ZAPATERO y VENEZUELA: La VERDAD que ESCONDIÓ el Gobierno REVELADA ANTES DE DETENER TRUMP A MADURO.

 

 

 

 

 

La comparecencia del ministro de Asuntos Exteriores en el Senado, forzada por la mayoría del Partido Popular, se convirtió en algo más que un debate parlamentario: fue un retrato descarnado de la fractura política y moral que atraviesa la política exterior española ante la crisis venezolana.

 

 

Durante horas, el hemiciclo dejó de ser un espacio de control al Gobierno para transformarse en un escenario de acusaciones cruzadas, reproches históricos y una batalla abierta por el relato de lo que España está haciendo —y dejando de hacer— frente a uno de los mayores atropellos democráticos del continente americano en las últimas décadas.

 

 

Desde el primer minuto, la intervención de la portavoz del Partido Popular fue concebida como una enmienda a la totalidad a la gestión del Ejecutivo. No hubo rodeos.

 

 

El tono fue duro, sostenido, deliberadamente incómodo. La acusación central se repitió como un martillo: el Gobierno de Pedro Sánchez ha sido tibio, condescendiente y equidistante ante el fraude electoral cometido por el régimen de Nicolás Maduro tras las elecciones del 28 de julio.

 

Un fraude que, según denunció, el ministro ni siquiera ha sido capaz de pronunciar en voz alta.

 

 

El mensaje buscaba tocar una fibra sensible: la idea de que España, por historia, por vínculos humanos y por responsabilidad internacional, no puede permitirse el silencio.

 

Más de 450.000 venezolanos viven hoy en territorio español. Son ciudadanos que huyeron de la represión, del hambre, de la persecución política. Para ellos, cada gesto diplomático no es retórica: es una señal de respaldo o de abandono.

 

 

Y ahí es donde la oposición sitúa su acusación más grave: España no ha estado a la altura de su propia historia democrática.

 

 

La comparación con otros países fue constante y estratégica. Estados Unidos, Chile, Brasil, Colombia, Perú, Argentina, Panamá, Costa Rica. Francia, Alemania, Portugal, Italia, Reino Unido.

 

Incluso el Alto Representante de la Unión Europea. Todos —según el relato del PP— han sido más claros, más contundentes, más valientes que el Gobierno español a la hora de denunciar el fraude y exigir una transición democrática.

 

La pregunta que se lanzó al aire, una y otra vez, fue tan directa como incómoda: ¿qué impide a España llamar a las cosas por su nombre?

 

 

A partir de ahí, el discurso entró en un terreno todavía más áspero. La sospecha de intereses inconfesables.

 

La insinuación de una relación opaca entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el régimen de Maduro.

 

La sombra alargada de José Luis Rodríguez Zapatero, señalado como cooperador necesario, mediador permanente y, para la oposición, cómplice de una dictadura que reprime, encarcela y asesina.

 

No fue una crítica puntual, sino una acusación sostenida: Zapatero no actúa al margen del Gobierno, sino con su beneplácito y su silencio.

 

 

El episodio de la delegación parlamentaria retenida y expulsada en Caracas ocupó un lugar central en el debate.

 

Según el PP, fue una humillación institucional sin precedentes. Dos senadores españoles, invitados por la oposición democrática venezolana para acompañar el proceso electoral, fueron deportados sin explicaciones.

 

Y, en lugar de una respuesta firme del Ejecutivo, lo que llegó —según esta versión— fue una desautorización implícita, una compra del relato chavista y la orden al embajador de no acudir al aeropuerto.

 

Para la oposición, ese gesto simboliza algo más profundo: la renuncia del Gobierno a defender a sus propios representantes cuando el agresor es un régimen aliado.

 

 

La intervención del ministro trató de desmontar punto por punto ese relato.

 

Con un tono visiblemente molesto, acusó al Partido Popular de ruido, de oportunismo y de utilizar el sufrimiento del pueblo venezolano para erosionar al Gobierno y ganar titulares.

