¡BOMBA HISTÓRICA! El Plan que CONDENÓ A MUERTE a Carrero: ¿Quién quiso frenar la España NUCLEAR?.

 

 

Bienvenidos a una historia incómoda y, por eso mismo, persistente: la de cómo dos episodios —un magnicidio en el corazón de Madrid y el desenlace del Sáhara Occidental— se han convertido, para muchos, en el “reverso” menos contado del relato luminoso de la Transición española.

 

No se trata de negar que España cambiara —cambió, y mucho—, sino de mirar de frente los hechos, las decisiones y los intereses que rodearon aquellos años.

 

Porque lo que se oculta no desaparece: se enquista, reaparece y termina condicionando el presente.

 

El 20 de diciembre de 1973, el presidente del Gobierno, Luis Carrero Blanco, murió en un atentado perpetrado por ETA.

 

Ese dato es sólido, documentado y forma parte de la cronología básica del final del franquismo.

 

Carrero había sido nombrado presidente apenas unos meses antes, en junio de 1973, cuando Franco —ya en declive físico— decidió separar por primera vez de forma clara la Jefatura del Estado de la Presidencia del Gobierno.

 

Carrero no era un ministro más: era, dentro del régimen, una figura de continuidad, un hombre de confianza personal del dictador y un símbolo de estabilidad para el “después” que ya se intuía.

 

 

El atentado se ejecutó con una mezcla de paciencia, clandestinidad y cálculo: un comando de ETA excavó un túnel y colocó explosivos que, al detonar, lanzaron el vehículo de Carrero por los aires.

 

A partir de ahí, el impacto político fue inmediato. No solo porque desaparecía el hombre que muchos veían como “heredero operativo” del franquismo, sino porque el régimen perdía un eje de control en un momento biológico —y por tanto político— crucial: Franco se estaba muriendo.

 

 

Hasta aquí, hechos. Donde empieza el terreno resbaladizo es en la interpretación: ¿fue solo un atentado de ETA o hubo algo más? El discurso que traes sostiene una tesis fuerte: que el “brazo ejecutor” fue ETA, pero la “inteligencia” del magnicidio estaría fuera de España, apuntando a intereses estratégicos de Estados Unidos y a la geopolítica del norte de África.

 

Esta idea aparece desde hace décadas en conversaciones políticas, memorias, insinuaciones y teorías, pero conviene separar con bisturí lo probado de lo conjeturado.

 

 

Lo probado: ETA reivindicó la autoría y el atentado se conoce como Operación Ogro.

 

Lo probado también: aquel asesinato cambió el equilibrio interno del franquismo tardío y aceleró reajustes en el poder.

 

Lo discutido: el grado de conocimiento o tolerancia de servicios de inteligencia extranjeros o de aparatos del Estado.

 

Ahí, lo responsable —si queremos aportar “valor real” al lector— es explicar que existen hipótesis y sospechas históricas, pero que convertirlas en sentencia sin documentación concluyente es justamente el tipo de niebla que degrada el debate público.

 

 

Dicho esto, hay algo que sí encaja con claridad: Carrero tenía posiciones propias en política exterior que chocaban con intereses de aliados.

 

España era una pieza militar y estratégica en plena Guerra Fría: bases, acuerdos, equilibrios regionales.

 

La España de 1973 buscaba margen de maniobra, y Carrero representaba un estilo de negociación duro, celoso de la soberanía y poco dispuesto a aceptar imposiciones sin contrapartidas.

 

En ese contexto se han citado episodios como la tensión por el uso de bases durante la guerra del Yom Kippur (1973) y, sobre todo, el asunto que terminaría ardiendo en 1975: el Sáhara Occidental.

 

 

El Sáhara no era un detalle exótico en el mapa. Era y es un territorio con valor estratégico por su ubicación, sus recursos y su efecto dominó sobre Canarias, Marruecos, Argelia y el Atlántico.

 

España lo había administrado como provincia y, en los años setenta, afrontaba la presión internacional descolonizadora canalizada por Naciones Unidas.

 

En octubre de 1975, el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) emitió una opinión consultiva que suele resumirse así: existían vínculos históricos de ciertas tribus con Marruecos y Mauritania, pero no de tal naturaleza que anularan el principio de autodeterminación del pueblo saharaui.

 

Ese matiz es clave porque desmonta la idea de una “anexión automática” legitimada por el pasado: el TIJ apuntó a que debía contarse la voluntad de la población.

 

 

Poco después, el 6 de noviembre de 1975, Marruecos lanzó la Marcha Verde: una movilización masiva hacia el territorio para presionar la salida española.

 

España vivía un vacío de fuerza política: Franco agonizaba y el Estado estaba en modo supervivencia.

