El Año de las Sombras Judiciales: Entre Protocolos de la Desolación y Sentencias “Creativas”

Un análisis profundo sobre las heridas abiertas en el corazón del Estado: el caso de la Fiscalía General y la tragedia olvidada en los centros de mayores durante la crisis sanitaria.

El año 2025 quedará marcado en los anales de la historia española no solo por los incendios que devoraron nuestros montes, sino por un incendio mucho más voraz: el de la confianza en las instituciones.

Bajo el título de “Informe Público”, nos adentramos en un laberinto de decisiones judiciales sin precedentes y una lucha incansable por la dignidad de quienes ya no tienen voz.

I. El Banquillo de la Fiscalía: ¿Justicia o Estrategia?

La noticia sacudió los cimientos del Palacio de Justicia: Álvaro García Ortiz, quien fuera la máxima autoridad del Ministerio Fiscal, ha sido sentenciado a dos años de inhabilitación.

El motivo oficial es una presunta filtración de datos confidenciales relacionados con el entorno cercano de la presidencia de la Comunidad de Madrid.

Sin embargo, al desgranar la sentencia, lo que encontramos es, según expertos, una pieza de “ingeniería jurídica creativa”.

Lo más perturbador del caso no es solo la condena en sí —la primera en la democracia para un Fiscal General— sino la naturaleza de las pruebas.

O más bien, la ausencia de ellas.

La periodista de tribunales Pilar Araque destaca un concepto inquietante introducido por el Tribunal Supremo: la “convergencia de indicios”.

A falta de una prueba directa que señale a García Ortiz enviando el correo electrónico en cuestión, los jueces han optado por culpar a su “entorno”.

Esta ambigüedad sienta un precedente peligroso.

¿Cómo puede una institución defenderse de una noticia falsa sin arriesgarse a una condena penal? Recordemos que el origen de todo esto fue un intento de la Fiscalía por desmentir un dato erróneo difundido desde sectores afines al poder madrileño.

Al final, parece que el bulo ha ganado la batalla legal, dejando a la institución desarmada ante las campañas de desinformación.

II. Los “Protocolos de la Vergüenza”: La Herida que no Cierra

Si el caso del Fiscal General representa un dilema institucional, el drama de las residencias es una tragedia humana de proporciones incalculables.

Cinco años después de que 7.291 personas perdieran la vida en los centros de mayores de Madrid sin recibir asistencia hospitalaria, la justicia parece empezar a despertar de un largo letargo.

Manuel Rico, director de Público y una de las voces más críticas sobre este tema, señala un cambio de rumbo fundamental en la estrategia legal.

Ya no se habla solo de “omisión del deber de socorro” —difícil de probar por la relación causa-efecto— sino de un concepto mucho más potente: la denegación discriminatoria de la prestación sanitaria.

Bajo esta nueva óptica, se investiga a cuatro ex-altos cargos por haber firmado o ideado directrices que impidieron de forma sistemática el traslado de ancianos a hospitales basándose exclusivamente en su nivel de dependencia o lugar de residencia. Es una batalla contra el olvido.

Las familias no buscan venganza, buscan el reconocimiento de que sus seres queridos fueron tratados como ciudadanos de segunda clase en sus momentos finales.

III. El Muro de la Fiscalía Superior de Madrid

El camino hacia la verdad ha sido obstaculizado por lo que muchos describen como un “parapeto institucional”.

Almudena Lastra, Fiscal Superior de la Comunidad de Madrid, ha sido señalada por su papel en el archivo temprano de las investigaciones iniciales.

Las memorias anuales de aquel periodo han sido calificadas de “infames” por contener afirmaciones que contradicen los propios documentos oficiales del gobierno regional.

A pesar de que el tiempo juega en contra de la memoria y la preservación de pruebas, 2025 se presenta como la última oportunidad para que la justicia española demuestre que nadie está por encima de la ley, ni siquiera quienes diseñaron los protocolos que decidieron quién tenía derecho a una cama de hospital y quién no.