Figaredo (VOX) DESTROZA a CHIQUI MONTERO en el Congreso CON 1 INTERVENCIÓN que la dejó SIN RESPUESTA.

 

 

 

 

 

Lo que ocurrió en el Congreso no fue una simple interpelación parlamentaria más.

 

Fue un choque frontal entre dos relatos antagónicos sobre España, su economía y, sobre todo, sobre el papel real de los autónomos, las instituciones y el Estado.

 

Un enfrentamiento largo, áspero y cargado de datos, acusaciones y réplicas que retrata con crudeza el clima político actual y la batalla por el control del relato público.

 

 

Desde el primer minuto, Vox buscó convertir la interpelación urgente en un juicio político y moral contra el Gobierno.

 

La ausencia de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, fue utilizada como munición inicial.

 

El portavoz de Vox no se limitó a criticar una sustitución reglamentaria: construyó un marco narrativo de huida, ocultación y culpa.

 

La idea que quiso instalar es clara y fácil de entender para el espectador medio: “no viene porque tiene algo que esconder”.

 

Ese es el punto de partida emocional del discurso, y desde ahí se despliega una cascada de acusaciones que mezclan fiscalidad, corrupción, tragedias naturales y desgaste institucional.

 

 

El aniversario de la riada de Valencia fue el elemento más delicado y controvertido del debate.

 

Vox acusó al Gobierno de instrumentalizar el dolor de las víctimas mientras, según su relato, hace un año se negó a suspender la actividad parlamentaria.

 

El mensaje buscaba indignar: se habló de más de 200 muertos, de infraestructuras no ejecutadas pese a informes previos, de obras hidráulicas pendientes en el Barranco del Poyo y de promesas incumplidas en ayudas.

 

La estrategia fue clara: presentar al Ejecutivo no solo como incompetente, sino como moralmente hipócrita, capaz de esconderse “detrás de los muertos” para no hablar de corrupción y fiscalidad.

 

En este punto, el discurso abandona la economía para entrar en el terreno emocional más duro.

 

Se citan cifras concretas de ayudas prometidas y no pagadas, retrasos administrativos, familias que siguen esperando, coches aún atrapados en zonas inundables.

 

El objetivo no es solo informar, sino provocar una reacción visceral: rabia, impotencia, sensación de abandono.

 

Es un recurso habitual en el discurso político contemporáneo, pero aquí se utiliza de forma especialmente agresiva.

 

Tras esa primera embestida, Vox gira el foco hacia su tema central: los autónomos.

 

Y lo hace construyendo una narrativa de asfixia. Según este relato, España vive una paradoja alarmante: más población, más gasto público, más recaudación… pero el mismo número de autónomos que hace veinte años.

 

La conclusión que se sugiere es demoledora: el sistema está expulsando a quienes trabajan por cuenta propia.

 

La reforma del sistema de cotización por ingresos reales se presenta como el “golpe de gracia”, un ataque directo a un colectivo que trabaja más horas, descansa menos y asume más riesgos que nadie.

 

 

Aquí el discurso conecta con una realidad que muchos autónomos sienten en su día a día: incertidumbre, cuotas elevadas, regularizaciones inesperadas, cartas de la Seguridad Social reclamando pagos atrasados.

 

Vox explota esa sensación con habilidad comunicativa. Habla de recargos de miles de euros, de negocios al límite, de un Estado que “exprime” en lugar de proteger.

 

Y añade un dato simbólicamente potente: en España ya habría más funcionarios que autónomos, una imagen diseñada para activar el rechazo al sector público y reforzar la idea de un país desequilibrado.

 

 

La respuesta del Gobierno, en boca de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, cambia completamente el registro.

 

Frente al tono acusatorio, opta por el contraataque basado en datos oficiales.

 

Niega la extinción de los autónomos y habla de récords históricos de afiliación, más de 3,4 millones, con crecimiento sostenido desde la implantación del nuevo sistema.

 

Introduce un matiz clave: no solo importa cuántos autónomos hay, sino la calidad de su protección social y la sostenibilidad de sus derechos a largo plazo.

 

La ministra pone el foco en mujeres autónomas, en sectores de alto valor añadido, en la contribución de la inmigración al crecimiento del RETA.