 

En ese clima, se firmaron el 14 de noviembre de 1975 los llamados Acuerdos de Madrid entre España, Marruecos y Mauritania, que articularon una retirada y un traspaso administrativo de facto.

 

El resultado histórico es conocido: España salió; Marruecos ocupó gran parte del territorio; Mauritania controló otra zona hasta retirarse años después; el Frente Polisario proclamó la República Árabe Saharaui Democrática; y el conflicto quedó congelado en un limbo jurídico y diplomático que sigue hasta hoy.

 

 

Aquí el texto original insiste en una idea emocionalmente potente: la sensación de “mutilación territorial” y de abandono, con la imagen de soldados que se marchan y un país que mira hacia otro lado.

 

Esa parte, más allá del dramatismo, conecta con una realidad política: el Sáhara se convirtió en un expediente incómodo para gobiernos de distintos signos, atrapado entre el derecho internacional, la realpolitik y la necesidad de estabilidad con Marruecos.

 

 

Y es en ese nudo donde el debate vuelve al presente. En 2022, el Gobierno de Pedro Sánchez comunicó un giro: España pasó a considerar la propuesta marroquí de autonomía como “la base más seria, realista y creíble” para resolver el conflicto.

 

Para muchos, eso fue pragmatismo; para otros, fue la culminación de una renuncia histórica.

 

Lo importante, de cara a un lector que quiere entender —no solo indignarse—, es explicar qué se gana y qué se pierde con ese movimiento: se gana deshielo diplomático con Rabat, cooperación migratoria y seguridad; se pierde capital político con Argelia, se reabre la herida saharaui, y se tensiona el discurso de defensa del derecho de autodeterminación.

 

 

Volvamos al hilo: ¿por qué unir Carrero Blanco y el Sáhara en un mismo relato? Porque, en términos de poder, ambos episodios hablan del mismo tipo de fractura: cuando un Estado entra en transición —con líder terminal, rivalidades internas y presión internacional—, las decisiones estratégicas se toman rápido, a veces opacas, casi siempre irreversibles.

 

El magnicidio de 1973 eliminó a un actor que representaba continuidad y control; el shock saharaui de 1975 evidenció hasta qué punto España podía ser empujada, presionada o inducida a salir de una posición que sostenía desde hacía décadas.

 

Ahora bien: sostener que “todo” descansa en una conspiración exterior es tentador, pero incompleto. La explicación adulta incorpora al menos tres capas.

 

Primera capa: los hechos operativos. ETA ejecutó un atentado sofisticado; Marruecos organizó una marcha de presión; España firmó acuerdos y se retiró. Son acciones verificables.

 

Segunda capa: las correlaciones de interés. Estados Unidos necesitaba aliados estables en el norte de África en plena Guerra Fría; Marruecos buscaba consolidación interna y proyección regional; Argelia quería frenar a Marruecos y respaldó al Polisario; España quería evitar una guerra colonial en su final de régimen, proteger su transición y mantener relaciones exteriores funcionales.

 

 

Tercera capa: las decisiones internas españolas, donde aparecen nombres propios y responsabilidades políticas.

 

Las transiciones no son solo fuerzas externas: son también pactos, miedos, ambiciones, lealtades y, a veces, cobardías institucionales.

 

Y esto conecta con algo que el relato subraya con nostalgia: una idea de servicio público austero (encarnada en anécdotas sobre Carrero) frente a una percepción contemporánea de degradación política.

 

Esa comparación puede ser discutible, pero funciona porque apela a una emoción real: la sensación de que la política dejó de ser sacrificio y pasó a ser negocio.

 

Para que el lector se lleve valor práctico, conviene cerrar con una guía de interpretación que no dependa de trincheras ideológicas.

 

Si alguien quiere entender España hoy, estos dos episodios enseñan cuatro lecciones muy concretas.

 

La primera: la política exterior no es un decorado. Afecta a la seguridad, a la migración, a la energía y a la cohesión territorial.

 

La segunda: en momentos de debilidad interna, los países toman decisiones “de emergencia” que luego se vuelven doctrina.

 

La tercera: los relatos oficiales tienden a simplificar; pero la simplificación, cuando tapa heridas, solo las desplaza al futuro.

 

La cuarta: separar hechos de hipótesis no enfría la historia; la hace más fuerte, porque permite discutir con pruebas, no con consignas.

 

Este es, al final, el núcleo: Carrero Blanco murió en un atentado real que reconfiguró la política española en el tramo final del franquismo.

 

El Sáhara Occidental vivió en 1975 un giro real —Marcha Verde, Acuerdos de Madrid, retirada— que todavía condiciona la diplomacia española y la estabilidad regional.

 

Entre ambos puntos, lo que queda no es solo memoria: es un mapa de decisiones, intereses y consecuencias que, medio siglo después, sigue pidiendo una explicación honesta.