Una trabajadora del PSOE revela quién centralizaba TODOS los gastos en Ferraz.

 

 

 

 

 

 

En una sala de vistas que rezuma la tensión propia de los grandes procesos judiciales, el testimonio de doña Celia Rodríguez Alonso se convierte en el epicentro de un interrogatorio que busca arrojar luz sobre el funcionamiento interno de la Secretaría de Organización del PSOE, en especial sobre los pagos en efectivo y el control de gastos en la sede de Ferraz.

 

 

Lo que comienza como una práctica rutinaria de la prueba testifical, pronto se transforma en una radiografía minuciosa de los procedimientos administrativos, las relaciones personales y las dinámicas internas de uno de los partidos más importantes de España.

 

 

Doña Celia, secretaria administrativa desde 1987 y miembro del equipo de la Secretaría de Organización desde septiembre de 2017, es llamada a declarar como testigo en una causa especial que investiga, entre otras cosas, la gestión de fondos y los posibles pagos irregulares dentro del partido.

 

 

Su testimonio se inicia con las preguntas de rigor sobre sus vínculos con los principales protagonistas del caso: José Luis Ávalos, Santos Cerdán y Coldo García Izaguirre, todos ellos figuras clave en la estructura organizativa del PSOE.

 

 

La relación de Celia con Ávalos y Cerdán es exclusivamente profesional; ha sido secretaria de ambos durante su paso por la Secretaría de Organización.

 

Con Coldo García, la relación también es de trabajo, aunque reconoce que, en ocasiones, era él quien recogía los pagos en efectivo destinados a la organización.

 

La dinámica de los pagos, según Celia, era sencilla pero sistemática: tras la aprobación de las liquidaciones por parte de administración, ella recogía el dinero en efectivo y lo entregaba a quien correspondiera, normalmente en sobres reciclados con el nombre y la cantidad anotados.

 

A veces, si el destinatario no podía acudir personalmente, enviaba a un mensajero o a algún colaborador de confianza.

 

 

El procedimiento, aunque aparentemente transparente, deja entrever ciertas zonas grises.

 

Celia admite que, hasta finales de 2021, los pagos se realizaban en efectivo, pero a partir de esa fecha se comenzaron a hacer por transferencia bancaria, coincidiendo con el cambio de gerente y la aplicación más estricta de las normativas de cumplimiento.

 

Sin embargo, en los informes internos del partido y en la documentación aportada por la UCO, aparecen pagos en metálico realizados en 2023 y 2024, lo que genera dudas sobre la consistencia del cambio de procedimiento.

 

 

La testigo insiste en que, aunque ella fue responsable de tramitar las liquidaciones, no siempre tenía acceso a la caja del partido, ni control sobre la periodicidad de la renovación de fondos.

 

Su papel era el de intermediaria: recibía las facturas, rellenaba los impresos y los llevaba a administración para su revisión y aprobación.

 

Solo después de recibir el visto bueno, recogía el dinero y lo distribuía según las instrucciones recibidas.

 

En ocasiones, los pagos se realizaban a personas distintas de quienes habían presentado las facturas, especialmente cuando se trataba de gastos colectivos de la Secretaría de Organización.

 

El interrogatorio revela también aspectos poco conocidos de la gestión interna del partido.

 

Celia explica que los miembros de la ejecutiva, como Ávalos, no solían bajar personalmente a recoger el dinero; esa tarea recaía en las secretarias, que actuaban como facilitadoras para evitar que los altos cargos tuvieran que desplazarse innecesariamente.

 

Esta práctica, aunque habitual, suponía en ocasiones tener sumas importantes de dinero en el cajón de su despacho, algo que le generaba inquietud y que procuraba evitar entregando los sobres lo antes posible.

 

En cuanto a la documentación justificativa de los pagos, Celia aclara que siempre se acompañaban tickets y facturas, aunque no siempre podía identificar a los beneficiarios finales de los gastos, especialmente cuando se trataba de liquidaciones colectivas.

 

El control sobre la autenticidad de los justificantes recaía en el departamento de administración, que revisaba las sumas y comprobaba la naturaleza de los gastos.

