VALLÉS HUMILLA a SÁNCHEZ en TEMA de INMIGRACIÓN.

 

 

Hay vídeos que duran menos de un minuto y, sin embargo, dejan un eco que resuena durante días.

 

No porque aporten pruebas irrefutables ni porque revelen una verdad absoluta, sino porque condensan en unos pocos segundos una sensación colectiva que llevaba tiempo creciendo en silencio.

 

Eso es exactamente lo que ocurrió con el vídeo del inmigrante marroquí agradeciendo a Pedro Sánchez una supuesta regularización masiva y pidiéndole, acto seguido, sueldos más altos y alquileres más bajos.

 

Muchos lo tomaron como una broma. Otros como una provocación. Pero para una parte importante de la sociedad fue algo mucho más inquietante: la confirmación de que el debate sobre inmigración en España ha entrado en una fase nueva, incómoda y profundamente emocional.

 

El problema no es el vídeo en sí. El problema es todo lo que lo rodea. El contexto político, el cambio de discurso del Gobierno, la sensación de desconexión entre las élites y la vida cotidiana de la gente corriente, y una conversación pública cada vez más polarizada en la que mencionar ciertos datos o hacer determinadas preguntas se convierte automáticamente en un acto sospechoso.

 

La inmigración ha pasado de ser un tema técnico a ser una herida abierta. Y como ocurre con todas las heridas, ignorarla no la cura; solo la infecta.

 

Durante años, España ha mantenido un relato relativamente estable sobre la inmigración. Un relato basado en la solidaridad, en la necesidad demográfica, en la aportación económica y cultural de quienes llegan.

 

Un relato que, en muchos aspectos, tiene fundamentos reales y que ha sido respaldado por estudios, informes y organismos internacionales.

 

Pero también es un relato que ha evitado sistemáticamente hablar de los costes, de los conflictos y de las tensiones que surgen cuando la llegada es masiva, rápida y mal gestionada.

 

En los últimos meses, algo ha cambiado. No solo en España, sino en toda Europa. Gobiernos de distinto signo ideológico han endurecido su discurso y sus políticas migratorias.

 

Países tradicionalmente asociados a modelos de acogida amplios han empezado a hablar de control, de límites, de retorno.

 

No desde la extrema derecha, sino desde partidos socialdemócratas y liberales que hasta hace poco defendían justo lo contrario.

 

Ese giro no nace de la nada. Responde a una presión social creciente, a problemas de convivencia en determinados barrios, a sistemas de servicios públicos tensionados y a una percepción de inseguridad que, sea justa o exagerada, es real para quienes la sienten.

 

En España, sin embargo, el mensaje oficial parece ir en otra dirección. Mientras en el discurso público se habla de contención, de cooperación con países de origen y de lucha contra las mafias, las decisiones políticas transmiten una señal diferente.

 

Una señal que muchos interpretan como un “todo vale” difícil de explicar a quienes llevan años pagando impuestos, lidiando con alquileres imposibles y viendo cómo su poder adquisitivo se reduce sin que nadie parezca escucharles.

 

Aquí es donde el vídeo viral deja de ser anecdótico. Porque no se comparte millones de veces por lo que dice literalmente, sino por lo que simboliza.

 

Simboliza la percepción de que el esfuerzo siempre recae en los mismos. De que hay una parte de la población que siente que trabaja más, gana menos y recibe menos, mientras se le pide comprensión, empatía y silencio.

 

Y cuando esa parte intenta expresar su malestar, se le responde con etiquetas morales que no resuelven nada.

 

Uno de los puntos más delicados del debate es la relación entre inmigración e inseguridad. Es un tema incómodo, porque se mueve en un terreno resbaladizo donde los datos pueden ser usados de forma interesada y donde el riesgo de estigmatización es real.

 

Pero también es un tema que no desaparece por prohibirlo. Cuando vecinos de distintos puntos del país se organizan para protestar contra centros de acogida, no lo hacen porque hayan leído un manifiesto ideológico sofisticado, sino porque temen que su barrio cambie de una forma que no desean y sobre la que no han tenido voz.

