pública de la tragedia.

 

 

Las familias de las víctimas esperan que la verdad salga a la luz y que se depuren todas las responsabilidades, políticas y técnicas, que contribuyeron a la catástrofe.

 

 

El dolor de las víctimas es inmenso, pero su dignidad y su lucha por la justicia son también un ejemplo de resiliencia y de compromiso con la memoria colectiva.

 

 

La sociedad valenciana, y España en su conjunto, deben aprender de los errores del pasado y garantizar que la protección de la vida y la seguridad de los ciudadanos sea siempre la prioridad absoluta en la gestión de las emergencias.

 

 

La catástrofe de la DANA en Valencia ha dejado una huella imborrable en la memoria de la comunidad y ha puesto de manifiesto la necesidad de reformar el sistema de gestión de emergencias en España.

 

 

La declaración de Jorge Suárez ha revelado los errores, las disputas internas y las decisiones fatales que marcaron aquella jornada, arrojando luz sobre la cadena de responsabilidades que desembocó en la muerte de 230 personas.

 

 

La búsqueda de justicia, la reparación para las víctimas y la introducción de reformas que garanticen la eficacia y la transparencia en la gestión de futuras emergencias son ahora objetivos prioritarios para las instituciones y la sociedad.

 

 

La memoria de las víctimas debe ser el motor que impulse el cambio y que evite que tragedias como la de la DANA vuelvan a repetirse.