 

Es un discurso que intenta desmontar el alarmismo con cifras, pero también con una apelación ideológica clara: el sistema público como garantía frente a la precariedad futura.

 

Su mensaje central es sencillo: cotizar más hoy no es un castigo, es una inversión en dignidad mañana.

 

En este punto, el debate deja de ser técnico y se convierte en una confrontación de modelos.

 

Vox defiende la libertad individual, la reducción drástica de cotizaciones y la desregulación como vía para sobrevivir.

 

El Gobierno responde que ese camino conduce a pensiones miserables, dependencia de seguros privados y abandono en momentos críticos como enfermedad, maternidad o cese de actividad.

 

Ambas posiciones tienen públicos distintos, pero el choque es frontal y sin concesiones.

 

Uno de los momentos más relevantes es cuando la ministra acusa a Vox de votar sistemáticamente en contra de ayudas clave para los autónomos: cese extraordinario de actividad durante la pandemia, moratorias, reducciones de cuotas en zonas despobladas, compatibilidad entre pensión y trabajo, ayudas a la digitalización.

 

Aquí el Gobierno no solo se defiende, sino que devuelve el golpe: acusa a Vox de usar a los autónomos como bandera mientras bloquea las medidas que realmente les han permitido sobrevivir en los peores momentos.

 

 

La mención al Kit Digital y a los fondos europeos Next Generation no es casual. Es un intento de aterrizar el discurso en beneficios concretos y tangibles: modernización, competitividad, ventas.

 

Frente a la abstracción ideológica, se ofrecen cifras y ejemplos que muchos autónomos han experimentado directamente.

 

 

El segundo turno de Vox eleva aún más la tensión. El portavoz se presenta como autónomo, apela a su experiencia personal y acusa al Gobierno de mentir con las cifras.

 

Vuelve la idea de la sobrecotización forzada, de la recaudación disparada y del gasto público descontrolado.

 

Aparece un nuevo enemigo retórico: las subvenciones. Decenas de miles de millones, organismos internacionales, agendas globales.

 

El mensaje busca generar la sensación de que el dinero de los autónomos se diluye en estructuras lejanas y ajenas a sus problemas reales.

 

La “motosierra” se convierte en símbolo. No como metáfora económica neutra, sino como promesa política: recortar subvenciones, financiación ideológica, gasto político.

 

Es un mensaje diseñado para conectar con el hartazgo fiscal y la desconfianza hacia las élites, muy alineado con discursos de otras derechas radicales internacionales.

 

 

El cierre del debate por parte de la ministra es significativo porque cambia el destinatario.

 

Ya no responde a Vox, sino directamente a los autónomos que están escuchando desde sus negocios.

 

Es un recurso comunicativo potente: salta el ring parlamentario y busca una conexión directa con la audiencia.

 

Les recuerda quién votó qué cuando las cosas se pusieron difíciles. Les habla de hechos, no de promesas.

 

Y plantea una pregunta incómoda: cuando se promete “cuota cero”, ¿se está prometiendo también “prestaciones cero”?

 

Ahí se condensa el núcleo del enfrentamiento. No es solo una discusión sobre números, sino sobre el tipo de país que se quiere construir.

 

Un modelo basado en la protección colectiva y la redistribución frente a otro que prioriza la reducción del Estado y la responsabilidad individual absoluta.

 

Este debate deja varias certezas. La primera es que los autónomos se han convertido en un campo de batalla político central.

 

Todos dicen defenderlos, pero lo hacen desde visiones radicalmente distintas. La segunda es que el clima parlamentario está cada vez más polarizado, con menos espacio para el matiz y más para el golpe emocional.

 

Y la tercera es que detrás de los datos, las acusaciones y las réplicas hay una realidad que no admite simplificaciones: ser autónomo en España sigue siendo difícil, exigente y cargado de incertidumbre.

 

La pregunta que queda en el aire no es quién ganó el debate dialéctico, sino quién logrará convencer fuera del hemiciclo.

 

Porque al final, la verdadera votación no se produce en el Congreso, sino en la calle, en los talleres, en las tiendas, en los bares y en las oficinas donde millones de autónomos intentan llegar a fin de mes.

 

Y ahí, más allá del ruido político, lo que pesa son los hechos, los ingresos reales y la sensación de futuro.