Vicente Vallés SE SALE DEL GUION y ACABA con Sánchez PARALIZANDO su PROGRAMA y le llaman PSICÓPATA.

 

 

 

 

 

 

 

En los últimos días de 2025, el clima político y mediático en España ha vuelto a convertirse en un terreno fértil para la polarización extrema, la viralización de discursos incendiarios y la confusión entre opinión, análisis y acusación.

 

 

El 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, tradicionalmente asociado a bromas y sátiras, sirvió este año como catalizador de un fenómeno mucho más profundo: la mezcla explosiva entre redes sociales, desconfianza institucional y un debate público cada vez más crispado.

 

 

En ese contexto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, volvió a ser uno de los principales protagonistas del ruido político.

 

Su actividad en redes sociales durante una jornada marcada por la ironía y el humor fue interpretada de maneras muy distintas según el prisma ideológico de quien miraba.

 

Para algunos, se trató de un gesto trivial, acorde con el espíritu del día. Para otros, fue una muestra más de desconexión con la gravedad de la situación política, económica y social que atraviesa el país.

 

 

Mientras Sánchez compartía mensajes en tono ligero, una parte del periodismo y de la opinión pública endurecía su discurso.

 

 

Figuras mediáticas como Vicente Vallés aprovecharon el cierre del año para poner el foco en uno de los asuntos más delicados del actual Ejecutivo: la incapacidad de aprobar nuevos Presupuestos Generales del Estado.

 

 

España cerrará 2025 con tres años consecutivos gobernando con cuentas prorrogadas, un hecho inédito en la democracia reciente y que genera inquietud tanto en el ámbito económico como en el institucional.

 

 

El propio presidente se había comprometido públicamente a presentar el proyecto presupuestario antes de finalizar diciembre, aun reconociendo el retraso respecto al calendario constitucional.

 

 

Sin embargo, el plazo expiró sin que el texto llegara al Congreso. Posteriormente, el Gobierno se concedió a sí mismo una nueva prórroga, fijando el primer trimestre de 2026 como horizonte para cumplir esa promesa.

 

Desde Moncloa se insiste en que las cuentas están elaboradas y que las negociaciones con los socios parlamentarios siguen abiertas, aunque varios de esos aliados han matizado o directamente negado que exista una negociación real y avanzada.

 

 

Este bloqueo presupuestario se ha convertido en uno de los argumentos centrales de la oposición y de numerosos analistas, que ven en él un síntoma de debilidad política y de una legislatura sostenida con grandes dificultades.

 

El debate no es menor: los Presupuestos son la principal herramienta de un Gobierno para ejecutar su programa y responder a los desafíos sociales, desde la inflación hasta la vivienda o la financiación autonómica.

 

 

En paralelo, han resurgido declaraciones antiguas y recientes de dirigentes y exdirigentes socialistas que han alimentado aún más la polémica.

 

Entre ellas, se han viralizado palabras de Tomás Gómez, exlíder del PSOE madrileño, quien en entrevistas pasadas describió a Pedro Sánchez como un político obsesionado con el poder y carente de empatía emocional.

 

Estas afirmaciones, formuladas desde una experiencia personal y política, han sido reutilizadas en redes sociales para reforzar un relato muy crítico con la figura del presidente.

 

 

Conviene subrayar que este tipo de valoraciones forman parte del terreno de la opinión y no de diagnósticos objetivos.

 

La psicologización del adversario político, con términos como “psicopatía” o “falta de emociones”, se ha convertido en un recurso habitual en el debate público, aunque carece de base científica cuando se utiliza fuera de un contexto clínico y contribuye a la deshumanización del rival.

 

 

Más delicado aún ha sido el resurgir de acusaciones extremadamente graves que circulan periódicamente en determinados espacios digitales y que, en los últimos días, han vuelto a ganar visibilidad.

 

Entre ellas, la afirmación de que la campaña electoral del PSOE en 1982 habría sido financiada por Pablo Escobar.