 

Reivindicó que España sí ha apoyado la voluntad democrática expresada el 28 de julio y que ese apoyo ha sido reconocido públicamente por Edmundo González y María Corina Machado, líderes de la oposición venezolana.

 

Citó mensajes, agradecimientos, contactos directos. Para el Ejecutivo, la legitimidad no está en gritar más fuerte, sino en ser útil.

 

 

Ahí se dibuja la línea divisoria del debate. Dos concepciones opuestas de la política exterior.

 

Para el Gobierno, la discreción, la diplomacia y la coordinación europea son herramientas más eficaces que la confrontación pública.

 

Para el PP, esa discreción se ha convertido en silencio cómplice, y la diplomacia, en coartada para no molestar a un régimen autoritario.

 

El choque no es solo de formas, sino de fondo.

 

El ministro insistió en que las sanciones contra el régimen venezolano siguen vigentes, muchas de ellas impulsadas por España.

 

 

Negó cualquier alineamiento con Rusia, Cuba, China o Irán. Rechazó que el Ejecutivo esté protegiendo a Maduro.

 

Y defendió sin matices la labor de Zapatero, a quien atribuyó la mediación en diálogos y la liberación de presos políticos. Para el Gobierno, cuestionar esa labor es ignorar avances concretos que no suelen ocupar titulares.

 

 

Sin embargo, la oposición no dio un paso atrás. Volvió a exigir una condena explícita del fraude electoral.

 

Volvió a pedir el reconocimiento formal de Edmundo González como presidente legítimo de Venezuela.

 

Volvió a reclamar liderazgo europeo, sanciones más duras y el fin de cualquier ambigüedad.

 

Y volvió a señalar el caso Delcy Rodríguez y las famosas maletas como símbolo de una relación turbia que nunca ha sido aclarada del todo.

 

 

Más allá de los nombres propios y de las acusaciones, lo que quedó al descubierto fue algo más profundo: la dificultad de España para definir un papel claro en una crisis internacional que interpela directamente a sus valores fundacionales.

 

La democracia, los derechos humanos, la legalidad internacional. Palabras que todos dicen defender, pero que se traducen en estrategias radicalmente distintas.

 

 

Mientras tanto, en Venezuela, la realidad sigue avanzando al margen de los debates parlamentarios españoles.

 

Miles de detenidos. Centenares de menores arrestados. Represión en las calles.

 

Un país que, según denuncias de organismos internacionales, vive una de las mayores regresiones democráticas del hemisferio.

 

En ese contexto, cada silencio pesa, pero también cada palabra mal medida puede tener consecuencias.

 

 

El Gobierno defiende que su posición evita una escalada y protege a los ciudadanos españoles y venezolanos.

 

La oposición sostiene que esa cautela se ha transformado en cobardía.

 

Entre ambos discursos, se cuela una pregunta que va más allá de la batalla política: ¿qué recordará el pueblo venezolano cuando recupere la democracia? ¿Quién estuvo de su lado sin ambigüedades? ¿Quién eligió la prudencia y quién la denuncia?

 

 

El Senado fue testigo de algo más que una comparecencia. Fue un espejo incómodo de una España dividida entre el cálculo diplomático y la exigencia moral.

 

Entre la política de gestos y la política de silencios. Y, sobre todo, fue un recordatorio de que la política exterior no es un asunto lejano: afecta a millones de personas concretas, con nombres, historias y heridas abiertas.

 

 

En un momento histórico para Venezuela, la posición de España no es neutra, aunque se pretenda.

 

Cada decisión, cada palabra, cada ausencia, construye un legado.

 

Y ese legado será juzgado no solo por los libros de historia, sino por quienes hoy luchan, dentro y fuera de Venezuela, por una libertad que aún no llega, pero que sigue viva en las calles, pese a la represión, pese al miedo, pese al silencio.