 

 

Las instituciones suelen responder a estas protestas con una mezcla de desprecio y pedagogía forzada.

 

Se acusa a los vecinos de insolidarios, de manipulados, de no entender la realidad. Pero rara vez se les escucha de verdad.

 

Rara vez se reconoce que el miedo, aunque a veces sea exagerado, sigue siendo miedo. Y que gobernar no consiste solo en tener razón desde un despacho, sino en gestionar emociones colectivas antes de que se transformen en rechazo frontal.

 

Otro elemento que ha encendido el debate es el de los servicios públicos, especialmente la sanidad y la seguridad social.

 

El discurso oficial insiste en que el sistema es robusto y que la inmigración es necesaria para sostenerlo.

 

Sin embargo, en la experiencia diaria de muchos ciudadanos, lo que ven son listas de espera más largas, centros de salud saturados y una sensación general de que los recursos no crecen al mismo ritmo que la demanda. Esa brecha entre el mensaje macroeconómico y la vivencia cotidiana alimenta la desconfianza.

 

 

A todo esto se suma un clima mediático en el que los datos se convierten en armas arrojadizas.

 

Para unos, cualquier estadística que muestre una sobrerrepresentación de extranjeros en determinados delitos es automáticamente racista.

 

Para otros, es la prueba definitiva de que “tenían razón desde el principio”. Entre ambos extremos, queda poco espacio para un análisis sereno que tenga en cuenta factores como la edad, la situación socioeconómica, la marginalidad o el fracaso de las políticas de integración.

 

 

La paradoja es evidente: negar sistemáticamente cualquier problema no fortalece la convivencia, la debilita.

 

Cuando la gente percibe que su experiencia es invalidada desde arriba, busca respuestas en otros lugares.

 

Y ahí es donde entran los discursos simplistas, los mensajes incendiarios y las soluciones mágicas que prometen orden a cambio de renunciar a matices.

 

El caso del sarampión y la vacunación es otro ejemplo de cómo el debate se enreda. Cada vez que reaparece una enfermedad que se creía controlada, el foco se desplaza rápidamente hacia colectivos concretos, mientras otros factores quedan en segundo plano.

 

Se señalan culpables, se construyen relatos morales y se evita una discusión más compleja sobre prevención, seguimiento sanitario y políticas de salud pública adaptadas a una sociedad diversa y en movimiento constante.

 

En el fondo, todo converge en la misma pregunta: ¿se puede hablar de inmigración en España sin que la conversación se convierta en un campo de minas? ¿Es posible reconocer los beneficios sin negar los problemas? ¿Se puede defender la dignidad de quienes llegan sin ignorar el malestar de quienes ya estaban?

 

 

La respuesta no pasa por vídeos virales ni por tertulias incendiarias. Pasa por una política que trate a los ciudadanos como adultos, que explique con claridad qué se hace, por qué se hace y cuáles son los límites.

 

Pasa por datos transparentes, contextualizados y accesibles, no ocultos ni usados como munición ideológica. Y pasa, sobre todo, por asumir que la empatía no es patrimonio de ningún bando.

 

Porque la empatía también consiste en entender al trabajador que siente que no llega a fin de mes, al vecino que teme que su barrio cambie demasiado rápido, a la familia que percibe inseguridad donde antes no la había. Ignorar esas emociones no las hace desaparecer; las radicaliza.

 

 

España se encuentra en una encrucijada. Puede seguir aplazando un debate honesto sobre inmigración, confiando en que el tiempo lo diluya todo.

 

O puede afrontarlo con madurez, aceptando que no hay soluciones perfectas y que cada decisión tiene costes. Lo que no puede permitirse es seguir tratando el desacuerdo como una patología moral.

 

El vídeo que lo empezó todo quizá sea una broma, quizá una exageración, quizá una provocación. Pero el malestar que ha despertado no lo es.

 

Y cuanto más se tarde en reconocerlo, más difícil será reconducirlo. Hablar, escuchar y exigir explicaciones no es un acto de odio.

 

Es una necesidad democrática. Y solo desde ahí se puede construir una convivencia que no dependa del silencio, sino del entendimiento real.