 

Sin embargo, la falta de formación específica en cumplimiento normativo y la ausencia de auditorías externas en el partido dejan entrever posibles debilidades en el sistema de control.

 

Las preguntas de los abogados y del fiscal se centran en precisar la naturaleza y el destino de los pagos, así como la existencia de posibles irregularidades o ingresos no declarados.

 

Celia, con la serenidad que da la experiencia, responde que nunca ha tenido conocimiento de ingresos irregulares y que todos los pagos que ha gestionado han estado debidamente justificados y registrados.

 

Sin embargo, reconoce que, en ocasiones, las liquidaciones se realizaban a nombre de la Secretaría de Organización y no de los beneficiarios individuales, lo que dificulta el seguimiento preciso de los gastos.

 

Uno de los momentos más reveladores del testimonio llega cuando se le pregunta por la entrega de dinero a Coldo García.

 

Celia confirma que, cuando se trataba de gastos de la Secretaría de Organización, era Coldo quien recogía el dinero y, presumiblemente, lo distribuía entre los miembros del equipo.

 

Esta práctica, aunque lógica desde el punto de vista organizativo, plantea interrogantes sobre la trazabilidad de los fondos y la posibilidad de que algunos gastos quedaran sin identificar o justificar adecuadamente.

 

La insistencia de los abogados en aclarar si Celia recibía algún tipo de justificante por los pagos realizados a Coldo García pone de manifiesto la falta de un sistema de recibos o comprobantes específicos.

 

La testigo explica que, aunque siempre se acompañaban tickets y facturas a las solicitudes de liquidación, no existía un recibo formal que acreditara la entrega del dinero, más allá de la firma en el impreso correspondiente.

 

Esta ausencia de documentación específica dificulta el control y la verificación posterior de los pagos, especialmente en el caso de anticipos o “dinero a justificar”.

 

El interrogatorio también aborda la cuestión de los anticipos, diferenciando entre los gastos ya realizados y el dinero entregado para futuras actividades.

 

Celia aclara que, en el caso de anticipos, posteriormente se exigía la presentación de los tickets y facturas que justificaran el gasto, y que cualquier diferencia debía ser devuelta.

 

Esta práctica, aunque correcta en teoría, depende en gran medida de la buena fe y la diligencia de los responsables, lo que deja margen para posibles errores o irregularidades.

 

En el tramo final de su declaración, Celia responde a preguntas sobre la agrupación de gastos y la suma de liquidaciones de diferentes personas.

 

Explica que, en ocasiones, sumaba los gastos de Ávalos y de la Secretaría de Organización en un mismo impreso, especialmente cuando era Coldo quien iba a recoger ambas cantidades.

 

Esta práctica, aunque eficiente desde el punto de vista operativo, puede dificultar la identificación precisa de los beneficiarios y la justificación individual de los pagos.

 

El testimonio de doña Celia Rodríguez Alonso, lejos de ser un simple trámite judicial, se convierte en una ventana abierta a la realidad cotidiana de la gestión de fondos en un gran partido político.

 

Sus respuestas, a veces imprecisas pero siempre honestas, reflejan las dificultades inherentes a la administración de recursos en una organización compleja y sometida a la presión de la actividad política.

 

 

La declaración pone de manifiesto la necesidad de reforzar los sistemas de control, la formación en cumplimiento normativo y la transparencia en la gestión de fondos.

 

La experiencia de Celia, que ha vivido la evolución de los procedimientos desde los pagos en efectivo hasta las transferencias bancarias, es un testimonio valioso para entender los retos y las oportunidades de mejora en el funcionamiento interno de los partidos políticos.

 

 

En definitiva, el interrogatorio a Celia Rodríguez Alonso es mucho más que una prueba testifical: es una lección de vida sobre la importancia de la ética, la responsabilidad y el compromiso en la gestión pública.

 

Su testimonio, recogido en las actas del tribunal, quedará como referencia para futuras investigaciones y como ejemplo de la necesidad de transparencia y rigor en la vida política española.