 

Se trata de una acusación que lleva décadas apareciendo de forma recurrente en teorías conspirativas y que nunca ha sido probada judicialmente ni respaldada por investigaciones periodísticas solventes.

 

 

Ni los archivos oficiales, ni las investigaciones históricas sobre la Transición, ni las múltiples biografías y estudios sobre Felipe González han aportado pruebas que sustenten esa afirmación.

 

Las supuestas conexiones personales o financieras mencionadas en esos relatos no han sido acreditadas con documentos verificables, y tanto el PSOE como los protagonistas aludidos han negado reiteradamente cualquier vínculo de ese tipo.

 

Presentar estas acusaciones como hechos contrastados supone cruzar una línea peligrosa entre la crítica política y la desinformación.

 

 

Sin embargo, el hecho de que estas narrativas sigan encontrando eco revela un problema más profundo: la erosión de la confianza en las instituciones y en los relatos oficiales.

 

En un contexto de polarización, muchos ciudadanos están dispuestos a creer versiones alternativas de la historia si estas encajan con su percepción negativa del poder. Las redes sociales, con su lógica de viralidad y recompensa emocional, amplifican este fenómeno.

 

 

La tensión entre política y justicia es otro de los ejes que ha marcado el final de año.

 

El debate sobre la llamada “desjudicialización de la política” ha sido interpretado por sectores críticos como un intento de blindar a los dirigentes frente a posibles responsabilidades penales.

 

Frente a ello, jueces y juristas recuerdan que el principio básico del Estado de derecho es la igualdad ante la ley, independientemente del cargo o la relevancia pública de la persona investigada.

 

 

Casos como el del exjefe de inteligencia venezolano Hugo “el Pollo” Carvajal, extraditado a Estados Unidos tras un largo proceso judicial en España, han sido utilizados para ilustrar la complejidad de investigar tramas internacionales con posibles ramificaciones políticas.

 

La actuación de los jueces en estos casos ha generado presiones, críticas y también defensas firmes del papel de la justicia como poder independiente.

 

 

A todo este escenario se suma la gestión interna de los partidos.

 

El PSOE, por ejemplo, ha tenido que abrir expedientes disciplinarios a cargos locales por comportamientos considerados incompatibles con los valores del partido.

 

El caso del concejal de Martos, sancionado por la difusión de un vídeo con cánticos machistas, refleja cómo las formaciones políticas intentan marcar líneas rojas en materia de igualdad y conducta pública, aunque estas decisiones también generen debate interno y externo.

 

 

Incluso conceptos aparentemente alejados de la política institucional, como el llamado “capitalismo del arcoíris”, han entrado en la conversación pública.

 

Este término, utilizado en ámbitos académicos y activistas, critica la instrumentalización de las reivindicaciones LGTBI por parte de grandes empresas y del mercado, señalando que la visibilidad no siempre se traduce en derechos reales ni en mejoras materiales para las personas.

 

Su irrupción en el debate mediático muestra hasta qué punto las discusiones ideológicas se entrecruzan y se simplifican en el espacio público.

 

 

El cierre de 2025 deja, en definitiva, una fotografía compleja y cargada de tensión.

 

Un Gobierno que afronta dificultades para sacar adelante su agenda legislativa, una oposición que endurece su discurso, un periodismo sometido a presiones constantes y una ciudadanía cada vez más expuesta a narrativas extremas.

 

El Día de los Santos Inocentes pasó, pero el ruido, la sospecha y la confrontación permanecen.

 

 

Más allá de bromas, vídeos virales y acusaciones sin probar, el reto para 2026 será recuperar un mínimo de serenidad en el debate público.

 

Sin ella, la política corre el riesgo de convertirse definitivamente en un espectáculo donde la desinformación y la emocionalidad sustituyen al análisis riguroso y a la rendición de cuentas.

 

Y ese es un coste que, a medio y largo plazo, termina pagando toda la sociedad.